La crisis educativa como pre-texto reformista y espejo de la desposesión social

 

En este artículo continuaremos deshilvanado las tramas de la “crisis educativa”. El título ya nos adelanta uno de los sentidos cuando la anuncia como pre-texto, es decir como texto anterior para que la reforma economicista de la educación se lleve a cabo con la pasividad del conjunto de la sociedad e incluso con el apoyo de las familias y, al mismo tiempo, mantener a la docencia ocupada en las luchas por un salario de supervivencia.

Veremos que hay detrás de “herramientas” que luego servirán para la toma de decisiones políticas, quiénes las imponen y qué interpretaciones producen y con qué finalidad.

A manera de ejemplo tomamos el informe Escuelas desbordadas. Criar, crecer y educar en barrios populares, publicado en abril de 2026 con base en relevamientos de 2025, que se presenta como una radiografía de la crisis educativa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tal como lo hicimos en el artículo anterior (29/3/2026) sobre la (supuesta) apatía política juvenil en la que concluía una encuesta. Aunque desde nuestro aporte crítico mostramos que lejos de ser apatía, se trataba de sospecha sobre el sistema y eso es politización, confirmada por los miles de jóvenes que se movilizaron el 24 de marzo por la Memoria, Verdad y Justicia.

En el caso que nos ocupa ahora, dos instituciones llevan a cabo la realización del informe Escuelas desbordadas: Fundar, que se define como un centro de innovación en políticas públicas capaz de “transformar evidencia en impacto”, y el Instituto Universitario CIAS, fundado en 1956 por los jesuitas y dedicado a la formación de líderes políticos y a la investigación social. Ambas apelan en sus presentaciones a valores de justicia, sostenibilidad y diálogo democrático, inscribiendo el informe en la serie Monitor de Barrios Populares.

La metodología combina trabajo de campo en barrios populares con entrevistas a estudiantes y docentes, y un análisis de datos cuantitativos sobre abandono escolar y sobreedad. El campo de acción es claro: las escuelas de sectores populares del AMBA, donde la precariedad social se traduce en sobrecarga institucional.

El informe, Escuelas desbordadas advierte que menos de la mitad de los jóvenes logra completar la secundaria; el 59% cursa con sobreedad; y las escuelas, lejos de garantizar aprendizajes básicos, se ven absorbidas por funciones de alimentación, cuidado y contención social. Los testimonios hablan de aulas vacías, pérdida del sentido de la escuela como espacio de orden cotidiano. La promesa educativa, que alguna vez fue percibida como vía de progreso social, aparece debilitada hasta el extremo de erosionar las expectativas de futuro.

El deterioro que el informe registra en las escuelas populares del AMBA no puede leerse como un fenómeno aislado ni como una crisis coyuntural. La llamada “vulnerabilidad educativa” es, en realidad, el espejo de la vulnerabilidad social: pérdida de empleos, cierres de comercios y empresas, desmantelamiento de organismos estatales. La escuela absorbe esas fracturas y se convierte en el lugar donde se condensan las precariedades de la vida cotidiana. 

El informe Escuelas desbordadas introduce una clasificación de los estudiantes en tres categorías: “comprometidos, desconectados y conflictivos”, que surge de la percepción de algunos docentes y directivos. A primera vista parece una descripción pedagógica, pero lo que se instala es una semántica cargada de sentido político.

Los comprometidos son aquellos que todavía sostienen la expectativa de un futuro mejor a través de la educación. Una docente los celebra: “El sexto de este año se quiere comer el mundo… vienen de un lugar pobre y quieren salir de ahí”. La categoría funciona como recordatorio de que aún subsiste la promesa educativa, aunque debilitada.

Sin embargo, en la interpretación de la docente no se revisa el “salir de ahí”, seguramente emparentado con lo marginal, con esos márgenes de exclusión que el propio modelo político incentiva y acrecienta cada vez más.

Los desconectados son jóvenes que asisten por mandato familiar pero no se involucran en el aprendizaje, según el informe. Un profesor los describe como “están como zombis, con la visera baja, o miran el celular todo el día”. La imagen es dura, pero ¿es desconexión lo que se refleja? o es la fractura social que los empuja a una presencia sin horizonte.

Los conflictivos son aquellos que reproducen en la escuela la dinámica de la calle y desafían la autoridad. Un directivo los llama “ingobernables”, y un docente los describe como “bravitos, con miradas duras… rebeldes, revoltosos”. Aquí la escuela se convierte en escenario de la tensión social, donde la conflictividad se traduce en etiquetas que corren el riesgo de naturalizar la exclusión.

Dos breves; una, “desafiar la autoridad” es propio de la adolescencia y la juventud; dos, “…dinámica de la calle”, tal vez sería más apropiado leer esa aparente “impostura” como una tipología que recorre las redes sociales, las conductas autoritarias de referentes políticos que pretenden ser “autoridad” por los cargos que ocupan y que en muchos casos, cuando además son funcionarios ejecutivos o decididores parlamentarios, se comportan como parte de esa maquinaria expulsiva que amplía la marginalidad.

El propio informe reconoce que estas tipologías no describen destinos fijos, sino posiciones en trayectorias que dependen de las condiciones de vida. Sin embargo, al nombrarlos así, se instala una semántica que responsabiliza a los jóvenes por su situación, cuando en realidad lo que se está describiendo es la consecuencia de la vulnerabilidad social. La clasificación, más que pedagógica, es un espejo de la fragmentación: muestra cómo la escuela absorbe y reproduce las fracturas de la sociedad.

El mito del ascenso social y la degradación docente

Decimos el “mito”, porque es importante tener presente que si bien la escuela ha sido motor del ascenso social, no podemos soslayar que la construcción curricular siempre se organizó desde los valores de la clase social dominante, la burguesía y sus necesidades. Si bien una parte de los docentes aportan una mirada crítica, también es cierto que ese enfoque cimentado en los valores burgueses fue naturalizado históricamente y adecuados a las distintas coyuntura históricas. Así es como en los últimos años la élite empresarial cooptó la educación para transformarla en otro de sus “nichos” de mercado, pero sin riesgos, porque los convenios —de la desposesión— se financian con dineros públicos.

El informe Escuelas desbordadas todavía se sostiene en la idea de que la escuela puede ser un vehículo de ascenso social. Esa promesa, sin embargo, se ha ido vaciando en paralelo con la degradación del trabajo. La precarización laboral, la pérdida de empleos, el cierre de comercios y empresas, y el desmantelamiento de organismos estatales han convertido el “ascenso” en un mito. En lugar de movilidad social, lo que se observa es un descenso constante, coronado por la reforma laboral que funciona como broche de oro en la degradación del trabajador.

