Patricia Bullrich y la expresión actual mas acabada de la colonialidad del poder

 

Si hubiera que buscar ejemplos para contextualizar las más claras afirmaciones de la epistemología colonial actual y desde finales del siglo XIX, sin dudas las manifestaciones más desembozadas están y estuvieron en los referentes de esas minorías que traman y tramaron nuestros destinos; minorías que se conectan desde la acumulación por desposesión —siguiendo el concepto de David Harvey— a través de un sistema de —si se me permite el término— “clanes” familiares.

Prueba de ello lo experimentamos, otra vez y desde hace muchos años, con los incendios que devastan, de manera sistemática, miles de hectáreas en la Patagonia y que han vuelto a ser el escenario de una operación discursiva que ya conocemos demasiado bien.

La ex ministra de (in)Seguridad —mandato de Mauricio Macri (2015-2019); primeros dos años de la presidencia de Javier Milei (2023-2025)— y actual senadora libertaria, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X acusaciones directas contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a quienes calificó como “terroristas del fuego” y prometió “hacerlos pagar”. Una vez más, el fantasma del “enemigo interno” se activa para justificar políticas de persecución sobre las comunidades mapuche.

Sin embargo, la propia justicia provincial desmintió esa versión. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, declaró que no existen pruebas que vinculen a comunidades mapuche con los focos ígneos. La contradicción es evidente, mientras el discurso oficial instala la narrativa del terrorismo indígena, la investigación judicial descarta esa hipótesis.

Sin embargo la weichafe, Moira Millán, en diálogo con Re FM 107.3 aportó un dato inquietante: la justicia “con policías armados” realizó “allanamientos en una comunidad que fue víctima del incendio, se le quemó absolutamente todo…”. La persecución se ejecuta aun sin pruebas, reproduciendo la violencia institucional y el hostigamiento histórico contra los pueblos originarios. La colonialidad del poder se expresa aquí con toda claridad criminalizando a quienes defienden el territorio, mientras se invisibiliza el verdadero conflicto. Otra vez el discurso de Patricia Bullrich tiene un efecto posfactual.

No es casual que la senadora, ahora libertaria, se erija como defensora acérrima de Julio A. Roca, arquitecto del genocidio indígena conocido como “Conquista del Desierto”. Su genealogía política y familiar está directamente vinculada al reparto de tierras saqueadas.

El origen

En la publicación, Historia de la crueldad argentina 1 la investigación da cuenta de que tras la llamada “Conquista del Desierto” las tierras arrebatadas a los pueblos originarios fueron subastadas en Buenos Aires por la firma Adolfo Bullrich y Cía., un establecimiento de bienes raíces que organizaba los remates públicos destinados a familias “distinguidas” y capitales extranjeros.

Adolfo Bullrich, intendente de la Ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX, fue el encargado de legitimar el saqueo mediante la institucionalización del mercado inmobiliario. La actual ministra Patricia Bullrich es descendiente y heredera directa de esa misma familia, lo que enlaza su defensa acérrima de Julio A. Roca y del genocidio fundacional con el discurso contemporáneo que criminaliza a los pueblos mapuche como “terroristas del fuego”. Acusación que es la actualización de una matriz colonial que desde el siglo XIX legitima el despojo y criminaliza la resistencia indígena en Argentina.

La investigación muestra que las fortunas exorbitantes de las minorías que traman nuestros destinos tienen su origen en la desposesión.

“La ley de remate público del 3 de noviembre de 1882 otorgó 5.473.033 de hectáreas a los especuladores. Otra ley, la 1.552 llamada con el irónico nombre de ‘derechos posesorios’, adjudicó 820.305 hectáreas a 150 propietarios. La ley de “premios militares” del 5 de septiembre de 1885, entregó a 541 oficiales superiores del Ejército Argentino 4.679.510 hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. La cereza de la torta llegó en 1887: una ley especial del Congreso de la Nación premió al general Roca con otras 15.000 hectáreas.

La llamada “conquista del desierto” sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. Sesenta y siete propietarios pasaron a ser dueños de 6.062.000 hectáreas.

Entre ellos se destacaban 24 familias “patricias” que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Hoz”. Esto sucedía en los albores de “nuestra” Nación.

¿Quién es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón?

Su ancestro Adolfo Bullrich fundó la casa de remates que subastó las tierras arrebatadas tras la “Conquista del Desierto”, en el mismo edificio que hoy ocupa el shopping Patio Bullrich. Por el lado de los Luro, como dice la cita de más arriba, la familia recibió más de 200.000 hectáreas en La Pampa como premio por la campaña militar. De esta manera se iba consolidando la concentración de tierras en manos de la elite.

Por el lado de los Pueyrredón2, la tradición terrateniente se expresa en estancias como La Ydalina, fundada en 1879 por Adolfo Pueyrredón en Los Toldos, sobre tierras vecinas a la comunidad del cacique Coliqueo.

Esta triple herencia — saqueo, regalos, remates “por moneditas”, adjudicación y posesión— enlaza a Patricia Bullrich con la historia de la desposesión/apropiación que se actualiza en su discurso contemporáneo de la criminalización indígena como “usurpadores” en 2017, tal como advertimos en Huella del Sur en el artículo “¿Quiénes son los usurpadores? Fragmentos de un discurso posfactual”, hasta la acusación actual de “terroristas del fuego” contra los mapuche.

La colonialidad del poder se revela aquí como continuidad histórica del genocidio fundacional hasta el hostigamiento y persecución en el presente.

La desposesión como política de Estado

En el escenario actual ­—y no tan actual— el verdadero conflicto no está en las comunidades mapuche, que son los guardianes de la tierra; sino en la extranjerización de la tierra.

