Detrás de la noticia: una encuesta, una ONG y la pedagogía mediática

 

Hace unos pocos días tuvo difusión masiva en los medios hegemónicos y otros el Informe —primera* y segunda entrega*— realizado por el Observatorio Pulsar – UBA (IGEDECO – Facultad de Ciencias Económicas / Carrera de Ciencia Política UBA) en alianza con la Asociación Conciencia. Sobre la base de lo que catalogaron como una encuesta nacional aplicada a 2.494 estudiantes escolarizados de entre 16 y 19 años. El trabajo fue enmarcado con el título de “Jóvenes: valores, política y democracia” y (según la ficha técnica de la propia encuesta) fue “diseñada para representar la estructura real de ese universo en la Argentina”.

La muestra fue estratificada por provincia, edad, sexo y gestión escolar —pública 66%/privada 34%—, con cuestionarios autoasistidos aplicados en “escuelas, aulas y estudiantes” y ponderación estadística para “asegurar representatividad”.

La ficha técnica se exhibe como garantía de rigor estadístico; sin embargo, lo que se universaliza en la comunicación pública no es la metodología, sino los resultados descriptivos: titulares que repiten porcentajes y frases como si fueran verdades incuestionables. Perfil, Infobae, Clarín, La Nación y otros medios, además de portales provinciales reprodujeron la encuesta con escaso análisis crítico o repitiendo, simplemente, los apartados analíticos del propio Informe, y sobre todo, reforzando la idea de que la juventud argentina es “apática” o “desapegada” de la política, según rezan los propios titulares mediáticos, como veremos más adelante.

Pero acerquemos un poco más la lupa al trabajo muestral y preguntémonos por qué se produce un efecto inmediato sobre un recorte de 2.494 casos para que se convierta en verdad nacional —con doble legitimación: la que expresa la propia ficha técnica, que no, necesariamente coincide con el universo mediático hegemónico y sus repetidores seriales— cuando según el Censo 2022 procesado por el INDEC (aún con el escaso diferencial demográfico que pudiera existir), se señala que, aproximadamente, la población de jóvenes entre 16 y 19 años es de 2.780.000 personas; lo que indica que la muestra tomada solo refiere al 0,09% del total de la población entre las edades consignadas.

La operación consiste en transformar un muestreo mínimo en diagnóstico universal, invisibilizando la diversidad de experiencias juveniles a lo largo y ancho del país. “Diversidad” sostenida en el Informe, solo por su pertenencia a la educación pública o privada, o por la cantidad de libros que haya en el hogar de lxs encuestadxs como diferencial cultural, marcas elitistas tan relacionadas a los componentes ideológicos que la Asociación Conciencia representa, y para reforzar un relato mediático que estigmatiza a lxs jóvenes como indiferentes, despolitizados e, incluso, moralmente evaluables.

Ajustando la lectura, tal vez podamos encontrar otras conclusiones distintas de los titulares mediáticos e incluso interpretar alguna contradicción funcional en el propio Informe.

El sospechoso 70% que fabrica la apatía juvenil

La encuesta del Observatorio Pulsar y la Asociación Conciencia distribuyó su muestra sobre 2.494 estudiantes de la siguiente manera: el 3% de lxs encuestadxs de 19 años; 19% de 18 años; 33% de 16 años y 45% de 17 años. Es decir, casi ocho de cada diez encuestados tienen 16 o 17 años, mientras que los mayores —los que tienen la obligación de votar o ya votan— representan apenas el 22% del total. Un dato a tener en cuenta a la hora de pretender la universalidad: si bien la encuesta mide la disposición a ir o no a votar, recordemos que el sufragio no es obligatorio para quienes tengan 16 y 17.

Teniendo en cuenta lo anterior, veamos: frente a la pregunta sobre el interés en la política, los resultados fueron: 8% muy interesados, 21% bastante interesados, 51% poco interesados y 18% nada interesados. El relato mediático, que más prendió en la opinión pública, simplificó estos números en un titular contundente: “7 de cada 10 jóvenes no se interesan por la política”.

Sin embargo, si cruzamos los datos con la distribución etaria, aparece otra lectura: el 29% que declara interés (muy + bastante) es casi coincidente con el porcentaje de jóvenes de 18 y 19 años en la muestra. Es decir, los sectores de mayor edad —los que ya enfrentan otra mirada de la escuálida realidad que los interpela— concentran el interés político, podríamos arriesgar esa hipótesis, mientras que el peso estadístico de los más jóvenes, todavía dentro de su realidad escolar, (16 y 17 años) arrastra el promedio hacia la “posible indiferencia”. Ahí tenemos una interpretación verosímil y distinta.

La encuesta, al no discriminar las respuestas por edad, invisibiliza esta diferencia etaria y convierte un dato parcial en diagnóstico universal. Así se fabrica el “70% de apatía”: una operación estadística que homogeneiza a la juventud y la presenta como una unidad despolitizada, en la interpretación de los medios, reforzando un relato funcional a la estigmatización que nuestras juventudes vienen soportando y al disciplinamiento cultural que se impone con el favor mediático y las políticas descontextualizadas y vaciadoras de sentido de la educación y del conocimiento; sin olvidar las penales, como la ley que establece el Régimen Penal Juvenil, recientemente votada, que baja la imputabilidad a los 14 años, para no abundar.

Coincidencia política, capital cultural y las conversaciones que no existen

La encuesta del Observatorio Pulsar y la Asociación Conciencia introduce variables que, lejos de describir la politicidad juvenil, funcionan como filtros ideológicos.

Haremos un breve paseo por algunas de las consignas. En primer lugar, la diferencia entre escuela pública (66%) y privada (34%) se presenta como garantía de representatividad, pero en realidad homogeneiza realidades muy distintas y legitima la universalización de un diagnóstico único: la supuesta apatía juvenil.