La docencia, especialmente, ha sido objeto de un proceso sistemático de desvalorización. Desde hace más de treinta años, los discursos reformistas insisten en que los docentes “no están capacitados para los desafíos del siglo XXI”. Pero esa acusación es otra falacia: durante tres décadas, fundaciones y ONGs han firmado convenios de capacitación docente con los ministerios de educación nacionales y provinciales. Si el problema estuviera en la formación, habría que preguntarse por qué esas capacitaciones —financiadas con fondos públicos que no se reinvierten en el sistema educativo— no han resuelto nada. Como los créditos de miles de millones de dólares del Banco Mundial y el BID, justamente, “para el mejoramiento de la educación secundaria”.

La pregunta inevitable es si la responsabilidad de la crisis educativa no recae, precisamente, en las políticas que habilitaron el proceso de endoprivatización del sistema, en complicidad con esas mismas organizaciones de la llamada “sociedad civil” y la promoción de los organismos internacionales.

El vaciamiento del carácter público de la educación es el resultado de un proyecto político – ideológico de la crisis capitalista que necesita de manera constante abrir “nuevos mercados” que, bajo la retórica de la modernización y la equidad, ha transferido recursos y funciones del Estado hacia actores privados.

Fundar y CIAS: ¿qué hacen?

Decíamos más arriba que Fundar se define como un centro de innovación en políticas públicas capaz de “transformar evidencia en impacto”, y que el Instituto Universitario CIAS, fundado en 1956 por los jesuitas, se dedica a la formación de líderes políticos y a la investigación social. No son instituciones neutrales ni meramente académicas: Fundar funciona como un think tank tecnocrático que combina investigación aplicada, diseño de políticas y desarrollo de herramientas digitales. Pero es importante, también saber quienes están dando el “respaldo” y ya no nos sorprende encontrar al Banco Mundial, Columbia/Ilas (Institute  of Latin American Studies), CAF/Banco de Desarrollo de América Latina, el BID, Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Open Society Foudations — de George Soros— LSC (The London School of Economics and Politicals Science y uno de los organismos rectores de la reforma educativa con un documento clave, como veremos más adelante: la CEPAL, Confederación Económica para América Latina.

Mientras que el CIAS se inscribe en el campo de la formación de élites políticas y la construcción de redes de influencia. Según su propia página web cuentan con el patrocinio de: OSDE, Banco Patagonia, Telecom, Arcor, Banco Galicia, Saint-Gobain, Medifé, Banco Hipotecario, Movistar, Accenture, Siderca y otras tantas empresas más.

En ambos casos, el financiamiento proviene de capitales privados, fundaciones y alianzas corporativas, organismos internacionales más allá de la retórica de equidad y diálogo que sostienen en sus presentaciones.

El lugar desde el cual producen el informe Escuelas desbordadas es, entonces, el de organizaciones que buscan incidir en la agenda pública y legitimar su papel como actores centrales en la definición de políticas educativas. El discurso de justicia social y bienestar compartido convive con una trama de financiamiento que los vincula directamente con bancos, corporaciones y fundaciones privadas. Esa inscripción es decisiva para comprender el sentido del informe: no se trata sólo de un diagnóstico sobre la crisis escolar, sino de un documento elaborado desde instituciones que forman parte de la misma maquinaria de desposesión que ha debilitado el carácter público de la educación en las últimas décadas.

Infobae y la Coalición por la Educación: del diagnóstico a la privatización encubierta

El artículo de Infobae retoma el informe Escuelas desbordadas y lo traduce en su relato sobre la crisis educativa en barrios populares. La narrativa enfatiza tres tipologías de estudiantes —con red familiar, desconectados e ingobernables— y concluye que la escuela perdió su capacidad de garantizar aprendizajes, trasladando la responsabilidad hacia las familias. Bajo el título “Más control en casa, menos aprendizaje en la escuela”, el medio instala la idea de que la solución no está en la política pública, sino en la “sociedad civil” y en herramientas privadas.

En ese marco aparece la recomendación de la Coalición por la Educación, con su plataforma logrosporgrado.com.ar. Allí se ofrece un “Test para medir tus logros” que culmina con un mensaje sobre el rol del Estado:

Esta frase redefine la función estatal, legitimando que el sector privado sea socio en pie de igualdad con el Estado en la provisión educativa.

Detrás de la Coalición aparecen dos organizaciones que articulan apoyos corporativos:

Potenciar Argentina: gestiona fondos como el Covida-20, en alianza con Fundación Alimentaris y la Asociación Civil Sumatoria. Sus ingresos provienen de fundaciones, empresas, organismos públicos nacionales y cooperación internacional, con una cartera diversificada que asegura robustez financiera.

Alianzas corporativas según su propia página web.

Pollera Pantalón: fundada en 2018, se presenta como una red de mujeres por la innovación y el liderazgo. Ha recibido reconocimiento parlamentario y financiamiento a través de alianzas con empresas y organismos internacionales, promoviendo misiones en Reino Unido, Israel y Armenia. Organización con vínculos como Movistar, Fundación Global, Buquebus, Droguería del Sud SA, Banco Comafi, Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI) y otras tantas empresas.

A través de sus referentes aparecen otras relaciones como la Red de Acción Política (RAP) que es una organización que reúne dirigentes políticos de distintos partidos, financiada por corporaciones y bancos, y que funciona como espacio de formación y articulación de elites políticas. Con los siguientes socios y sponsors:

También recibe fondos y capacitación de la NED – Fundación Nacional para la Democracia  (1983)– vinculada a la CIA.

Pero retomemos y volvamos a la superficie; Infobae no sólo amplifica el diagnóstico del informe, sino que lo convierte en plataforma para legitimar la intervención de actores privados que ya cuentan con financiamiento corporativo e internacional. La Coalición por la Educación aparece como la cara visible de un entramado donde bancos, empresas y fundaciones se posicionan como proveedores de soluciones educativas, desplazando al Estado de su rol central, tal como lo muestra el desarrollo de este artículo.

Pero hay un poco más para ir cerrando el entramado de desposesión y la producción de la “crisis educativa”.

UNESCO y CEPAL: los rectores de la reforma educativa

En 1992, la CEPAL y la UNESCO publicaron el documento Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. Ese texto se convirtió en un documento rector para las políticas educativas en América Latina y el Caribe durante los años noventa y sigue siendo referencia obligada en la región. Su diagnóstico era el mismo que hoy repiten Fundar, CIAS e Infobae: “la educación en crisis”.