El Informe reciente del Observatorio de Tierras (UBA–CONICET) revela que más de 13 millones de hectáreas —el 5% del territorio nacional— están en manos extranjeras, con casos extremos como el departamento Lacar en Neuquén, donde la extranjerización supera el 50%.

La Patagonia, justamente donde se concentran los incendios y las acusaciones, el fenómeno de extranjerización de la tierra alcanza el 23% en zonas de frontera y áreas restringidas, aclara el Informe. No es solo la apropiación vernácula que se construyó históricamente en metodología de acumulación sino la apertura a la apropiación extranjera.

Infografía del Informe: La extranjerización de tierras en nuestro país: un acuciante problema de soberanía. Elaboración propia en base a reportes del Registro Nacional de Tierras Rurales (Dirección Nacional del RNTR, Ministerio de Justicia de la Nación Argentina), obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública (Ley 27.275), expediente EX-2025-94747803. Datos actualizados al 6 de agosto de 2025. 

Se hizo realidad el sueño de Julio Argentino Roca, el perpetrador del genocidio más grande de nuestra historia escribió: “La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida”. Y finalmente informará al Congreso: “El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero”3.

La falacia de Bullrich continúa la estrategia política que desplaza la atención. Se culpa a comunidades indígenas de incendios forestales mientras se oculta el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y se naturaliza la entrega de tierras a capitales extranjeros4. Se construye un enemigo interno para legitimar el despojo.

Dice el Informe del Observatorio de Tierras: “El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”.

Otro dato del Informe afirma que: “En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán”.

La colonialidad del poder estigmatiza, criminaliza y desplaza, construye síntesis cruelmente atractivas que retoman conceptualmente la idea sarmientina de civilización /barbarie propuesta como imaginario único de una realidad instituida por esas minorías que deciden la “civilización”; el “progreso” y la “modernización” a sangre y fuego, con el desprecio por el otro que no “pertenece” o no se subordina—a la clase y sus fronteras ideológicas—aplicándole diversos dispositivos de exterminio, persecución, muerte y esclavitud, como a los Pueblos Originarios; desaparición, tortura y muerte como con la dictadura genocida (1976-1983); represión, criminalización y judicialización de la protesta en la actualidad, son procesos históricos, ejemplificadores de lo que es la pedagogía del sometimiento con la que nos “enseña” la colonialidad del poder.

Frente a ello, la tarea decolonial y crítica es desmontar estas narrativas y señalar lo evidente, que los Pueblos Originarios no son los responsables de la devastación ambiental, sino las víctimas de un modelo que combina desposesión, extranjerización y represión para la acumulación del capital que es el único interés de las minorías que traman nuestros destinos siempre obedientes y disciplinados a los intereses imperialistas con los que lejos de confrontar se entregan —nos entregan—, una práctica colonial e histórica de nuestra elite dominante. Hasta que digamos ¡Basta! Y emerja la conciencia colectiva fundada en otros conceptos, porque como advierte Partha Chatterjee5, no basta con cambiar la conversación, es necesario transformar los términos mismos de la conversación, descolonizar las categorías con las que pensamos y abrir paso a una política que nazca desde las memorias, las luchas y las voces de los pueblos que han sido históricamente silenciados.

1Osvaldo Bayer y Diana Lenton (coords.), Historia de la crueldad argentina. Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios, Buenos Aires: El Tugurio, 2010.

2 Museo Pueyrredón (San Isidro) y Estancia La Ydalina (Los Toldos, Buenos Aires). Fundada en 1879 por Adolfo Pueyrredón, sobre tierras vecinas a la tribu del cacique Coliqueo. Referencia en: Municipalidad de San Isidro, Museo Pueyrredón; Estancia La Ydalina, historia institucional.

3Tambien en Historia de la crueldad argentina

4El gobierno de Javier Milei aplicó un recorte superior al 70% en términos reales al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, afectando brigadistas y bomberos en plena emergencia de incendios. Al mismo tiempo, impulsó una reforma de la Ley de Tierras (26.737) que elimina restricciones a la compra de tierras por extranjeros y habilita la venta incluso de terrenos arrasados por el fuego.

5Partha Chatterjee, politólogo e historiador indio, miembro fundador del Grupo de Estudios Subalternos. Profesor en la Universidad de Columbia y en el Centro de Estudios Sociales de Calcuta, es autor de obras clave como La política de los gobernados y La nación en tiempo heterogéneo, donde desarrolla una crítica a las categorías coloniales de la política moderna.

Imagen de portada: La Verdad-Facebook

Publicado en Huella del Sur 15-1-2026

Trump, el plan imperialista o la urgencia de una versión decolonial del presente y la historia

 

La ofensiva contra Venezuela y la narrativa que la sostiene forman parte de una genealogía más amplia de documentos estratégicos que marcaron la política estadounidense hacia Latinoamérica. El NSSM-200 (National Security Study Memorandum 200) fue un informe secreto elaborado en 1974 bajo la dirección de Henry Kissinger, entonces Consejero de Seguridad Nacional y Secretario de Estado de EE.UU. Allí se vinculaba el crecimiento poblacional en países del Sur con la seguridad nacional norteamericana y, sobre todo, con el acceso a recursos estratégicos como petróleo y minerales.

Años más tarde, las Cartas de Santa Fe (1980–1984) profundizaron esa lógica, articulando la necesidad de garantizar la apropiación de recursos naturales con la intervención en los sistemas educativos y culturales de la región. La doctrina no se limitaba a la economía: proponía moldear subjetividades, instalar valores “occidentales y cristianos” y neutralizar cualquier proyecto autónomo.