El sesgo se profundiza con la medición del capital cultural de los hogares: nivel educativo de los padres y cantidad de libros en casa. Según la encuesta, quienes tienen padres con estudios universitarios o posgrados, o más de 50 libros en su hogar, son los que declaran que la Argentina está “mejor o igual de bien”. Así se instala la idea de que la adhesión a la democracia y la valoración positiva del país provienen de los sectores privilegiados, mientras que los demás quedan implícitamente asociados al desinterés o la crítica.

La misma lógica aparece en la pregunta sobre coincidencia política con los progenitores: aunque la mayoría comparte las mismas ideas, la encuesta subraya que la coincidencia aumenta en segmentos específicos —jóvenes de 16 años (40%), estudiantes de escuelas privadas (41%) y quienes tienen padres con posgrado (48%). La coincidencia se presenta como virtud, reforzando la obediencia cultural en los sectores con mayor capital simbólico y socioeconómico.

Finalmente, la categoría “conversaciones” expone una contradicción: el 53% declara informarse de política por conversaciones, pero al mismo tiempo el 65% dice que habla poco o nada con familiares y el 81% poco o nada con amigos. Con el cruce de los propios resultados de estos ítems, por lo menos surge alguna ambigüedad.

En los resultados del informe la juventud aparece con apariencia homogénea, obediente y despolitizada donde se remarcan las diferencias socioculturales de origen y el acercamiento mayor o menor a la política; una juventud —mas o menos— informada por redes y medios.

Lo que se presenta como “dato” habilita una operación mediática que convierte un muestreo parcial, ínfimo, en verdad nacional, reforzando la idea “desapego” o “desinterés” por la política.

Entre la moral, la tolerancia y el voto crítico

En esta primera parte de la encuesta se vinculan conceptos “morales” con las ideas políticas: “¿Usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con que se puede saber si una persona es buena o mala por sus opiniones políticas?”. El 8% muy de acuerdo y 21% bastante de acuerdo con que se puede saber si alguien es “bueno o malo” por sus opiniones políticas; este segmento muestra que una parte de los jóvenes acepta la “moralización” de la política, aunque la mayoría (40% poco de acuerdo y 19% nada de acuerdo) la rechaza.

Aparece esta idea de “moral” —ligada a los valores de Occidente— tan en consonancia con los pregones presidenciales y a los “valores” de la Asociación Conciencia, como veremos más adelante.

A 50 años de la dictadura genocida que una encuesta vincule la “moralidad” política en términos “ecuménicos” de “bueno” y “malo” es por lo menos preocupante: ¿Quién decide sobre lo “bueno” y lo “malo” en términos de subjetividad?

Una persona no es buena o mala por sus ideas políticas, en todo caso es la conducta ética de los funcionarios con capacidad de definir políticas que perjudiquen o beneficien a la mayor parte de la población: ¿Responde a una buena o mala conducta ética no cumplir con la ley de Financiamiento Universitario? ¿Responde a una buena o mala conducta ética no cumplir con la ley de Emergencia Pediátrica? ¿Responde a una buena o mala conducta ética no cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad? La dimensión ética de los funcionarios que deciden sobre nuestros destinos es directamente proporcional a la moral pública de sus actos.

Por otro lado, en las preguntas sobre vínculos afectivos, el 61% afirma que podría estar en pareja con alguien de ideas opuestas y el 64% que podría tener amistades con diferencias políticas, lo que sugiere tolerancia y convivencia democrática. Hay una oscilación evidente: la encuesta oscila entre moralizar el pensamiento político como rasgo íntimo (supuestamente autónomo) y reconocer la tolerancia en vínculos afectivos.

El propio informe combina dos registros en tensión: las marcas conservadoras y elitistas que provienen de la Asociación Conciencia, y el intento académico de revestirlas con un tono de neutralidad pragmática. En ese movimiento, lo que aparece como “perfil juvenil” es en realidad una síntesis ambigua: un discurso normalizador que se disfraza de objetividad.

La segunda parte del estudio refuerza esta tensión: el 72% de los jóvenes afirma que votar es importante pero no alcanza para decidir lo que pasa en el país, frente a un 23% que cree que con el voto se decide lo que pasa y un 5% que sostiene que votar no sirve para nada.

Lejos de ser apatía, esa respuesta expresa una sospecha crítica que los politiza: la conciencia de que el poder no se agota en las urnas y que la participación requiere otros espacios y formas. El informe traduce esa sospecha en “baja intensidad” y “compromiso selectivo”, pero lo que emerge es una juventud que se politiza justamente en la desconfianza hacia las narrativas normalizadoras.

Lo más revelador es que los medios hegemónicos borran incluso esa conclusión matizada. Mientras el informe reconoce que no hay rechazo absoluto ni apatía total, los titulares reducen todo a la fórmula de la despolitización: “7 de cada 10 jóvenes no se interesan por la política”. Así, la encuesta muestra una dudosa homogeneidad, y ese enfoque es reescrito por el aparato mediático para reforzar un proceso de estigmatización y disciplinamiento juvenil.

La pedagogía mediática: titulares y notas

Los principales medios tomaron la encuesta y la tradujeron en diagnósticos homogéneos. Clarín y La Capital titularon: “Siete de cada diez estudiantes dicen tener poco interés en el tema”. La Nación reforzó: “Argentina: jóvenes tienen poco o ningún interés en la política”. Infobae repitió la fórmula: “Casi el 70% de los jóvenes en la Argentina tiene poco o ningún interés en la política”. Perfil insistió en el desapego: “El 70% de los jóvenes argentinos muestra desapego hacia la política”. Página/12 redujo la encuesta al consumo informativo: “8 de cada 10 adolescentes se informan por redes sociales”. Letra P habló de ambigüedad: “Los jóvenes de la Argentina, entre el optimismo y el desinterés”. Canal Abierto formuló la duda: “Los jóvenes argentinos ¿creen en la democracia?”.