La paradoja es que, lejos de resolver esa crisis, las reformas impulsadas desde entonces han contribuido a profundizarla. Bajo el discurso de la “equidad”, redefinida como acceso a oportunidades más que como redistribución estructural, la educación se concibió como capital humano útil para el mercado. El Estado quedó relegado al papel de garante de continuidad y una sospechosa “calidad” (de los resultados), mientras se legitimaba la participación de empresas, fundaciones y organismos internacionales en la provisión educativa.

El resultado ha sido un proceso de fragmentación creciente: la educación pública se reduce cada vez más a un reservorio para los sectores más humildes, mientras que las capas medias y altas acceden a soluciones privadas o mixtas. La crisis, en lugar de resolverse, se convierte en el argumento que justifica nuevas reformas, nuevas alianzas y nuevas aperturas al mercado.

Desde entonces, la CEPAL y la UNESCO se consolidaron como organismos rectores de la reforma educativa, promoviendo alianzas estratégicas entre gobiernos, corporaciones y sociedad civil. Esa lógica es la que hoy reaparece en Fundar, CIAS y la Coalición por la Educación: el Estado como socio menor, la equidad como discurso legitimador y la apertura del sistema educativo al mercado como condición de modernización.

La pedagogía de la discriminación

El informe Escuelas desbordadas describe la crisis escolar y toma la clasificación de lxs estudiantes surgida de algunas voces de docentes y estudiantes encuestadxs, que delimitan tres categorías —comprometidos, desconectados y conflictivos—. Al sistematizar esas percepciones en tipologías cerradas, el informe las convierte en etiquetas estigmatizantes. Esa operación no es inocente: reproduce el estereotipo de que los sectores populares carecen de disciplina, de apoyo y de capacidad de aprendizaje, reforzando la idea de que la escuela pública es un espacio ingobernable y deficitario.

El problema no es sólo metodológico, sino político. Fundar y CIAS, con sus propios intereses institucionales y financieros, traducen voces reales en un lenguaje tecnocrático que instala una pedagogía de la discriminación y legitima la fragmentación del sistema educativo. No es casual que Infobae, a su vez, reinterprete esas categorías en clave de necesidades “externas”, presentándolas como evidencia de que la escuela pública requiere la intervención de plataformas privadas y coaliciones corporativas.

Así, el diagnóstico de “educación en crisis” se convierte en un dispositivo de clasificación social y de legitimación de formatos de privatización. La escuela pública queda reducida al reservorio de los pobres, mientras que las soluciones privadas aparecen como el camino para quienes pueden pagar. La brutal paradoja es que la reforma, en lugar de resolver la crisis, la reproduce y la profundiza, consolidando un sistema educativo cada vez más desigual y discriminatorio. Otro atributo del capitalismo con su necropolítica y la generación de “nichos” de mercado.

Soberanía del conocimiento y socialización desde abajo

La pedagogía de la discriminación que no sólo reproduce estigmas y legitima la fragmentación, sino que se inscribe en la lógica necropolítica del capitalismo y sus “nichos” de mercado; que naturaliza la desigualdad y la convierte en posibilidades de negocio.

Frente a ello, la educación debe ser concebida como parte de la lucha por la soberanía del conocimiento, por encima de los valores instrumentales del mercado. Esa soberanía sólo puede realizarse mediante la socialización del saber, única posibilidad de que el conocimiento sea un atributo común y no un privilegio de una élite y sus corporaciones.

Se trata de construir otro modelo social y económico que privilegie los intereses colectivos y revalorice lo público como espacio de certidumbre y solidaridad. Ese horizonte exige la renacionalización del sistema educativo, con una gobernanza orientada desde las bases: con la comunidad educativa desde cada escuela, cada distrito y cada jurisdicción; confluyendo en un Consejo de Educación surgido de esas instancias para decidir y transformar las políticas educativas. Sólo así puede ponerse en práctica una verdadera democratización participativa de la educación y del conocimiento —desde abajo, sobre la base del formato de la reforma universitaria de 1918 — capaz de transformar la crisis en oportunidad de emancipación y de construcción colectiva.

Publicada en Huella del Sur 19/4/2026

Detrás de la noticia: una encuesta, una ONG y la pedagogía mediática

 

Hace unos pocos días tuvo difusión masiva en los medios hegemónicos y otros el Informe —primera* y segunda entrega*— realizado por el Observatorio Pulsar – UBA (IGEDECO – Facultad de Ciencias Económicas / Carrera de Ciencia Política UBA) en alianza con la Asociación Conciencia. Sobre la base de lo que catalogaron como una encuesta nacional aplicada a 2.494 estudiantes escolarizados de entre 16 y 19 años. El trabajo fue enmarcado con el título de “Jóvenes: valores, política y democracia” y (según la ficha técnica de la propia encuesta) fue “diseñada para representar la estructura real de ese universo en la Argentina”.

La muestra fue estratificada por provincia, edad, sexo y gestión escolar —pública 66%/privada 34%—, con cuestionarios autoasistidos aplicados en “escuelas, aulas y estudiantes” y ponderación estadística para “asegurar representatividad”.

La ficha técnica se exhibe como garantía de rigor estadístico; sin embargo, lo que se universaliza en la comunicación pública no es la metodología, sino los resultados descriptivos: titulares que repiten porcentajes y frases como si fueran verdades incuestionables. Perfil, Infobae, Clarín, La Nación y otros medios, además de portales provinciales reprodujeron la encuesta con escaso análisis crítico o repitiendo, simplemente, los apartados analíticos del propio Informe, y sobre todo, reforzando la idea de que la juventud argentina es “apática” o “desapegada” de la política, según rezan los propios titulares mediáticos, como veremos más adelante.

Pero acerquemos un poco más la lupa al trabajo muestral y preguntémonos por qué se produce un efecto inmediato sobre un recorte de 2.494 casos para que se convierta en verdad nacional —con doble legitimación: la que expresa la propia ficha técnica, que no, necesariamente coincide con el universo mediático hegemónico y sus repetidores seriales— cuando según el Censo 2022 procesado por el INDEC (aún con el escaso diferencial demográfico que pudiera existir), se señala que, aproximadamente, la población de jóvenes entre 16 y 19 años es de 2.780.000 personas; lo que indica que la muestra tomada solo refiere al 0,09% del total de la población entre las edades consignadas.