En este marco, conceptos como la epistemología de la ignorancia, la injusticia epistémica, la pedagogía del sometimiento y la acumulación por desposesión (David Harvey) permiten leer la coyuntura venezolana actual como continuidad de esa estrategia. La invención del “cartel de los Soles” y la insistencia en que el petróleo “pertenece” a Estados Unidos son expresiones contemporáneas de un mismo patrón: producir falacias, deslegitimar voces locales y justificar la intervención bajo el signo de la seguridad nacional.

Esta línea de análisis se enlaza con lo que desarrollé en mi artículo anterior, “Milei, el topo y la epistemología de la ignorancia”, donde examiné cómo esas mismas categorías críticas se aplican a la política argentina. Allí señalé que la producción deliberada de desconocimiento y la deslegitimación de saberes locales funcionan como dispositivos de poder que atraviesan tanto las narrativas de intervención internacional como las estrategias de disciplinamiento interno.

Epistemología de la ignorancia y colonialidad del saber

La genealogía de documentos como el NSSM-200 y las Cartas de Santa Fe muestra que la dominación no se ejerce únicamente mediante la fuerza militar o la apropiación económica, sino también a través de la producción de desconocimiento. La epistemología de la ignorancia describe cómo se fabrican narrativas que ocultan la violencia y legitiman la intervención. En Latinoamérica, esa operación se enlaza con la colonialidad del saber, esto es la imposición de marcos interpretativos externos que deslegitiman las memorias y experiencias locales, mientras se presentan como verdades universales.

La acusación contra Nicolás Maduro basada en el supuesto “cartel de los Soles”, como una organización narco, es un ejemplo contemporáneo de esa lógica. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos debió reformular su narrativa al no poder sostener la existencia de la organización, pero la falacia ya había cumplido su función, ya había instalado la idea de un enemigo criminal que justificara sanciones y acciones de fuerza. La “ignorancia”, en este caso, es el producto de la construcción deliberada de un relato que invisibiliza la soberanía venezolana y naturaliza la intervención.

La paradoja se vuelve más cruda cuando gran parte de exiliadxs venezolanxs celebra la irrupción de fuerzas de intervención estadounidenses en su país como el “camino a la libertad”, aun cuando esas operaciones produjeron muertes y profundizaron la crisis. Ese festejo revela la eficacia de la colonialidad del saber: aceptar como emancipación lo que en realidad es sometimiento, reproducir como verdad la narrativa del poder imperial y deslegitimar las voces que denuncian el saqueo. La pedagogía del sometimiento se expresa aquí en su forma más descarnada por la transferencia semántica de la violencia en promesa de futuro.

Injusticia epistémica y la construcción del enemigo

La injusticia epistémica se manifiesta cuando ciertos sujetos o comunidades son sistemáticamente deslegitimados como portadores de conocimiento válido. En el caso venezolano, la invención del “cartel de los Soles” funcionó como dispositivo de deslegitimación, puesto que se instaló la idea de una organización criminal sin pruebas, y se convirtió en argumento para sanciones e intervenciones directas: intercepción y secuestro de buques, destrucción de embarcaciones de pesca y su tripulación con el argumento de narcotráfico, jamás probado, justamente porque eran bombardeadas y destruidas las mismas embarcaciones que podrían utilizarse como prueba si se descubriera en ellas la existencia de drogas.

En el caso puntual del secuestro de Maduro, como jefe del “cartel los Soles”, la retractación posterior del Departamento de Justicia de Estados Unidos no repara el daño, porque la narrativa ya circuló y cumplió su función política, y sobre todo comunicativa.

La injusticia epistémica opera también, como dijimos, en la paradoja de lxs exiliadxs. Allí se observa cómo la colonialidad del saber logra que las víctimas de la violencia simbólica reproduzcan la lógica del dominador, aceptando como emancipación lo que implica sometimiento.

La credibilidad se otorga a los discursos imperiales y se niega a las voces que denuncian el saqueo y la represión. La injusticia epistémica se expresa en esa operación de otorgar credibilidad exclusiva a las narrativas del poder y de la hegemonía mediática que sostienen la violencia.

La producción de enemigos ficticios cumple la función de disciplinar poblaciones y legitimar la intervención. La injusticia epistémica es un mecanismo central de la dominación.

Pedagogía del sometimiento

La dominación no se sostiene únicamente en la fuerza militar o en la presión económica, también requiere de un entramado cultural y educativo que naturalice la subordinación. Esa es la función de lo que podemos llamar pedagogía del sometimiento: un dispositivo que moldea subjetividades para aceptar como legítima la intervención externa y como inevitable la pérdida de soberanía.

Las Cartas de Santa Fe fueron explícitas en este punto. No se limitaron a recomendar políticas económicas, sino que insistieron en la necesidad de reorientar la educación y la cultura latinoamericanas hacia valores “occidentales y cristianos”. La escuela, los medios y las iglesias debían convertirse en espacios de disciplinamiento, capaces de neutralizar cualquier proyecto emancipador. La pedagogía del sometimiento se diseñaba como estrategia de largo plazo: formar generaciones que conciban la dependencia como destino natural.

Podemos arriesgar que son los ecos de la autopercibida “Conquista de América” — la cara colonial de lo que llamaron “modernidad”; del otro lado, la cara oculta de las atrocidades materiales y simbólicas aparece como colonialidad con su pedagogía del sometimiento que se enmascara en la injusticia epistémica.