Los titulares recortan porcentajes aislados y los convierten en diagnósticos generales. En todos los casos, el relato es el mismo: juventud apática, consumista, distante de la política.

Lo curioso es la ausencia o escasa mirada crítica, puesto que ninguna nota problematiza el sesgo ideológico de la Asociación Conciencia, solo se legitima como un “informe de la UBA”.

La sospecha crítica de la mayoría de los jóvenes —su desconfianza hacia el voto como único mecanismo— se traduce en apatía.

Conciencia y la incidencia en las políticas públicas

La Asociación Conciencia se presenta como una ONG dedicada a la educación ciudadana y la formación democrática. Sin embargo, detrás de esa fachada pedagógica se encuentra una trama de alianzas corporativas y vínculos políticos que la convierten en un actor de incidencia pública con fuerte capacidad de moldear políticas educativas. Sus programas abarcan desde la terminalidad escolar y la inserción laboral juvenil hasta el combate del trabajo infantil en zonas tabacaleras. Pero la contradicción es evidente: mientras afirma luchar contra el trabajo infantil en el tabaco, entre sus aliados, según su propia página web, figuran la Cámara del Tabaco de Salta y la Cámara del Tabaco de Jujuy, dos de los sectores empresariales directamente vinculados a esa problemática.

La lista de aliados corporativos es extensa y revela la magnitud de su entramado empresarial:

energéticas como Pampa Energía, Axion, Camuzzi y Raízen; agro y tabaco con Adecoagro y las Cámaras del Tabaco mencionadas anteriormente; bancos y fundaciones financieras como BBVA, Galicia, Hipotecario, Supervielle, Moody’s, Divergood y la Fundación Banco Nación; infraestructura y transporte con AUSA, Emova y Mantelectric; seguridad privada con Fundación Prosegur; gigantes tecnológicos como Samsung, Google y Xylem; farmacéuticas y consumo doméstico con Johnson & Johnson y SC Johnson; consumo masivo con Cervecería y Maltería Quilmes; certificadoras globales como Control Union; y organismos estatales como BA Ciudad, RENATRE y el Consejo Federal de Inversiones.

Es decir, Conciencia se financia con recursos de grandes empresas y bancos, lo que condiciona su narrativa sobre juventud y ciudadanía y fija su posición ideológica en la educación en consonancia con los procesos endoprivatizadores propuestos por los organismos internacionales: UNESCO, OCDE y Banco Mundial.

En junio de 2024, Conciencia lanzó el Pacto Educativo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El evento fue una verdadera foto de poder: participaron referentes políticos de todo el arco partidario del establishment —Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Carlos Torrendell, Daniel Scioli, Martín Llaryora, Jorge Macri, Ramiro Marra, Martín Tetaz, Mariano Cúneo Libarona, Daniel Filmus, Ariel Sujarchuck, intendente de Escobar, estos dos últimos referenciados con la oposición peronista, junto a empresarios como Cristiano Rattazzi, Daniel Vila y Adelmo Gabbi y otros, además de representantes de Naciones Unidas y cuerpo diplomático.

El director ejecutivo de Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves Dacunha, fue funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la conexión directa con referentes políticos que representan intereses corporativos.

El Pacto Educativo se presentó como un programa nacional de “educación ciudadana”, con talleres, capacitaciones y proyectos escolares. Pero en realidad cristaliza la estrategia de Conciencia: instalar un discurso de juventud “responsable” y “moderada”, legitimado por el empresariado y el arco político. La encuesta realizada junto al Observatorio Pulsar de la UBA cumple aquí una función precisa: proveer insumos para justificar este pacto, mostrando a los jóvenes como apáticos y necesitados de formación cívica y ciudadana.

La contradicción estructural es insoslayable: denunciar el trabajo infantil en tabacaleras mientras sus “aliados” son las propias cámaras tabacaleras; promover la inserción laboral juvenil mientras se invisibiliza la precarización estructural que afecta a más del 60% de los jóvenes; fortalecer organizaciones sociales de base mientras se las subordina a la lógica de la “excelencia en gestión” y la dependencia de recursos externos. Todo ello bajo la narrativa de ciudadanía “responsable”, que en realidad funciona como un dispositivo de disciplinamiento simbólico.

Una muestra más es el convenio celebrado por la ong con el el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta en abril de 2025. Por entonces, la ministra de María Cristina Fiore Viñuales dijo: “Este convenio representa una gran oportunidad para acompañar a nuestras escuelas en la formación de ciudadanos comprometidos y críticos (…) desde el Gobierno vemos a la sociedad civil como aliados estratégicos en la construcción de la Salta que queremos”.

Pero no solo la ministra tuvo expresiones sobre el convenio, también lo hizo Juan Manuel Fernández Alves Dacunha: “Este es un trabajo de tres patas: el Estado como principal responsable de garantizar el acceso a la educación gratuita, obligatoria y de calidad; el sector privado involucrándose en el desarrollo de los pueblos; y la sociedad civil acercando proyectos innovadores para hacer más eficiente el rol del Estado”.

Una breve digresión: es muy interesante como el director ejecutivo de la ONG Conciencia, pasó de ser Director General de la Dirección General Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento Urbano perteneciente al Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires a “pedagogo” en el ámbito de la autodenominada “sociedad civil”. Fin de la digresión.

Conciencia, que es solo un eslabón más en la profundización de la entrega de las políticas públicas y su ejecución a este entramado corporativo, como lo venimos investigando y denunciando desde hace muchos años, es otro actor político-empresarial que articula con gobiernos, ministerios, empresas y organismos internacionales para instalar su agenda corporativa como política educativa. Su rol es moldear la percepción social de la juventud, instalando la idea de que son apáticos y necesitan ser guiados hacia la responsabilidad democrática y ciudadanía responsable.

La pedagogía mediática se completa con los titulares de los medios: la encuesta provee los datos, los medios los simplifican en apatía, y Conciencia aparece como la ONG que ofrece la solución para la aplicación de las políticas educativas para fortalecer la “ciudadanía”.