La operación consiste en transformar un muestreo mínimo en diagnóstico universal, invisibilizando la diversidad de experiencias juveniles a lo largo y ancho del país. “Diversidad” sostenida en el Informe, solo por su pertenencia a la educación pública o privada, o por la cantidad de libros que haya en el hogar de lxs encuestadxs como diferencial cultural, marcas elitistas tan relacionadas a los componentes ideológicos que la Asociación Conciencia representa, y para reforzar un relato mediático que estigmatiza a lxs jóvenes como indiferentes, despolitizados e, incluso, moralmente evaluables.

Ajustando la lectura, tal vez podamos encontrar otras conclusiones distintas de los titulares mediáticos e incluso interpretar alguna contradicción funcional en el propio Informe.

El sospechoso 70% que fabrica la apatía juvenil

La encuesta del Observatorio Pulsar y la Asociación Conciencia distribuyó su muestra sobre 2.494 estudiantes de la siguiente manera: el 3% de lxs encuestadxs de 19 años; 19% de 18 años; 33% de 16 años y 45% de 17 años. Es decir, casi ocho de cada diez encuestados tienen 16 o 17 años, mientras que los mayores —los que tienen la obligación de votar o ya votan— representan apenas el 22% del total. Un dato a tener en cuenta a la hora de pretender la universalidad: si bien la encuesta mide la disposición a ir o no a votar, recordemos que el sufragio no es obligatorio para quienes tengan 16 y 17.

Teniendo en cuenta lo anterior, veamos: frente a la pregunta sobre el interés en la política, los resultados fueron: 8% muy interesados, 21% bastante interesados, 51% poco interesados y 18% nada interesados. El relato mediático, que más prendió en la opinión pública, simplificó estos números en un titular contundente: “7 de cada 10 jóvenes no se interesan por la política”.

Sin embargo, si cruzamos los datos con la distribución etaria, aparece otra lectura: el 29% que declara interés (muy + bastante) es casi coincidente con el porcentaje de jóvenes de 18 y 19 años en la muestra. Es decir, los sectores de mayor edad —los que ya enfrentan otra mirada de la escuálida realidad que los interpela— concentran el interés político, podríamos arriesgar esa hipótesis, mientras que el peso estadístico de los más jóvenes, todavía dentro de su realidad escolar, (16 y 17 años) arrastra el promedio hacia la “posible indiferencia”. Ahí tenemos una interpretación verosímil y distinta.

La encuesta, al no discriminar las respuestas por edad, invisibiliza esta diferencia etaria y convierte un dato parcial en diagnóstico universal. Así se fabrica el “70% de apatía”: una operación estadística que homogeneiza a la juventud y la presenta como una unidad despolitizada, en la interpretación de los medios, reforzando un relato funcional a la estigmatización que nuestras juventudes vienen soportando y al disciplinamiento cultural que se impone con el favor mediático y las políticas descontextualizadas y vaciadoras de sentido de la educación y del conocimiento; sin olvidar las penales, como la ley que establece el Régimen Penal Juvenil, recientemente votada, que baja la imputabilidad a los 14 años, para no abundar.

Coincidencia política, capital cultural y las conversaciones que no existen

La encuesta del Observatorio Pulsar y la Asociación Conciencia introduce variables que, lejos de describir la politicidad juvenil, funcionan como filtros ideológicos.

Haremos un breve paseo por algunas de las consignas. En primer lugar, la diferencia entre escuela pública (66%) y privada (34%) se presenta como garantía de representatividad, pero en realidad homogeneiza realidades muy distintas y legitima la universalización de un diagnóstico único: la supuesta apatía juvenil.

El sesgo se profundiza con la medición del capital cultural de los hogares: nivel educativo de los padres y cantidad de libros en casa. Según la encuesta, quienes tienen padres con estudios universitarios o posgrados, o más de 50 libros en su hogar, son los que declaran que la Argentina está “mejor o igual de bien”. Así se instala la idea de que la adhesión a la democracia y la valoración positiva del país provienen de los sectores privilegiados, mientras que los demás quedan implícitamente asociados al desinterés o la crítica.

La misma lógica aparece en la pregunta sobre coincidencia política con los progenitores: aunque la mayoría comparte las mismas ideas, la encuesta subraya que la coincidencia aumenta en segmentos específicos —jóvenes de 16 años (40%), estudiantes de escuelas privadas (41%) y quienes tienen padres con posgrado (48%). La coincidencia se presenta como virtud, reforzando la obediencia cultural en los sectores con mayor capital simbólico y socioeconómico.

Finalmente, la categoría “conversaciones” expone una contradicción: el 53% declara informarse de política por conversaciones, pero al mismo tiempo el 65% dice que habla poco o nada con familiares y el 81% poco o nada con amigos. Con el cruce de los propios resultados de estos ítems, por lo menos surge alguna ambigüedad.

En los resultados del informe la juventud aparece con apariencia homogénea, obediente y despolitizada donde se remarcan las diferencias socioculturales de origen y el acercamiento mayor o menor a la política; una juventud —mas o menos— informada por redes y medios.

Lo que se presenta como “dato” habilita una operación mediática que convierte un muestreo parcial, ínfimo, en verdad nacional, reforzando la idea “desapego” o “desinterés” por la política.

Entre la moral, la tolerancia y el voto crítico

En esta primera parte de la encuesta se vinculan conceptos “morales” con las ideas políticas: “¿Usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con que se puede saber si una persona es buena o mala por sus opiniones políticas?”. El 8% muy de acuerdo y 21% bastante de acuerdo con que se puede saber si alguien es “bueno o malo” por sus opiniones políticas; este segmento muestra que una parte de los jóvenes acepta la “moralización” de la política, aunque la mayoría (40% poco de acuerdo y 19% nada de acuerdo) la rechaza.

Aparece esta idea de “moral” —ligada a los valores de Occidente— tan en consonancia con los pregones presidenciales y a los “valores” de la Asociación Conciencia, como veremos más adelante.

A 50 años de la dictadura genocida que una encuesta vincule la “moralidad” política en términos “ecuménicos” de “bueno” y “malo” es por lo menos preocupante: ¿Quién decide sobre lo “bueno” y lo “malo” en términos de subjetividad?

Una persona no es buena o mala por sus ideas políticas, en todo caso es la conducta ética de los funcionarios con capacidad de definir políticas que perjudiquen o beneficien a la mayor parte de la población: ¿Responde a una buena o mala conducta ética no cumplir con la ley de Financiamiento Universitario? ¿Responde a una buena o mala conducta ética no cumplir con la ley de Emergencia Pediátrica? ¿Responde a una buena o mala conducta ética no cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad? La dimensión ética de los funcionarios que deciden sobre nuestros destinos es directamente proporcional a la moral pública de sus actos.