En la coyuntura venezolana, esa pedagogía se expresa en la narrativa de que el petróleo “pertenece” a Estados Unidos y que su “recuperación” es condición para la libertad. Donald Trump y Marco Rubio repiten esa falacia como si fuera un axioma, y gran parte de lxs exiliadxs la reproduce celebrando la irrupción de fuerzas extranjeras. La paradoja es brutal: se festeja la violencia como emancipación, se acepta el saqueo como camino a la democracia. La pedagogía del sometimiento logra que la irrupción sangrienta y el secuestro de Nicolás Maduro se perciba como promesa de un futuro mejor.

La eficacia de este dispositivo radica en su capacidad de instalar un horizonte simbólico donde la dependencia se confunde con libertad. La repetición mediática, la legitimación de una parte de la sociedad y la circulación en redes sociales consolidan un sentido común que convierte la subordinación en aspiración. La pedagogía del sometimiento es su condición de posibilidad.

Acumulación por desposesión

La expansión del capital en las últimas décadas no se explica únicamente por la producción industrial o el comercio global. David Harvey lo conceptualizó como acumulación por desposesión; como un proceso en el que los bienes comunes, los recursos naturales y los derechos sociales son expropiados y convertidos en mercancías bajo control privado. La desposesión es un mecanismo estructural del capitalismo.

En Latinoamérica esta lógica se expresó en las privatizaciones de los activos nacionales, en la apertura indiscriminada de mercados y en la subordinación de los Estados a organismos financieros internacionales —para no abundar—. Los documentos de Santa Fe anticiparon esa dinámica al insistir en que el acceso a petróleo, minerales y energía debía ser garantizado como interés permanente de Estados Unidos. La doctrina vinculaba directamente la seguridad nacional de Estados Unidos con la apropiación de recursos, y proponía reconfigurar las economías latinoamericanas para asegurar ventajas comparativas en exportación.

La coyuntura venezolana actual reactualiza ese plan de apropiación. La narrativa de que el petróleo “pertenece” a Estados Unidos y que su “recuperación” es condición para la libertad constituye un ejemplo claro de acumulación por desposesión. La falacia no se limita a justificar sanciones o intentos de invasión, también instala un horizonte simbólico donde el concepto de soberanía nacional se disuelve y los recursos estratégicos se conciben como propiedad externa. La violencia material —muertes, bloqueos, saqueo— se legitima mediante una violencia simbólica que convierte la expropiación en promesa de democracia.

La acumulación por desposesión se sostiene en la pedagogía del sometimiento y en la injusticia epistémica. Se moldean subjetividades para aceptar la subordinación, se deslegitiman voces disidentes y se fabrican enemigos ficticios. El resultado es un modelo que necesita producir falacias para sostener su expansión, y que encuentra en la intervención sobre Venezuela un capítulo más de su larga historia de apropiación y disciplinamiento.

Una versión decolonial del presente y de la historia

Pensar el presente desde Latinoamérica exige desmontar esas narrativas que el poder imperial ha instalado como verdades. La epistemología de la ignorancia, la injusticia epistémica, la pedagogía del sometimiento y la acumulación por desposesión son dispositivos concretos que han operado como plan sistemático de apropiación en la historia reciente de los Estados Unidos desde el NSSM-200 y las Cartas de Santa Fe hasta la coyuntura venezolana actual. La invención del “cartel de los Soles” y la falacia de que el petróleo “pertenece” a Estados Unidos son expresiones contemporáneas de esa misma matriz, tan verosímiles como las justificaciones de la Guerra del Golfo; las armas nucleares en Irak para perpetrar el secuestro y fusilamiento de Sadam Husein y tantos otros desaguisados que tienen la misma verosimilitud de las películas hollywodenses.

La paradoja más dolorosa es la de un inmenso colectivo de exiliados y no exiliados venezolanos, y también de muchos argentinos, que celebran la irrupción de fuerzas extranjeras como “salvación”. Esa celebración prescinde del recorrido imperialista de Estados Unidos, archiconocido por sus invasiones directas y por su complicidad en golpes de Estado, en cumplimiento del Plan Cóndor, que dejó una marca indeleble en nuestra historia con la dictadura genocida en Argentina. La memoria de esas violencias debería ser suficiente para cuestionar cualquier narrativa que presente la intervención externa como emancipación.

Frente a esa pedagogía del sometimiento, se vuelve urgente instalar una epistemología de la socialización: un marco que recupere las memorias locales, que legitime los saberes colectivos y que permita debatir desde una versión decolonial del presente y de la historia. La tarea es abrir un espacio donde la crítica se convierta en acción política.

La pedagogía crítica, entendida como práctica militante, es el camino para transformar la denuncia en emancipación. Una acción política que atraviese medios, redes, organizaciones y territorios. Solo desde allí podremos construir un discurso contrahegemónico capaz de enfrentar la colonialidad del saber y de proyectar un horizonte emancipador en el que la memoria de nuestras luchas se convierta en fuerza de futuro.

Una cita final

Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la pobreza en Venezuela alcanzaba niveles extremos: cerca del 80% de la población vivía en condiciones de pobreza, con una desigualdad profunda y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a las élites y empresas extranjeras.

“Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la pobreza aumentó drásticamente al inicio de los años 80, con un incremento del 150% respecto a 1980 en términos de incidencia, exacerbado por recesiones económicas. Para finales de la década de 1990, más de dos tercios de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, según informes de la época. Un estudio del Banco Mundial confirma que la incidencia de la pobreza creció significativamente durante los años 80 y 90, pasando de alrededor del 50% en 1992 a cifras aún más altas hacia finales de la década, antes de la llegada de Chávez. En 1999, aproximadamente el 67% de la población se encontraba en situación de pobreza, con un 35% en pobreza extrema, de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado de EEUU (…) El ascenso de Hugo Chávez en 1999 no fue fortuito, sino la respuesta a un largo proceso de conciencia colectiva contra la exclusión y la corrupción (…) Por ello, el proceso bolivariano ha mantenido un apoyo popular significativo y una base social sólida, a pesar de los desafíos posteriores”. Tomado del artículo de Ricardo Guerrero (8-1-2026).

