Censura y performatividad estatal

 

El fallo del juez Alejandro Maraniello, al prohibir la difusión de los audios vinculados a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, configura un acto de censura previa, prohibido explícitamente por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que se inscribe en la lógica más profunda de performatividad estatal. Se trata de silenciar la información incómoda y de escenificar desde el aparato judicial una forma de disciplinamiento que busca reinstalar los límites de lo decible en el espacio público.

La espuria denuncia presentada por la ministra de (in)Seguridad, Patricia Bullrich, que derivó en pedidos de allanamiento a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, desestimadas por el opaco fiscal Carlos Stornelli, opera como dispositivo ejemplarizante; se construye una narrativa de “inteligencia ilegal” para justificar la intervención estatal sobre el periodismo de investigación, desplazando el eje del debate desde el contenido de los audios hacia la legitimidad de quien los difunde.

En ese gesto, el Estado censura y performa su autoridad, intenta reconfigurar el campo de lo legítimo y lo ilegítimo (a su antojo) con la puesta en práctica habitual de la pedagogía del miedo, en un contexto donde el Estado parece más interesado en blindar los actos espurios de las figuras del poder que en proteger el derecho a la información.

Es necesario que recordemos que, además de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece taxativamente que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Cartografía de la resistencia parlamentaria

La Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocó a instancias de quién la presidió, su vicepresidente, el diputado Christian Castillo (PTS/FIT-U), ante la negativa de la presidenta María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) a habilitar su funcionamiento y que tampoco estuvo presente.

Sin el oficialismo presente, salvo por el bloque disidente “Coherencia”, se configuró un espacio transversal  contra el fallo “exprés” del juez Maraniello a la medida de la denuncia presentada por Patricia Bullrich.

En ese contexto, las intervenciones de los diputados presentes delinearon una cartografía política y ética de confrontación institucional frente al avance del disciplinamiento político/judicial, que intenta el gobierno a través de un juez con nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura que van desde el abuso laboral, la violencia de género, presunto desvío de fondos públicos y dictar sentencias contrarias al derecho, como es en este caso de la prohibición de la difusión de los audios de Karina Milei.

El diputado Castillo, como vicepresidente de la comisión, fue quien abrió el espacio para que los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico pudieran exponer públicamente. Su gesto político rompió el cerco impuesto por la presidenta oficialista de la comisión, María Emilia Orozco y reactivó el debate sobre las garantías constitucionales vulneradas.

En su intervención el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) advirtió sobre la crueldad estatal sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, porque son el 10% de la población “las personas con discapacidad (…) no es que la gente no hace los trámites es que no se los firman, les mandan médicos que no los atienden para hacer el certificado primero…”

Esteban Paulón (Socialismo) denunció la parálisis institucional de la comisión y recordó algunos de los delirios de la ministra Bullrich que habló de un plan de inteligencia paralela, y frente a esto Paulón se preguntaba: “a dónde fueron todas las ampliaciones presupuestarias de inteligencia en Argentina; a espiarse entre ellos, a tirarse carpetas entre distintos bandos de un mismo gobierno o nos están cuidando en un país que ya fue víctima del terrorismo internacional (…) o están tirándose carpetas y la plata es para adornar a algunos periodistas y para ver como juegan a la guerra de guerrillas adentro del gobierno…”; para cerrar enfatizando que el juez Maraniello va a sumar otra denuncia porque “hemos presentado un juri de enjuiciamiento por prevaricato porque decretar la censura previa en la Argentina es una acción inconstitucional, merece una sanción y ese juez no tiene que estar un segundo más en la judicatura, ni renunciado cobrando jubilación de privilegio, ni ejerciendo como juez…”

Carlos D’Alessandro (bloque Coherencia), ex integrante de La Libertad Avanza, se desmarcó con claridad: “Hostigar y callar al que piensa distinto no es libertad”. Criticó el vaciamiento del eslogan presidencial “Viva la libertad, carajo”. Fue contundente al afirmar: “… rechazamos y aborrecemos y denunciamos este atropello a la libertad de expresión porque cada vez que se persigue a un periodista, cada vez que se censura un medio, lo que en realidad se está atacando es el derecho del pueblo a estar informado…”. Su presencia marcó una fisura interna en el oficialismo y aportó legitimidad a la denuncia parlamentaria.

Leandro Santoro (Unión por la Patria) fue categórico cuando describe el accionar del gobierno: “… desde el poder político se trata de instalar la idea de quienes denuncian a LLA no son periodistas, son espías y si hay algo que los a caracterizado a ustedes -refiriéndose a Rial y Federico- en toda su trayectoria y a la gente que está en el equipo periodístico de ustedes, es haber hecho del periodismo una bandera siempre. Son ellos los que se disfrazan de servidores públicos para robar y es esto lo que les ha molestado, por eso la violencia que va contra ustedes, porque lograron desenmascarar un sistema corrupto que mientras ajustaban a las personas con discapacidad, robaban a las prestaciones tanto de servicios como de medicamentos…”.