Por otro lado, en las preguntas sobre vínculos afectivos, el 61% afirma que podría estar en pareja con alguien de ideas opuestas y el 64% que podría tener amistades con diferencias políticas, lo que sugiere tolerancia y convivencia democrática. Hay una oscilación evidente: la encuesta oscila entre moralizar el pensamiento político como rasgo íntimo (supuestamente autónomo) y reconocer la tolerancia en vínculos afectivos.

El propio informe combina dos registros en tensión: las marcas conservadoras y elitistas que provienen de la Asociación Conciencia, y el intento académico de revestirlas con un tono de neutralidad pragmática. En ese movimiento, lo que aparece como “perfil juvenil” es en realidad una síntesis ambigua: un discurso normalizador que se disfraza de objetividad.

La segunda parte del estudio refuerza esta tensión: el 72% de los jóvenes afirma que votar es importante pero no alcanza para decidir lo que pasa en el país, frente a un 23% que cree que con el voto se decide lo que pasa y un 5% que sostiene que votar no sirve para nada.

Lejos de ser apatía, esa respuesta expresa una sospecha crítica que los politiza: la conciencia de que el poder no se agota en las urnas y que la participación requiere otros espacios y formas. El informe traduce esa sospecha en “baja intensidad” y “compromiso selectivo”, pero lo que emerge es una juventud que se politiza justamente en la desconfianza hacia las narrativas normalizadoras.

Lo más revelador es que los medios hegemónicos borran incluso esa conclusión matizada. Mientras el informe reconoce que no hay rechazo absoluto ni apatía total, los titulares reducen todo a la fórmula de la despolitización: “7 de cada 10 jóvenes no se interesan por la política”. Así, la encuesta muestra una dudosa homogeneidad, y ese enfoque es reescrito por el aparato mediático para reforzar un proceso de estigmatización y disciplinamiento juvenil.

La pedagogía mediática: titulares y notas

Los principales medios tomaron la encuesta y la tradujeron en diagnósticos homogéneos. Clarín y La Capital titularon: “Siete de cada diez estudiantes dicen tener poco interés en el tema”. La Nación reforzó: “Argentina: jóvenes tienen poco o ningún interés en la política”. Infobae repitió la fórmula: “Casi el 70% de los jóvenes en la Argentina tiene poco o ningún interés en la política”. Perfil insistió en el desapego: “El 70% de los jóvenes argentinos muestra desapego hacia la política”. Página/12 redujo la encuesta al consumo informativo: “8 de cada 10 adolescentes se informan por redes sociales”. Letra P habló de ambigüedad: “Los jóvenes de la Argentina, entre el optimismo y el desinterés”. Canal Abierto formuló la duda: “Los jóvenes argentinos ¿creen en la democracia?”.

Los titulares recortan porcentajes aislados y los convierten en diagnósticos generales. En todos los casos, el relato es el mismo: juventud apática, consumista, distante de la política.

Lo curioso es la ausencia o escasa mirada crítica, puesto que ninguna nota problematiza el sesgo ideológico de la Asociación Conciencia, solo se legitima como un “informe de la UBA”.

La sospecha crítica de la mayoría de los jóvenes —su desconfianza hacia el voto como único mecanismo— se traduce en apatía.

Conciencia y la incidencia en las políticas públicas

La Asociación Conciencia se presenta como una ONG dedicada a la educación ciudadana y la formación democrática. Sin embargo, detrás de esa fachada pedagógica se encuentra una trama de alianzas corporativas y vínculos políticos que la convierten en un actor de incidencia pública con fuerte capacidad de moldear políticas educativas. Sus programas abarcan desde la terminalidad escolar y la inserción laboral juvenil hasta el combate del trabajo infantil en zonas tabacaleras. Pero la contradicción es evidente: mientras afirma luchar contra el trabajo infantil en el tabaco, entre sus aliados, según su propia página web, figuran la Cámara del Tabaco de Salta y la Cámara del Tabaco de Jujuy, dos de los sectores empresariales directamente vinculados a esa problemática.

La lista de aliados corporativos es extensa y revela la magnitud de su entramado empresarial:

energéticas como Pampa Energía, Axion, Camuzzi y Raízen; agro y tabaco con Adecoagro y las Cámaras del Tabaco mencionadas anteriormente; bancos y fundaciones financieras como BBVA, Galicia, Hipotecario, Supervielle, Moody’s, Divergood y la Fundación Banco Nación; infraestructura y transporte con AUSA, Emova y Mantelectric; seguridad privada con Fundación Prosegur; gigantes tecnológicos como Samsung, Google y Xylem; farmacéuticas y consumo doméstico con Johnson & Johnson y SC Johnson; consumo masivo con Cervecería y Maltería Quilmes; certificadoras globales como Control Union; y organismos estatales como BA Ciudad, RENATRE y el Consejo Federal de Inversiones.

Es decir, Conciencia se financia con recursos de grandes empresas y bancos, lo que condiciona su narrativa sobre juventud y ciudadanía y fija su posición ideológica en la educación en consonancia con los procesos endoprivatizadores propuestos por los organismos internacionales: UNESCO, OCDE y Banco Mundial.

En junio de 2024, Conciencia lanzó el Pacto Educativo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El evento fue una verdadera foto de poder: participaron referentes políticos de todo el arco partidario del establishment —Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Carlos Torrendell, Daniel Scioli, Martín Llaryora, Jorge Macri, Ramiro Marra, Martín Tetaz, Mariano Cúneo Libarona, Daniel Filmus, Ariel Sujarchuck, intendente de Escobar, estos dos últimos referenciados con la oposición peronista, junto a empresarios como Cristiano Rattazzi, Daniel Vila y Adelmo Gabbi y otros, además de representantes de Naciones Unidas y cuerpo diplomático.

El director ejecutivo de Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves Dacunha, fue funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la conexión directa con referentes políticos que representan intereses corporativos.

El Pacto Educativo se presentó como un programa nacional de “educación ciudadana”, con talleres, capacitaciones y proyectos escolares. Pero en realidad cristaliza la estrategia de Conciencia: instalar un discurso de juventud “responsable” y “moderada”, legitimado por el empresariado y el arco político. La encuesta realizada junto al Observatorio Pulsar de la UBA cumple aquí una función precisa: proveer insumos para justificar este pacto, mostrando a los jóvenes como apáticos y necesitados de formación cívica y ciudadana.