Rescato de aquel 1999 —además de los argumentos estadísticos, que dan cuenta del estado social en Venezuela, tomados de las propias instituciones imperiales— la idea del proceso —agrego— decolonial de conciencia colectiva, estado que se alcanza porque la pedagogía del sometimiento y sus componentes epistemológicos implosionaron en su propia ficción retórica. ¡Sucedió aquella vez!

Imagen de portada: mvsnoticias.com

Publicado en Huella del Sur 11-1-2026

Milei: el topo y la epistemología de la ignorancia

 

El presupuesto 2026 (articulo 30) elimina el Fondo creado para el financiamiento de la Educación Técnico Profesional e instala un ajuste feroz en educación y ciencia, que se expresa en la derogación que garantizaba el 6% del PBI para educación y el 1% para Ciencia y Técnica. Asimismo plantea una rebaja sustancial a las universidades —sometidas ahora a controles que fiscalizarán cómo “invierten” sus recursos— y en el desfinanciamiento casi total de la educación técnica, con un 93% menos presupuestado, respecto de 2023.

La epistemología de la ignorancia se convierte en matriz política del gobierno: un dispositivo que intenta naturalizar la precarización, la desinformación, controlar el acceso al conocimiento y legitimar la represión sistemática.

Minorías que traman nuestros destinos

En ese mismo marco, la “estafa libra” y el “fraude en discapacidad” exhiben la selectividad del orden jurídico. Jubiladxs y trabajadorxs fueron sistemáticamente reprimidos, cada semana por defender derechos básicos, con la aplicación del conocido vulgarmente como “protocolo antipiquetes” de la ex ministra de (in) Seguridad, Patricia Bullrich, a todas luces absolutamente inconsistente, en virtud de lo cual en un fallo reciente fue declarado nulo por el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº11, haciendo lugar al pedido de una medida cautelar que realizaron diversas organizaciones, como se explica en la nota publicada en Huella del Sur.

Sin embargo, lo que parecía una batalla ganada por las organizaciones sociales y a pesar de los incontrastables argumentos del fallo, el ministerio de (in)Seguridad presentó recurso con efecto suspensivo, lo que dejó sin aplicación la nulidad dictada por el juez Martín Cormick. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal es la que debe resolver de fondo la validez del protocolo —y eso puede suceder después de la feria judicial (o nunca)— mientras tanto continúa vigente la licencia para reprimir de la que gozan las fuerzas federales. “El orden no se negocia”, posteó la ex ministra en su red de X, haciendo gala de su preceptiva pretoriana.

Esa celeridad “jurídica” no aparece en las investigaciones judiciales de la estafa libra, ni en el fraude en la ANDIS, que ahora el gobierno decidió cerrar, tal vez más que para profundizar la puesta en crisis del colectivo de discapacidad, para borrar los rastros fraudulentos de su administración. Ambas hipótesis —tratándose de la destrucción (selectiva) del Estado— son válidas.

En esa lógica de ajuste y palos, el ajuste educativo se enlaza con la lógica de endeudamiento permanente y la dependencia respecto de Estados Unidos —voto mayoritariamente colonial en las elecciones legislativas— y las corporaciones empresariales, junto con concesiones ilimitadas a fundaciones y ong’s permeabilizadas por las políticas del extractivismo educativo.

El presente se vuelve asfixiante para las juventudes, que ven cancelado su futuro mientras son empujadas por el espejismo capitalista del culto al individualismo y a la meritocracia, en algunos casos, o a la miseria planificada que genera el sistema, en la mayoría.

El discurso del “orden”, repetido por gobernantes y funcionarios variopintos y reforzado con el eslogan de aquello de “el que las hace las paga”, actúa sobre los cuerpos y la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población que lucha por sus derechos.

Orden y organización colectiva I

Pero de qué “orden” se trata, del único que conoce el coloniaje celebratorio del autoritarismo cuando asume un poder del que no es propietario, pero que estas democracias disfuncionales se lo permiten: un poder judicial arcaico (y aristocrático) que no reacciona o lo hace tarde, frente a una resolución (protocolo antipiquetes) que legisla sobre otras leyes y sobre la propia Constitución; o, paradójicamente, con otras dos leyes aprobadas, a pesar de los vetos presidenciales, quedaron vigentes y el gobierno no las cumple: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica y desde el poder judicial, ministerio Público Fiscal incluido, no parece haber la misma reacción que tiene para detener y encarcelar manifestantes, ambientalistas, defensores del agua —como veremos a continuación—, por ejemplo.

Decir basta se constituye en una estrategia didáctica contra el orden (delirante) impuesto por las minorías que traman nuestros destinos y contraponer la organización colectiva es una tarea pedagógica que ya conocimos en varios momentos de nuestra historia y en la historia reciente: la pueblada de 2001; las movilizaciones de la marea verde; la multitudinaria protesta LGBTIQ+ contra los dichos homofóbicos del señor presidente en Davos 2025; las marchas universitarias por presupuesto y la movida de trabajadorxs del Hospital Garrahan; las marchas por el fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad y la gran movilización por el agua en Mendoza que dejó una evidencia más de lo que significa legislar contra el pueblo, sus luchadorxs detenidos y procesados; lo mismo sucedía en Chubut, también en lucha por el agua; mientras gobernantes y legisladores se “benefician” con las “nuevas” leyes (de Indias) que habilitan la megaminería minería contaminante y apropiadora de territorios.