La “sociedad educadora” y la industria del negocio educativo

El aporte crítico de este artículo es mostrar que la sospecha juvenil, lejos de ser apatía, es politización frente a un sistema que busca disciplinarlos. Conciencia, con su entramado empresarial y político, lejos de “educar” normaliza bajo su propio prisma ideológico. Y lo hace con la acriticidad de los medios, el financiamiento corporativo y la legitimación de referentes políticos y empresariales que representan los mismos intereses precarizantes y disciplinadores.

Detrás de la noticia no hay apatía juvenil, sino una operación discursiva que convierte la sospecha crítica en desinterés. La encuesta del Observatorio Pulsar y Conciencia, los titulares que simplifican y el Pacto Educativo que reúne a empresarios y políticos son eslabones de una misma cadena: la pedagogía mediática que normaliza y disciplina.

El entramado de aliados de Conciencia —energéticas, bancos, tabacaleras, tecnológicas, farmacéuticas, certificadoras y organismos estatales— es la expresión concreta de una moral corporativa que se presenta como universal y que se impone bajo el signo de la “educación ciudadana”. Conciencia instala su agenda corporativa como política pública.

Y aquello que Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, definió como “el pasaje del Estado educador a la sociedad educadora”, debe leerse en realidad como la transferencia de la educación pública a la industria del negocio educativo de la autopercibida sociedad civil.

La supuesta apatía queda desmentida por los cientos de miles de jóvenes que se movilizaron el 24 de marzo en la Marcha de Memoria, Verdad y Justicia. Lejos del desinterés, la resistencia y, tal vez, la sospecha como forma de politización juvenil frente a un sistema que enmascara la idea de que la única democracia posible es la representativa liberal, funcional al capitalismo global y a los (brutales) “valores” de Occidente.

*Informe: primera entrega

*Informe: segunda entrega

Imagen de portada: Foto del encuentro en la Bolsa de Comercio, Asociación Conciencia. Crédito, Perfil.

Publicado en Huella del Sur 29/3/2026

Educando al mandatario o la trampa antropológica

 

La moral de Occidente como política de Estado y la urgencia de una pedagogía decolonial.

“La moral como política de Estado”, escribió el presidente en el libro de honor al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, apelando a los supuestos “valores de Occidente” como fundamento de su proyecto.

Filosofía griega, derecho romano, estoicismo y judeo-cristianismo: un canon eurocéntrico que se presenta como universal, pero que funciona y ha funcionado como dispositivo de exclusión. El ejemplo que resuena hoy: la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esa invocación, que no es la primera vez que el mandatario utiliza —como recordaremos— para darle un marco teórico a sus actos de gobierno, construyó la semiótica del poder que se consolidó tras el genocidio de la llamada Conquista de América, donde la violencia se justificó en nombre de una civilización superior.

Desde entonces, la educación en el racismo y la xenofobia ha sido naturalizada, produciendo lo que hoy reconocemos como injusticia epistémica: la negación sistemática de otras memorias, saberes y genealogías culturales.

Cuando el mandatario insiste en este marco repite el mandato imperial, pero en su cara colonial: reproduce la ignorancia como política de Estado. Ignorancia como núcleo conceptual de la colonialidad del saber.

Decíamos que, no era la primera vez que el mandatario insistía con la idea de “Occidente”, ya en su discurso, también regado de insultos y diatribas —como en el parlamento—, en España, durante el Madrid Economic Forum en 2025, utilizó esta noción, afirmando que en Argentina “volvimos a abrazar los valores de Occidente(…) abrazar la cultura judeo-cristiana, reconocer al dios de Israel y en lo político la república romana y la democracia griega. Eso constituye la democracia liberal que venimos a defender en los valores de Occidente…”. Complaciente con su conciencia colonial y el lugar que ocupa en la clasificación “occidental”, se manifiesta como un hijo dilecto del pensamiento expoliador y esclavista.

El señor presidente pretende instalar como política de Estado una moral que se presenta como ética universal, pero que en realidad es el residuo de una genealogía corrupta.

La apelación a Grecia, Roma, el estoicismo y el judeo-cristianismo es la repetición acrítica de un canon, construido y manipulado, más allá de los pensadores greco-romanos, para crear el concepto de Occidente sobre el que se erigió la violencia colonial, la negación y extinción de otras culturas y pueblos que habitaban Abya Yala.

Siguiendo a Aníbal Quijano, podemos afirmar que el Renacimiento, su “Dios”, la trascendencia del “Yo” configurarán el ademán geopolítico que prefigura el eurocentrismo. La periferia de la llamada “América” como el lado “salvaje” de la construcción de una “Europa” civilizada; Europa/América; modernidad/colonialidad. Este último concepto, colonialidad, ha sido absolutamente necesario (aunque encubierto) para que la llamada modernidad tenga entidad, pueda ser.

Como advierte Quijano, la colonialidad fue condición de posibilidad de la modernidad; Enrique Dussel y Walter Mignolo muestran cómo ese canon eurocéntrico se institucionalizó como verdad universal, ocultando su origen violento.

Y como señaláramos en otros artículos, la noción de Occidente —como expresión del eurocentrismo— ha sido utilizada históricamente para justificar el genocidio en América, la imposición de la colonialidad del poder y la construcción de sistemas de dominación económica en nombre del cristianismo, primero y de la “modernidad”, después.

El señor presidente pretende presentar “Occidente” como una estructura homogénea de valores que sostienen la democracia liberal, cuando en realidad la modernidad occidental ha sido el resultado de guerras, exclusiones y apropiaciones forzadas que dieron origen a la “acumulación originara” como lo explicó Carlos Marx.

La referencia a la cultura judeo-cristiana en el discurso del mandatario ignora que los judíos fueron expulsados de España en 1492, en un proceso de limpieza étnica que consolidó la hegemonía cristiana sobre el Estado.