La contradicción estructural es insoslayable: denunciar el trabajo infantil en tabacaleras mientras sus “aliados” son las propias cámaras tabacaleras; promover la inserción laboral juvenil mientras se invisibiliza la precarización estructural que afecta a más del 60% de los jóvenes; fortalecer organizaciones sociales de base mientras se las subordina a la lógica de la “excelencia en gestión” y la dependencia de recursos externos. Todo ello bajo la narrativa de ciudadanía “responsable”, que en realidad funciona como un dispositivo de disciplinamiento simbólico.

Una muestra más es el convenio celebrado por la ong con el el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta en abril de 2025. Por entonces, la ministra de María Cristina Fiore Viñuales dijo: “Este convenio representa una gran oportunidad para acompañar a nuestras escuelas en la formación de ciudadanos comprometidos y críticos (…) desde el Gobierno vemos a la sociedad civil como aliados estratégicos en la construcción de la Salta que queremos”.

Pero no solo la ministra tuvo expresiones sobre el convenio, también lo hizo Juan Manuel Fernández Alves Dacunha: “Este es un trabajo de tres patas: el Estado como principal responsable de garantizar el acceso a la educación gratuita, obligatoria y de calidad; el sector privado involucrándose en el desarrollo de los pueblos; y la sociedad civil acercando proyectos innovadores para hacer más eficiente el rol del Estado”.

Una breve digresión: es muy interesante como el director ejecutivo de la ONG Conciencia, pasó de ser Director General de la Dirección General Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento Urbano perteneciente al Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires a “pedagogo” en el ámbito de la autodenominada “sociedad civil”. Fin de la digresión.

Conciencia, que es solo un eslabón más en la profundización de la entrega de las políticas públicas y su ejecución a este entramado corporativo, como lo venimos investigando y denunciando desde hace muchos años, es otro actor político-empresarial que articula con gobiernos, ministerios, empresas y organismos internacionales para instalar su agenda corporativa como política educativa. Su rol es moldear la percepción social de la juventud, instalando la idea de que son apáticos y necesitan ser guiados hacia la responsabilidad democrática y ciudadanía responsable.

La pedagogía mediática se completa con los titulares de los medios: la encuesta provee los datos, los medios los simplifican en apatía, y Conciencia aparece como la ONG que ofrece la solución para la aplicación de las políticas educativas para fortalecer la “ciudadanía”.

La “sociedad educadora” y la industria del negocio educativo

El aporte crítico de este artículo es mostrar que la sospecha juvenil, lejos de ser apatía, es politización frente a un sistema que busca disciplinarlos. Conciencia, con su entramado empresarial y político, lejos de “educar” normaliza bajo su propio prisma ideológico. Y lo hace con la acriticidad de los medios, el financiamiento corporativo y la legitimación de referentes políticos y empresariales que representan los mismos intereses precarizantes y disciplinadores.

Detrás de la noticia no hay apatía juvenil, sino una operación discursiva que convierte la sospecha crítica en desinterés. La encuesta del Observatorio Pulsar y Conciencia, los titulares que simplifican y el Pacto Educativo que reúne a empresarios y políticos son eslabones de una misma cadena: la pedagogía mediática que normaliza y disciplina.

El entramado de aliados de Conciencia —energéticas, bancos, tabacaleras, tecnológicas, farmacéuticas, certificadoras y organismos estatales— es la expresión concreta de una moral corporativa que se presenta como universal y que se impone bajo el signo de la “educación ciudadana”. Conciencia instala su agenda corporativa como política pública.

Y aquello que Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, definió como “el pasaje del Estado educador a la sociedad educadora”, debe leerse en realidad como la transferencia de la educación pública a la industria del negocio educativo de la autopercibida sociedad civil.

La supuesta apatía queda desmentida por los cientos de miles de jóvenes que se movilizaron el 24 de marzo en la Marcha de Memoria, Verdad y Justicia. Lejos del desinterés, la resistencia y, tal vez, la sospecha como forma de politización juvenil frente a un sistema que enmascara la idea de que la única democracia posible es la representativa liberal, funcional al capitalismo global y a los (brutales) “valores” de Occidente.

*Informe: primera entrega

*Informe: segunda entrega

Imagen de portada: Foto del encuentro en la Bolsa de Comercio, Asociación Conciencia. Crédito, Perfil.

Publicado en Huella del Sur 29/3/2026

Educando al mandatario o la trampa antropológica

 

La moral de Occidente como política de Estado y la urgencia de una pedagogía decolonial.

“La moral como política de Estado”, escribió el presidente en el libro de honor al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, apelando a los supuestos “valores de Occidente” como fundamento de su proyecto.

Filosofía griega, derecho romano, estoicismo y judeo-cristianismo: un canon eurocéntrico que se presenta como universal, pero que funciona y ha funcionado como dispositivo de exclusión. El ejemplo que resuena hoy: la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esa invocación, que no es la primera vez que el mandatario utiliza —como recordaremos— para darle un marco teórico a sus actos de gobierno, construyó la semiótica del poder que se consolidó tras el genocidio de la llamada Conquista de América, donde la violencia se justificó en nombre de una civilización superior.

Desde entonces, la educación en el racismo y la xenofobia ha sido naturalizada, produciendo lo que hoy reconocemos como injusticia epistémica: la negación sistemática de otras memorias, saberes y genealogías culturales.

Cuando el mandatario insiste en este marco repite el mandato imperial, pero en su cara colonial: reproduce la ignorancia como política de Estado. Ignorancia como núcleo conceptual de la colonialidad del saber.

Decíamos que, no era la primera vez que el mandatario insistía con la idea de “Occidente”, ya en su discurso, también regado de insultos y diatribas —como en el parlamento—, en España, durante el Madrid Economic Forum en 2025, utilizó esta noción, afirmando que en Argentina “volvimos a abrazar los valores de Occidente(…) abrazar la cultura judeo-cristiana, reconocer al dios de Israel y en lo político la república romana y la democracia griega. Eso constituye la democracia liberal que venimos a defender en los valores de Occidente…”. Complaciente con su conciencia colonial y el lugar que ocupa en la clasificación “occidental”, se manifiesta como un hijo dilecto del pensamiento expoliador y esclavista.

El señor presidente pretende instalar como política de Estado una moral que se presenta como ética universal, pero que en realidad es el residuo de una genealogía corrupta.

La apelación a Grecia, Roma, el estoicismo y el judeo-cristianismo es la repetición acrítica de un canon, construido y manipulado, más allá de los pensadores greco-romanos, para crear el concepto de Occidente sobre el que se erigió la violencia colonial, la negación y extinción de otras culturas y pueblos que habitaban Abya Yala.