El orden, en los términos del poder de las minorías, produce ignorancia, la organización colectiva produce saberes que moldean un horizonte de emancipación, lo llevaron a la acción los estudiantes que lograron la famosa reforma universitaria en 1918; lo supieron los trabajadorxs y estudiantes que fueron protagonistas del Cordobazo en 1969, para no abundar.

El ajuste como proyecto de destrucción de la educación pública y el conocimiento científico

El presupuesto 2026 materializa y profundiza la autopercepción de Javier Milei como “el topo que venía a destruir el Estado”. Esa frase, pronunciada como provocación, se convierte en programa de gobierno y se traduce en cifras que desmantelan pilares básicos de la vida pública, que por supuesto había que mejorar y mucho, pero que lejos de una mejora, la “topocidad” — si se me permite el neologismo, sería un atributo específico de los topos (en sentido presidencial)— se sigue reproduciendo en diputados, senadores y en el mundillo judicial.

Según el Informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se elimina del presupuesto la garantía del 6% del PBI para educación y el 1% para Ciencia y Técnica, porcentajes que estaban establecidos por la Ley de Educación Nacional. Sin embargo para Ciencia y Técnica el recorte será del 48.8% en 2026 respecto de lo ejecutado en 2023, siendo que de 3.075.646 (en millones de pesos) lo presupuestado por el topo pasa a 1.575.382.

En conjunto, Educación y Cultura sufre una caída del 47,3%; de 14.685.793 (en millones de pesos) en el 2026 dispondrá de 7.742.689. Por otra parte, las becas estudiantiles caerán un 76,6%, tomando el mismo período.

También, y a pesar de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya dijimos, que el ejecutivo no cumple, se opera una rebaja sustancial a las universidades, que además, serán sometidas a un esquema de control sobre el uso de sus recursos para continuar recibiéndolos —con la discrecionalidad que la topocidad ostenta—, siendo que por la ley vigente la universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Veamos, en 2023, en millones de pesos, se ejecutaron para esas casas de estudio, 7.354.745 y después de la “topocidad” presupuestaria para 2026 el número se reduce en 33,8%, quedando en 4.572.016.

La motosierra de la topocidad llega al desfinanciamiento extremo de la educación técnica, con un 93% menos presupuestado que en 2023. De 159.642 millones de pesos ejecutados en 2023 pasamos a 11.281 prescripto en el presupuesto 2026.

Los números condensan una estrategia de vaciamiento que reduce al Estado a un aparato mínimo, incapaz de garantizar derechos. El “topo” horada desde adentro las instituciones públicas, debilita su capacidad de sostener la vida colectiva y abre paso a la lógica privatizadora y extractiva. El presupuesto se convierte así en herramienta de demolición, en clave de un proyecto que se legitima con la retórica del orden y la eficiencia, mientras produce precariedad, ignorancia y mayor colonialidad.

Epistemologías

La epistemología de la ignorancia permite comprender cómo el poder organiza la ausencia de saberes como una trama que selecciona qué conocimientos circulan y cuáles se silencian. En esa administración del desconocimiento se inscribe la injusticia epistémica, que deslegitima voces y experiencias, ya sea porque se las considera poco fiables —como ocurre con los testimonios de jubilados reprimidos o de familias que denuncian el gatillo fácil— o porque se les niegan las herramientas conceptuales necesarias para nombrar su propia situación.

La ignorancia se convierte en un recurso político que disciplina y precariza, y la injusticia epistémica en el mecanismo que impide que esas voces puedan disputar el sentido, un poco más allá del instrumental sentido común.

Esta dinámica se enlaza con la colonialidad del saber, que desde la conquista impuso un canon epistémico occidental —actualizado por la hegemonía de los valores burgueses— como universal y relegó los conocimientos locales y comunitarios a la condición de residuo. La colonialidad del poder articula estas dimensiones porque administra la ignorancia, produce injusticia epistémica y reproduce la subordinación de saberes, instalando la idea de que el conocimiento válido siempre proviene de afuera, es una manera de negarle al sujeto la construcción del propio conocimiento.

El ajuste educativo, científico y cultural actual puede leerse como traducción presupuestaria de esa matriz: se recortan recursos para producir ignorancia funcional al orden neoliberal y a la dependencia externa; se deslegitiman las voces que denuncian y se refuerza la idea de que el saber propio carece de valor. Comprender estas epistemologías es reconocer que la represión no actúa solo sobre los cuerpos, sino también sobre las memorias y las palabras, y que la organización colectiva debe convertirse en práctica pedagógica capaz de disputar ese monopolio del saber y abrir horizontes emancipadores.

Orden y organización (Madres y Abuelas) II

El discurso del orden, repetido como consigna por las derechas y reforzado por la frase “el que las hace las paga”, se despliega como pedagogía del miedo. Ese orden se inscribe en las balas de gatillo fácil, en la represión a jubilados, en el disciplinamiento de estudiantes y trabajadores, y en la naturalización de la precarización como destino.

La epistemología de la ignorancia sostiene este dispositivo: invisibiliza la violencia institucional, deslegitima las voces que denuncian y administra el desconocimiento como forma de control. Frente a esa maquinaria, la organización colectiva se convierte en práctica pedagógica y política. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son el ejemplo histórico más contundente: allí donde el poder intentó borrar cuerpos y memorias, ellas construyeron un saber colectivo que desbordó el silencio y transformó la ausencia en presencia política. Su lucha contra la injusticia epistémica —la negación de credibilidad a las víctimas, la imposibilidad de nombrar la desaparición— abrió un horizonte donde la memoria se convirtió en conocimiento y la verdad en derecho público.