No hubo en la historia una convivencia armónica entre las tradiciones judía y cristiana bajo el paradigma occidental, sino una relación marcada por persecuciones, exilios y subordinación. El uso estratégico de este concepto por parte del mandatario opera como una manipulación semiótica que refuerza la idea de que “Occidente” es un bloque histórico indivisible, cuando en realidad es una construcción ideológica y geopolítica al servicio del poder.

Es la propia semiótica la que nos permite analizar cómo Milei utiliza símbolos y narrativas para reforzar una visión del mundo que legitima la concentración del poder y la eliminación de cualquier resistencia.

Su discurso descalificador, provocador y amenazante es un instrumento de validación de la violencia epistémica, que anula o descalifica otras formas de conocimiento y de ver el mundo.

Los gobiernos libertarios, inscriptos en la ultraderecha, utilizan el Estado como instrumento de disciplinamiento para destruir cualquier resistencia y ponerlo, plenamente, al servicio de los grandes capitales corporativos.

Insistir en esos valores es retroceder hacia una moral degenerada, funcional a la reproducción de la ignorancia: la otra cara de la violencia epistémica, como política de Estado.

Lo que se exhibe como virtud es, en verdad, la pedagogía de la injusticia epistémica: un mandato que educa en la exclusión y en la naturalización del racismo y la xenofobia. Decimos pedagogía porque la gestualidad política, como lo venimos sosteniendo en nuestros análisis, es pedagógica, tiene un mensaje que pretende “educar” al mandante, es decir, a la población.

El mandatario no inventa nada, repite un guion viejo, el de la colonialidad del poder. Su apelación a Occidente es obediencia. Y en esa obediencia se revela la moral degenerada que pretende universalizar. La tarea crítica no es corregirlo, sino desenmascarar la semiótica que lo sostiene y afirmar la urgencia de una política y una pedagogía decolonial.

La batalla cultural no es contra el delirio presidencial, los agravios e insultos, sostenido por propios y prestados en sentido amplio —dirigentes políticos, diputados, senadores, jueces, fiscales, empresarios, periodistas y un largo etc.—; una “batalla cultural” que en realidad, intenta imponer como modelo el cinismo, la fake news, el oprobio, la provocación, la imposición de instrumentos de ajuste a través de la represión y lo peor, un marco teórico de devastación: la moral que esgrime quien “celebra” el bombardeo estadounidense/israelí en Irán; acuerda con el genocidio palestino e impulsa los valores éticos de Occidente.

La batalla es decolonial y está en nosotrxs, en poder comprender que esos valores de Occidente, fueron el germen de la pandemia capitalista y quien pretenda dar una “batalla cultural” dentro de los propios cánones impuestos por la colonialidad del poder queda atrapado en los pliegues del canon occidental.

La “batalla cultural” es una trampa antropológica si la lucha se inscribe en el mismo parámetro epistémico colonial moderno/capitalista.

La ruptura epistémica contra los valores de Occidente y la semiótica del capital, primero es decolonial, y debe funcionar como marco teórico ampliado de la lucha de clases que nos conduzca hacia modelos de socialización humanizados en el que emerja una nueva hegemonía, desde abajo.

Imagen de portada: Flpr.news

Publicada en Huella del Sur 5/03/2026

Educación: del comunicado oficial al dispositivo de control y propaganda

 

El Ministerio de Capital Humano difundió en la red X un comunicado de tinte acusatorio contra la inspectora escolar del Colegio St. John’s School de Pilar, acusándola de “adoctrinamiento” por haber tipificado, en un acto escolar, la política migratoria de Donald Trump “de rechazo a lo diferente” y celebrado la performance de Bad Bunny en el Super Bowl en una manifiesta concepción de apertura a lo diverso.

La escena, ocurrida frente a alumnos de primaria, fue convertida en espectáculo digital por el propio gobierno. El posteo se transforma en trending topic y la escuela en territorio vigilado.

Este gesto de la ministra de Capital Humano, posteando el comunicado es un acto de disciplinamiento público, pero además funciona como instrumento de contienda política contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La imposición y el control simbólico son los pilares de una didáctica que convierte la educación en escenario de obediencia y espectáculo. El comunicado ministerial reactualiza esa matriz con las herramientas de la tecnología. La denuncia como propaganda del poder y el aula en escenario de control.

El cinismo del adoctrinamiento

El contraste es evidente. Mientras se persigue a una inspectora por un comentario crítico, que además, a todas luces es verdadero, — solo hay que escuchar a Trump o ver como actúa el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)— el propio presidente despliega discursos abiertamente ideológicos frente a estudiantes, como lo analizo en mi artículo, La pedagogía del opresor y la didáctica de la egolatría, cuando en el ya lejano marzo de 2024, el señor presidente abría el año lectivo en el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa oportunidad, en que también estaba presente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell,  el señor presidente en su discurso frente a los estudiantes (dos sufrieron desmayos) calificó al aborto como “un asesinato agravado por el vínculo”, denostó a los “asesinos de los pañuelos verdes” y afirmó que podía demostrarlo “desde una perspectiva matemática, filosófica, liberal y biológica”— sin dudas, un sofisma—. Con esas palabras, violó la Ley de Educación Sexual Integral, que garantiza un abordaje científico y respetuoso de los derechos y estaba adoctrinando al alumnado, con la didáctica de la “egolatría”, porque la historia pasaba solo por él (tal vez esa fuera una táctica para ejemplificar las “virtudes” del individualismo; de lo que no cabe duda es que se erigió como el prisma de la historia. Cosa que tiene poco de objetivo y/o neutral.

En el mismo acto, se jactó de haber dicho, a los asistentes, en el foro de Davos en enero de ese año: “ustedes son todos unos zurditos”, y explicó que la “rebelión natural tenía que ser liberal” porque la educación pública es un “mecanismo de lavado de cerebro” con contenidos “recontra rojos”. Allí no hay neutralidad, ni objetividad ni respeto por la pluralidad. Es, sin lugar a dudas, adoctrinamiento explícito, con agravios directos y descalificaciones como parte del repertorio pedagógico presidencial.