Vilma Ripoll (MST-FIT-U) fue otra de las voces más enfáticas. Denunció que “los audios estos no son ajenos a Milei (…) es el jefe de toda esa mafia”, y propuso avanzar con el juicio político al presidente. Además, llamó a conformar una comisión investigadora independiente, integrada por “personalidades que todavía quedan en el país, como Adolfo Pérez Esquivel, periodistas…”, desplazando el eje del debate desde el aparato judicial hacia la sociedad civil organizada.

Por su parte, Myriam Bregman dirigente del PTS/FIT-U, hablo por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y, como era de esperar, articuló la defensa de la libertad de expresión, “pero que no se cambie el eje central que es el recorte en el área de discapacidad (…) lo primero que hay que diferenciar es que se está violando un derecho que está protegido por la Constitución nacional, por los tratados internacionales (…) Patricia Bullrich para instalar la figura de terrorismo para que avale su accionar (…) Ahora están bebiendo de su propia medicina porque montaron aparatos de inteligencia paralelos, reforzaron la SIDE, Patricia Bullrich se dotó de toda una legislación y de presupuesto, para ir armando a la Policía Federal y las distintas agencia que ella tiene de seguridad como aparatos de inteligencia paralelos (…) es todo ilegal lo que están haciendo, violan la ley de inteligencia armando aparatos paralelos (…) todo con dinero del Estado, con dinero que recortan a áreas sociales para pasarlos ahí. Un primer llamado que quiero hacer es (…) el Congreso que se autoconvoque y derogue toda esa legislación represiva (…). No vamos a parar hasta que Patricia Bullrich y todos sus cómplices terminen en la cárcel y todos estos que jugaban a hacerse los vivos con el dinero de la discapacidad van a saber que no los vamos a olvidar que adonde vayan los iremos a buscar…”

Convocó a una movilización nacional para el miércoles 10 de septiembre: “Vamos con esta pelea hasta el final. Contra la censura, contra las persecuciones, en unidad con jubilados y personas con discapacidad”. Su intervención recuperó la calle como espacio de resistencia frente al blindaje institucional.

Esta cartografía no solo registra voces disidentes, sino que configura un mapa de reacciones éticas frente al intento de censura previa. En un escenario de judicialización del periodismo y blindaje institucional, la comisión autoconvocada se erige como contra-escena, como un espacio de defensa activa del derecho a la información, la libertad de expresión y la democracia como práctica crítica, contra la sistematización de la corrupción y en defensa de los derechos de los vulnerados.

Hace mucho tiempo que el poder judicial se convierte en brazo operativo del blindaje político, pero ahora con un ingrediente que reaparece: la censura se disfraza de legalidad.

Esta comisión autoconvocada recupera el sentido de lo público (aunque sea por un rato), toma su lugar en la representación (aunque sea por un rato), reabre la pregunta por el lugar de la verdad (aunque sea por un rato).

La resistencia parlamentaria, aún fragmentada, se vuelve archivo vivo de una disputa que excede lo coyuntural; es la defensa de lo decible frente a la maquinaria del miedo. Aunque, siempre conviene recordarles – con la convocatoria de Bregman mediante – a los representantes del pueblo, sobre todo a aquellos que no tienen el ejercicio y constituyen la mayoría, que la resistencia y la lucha están en las calles.

Publicado en Huella del Sur 3/9/2025

Video de la sesión completa de la Comisión de libertad de expresión.

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La universidad pública en la encrucijada: colonialidad del saber, capitalismo cognitivo y extractivismo tecnológico

 

Desfinanciamiento y desposesión del conocimiento público

El deterioro de la universidad pública no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia deliberada que busca debilitar su rol como espacio de pensamiento crítico y autonomía científica.

En Argentina, bajo la administración de Javier Milei y su enfermizo seguidismo a las acciones del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el ajuste presupuestario no solo impacta en los salarios docentes y los recursos para el sostenimiento diario de las universidades sino también en la investigación que lleva adelante el sistema científico en su conjunto.

Este ataque se inscribe en una lógica global de acumulación de capital, donde el conocimiento, lejos de ser un bien colectivo, se convierte en un recurso explotable bajo esquemas extractivistas. La reducción de los presupuestos universitarios, la precarización de docentes e investigadores y la desarticulación de organismos públicos de ciencia y tecnología configuran un proceso de desposesión del conocimiento público, empujándolo hacia la privatización y subordinándolo a intereses del mercado.

Las instituciones financieras internacionales han jugado un papel clave en la reconfiguración de la educación superior bajo criterios de eficiencia económica. Informes como “Cerrando la brecha en educación y tecnología” (2000) del Banco Mundial promovieron una visión de la universidad como un espacio que debe adaptarse a las necesidades del mercado antes que garantizar el acceso al conocimiento libre. En ese documento [1] y de acuerdo con la posición que le toca a la Argentina, respecto de la relación educación y tecnología en esa clasificación que realiza el Informe del Banco Mundial en su recomendación dice que: “Aumentar el presupuesto de las universidades públicas, generalmente no representa una solución factible ni deseable y en cambio se debería considerar la recuperación de los costos, los aumentos de matrícula según un determinado presupuesto y las políticas que relacionen la transferencia de recursos públicos con el desempeño (…) fortalecimiento de incentivos para la investigación y el desarrollo privados…”.