Esa experiencia histórica ilumina el presente: las puebladas de 2001, así como las movilizaciones de las que hablábamos más arriba, continúan esa pedagogía de resistencia, mostrando que la organización es un formato de respuesta política, pero, por sobre todo es producción de saber. En el presente, frente a la topocidad que corroe los derechos arrancados al poder y a la violencia estatizada que se legitima como seguridad, la organización colectiva aparece como la única alternativa. La construcción de esa alternativa común, con la fuerza de las memorias, la potencia de las juventudes y los saberes de lxs luchadorxs son las llaves de construcción de ese otro mundo mejor.

Las cifras del presupuesto y la violencia cotidiana muestran un proyecto que busca administrar la ignorancia y disciplinar la vida. Pero la historia argentina enseña que frente al silencio impuesto siempre hubo voces que se organizaron para nombrar lo innombrable. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siguen siendo el ejemplo más luminoso: con pañuelos y memoria transformaron la ausencia en presencia política y abrieron un camino que hoy continúa en cada protesta, en cada marcha, en cada gesto para decir basta.

La producción de verdad, está en nosotrxs, es pedagogía de la conciencia de quienes somos, es horizonte de dignidad. En tiempos de topocidad y represión, la tarea es sostener esa memoria viva y convertirla en acción colectiva. Porque el futuro no se defiende con miedo ni con orden impuesto, sino con la fuerza de quienes se niegan a olvidar y se animan a construir, juntos, un presente emancipador que proyecte un futuro sobre bases que deberán deconstruir todos los modelos de producción —de verdad; de conocimiento; de comunicación; económica; tecnológica…— desde una epistemología de la socialización.

¡Basta de topocidad y sus variantes alegóricas y delirantes!

Por este 2026 y la organización colectiva por aquello de “otro mundo no solo es posible, sino necesario” y más que nunca, urgente. ¡Bienvenidos al año nuevo!

Imagen de portada: Página 12

Publicado en Huella del Sur 2/1/2026

Del presentismo al control biométrico: la educación pública en tensión

 

El 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó la Resolución 1292/2025, que establece la obligatoriedad del registro de asistencia docente mediante huella digital a partir del ciclo lectivo 2026. Un acto administrativo del Poder Ejecutivo local, no de una ley sancionada por la Legislatura, lo que supondría un debate un poco más profundo sobre el biocontrol. Este es un acto prepotente a los que nos pretenden acostumbrar como con el autodenominado “protocolo de seguridad” de, la ahora senadora mileista, Patricia Bullrich.

El texto oficial presenta la medida como parte de un proceso de “modernización” y “transparencia” en la gestión educativa. Sin embargo, lo que se instala es un mecanismo de control que convierte la huella digital —un dato biométrico considerado sensible por la normativa vigente— en requisito obligatorio para el ejercicio laboral.

La Ley 1845 de Protección de Datos Personales de la Ciudad es clara en este punto. En su artículo 3 define como datos sensibles aquellos que revelan “origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, y agrega expresamente los datos biométricos. El artículo 7 establece que “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles”, salvo que exista una obligación legal específica o consentimiento expreso del titular. En este caso la “obligación legal” impuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el Ministerio de Educación responde a una concepción del entramado ideológico del partido que gobierna, el PRO.

La tensión normativa es evidente: la resolución convierte en obligatorio lo que la ley protege como voluntario. El consentimiento deja de ser un derecho. En términos jurídicos, una resolución administrativa no puede derogar ni modificar una ley de la Legislatura. En términos políticos, se produce un desplazamiento del “presentismo” como registro administrativo para convertirse en un dispositivo de vigilancia sobre el cuerpo docente.

La huella digital no dice nada por sí sola, pero funciona como llave que vincula identidades con bases de datos centralizadas, habilitando nuevas formas de disciplinamiento.

La obligatoriedad de la huella digital no surge en un vacío institucional. En este sentido, la medida que supone un simple cambio técnico es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadorxs de la educación.

Del disciplinamiento a la biopolítica

Uno de los encargados de fiscalizar su implementación y también uno de los dos firmantes de la resolución 1292/2025 y sus anexos es el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, Oscar Ghillione, el otro es Sebastián Fernández, subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Nos interesa aquí Oscar Ghillione cuya trayectoria ilumina el sentido de esta medida. Ex CEO y fundador de la ONG Enseña por Argentina — subsidiaria de Teach For America e integrante de la red Teach For All —, con formación empresarial en la privada Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) — una usina de formación neoliberal — y especialización en negocios en España — para no abundar — fue secretario de Gestión Educativa de la Nación durante parte del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Ghillione encarna, como los gobiernos para los que trabaja, o con los que estableció convenios, la lógica de trasladar al ámbito público las metodologías de eficiencia propias del mundo corporativo empresarial.

En este marco, la huella digital se convierte en un símbolo de esa mirada: un dispositivo que lejos de mejorar la enseñanza lo que se propone es el control disciplinar del cuerpo docente. Aquí la referencia a Michel Foucault resulta inevitable. En Vigilar y Castigar (1975), el filósofo describe cómo los dispositivos de control transforman los cuerpos en objetos de registro y normalización: “El poder disciplinario se ejerce haciendo del cuerpo un objeto y un blanco de poder. Se trata de una anatomía política: el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone”.

La huella digital, inscrita en un sistema de presentismo obligatorio, convierte al cuerpo docente en dato, lo desarticula de su autonomía laboral y lo recompone en función de la vigilancia político-administrativa.

Pero el análisis foucaultiano no se detiene en el disciplinamiento individual. En Historia de la sexualidad I (1976), Foucault introduce la noción de biopolítica, que amplía el campo de control hacia las poblaciones: “El poder se dirige a la vida, a la especie, a la población, al cuerpo múltiple y colectivo”.