El cinismo brutal con que se persigue a lxs docentes —en este caso puntual, una inspectora con postura crítica— mientras se legitima que el presidente convierta una escuela en tribuna ideológica, ante la mirada emocionada de la ministra y el rostro complaciente del secretario; ya tiene visos de perversión. 

El derrotero gubernamental no es defender la supuesta objetividad del conocimiento, que por otra parte no existe, como queda demostrado en el discurso “pedagógico” del señor presidente, sino que  el concepto ha funcionado en Educación —durante los gobiernos autoritarios sean dictaduras o producto de democracias fallidas— como un eslabón instrumental  para imponer obediencia y deslegitimar la palabra pedagógica que incomoda, la palabra crítica que el docente debe sostener, de ahí la importancia de la educación pública donde se encuentran y conviven —no sin conflicto— la pluralidad de voces, con sus propias vivencias, creencias, opiniones, en definitiva ideologías. Es por eso que el conocimiento que se construye en la escuela pública es colectivo, que alimenta el crecimiento intelectual, de ahí la importancia de los contenidos escolares abordados de manera crítica, no automática ni ingenua ni con la neutralidad que propuso el señor presidente, justamente cuando refiriéndose a la dictadura genocida y al terrorismo de Estado, les dijo a los alumnos: “…lean con espíritu crítico los dos lados de la biblioteca”, alentando la teoría de los dos demonios, obviando los juicios de lesa humanidad que todavía continúan, eso no es “espíritu crítico” es legitimar el terrorismo de Estado.

La genealogía del disciplinamiento

Este clima político no surge de la nada. En 1977 —justo cuando el señor presidente entraba a primer grado, según dijo en su discurso “pedagógico” en el Copello— la dictadura genocida publicó el documento “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, un libelo donde se definía al docente crítico como enemigo interno y se legitimaba la persecución en las escuelas. Aquella pedagogía del terror buscaba domesticar el aula, convertirla en espacio de obediencia y silencio.

Hoy, el lenguaje cambia pero la lógica persiste. Lo que antes se llamaba “subversión” ahora se denomina “adoctrinamiento”. Lo que antes se imponía con fichas de inteligencia y partes policiales, ahora se amplifica con videos virales y comunicados en redes sociales, con un uso tecno/ideológico que nos convierte a todxs en sospechosos.

Ser críticos del discurso hegemónico y del sistema que tiende a la estandarización de la subjetividad social desde la imposición de la colonialidad del saber es suficiente para ser perseguido, denostado o criminalizado.

Memoria como resistencia

Frente a este cinismo perverso, la memoria se hace pedagogía crítica. Recordar el libelo persecutorio de la dictadura para “cazar” docentes y estudiantes  es advertir que la historia no se repite, pero engendra bajo sus pliegues nuevas formas de “asesinar” al pensamiento crítico. La pedagogía del opresor se recicla bajo la mascarada de la defensa de la “libertad”, pero con el mismo objetivo: controlar la escuela y silenciar la crítica.

Estamos en las vísperas de que se cumplan los 50 años de la dictadura que instrumentó el terrorismo de Estado como sistema de gobierno. La conmemoración por la Memoria, la Verdad y la Justicia en las escuelas no puede ser un ritual escolar vacío o edulcorado, ni traspapelado con la teoría de “los dos demonios”; debe ser advertencia y compromiso.

La educación no puede ser campo de guerra ni escenario de propaganda de un gobierno que se arroga el monopolio ideológico, bajo el velo de la “objetividad”.

Sí, la educación es política y el debate sobre el conocimiento es profundamente ideológico, desde los comienzos de la escuela y el debate del Congreso Pedagógico de 1882 que dio origen a la Ley 1420 de educación común, gratuita, obligatoria y laica en 1884 (aunque fue beneficiosa para la alfabetización de toda la población, fue sancionada por necesidades propias del elitismo de la nueva burguesía — ver “1420 ley de educación común, la otra trama del mito” —).

Época —admirada por el señor presidente— de la que tendríamos mucho para debatir, pues es la de la Generación del 80, la elite que consolida un modelo de apropiación económica y la que ya había consagrado el primer genocidio autóctono y naturalizado la conciencia racista y xenófoba como parte de un modelo cultural excluyente y eurocéntrico.  

La educación pública es territorio de emancipación y de la palabra crítica, un derecho irrenunciable; la escuela, su primer puesta es escena colectiva. La disputa política por la gobernanza de la educación es ideológica, de hecho el rumbo que le están dando a la educación, las decisión de limitar (o eliminar) las Ciencias Sociales y la Humanidades, ¿no es acaso una posición ideológica?

¿No es una posición ideológica decir que están suplantando el “Estado educador” por la “sociedad educadora”, así entra en consonancia con las políticas de mercado que viene llevando a cabo el gobierno y se consolidan las fundaciones empresariales, las empresas EdTech, las ONG’s como actores principales de la gobernanza de la educación?

¿Entonces, por qué la pretensión de sancionar a la inspectora, como en este caso, por opinar sobre las decisiones de Donald Trump con su política, indudablemente racista y xenófoba, de migración y celebrar la misma ministra, Sandra Pettovello, los oprobios presidenciales, vertidos en la “clase magistral” que dio el señor presidente en marzo de 2024?

Existe una desconexión perversa entre “lo ideológico permitido” y “lo ideológico no permitido”: lo que el señor presidente tiene permitido; un docente no lo tiene permitido.

Decididamente: ¡la ética ha muerto!

Imagen de portada realizada con la IA Copilot.