Siguiendo a Aníbal Quijano, podemos afirmar que el Renacimiento, su “Dios”, la trascendencia del “Yo” configurarán el ademán geopolítico que prefigura el eurocentrismo. La periferia de la llamada “América” como el lado “salvaje” de la construcción de una “Europa” civilizada; Europa/América; modernidad/colonialidad. Este último concepto, colonialidad, ha sido absolutamente necesario (aunque encubierto) para que la llamada modernidad tenga entidad, pueda ser.

Como advierte Quijano, la colonialidad fue condición de posibilidad de la modernidad; Enrique Dussel y Walter Mignolo muestran cómo ese canon eurocéntrico se institucionalizó como verdad universal, ocultando su origen violento.

Y como señaláramos en otros artículos, la noción de Occidente —como expresión del eurocentrismo— ha sido utilizada históricamente para justificar el genocidio en América, la imposición de la colonialidad del poder y la construcción de sistemas de dominación económica en nombre del cristianismo, primero y de la “modernidad”, después.

El señor presidente pretende presentar “Occidente” como una estructura homogénea de valores que sostienen la democracia liberal, cuando en realidad la modernidad occidental ha sido el resultado de guerras, exclusiones y apropiaciones forzadas que dieron origen a la “acumulación originara” como lo explicó Carlos Marx.

La referencia a la cultura judeo-cristiana en el discurso del mandatario ignora que los judíos fueron expulsados de España en 1492, en un proceso de limpieza étnica que consolidó la hegemonía cristiana sobre el Estado.

No hubo en la historia una convivencia armónica entre las tradiciones judía y cristiana bajo el paradigma occidental, sino una relación marcada por persecuciones, exilios y subordinación. El uso estratégico de este concepto por parte del mandatario opera como una manipulación semiótica que refuerza la idea de que “Occidente” es un bloque histórico indivisible, cuando en realidad es una construcción ideológica y geopolítica al servicio del poder.

Es la propia semiótica la que nos permite analizar cómo Milei utiliza símbolos y narrativas para reforzar una visión del mundo que legitima la concentración del poder y la eliminación de cualquier resistencia.

Su discurso descalificador, provocador y amenazante es un instrumento de validación de la violencia epistémica, que anula o descalifica otras formas de conocimiento y de ver el mundo.

Los gobiernos libertarios, inscriptos en la ultraderecha, utilizan el Estado como instrumento de disciplinamiento para destruir cualquier resistencia y ponerlo, plenamente, al servicio de los grandes capitales corporativos.

Insistir en esos valores es retroceder hacia una moral degenerada, funcional a la reproducción de la ignorancia: la otra cara de la violencia epistémica, como política de Estado.

Lo que se exhibe como virtud es, en verdad, la pedagogía de la injusticia epistémica: un mandato que educa en la exclusión y en la naturalización del racismo y la xenofobia. Decimos pedagogía porque la gestualidad política, como lo venimos sosteniendo en nuestros análisis, es pedagógica, tiene un mensaje que pretende “educar” al mandante, es decir, a la población.

El mandatario no inventa nada, repite un guion viejo, el de la colonialidad del poder. Su apelación a Occidente es obediencia. Y en esa obediencia se revela la moral degenerada que pretende universalizar. La tarea crítica no es corregirlo, sino desenmascarar la semiótica que lo sostiene y afirmar la urgencia de una política y una pedagogía decolonial.

La batalla cultural no es contra el delirio presidencial, los agravios e insultos, sostenido por propios y prestados en sentido amplio —dirigentes políticos, diputados, senadores, jueces, fiscales, empresarios, periodistas y un largo etc.—; una “batalla cultural” que en realidad, intenta imponer como modelo el cinismo, la fake news, el oprobio, la provocación, la imposición de instrumentos de ajuste a través de la represión y lo peor, un marco teórico de devastación: la moral que esgrime quien “celebra” el bombardeo estadounidense/israelí en Irán; acuerda con el genocidio palestino e impulsa los valores éticos de Occidente.

La batalla es decolonial y está en nosotrxs, en poder comprender que esos valores de Occidente, fueron el germen de la pandemia capitalista y quien pretenda dar una “batalla cultural” dentro de los propios cánones impuestos por la colonialidad del poder queda atrapado en los pliegues del canon occidental.

La “batalla cultural” es una trampa antropológica si la lucha se inscribe en el mismo parámetro epistémico colonial moderno/capitalista.

La ruptura epistémica contra los valores de Occidente y la semiótica del capital, primero es decolonial, y debe funcionar como marco teórico ampliado de la lucha de clases que nos conduzca hacia modelos de socialización humanizados en el que emerja una nueva hegemonía, desde abajo.

Imagen de portada: Flpr.news

Publicada en Huella del Sur 5/03/2026

Educación: del comunicado oficial al dispositivo de control y propaganda

 

El Ministerio de Capital Humano difundió en la red X un comunicado de tinte acusatorio contra la inspectora escolar del Colegio St. John’s School de Pilar, acusándola de “adoctrinamiento” por haber tipificado, en un acto escolar, la política migratoria de Donald Trump “de rechazo a lo diferente” y celebrado la performance de Bad Bunny en el Super Bowl en una manifiesta concepción de apertura a lo diverso.

La escena, ocurrida frente a alumnos de primaria, fue convertida en espectáculo digital por el propio gobierno. El posteo se transforma en trending topic y la escuela en territorio vigilado.

Este gesto de la ministra de Capital Humano, posteando el comunicado es un acto de disciplinamiento público, pero además funciona como instrumento de contienda política contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La imposición y el control simbólico son los pilares de una didáctica que convierte la educación en escenario de obediencia y espectáculo. El comunicado ministerial reactualiza esa matriz con las herramientas de la tecnología. La denuncia como propaganda del poder y el aula en escenario de control.

El cinismo del adoctrinamiento

El contraste es evidente. Mientras se persigue a una inspectora por un comentario crítico, que además, a todas luces es verdadero, — solo hay que escuchar a Trump o ver como actúa el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)— el propio presidente despliega discursos abiertamente ideológicos frente a estudiantes, como lo analizo en mi artículo, La pedagogía del opresor y la didáctica de la egolatría, cuando en el ya lejano marzo de 2024, el señor presidente abría el año lectivo en el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa oportunidad, en que también estaba presente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell,  el señor presidente en su discurso frente a los estudiantes (dos sufrieron desmayos) calificó al aborto como “un asesinato agravado por el vínculo”, denostó a los “asesinos de los pañuelos verdes” y afirmó que podía demostrarlo “desde una perspectiva matemática, filosófica, liberal y biológica”— sin dudas, un sofisma—. Con esas palabras, violó la Ley de Educación Sexual Integral, que garantiza un abordaje científico y respetuoso de los derechos y estaba adoctrinando al alumnado, con la didáctica de la “egolatría”, porque la historia pasaba solo por él (tal vez esa fuera una táctica para ejemplificar las “virtudes” del individualismo; de lo que no cabe duda es que se erigió como el prisma de la historia. Cosa que tiene poco de objetivo y/o neutral.