La resolución 1292/2025 se inscribe en esa lógica biopolítica. La huella digital es una forma de inscribir a toda la población docente en un sistema de vigilancia que administra tiempos, movimientos y presencias. El cuerpo del trabajador se convierte en dato y el dato en recurso gestionable.

Esta lógica disciplinaria se vuelve palpable en la propia reglamentación de la resolución. El Anexo I establece: “…a partir de enero de 2026 (…) deberá completar de manera indefectible el registro de sus datos biométricos (…) En caso de no cumplimentar lo anteriormente mencionado, se suspenderá el pago del concepto ‘Adicional salarial’ hasta tanto se regularice dicha situación”.

La huella digital, aplicada de manera obligatoria, entra en el paquete de la racionalidad instrumental bajo la retórica de la modernización: administrar a lxs trabajadorxs de la educación como recurso.

La cuestión ética es ineludible; cuando funcionarios con formación empresarial irrumpen en la función pública, lo hacen bajo la premisa de que la educación puede gestionarse como una empresa. La huella digital, reafirmamos, es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadorxs de la educación, inscribiendo sus cuerpos en una matriz de control.

Breve digresión regional

La resolución porteña, además de entrar en el repertorio de las obsesiones de gobiernos de derecha como el PRO, se inscribe en la dinámica regional de distintos gobiernos que han intentado imponer el control biométrico en educación y administración pública, generando resistencias sindicales y judiciales.

En 2023, el gobierno mexicano impulsó la incorporación de huellas digitales y fotografías en la Clave Única de Registro de Población (CURP). La medida fue presentada como un paso hacia la “seguridad” y la “eficiencia administrativa”. Sin embargo, rápidamente se judicializó: según Infobae, “un juez federal otorgó las primeras suspensiones provisionales contra la exigencia de huellas y fotografía para la CURP biométrica”.

El diario Vanguardia MX confirmó que los amparos cuestionaban la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Población, señalando el riesgo de irreversibilidad en el manejo de datos sensibles. La experiencia mexicana muestra que la defensa de la autodeterminación informativa puede frenar la imposición de la biometría en el ámbito educativo y laboral.

Por otra parte, en varios municipios y estados brasileños se implementaron relojes biométricos para controlar la asistencia de docentes en escuelas públicas. La medida fue cuestionada por sindicatos y asociaciones laborales, que denunciaron su carácter punitivo y la falta de proporcionalidad.

En Divinópolis, el sindicato Sintemd denunció que el sistema de punto biométrico facial generaba “transtornos e inseguridad” en el inicio de clases (Portal Gerais, julio 2025).

En el Distrito Federal, docentes y orientadores criticaron la imposición del reloj biométrico para controlar asistencia, señalando que afecta rutinas pedagógicas y fue implementado sin debate (Brasil de Fato, abril 2025).

En algunos casos, las acciones judiciales lograron frenar la obligatoriedad, mientras que en otros se abrió un debate sobre la transparencia en el manejo de datos biométricos y la necesidad de auditorías independientes. La experiencia brasileña evidencia que la biometría aplicada al trabajo docente tiende a convertirse en un mecanismo de vigilancia laboral más que en una herramienta de gestión pedagógica.

De la huella digital al mercado educativo

La resolución 1292/2025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su amenaza salarial y su dispositivo biométrico, forma parte de una racionalidad más amplia que señalamos en “Carlos Torrendell y el deseo libertario: la materialización del mercado educativo”. Allí advertíamos cómo el gobierno nacional busca consolidar un modelo donde la educación pública se subordine a la lógica empresarial y privatizadora.

El caso porteño y el nacional se entrelazan: en CABA, la huella digital convierte al cuerpo docente en dato administrable, bajo amenaza de pérdida salarial. A nivel nacional, la política educativa se orienta a transformar la escuela en un mercado regulado por dispositivos de control y eficiencia fijados desde afuera por el mundo empresarial-corporativo cuyo marco fue dado desde los organismos internacionales.

Ambos movimientos expresan la misma racionalidad biopolítica: disciplinar cuerpos y gestionar poblaciones bajo la lógica del mercado. La educación pública se convierte en laboratorio de control, donde la vigilancia biométrica y la mercantilización se presentan como “modernización”.

Frente a esto, la memoria y la resistencia docente son claves. La historia reciente muestra que cada intento de disciplinamiento y privatización encontró respuesta en la organización sindical combativa, en la judicialización y en la movilización social, no en las burocracias sindicales que siempre acuerdan — de otra forma el reformismo mercantilista no hubiera llegado a estas instancias —. La defensa de la educación pública como derecho exige articular estas resistencias y denunciar la continuidad entre las políticas de desposesión educativa locales, nacionales, regionales e internacionales.

La huella digital del gobierno PRO en CABA y la mercantilización nacional que propone el borrador del proyecto de ley del gobierno libertario son dos caras de la misma estrategia. Un proyecto político que busca transformar la educación en un mercado regulado por dispositivos de control. La respuesta, entonces, no puede ser fragmentaria, requiere una resistencia articulada que combine lo mejor de la tradición de la educación pública, la ética del conocimiento y acción colectiva.

Es mentirle a la población cuando los artífices de los modelos de expropiación de la educación pública dicen que “estamos pasando del estado educador a la sociedad educadora”; lo cierto es que están transfiriendo los valores concretos y simbólicos del conocimiento al “mercado educador”, una ruleta controlada donde los ganadores están en la revista Forbes y el resto de los mortales somos una huella digital (todavía).

Imagen de portada: milenio.com

Publicado en Huella del Sur 16/12/2025