Publicado en Huella del Sur

La pedagogía de la crueldad y el imperio de los milmillonarios

 

La obscena concentración de riqueza que Oxfam denuncia en su informe: “Contra el imperio de los más ricos: Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”i, es la expresión contemporánea de una lógica que Marx definió hace más de un siglo: la plusvalía como núcleo de la explotación. Los datos son espeluznantes: la riqueza de los milmillonarios alcanzó los 18,3 billones de dólares, creciendo un 16% solo en el último año, mientras en nuestra región la fortuna de esta élite aumentó 16 veces más rápido que la economía real.

El ranking de Forbes Argentina 2025–2026 muestra que las 50 mayores fortunas del país acumulan 78.000 millones de dólares, equivalentes al 12,1% del PBI de 2023, un 68% más que en 2020. La cifra incluso supera el récord de 2018 (70.000 millones) .

Entre los más ricos figuran Marcos Galperin (Mercado Libre), Paolo Rocca (Techint) y Alejandro Bulgheroni (energía), todos con fortunas superiores a los 1.000 millones USD.

Lo que hoy se nombra como “apropiación del excedente” en el Informe es la misma operación de siempre: el trabajador produce más de lo que recibe, y ese excedente es capturado por las minorías que traman nuestros destinos. La diferencia es que ahora esa captura se amplifica por el poder financiero y tecnológico que, según Oxfam, otorga a un milmillonario 4.000 veces más probabilidades de influir en las reglas de la democracia que a un ciudadano común. No solo acumulan capital; moldean las leyes para legalizar el despojo.

En Argentina, la media sanción en Senadores del proyecto de reforma laboral se inscribe en esta misma matriz. No es “modernización”, como proclama el señor presidente, sino una regresión histórica que nos pretende devolver a 1880. Esta ley no solo busca abaratar la fuerza de trabajo, también avanza en lo que podríamos llamar la captura de la plusvalía pedagógica, que podemos caracterizar como el tiempo de vida y de pensamiento que se le arrebata al sujeto para ponerlo al servicio absoluto del mercado.

Al quitar derechos y precarizar el trabajo, el capital extrae valor económico y disminuye la energía vital necesaria para la reflexión política y la construcción colectiva del trabajadxr. La plusvalía pedagógica le anula la capacidad de imaginar otros mundos porque cancela el tiempo del pensamiento, de la toma de conciencia y, por sobre todo de recrear la utopía como horizonte de posibilidad.

Esta ofensiva es, en esencia, un proyecto de colonialidad del saber. Se nos impone una visión del mundo donde el conocimiento solo es válido si es útil para el flujo del capital, es la noción instrumental lo que aplica este modelo extractivista de nuestra subjetividad.

La educación es degradada a un mero “servicio” de capacitación y entrenamiento, un engranaje de la pedagogía de la adaptación que busca formatear una subjetividad dócil, resignada a la incertidumbre y al “auto-emprendimiento” de la propia explotación. El objetivo es claro: que el trabajador no se piense como sujeto de derechos, sino como una mercancía que debe estar en permanente “actualización” para no ser descartada.

Repasemos, en una apretada síntesis de un recorrido de nuestra historia contemporánea: el dictador Juan Carlos Onganía (1966-1970) intentó disciplinar el trabajo y la universidad, encontrando la respuesta popular en el Cordobazo. La dictadura genocida (1976-1983) aplicó las recetas neoliberales con el terrorismo de Estado (luego vinieron los juicios por la verdad y las condenas a los genocidas). El menemismo de los 90 consolidó la privatización, pero uno de los ejercicios de la pedagogía de la crueldad más exitosos fue la corrupción semántica de determinados conceptos hasta vaciarlos; política del despojo lingüístico que se fue instalando desde los organismos internacionales y que fueron redefiniendo los enfoques de la realidad.

Un ejemplo actual (entre muchos) de la corrupción semántica del Estado se expresa en la declaración de la “esencialidad” educativa. Es la pieza maestra de la crueldad: se usa un concepto vital para prohibir el derecho a huelga, buscando neutralizar la capacidad de interrupción del docente, restringir su autonomía y su derecho a la defensa de lo común: el salario y las condiciones laborales. No declaran esencial el presupuesto, sino la obligatoriedad de que la “maquinaria de entrenamiento” no se detenga.

En consecuencia, la esencialidad no es una categoría pedagógica, es una categoría policial aplicada a la enseñanza. Al decretarla, el Estado confiesa su miedo: sabe que la educación, cuando no es ‘servicio’ sino encuentro crítico, es el único espacio capaz de romper el hechizo de la resignación individualista.

Aquí la pregunta ¿Qué educación? se vuelve estratégica. Una educación reducida a “capacitación” —como venimos señalando desde hace muchos años— legitima la precariedad y naturaliza la extracción de plusvalía, validada por la performatividad económica que necesita el mercado de los estudiantes. La educación es política, por esa razón la vacían de contenidos tras la mascarada de la “objetividad” del conocimiento.

La reforma laboral pretende mano de obra barata; busca mentes domesticadas. Frente a la pedagogía de la formación para la precariedad, debemos oponer una contra-pedagogía que integre al trabajo y a la educación a las dimensiones ética y política.

Frente a ella, la pedagogía crítica debe actuar como un espacio de praxis de desobediencia semántica y con enfoque decolonial, recuperando la memoria de las luchas y defendiendo lo común para la construcción de ese otro mundo posible, urgente y necesario.

Por ahora estamos asistiendo a un episodio más de lo que ha sido la ofensiva histórica de las minorías que traman nuestros destinos, esos que se reciclan en la apropiación permanente de territorios y vidas, que nos imponen una forma de pensar la realidad que ellos mismos maquillan, falsean, destruyen, corrompen, clausuran, invisibilizan…

Tienen el poder, tienen los medios de producción, tienen los medios de comunicación, tienen el poder tecnológico y acceden al poder político, etc. etc.

