Hace muchos años que asistimos al desprestigio de la educación pública, campañas realizadas por funcionarios, periodistas y los especialistas de la pléyade, poniendo el eje en la “mala” formación docente, en el “atraso” cultural que hace centro en la escuela y ahora con mayor virulencia que la habitual, el actual gobierno que decidió el desfinanciamiento total del complejo universitario nacional.
Los ataques directos del presidente Javier Milei a la UBA y a la educación pública en general sobre el “adoctrinamiento” evidencian su rencor salvaje sobre lo público, que en definitiva de eso se trata, de un gobierno decidido a exterminar todo vestigio público en aras de la monetización. Todo lo real y público debe ser transaccionado, monetizado o desaparecer y para ese objetivo activó el DNU 70/2023, que continúa en vigencia, más allá de la retirada de la ya fracasada “ley Ómnibus” y su reemplazo por la “ley Bases”, que el gobierno necesita para llegar al Pacto de Mayo.
La educación es el centro de la batalla cultural, porque el botín en cuestión es el conocimiento, sin embargo, no podemos perder de vista que la idea de conocimiento como mercancía no es una iluminación del presidente Milei y su gobierno libertario, es una idea que se viene construyendo a nivel mundial y que es sostenida por los principales impulsores de la reforma economicista de la educación: la OCDE y el Banco Mundial y con un rango más disimulado, la UNESCO, secundados todos por fundaciones internacionales, como las de Bill Gates, Sunny Varkey o la red Teach for All de Wendy Kopp, fundadora de Teach for America con filiales en todo el continente, aquí con Enseña por Argentina, entre tantas otras internacionales y vernáculas.
La disputa por el conocimiento llevó a nociones tales como la “sociedad del conocimiento”, “la educación por competencias”, un complejo que enmascara la educación como mercancía, evidenciado por las nuevas empresas EdTech y su crecimiento exponencial durante la pandemia de la mano de los llamados gigantes tecnológicos, Google, Apple, Amazon, Meta/Facebook, Microsoft.
El arrebato mileiniano contra la universidad pública encierra en su fundamentalismo libertario la ignorancia que presupone considerar la función de la universidad pública en el plano de la “eficiencia” rentística de las universidades privadas, muchas de las cuales funcionan como usinas de difusión ideológica con fuerte influencia en la educación pública, sobretodo en el nivel secundario.
Es una obviedad que la concepción presidencial sobre la educación y el conocimiento, la formación en la investigación y la producción científica no tienen más que valor de mercado en el estrecho horizonte de las políticas de liquidación que pretende llevar a cabo.
Su insignificante marco de referencia muy ceñido a la red X, parece ser el acervo de conocimiento donde el presidente abreva. De hecho, de cara a la marcha convocada para este martes 23, el presidente emite un comentario de un reposteo que realiza del periodista de radio Mitre, Gabriel Anello, en el que escribía que, Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “de las partidas que recibe, paga sueldos a jugadores y entrenadores del Club Temperley, club que usa como aguantadero político”. Hasta ahí el posteo del periodista, del que el presidente se hace eco con su acotación: “Hola a todos…!!! A ver, me gustaría tener la opinión de los salamines que escriben cartitas indignados negando que se usan las universidades públicas para hacer negocios turbios y adoctrinar…”
Es, también, obvio que el propio Milei entiende como verdadera la acusación denunciada por el periodista en X. No lo sabemos, no lo sabe el presidente, sin embargo, lo utiliza para desprestigiar la universidad pública y tildar de “salamines” a quienes hacemos también una defensa crítica, no corporativa.
Hace tiempo que las políticas universitarias tomaron el rumbo mercantilista, a propósito de la necesidad de sostener y buscar financiamiento privado, así como han desplazado planes de estudios a los requerimientos del mercado; han disminuido la cantidad de becas; los posgrados están arancelados, lo que genera desigualdad; además de los convenios celebrados con empresas, que se nutren del conocimiento generado en la universidad en provecho de sus propios intereses (uno de los ejemplos, son los convenios firmados con las corporaciones de la megaminería).
El propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una de las entidades convocantes a la marcha, es impulsor de los acuerdos público – privados, corriendo de la escena los valores políticos más contundentes de la universidad pública: la democratización y socialización de la ciencia, la tecnología y la cultura; en síntesis, la democratización y socialización de los saberes.
En el documento de la convocatoria a la marcha el CIN textualiza que “…el 60 % del personal dedicado a la I+Ds del país trabaja en universidades nacionales y alrededor del 80 % de trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se desempeña en nuestras casas de altos estudios…”, lo que permite dejar en claro que es la universidad el motor de la generación de conocimiento, que luego toma dimensiones extraordinarias que en el mismo documento afirma: “…En 2022, el 43,6 % de las patentes y modelos de utilidad presentados correspondieron a las Ciencias Exactas y Naturales, el 27,1 % a Ingenierías y Tecnologías, el 22,4 % a Ciencias Médicas, el 6,1 % a Ciencias Agrícolas y Veterinarias, el 0,8 % a Humanidades y Artes, y el 0,2 % a Ciencias Sociales. Estos avances son fundamentales para sectores productivos claves como el de software, farmacéutico, químico, aeroespacial e instrumental científico, que en el quinquenio 2018-2022 generaron exportaciones anuales de bienes de alta tecnología por un total aproximado de U$S 2.100.000.000, U$S 900.000.000, U$S 430.000.000, U$S 160.000.000 y U$S 90.000.000, respectivamente”; aunque cabe la pregunta: ¿quién se queda con los millones de dólares?
Esos dineros no parecen tener un efecto de retroalimentación, son los sectores productivos los que se beneficiaron del conocimiento académico. Mientras las condiciones de crisis social y económica, con una creciente precarización de la vida y la pobreza que escala a más de la mitad de la población continúa su derrotero. Hasta lxs estudiantes deben abandonar sus carreras por no poder costear ni siquiera los gastos del transporte.
Es admirable el esfuerzo de nuestros científicos e investigadores que realizan sus tareas por magros salarios e incluso devaluados, como es imposible de aceptar que los pasillos de las facultades estén a media luz y de tres ascensores funcione uno para ahorrar energía, como fue de dominio público lo que sucede en la Facultad de Medicina de la UBA.
Sobran motivos para efectuar los reclamos urgentes al gobierno libertario sobre la actualización del financiamiento de las 57 universidades nacionales y es por ese motivo que el 23 hay que decir presente en la marcha, que, sin duda, va a ser multitudinaria.
Es probable y deseable que la convocatoria opere como una bisagra que permita el surgimiento de un nuevo sujeto social que dé inicio a un debate que no sólo ponga en el escenario el porqué de la universidad pública, sino el para qué y el para quién. Y que opere como punto de anclaje de las luchas de lxs trabajadorxs por el salario, contra los despidos, las privatizaciones; y al conjunto de la población contra los tarifazos, la extranjerización del territorio, la anulación del DNU 70/2023, el alineamiento colonial de la política exterior y contra el irresponsable apoyo a Israel en sus escaramuzas con Irán y el genocidio que está perpetrando en la Gaza.
Lo importante y a pesar de las críticas que podamos hacerle quienes fuimos formados en la universidad pública y es, seguramente, porque fuimos formados allí, que podemos pensar sin estar encapsulados por el adoctrinamiento de las variables del mercado, ni abrumados por sus fantasmas místicos.
Darío Balvidares
Publicado en Tramas 22-04-24
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