En el mismo acto, se jactó de haber dicho, a los asistentes, en el foro de Davos en enero de ese año: “ustedes son todos unos zurditos”, y explicó que la “rebelión natural tenía que ser liberal” porque la educación pública es un “mecanismo de lavado de cerebro” con contenidos “recontra rojos”. Allí no hay neutralidad, ni objetividad ni respeto por la pluralidad. Es, sin lugar a dudas, adoctrinamiento explícito, con agravios directos y descalificaciones como parte del repertorio pedagógico presidencial.

El cinismo brutal con que se persigue a lxs docentes —en este caso puntual, una inspectora con postura crítica— mientras se legitima que el presidente convierta una escuela en tribuna ideológica, ante la mirada emocionada de la ministra y el rostro complaciente del secretario; ya tiene visos de perversión. 

El derrotero gubernamental no es defender la supuesta objetividad del conocimiento, que por otra parte no existe, como queda demostrado en el discurso “pedagógico” del señor presidente, sino que  el concepto ha funcionado en Educación —durante los gobiernos autoritarios sean dictaduras o producto de democracias fallidas— como un eslabón instrumental  para imponer obediencia y deslegitimar la palabra pedagógica que incomoda, la palabra crítica que el docente debe sostener, de ahí la importancia de la educación pública donde se encuentran y conviven —no sin conflicto— la pluralidad de voces, con sus propias vivencias, creencias, opiniones, en definitiva ideologías. Es por eso que el conocimiento que se construye en la escuela pública es colectivo, que alimenta el crecimiento intelectual, de ahí la importancia de los contenidos escolares abordados de manera crítica, no automática ni ingenua ni con la neutralidad que propuso el señor presidente, justamente cuando refiriéndose a la dictadura genocida y al terrorismo de Estado, les dijo a los alumnos: “…lean con espíritu crítico los dos lados de la biblioteca”, alentando la teoría de los dos demonios, obviando los juicios de lesa humanidad que todavía continúan, eso no es “espíritu crítico” es legitimar el terrorismo de Estado.

La genealogía del disciplinamiento

Este clima político no surge de la nada. En 1977 —justo cuando el señor presidente entraba a primer grado, según dijo en su discurso “pedagógico” en el Copello— la dictadura genocida publicó el documento “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, un libelo donde se definía al docente crítico como enemigo interno y se legitimaba la persecución en las escuelas. Aquella pedagogía del terror buscaba domesticar el aula, convertirla en espacio de obediencia y silencio.

Hoy, el lenguaje cambia pero la lógica persiste. Lo que antes se llamaba “subversión” ahora se denomina “adoctrinamiento”. Lo que antes se imponía con fichas de inteligencia y partes policiales, ahora se amplifica con videos virales y comunicados en redes sociales, con un uso tecno/ideológico que nos convierte a todxs en sospechosos.

Ser críticos del discurso hegemónico y del sistema que tiende a la estandarización de la subjetividad social desde la imposición de la colonialidad del saber es suficiente para ser perseguido, denostado o criminalizado.

Memoria como resistencia

Frente a este cinismo perverso, la memoria se hace pedagogía crítica. Recordar el libelo persecutorio de la dictadura para “cazar” docentes y estudiantes  es advertir que la historia no se repite, pero engendra bajo sus pliegues nuevas formas de “asesinar” al pensamiento crítico. La pedagogía del opresor se recicla bajo la mascarada de la defensa de la “libertad”, pero con el mismo objetivo: controlar la escuela y silenciar la crítica.

Estamos en las vísperas de que se cumplan los 50 años de la dictadura que instrumentó el terrorismo de Estado como sistema de gobierno. La conmemoración por la Memoria, la Verdad y la Justicia en las escuelas no puede ser un ritual escolar vacío o edulcorado, ni traspapelado con la teoría de “los dos demonios”; debe ser advertencia y compromiso.

La educación no puede ser campo de guerra ni escenario de propaganda de un gobierno que se arroga el monopolio ideológico, bajo el velo de la “objetividad”.

Sí, la educación es política y el debate sobre el conocimiento es profundamente ideológico, desde los comienzos de la escuela y el debate del Congreso Pedagógico de 1882 que dio origen a la Ley 1420 de educación común, gratuita, obligatoria y laica en 1884 (aunque fue beneficiosa para la alfabetización de toda la población, fue sancionada por necesidades propias del elitismo de la nueva burguesía — ver “1420 ley de educación común, la otra trama del mito” —).

Época —admirada por el señor presidente— de la que tendríamos mucho para debatir, pues es la de la Generación del 80, la elite que consolida un modelo de apropiación económica y la que ya había consagrado el primer genocidio autóctono y naturalizado la conciencia racista y xenófoba como parte de un modelo cultural excluyente y eurocéntrico.  

La educación pública es territorio de emancipación y de la palabra crítica, un derecho irrenunciable; la escuela, su primer puesta es escena colectiva. La disputa política por la gobernanza de la educación es ideológica, de hecho el rumbo que le están dando a la educación, las decisión de limitar (o eliminar) las Ciencias Sociales y la Humanidades, ¿no es acaso una posición ideológica?

¿No es una posición ideológica decir que están suplantando el “Estado educador” por la “sociedad educadora”, así entra en consonancia con las políticas de mercado que viene llevando a cabo el gobierno y se consolidan las fundaciones empresariales, las empresas EdTech, las ONG’s como actores principales de la gobernanza de la educación?

¿Entonces, por qué la pretensión de sancionar a la inspectora, como en este caso, por opinar sobre las decisiones de Donald Trump con su política, indudablemente racista y xenófoba, de migración y celebrar la misma ministra, Sandra Pettovello, los oprobios presidenciales, vertidos en la “clase magistral” que dio el señor presidente en marzo de 2024?

Existe una desconexión perversa entre “lo ideológico permitido” y “lo ideológico no permitido”: lo que el señor presidente tiene permitido; un docente no lo tiene permitido.

Decididamente: ¡la ética ha muerto!

Imagen de portada realizada con la IA Copilot.

Publicado en Huella del Sur