Para dar mayor precisión de lo que está ocurriendo, el Informe Oxfam cita lo siguiente: “La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha elaborado un “Manual de un golpe de Estado multimillonario”, en el que destacan 13 estrategias utilizadas por los milmillonarios para consolidar su poder. Entre ellas se encuentran la financiación de movimientos de extrema derecha para dividir a la clase trabajadora, los recortes del gasto social mientras se aumentan las subvenciones a empresas, el control de los sectores empresariales, la industria y los medios de comunicación, y el uso de los datos para manipular a la opinión pública. La CSI afirma que los milmillonarios fomentan la división atacando a las minorías, fingiendo una retórica anti elitista, generando caos y ruido para silenciar la oposición, y reprimiendo a sindicatos y activistas. Justifican estas medidas disfrazándolas de seguridad, crisis o crecimiento económico, aunque en realidad están erosionando las libertades y ampliando la riqueza e influencia de los superricos” (pág.32).

Los milmillonarios, personificados en Donald Trump, por ejemplo, y sus gerentes coloniales, como el señor presidente, han declarado la guerra abierta. Y el Estado, bajo sus gobiernos, actúa como su brazo armado simbólico a través de decretos (inconstitucionales como el 70/2023) y/o leyes (inconstitucionales como la Ley Bases o la media sanción al proyecto de Reforma Laboral y, otras constitucionales pero incumplidas por el Ejecutivo: Emergencia Pediátrica (no se asignan las partidas); Financiamiento universitario (el gobierno apeló -12/2/2026- la orden judicial que le exigía aumentar los fondos); Emergencia en discapacidad (luego del intento de derogación y frente a la intimación judicial el Ejecutivo reglamentó el Decreto 84/2026 el 12/2/2026, estableciendo un régimen de emergencia para regularizar deudas y nuevas pensiones no contributivas). Y su brazo armado físico: la represión brutal sobre los cuerpos, tal como lo vemos, sistemáticamente sobre los jubilados y ante cualquier protesta de trabajadores, como la reciente del 11 de febrero, con las prácticas represivas de “cacería”, gases lacrimógenos, disparos con balas de goma, uso de camiones hidrantes y la violación sistemática del propio protocolo antipiquetes de las fuerzas de (in)Seguridad.

En estos contextos nacionales e internacionales con el dimensionamiento obsceno de la riqueza; la defensa de la educación como derecho para el crecimiento intelectual, ético y político y no para el adoctrinamiento empresarial; como campo de disputa contra la colonización o emancipación de nuestra existencia; la pregunta por ¿Qué educación? es, en última instancia, la pregunta filosófica sobre qué presente y futuro común queremos construir frente al imperio de los que se enriquecen con el esfuerzo y la vida de lxs trabajadorxs.

Estas políticas de exterminio de la subjetividad, de lo público, de lo común, de los vínculos solidarios, de necrosis social y de exaltación de la crueldad son las que rigen nuestros destinos como en la antigüedad clásica. Los griegos y los romanos creían sus destinos atados a los designios de los dioses, ignorando que sus padeceres eran el producto de las decisiones imperiales.

En las democracias fallidas del capitalismo la cosmovisión es similar, solo que en lugar de los dioses, las “culpas” de los pretendidos éxitos y fracasos son el efecto de nuestras decisiones como individuos (trampa conceptual) y no de un sistema injusto cuyo modelo se funda en los orígenes de la llamada “modernidad” y la categoría geopolítica, “Occidente” (tan cara al señor presidente): el comienzo con saqueo, destrucción y genocidio en Nuestra América, primero y la deriva en capitalismo, después (con saqueo, destrucción y genocidio, también).

Esta arquitectura del despojo se completa con otra aberración que cierra el círculo de la crueldad: el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Mientras el Estado se retira de su responsabilidad de garantizar derechos básicos, avanza con su brazo punitivo sobre las infancias y juventudes precarizadas.

A los hijos de lxs trabajadorxs, a quienes este modelo les ha saqueado el presente y les ofrece una educación de ‘entrenamiento’ para empleos que no existen, se los criminaliza por los efectos mismos de la exclusión que el sistema genera. La baja de la imputabilidad es la confesión del fracaso del Estado como educador y su triunfo como carcelero; es la aplicación de la lógica del desecho sobre los cuerpos más vulnerables. Si para el milmillonario la ley es un traje a medida, para el joven de los barrios populares la ley es un cerrojo. Aquí, la ‘esencialidad’ vuelve a mostrar su rostro hipócrita: la escuela no es esencial para nutrir, pero la cárcel se vuelve esencial para recluir.

Frente a este escenario de necrosis social planificada —que va desde la reforma laboral que extrae plusvalía pedagógica hasta la criminalización de la infancia—, nuestra tarea es la interrupción crítica. No podemos permitir que la “pedagogía de la adaptación” clausure el futuro. Por ello, se vuelve urgente y necesario convocar a un Congreso Pedagógico autogestionado y soberano; un espacio de encuentro donde la docencia, en unidad con los estudiantes, asuma el debate estratégico que el poder pretende prohibir.

Necesitamos un Congreso que no sea un simulacro burocrático, sino una herramienta de lucha para reconstruir los vínculos solidarios y dar batalla a la colonialidad del saber. Es allí, en el debate entre trabajadores de la educación y estudiantes, donde debemos gestar una contra-pedagogía que enfrente la crueldad y recupere lo común. Porque si la modernidad comenzó con un genocidio y pretende cerrar su ciclo con el exterminio de lo público, nuestra respuesta debe ser la invención colectiva de una escuela y un trabajo que no nos pertenezcan como mercancías, sino como territorios de emancipación. Contra el imperio de los milmillonarios y sus gerentes de turno, nos queda la lucha por la memoria y la potencia de lo compartido; la certeza de que el destino no está en los decretos imperiales, sino en nuestra capacidad de seguir construyendo el presente y el futuro común que nos merecemos.

Imagen de portada generada con IA

i“Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios” (enero 2026) Informe

Publicado en Huella del Sur 14/2/2026

FacebookXMastodonBlueskyWhatsAppTelegramWeChatEmailCompartir