En paralelo, organismos nacionales como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avalaron progresivamente la lógica de vinculación universidad-empresa, favoreciendo modelos de financiamiento mixto que reducen la independencia académica. Veamos un fragmento de un documento del CIN: “Organizar y potenciar los recursos del sistema para la transferencia de I+D a la producción y a los servicios. Instrumentar modalidades de asignación de recursos que permitan consensuar prioridades en un marco previsible y sustentable. Impulsar la inserción de las universidades y de la Educación Superior Argentina en los procesos de internacionalización, integración y desarrollo local y regional…” [2].

Lo que está en disputa no es solo el presupuesto universitario, sino el sentido mismo de la educación superior: si será un espacio de producción de conocimiento al servicio de la sociedad, o continuará la profundización como apéndice funcional del sector privado. La ofensiva contra la universidad pública no solo es económica, sino ideológica, buscando transformar el conocimiento en un producto más dentro de la lógica mercantil.

Capitalismo cognitivo: la mercantilización del conocimiento

El capitalismo contemporáneo ha desplazado progresivamente su foco de acumulación desde los bienes materiales hacia los bienes intangibles, consolidando lo que se conoce como capitalismo cognitivo. En este modelo, el conocimiento ya no es considerado un derecho colectivo ni un recurso público, sino un insumo estratégico para la acumulación privada. La producción intelectual, la educación y la investigación científica se subordinan a las dinámicas del mercado, transformándose en activos sujetos a las leyes del capital.

Las universidades, que históricamente funcionaban como espacios autónomos de producción de saberes, son arrastradas hacia una lógica empresarial donde el conocimiento debe demostrar rentabilidad y aplicabilidad comercial. La investigación académica se orienta hacia áreas que garantizan financiamiento privado, desplazando estudios humanísticos, sociales y críticos que no generan beneficios monetarios. De este modo, el capitalismo cognitivo no solo moldea el contenido del conocimiento, sino que también impone quién lo produce y con qué objetivos.

La mercantilización del conocimiento se materializa en múltiples estrategias:

Patentes y propiedad intelectual: La ciencia y la tecnología se privatizan a través de patentes que restringen el acceso a descubrimientos esenciales, desde medicamentos hasta algoritmos de inteligencia artificial.

Universidad-empresa: Se impone un modelo de vinculación estrecha entre instituciones académicas y el sector privado, condicionando la producción científica a intereses corporativos [3].

Financiamiento selectivo: Fondos públicos y privados privilegian investigaciones con impacto económico, dejando sin apoyo a proyectos con valor social.

Datos como mercancía: La educación digital y las plataformas tecnológicas convierten los datos generados por estudiantes y docentes en insumos comercializables para empresas de software educativo y marketing.

Este modelo también está atravesado por una profunda desigualdad: las universidades de élite concentran los recursos mientras que las instituciones públicas, especialmente en países periféricos, enfrentan un desfinanciamiento progresivo. La autonomía científica se ve erosionada y la producción de conocimiento se convierte en un terreno de disputa económica y política.

El capitalismo cognitivo no solo modifica las estructuras de financiamiento universitario, sino que redefine el rol mismo del conocimiento en la sociedad. En lugar de ser una herramienta de transformación y emancipación colectiva, se convierte en un bien de consumo restringido a quienes tienen el poder de financiarlo y explotarlo. La pregunta central es si el conocimiento seguirá siendo un derecho universal o si se consolidará como un privilegio de mercado.

Extractivismo tecnológico y la digitalización del conocimiento

En el contexto del capitalismo cognitivo, la expansión de la tecnología ha abierto nuevas fronteras para la apropiación del conocimiento. Lejos de democratizar el acceso a la educación, la digitalización ha consolidado un modelo extractivista donde los datos, las publicaciones académicas y los procesos de aprendizaje se convierten en mercancías.

Las plataformas de educación digital han redefinido la relación entre universidad y mercado. Empresas como Coursera, ed X [4] y Canvas [5] , han transformado el conocimiento en productos de consumo, donde el acceso depende de suscripciones, modelos freemium [6] y licencias de uso restringidas. Lo que antes era un derecho garantizado por las universidades públicas, hoy es ofrecido como un servicio privatizado, controlado por algoritmos que optimizan el contenido para la mayor rentabilidad posible.

Este extractivismo digital opera de diversas formas:

Captura de datos educativos: Plataformas de gestión académica recopilan información sobre estudiantes y docentes, desde su rendimiento hasta sus hábitos de aprendizaje, para alimentar sistemas de inteligencia artificial y mercados de publicidad.

Privatización del acceso al conocimiento: La concentración editorial en grupos como Elsevier [7] y Springer [8] limita la difusión del conocimiento científico, convirtiendo las publicaciones académicas en bienes de lujo inaccesibles para estudiantes de universidades de países con menos recursos.

Automatización y control del aprendizaje: Los algoritmos determinan qué contenido se prioriza, qué métodos de enseñanza se adoptan y cómo se estructuran los procesos de evaluación, desplazando el criterio humano y académico en la educación.

Deslocalización de la producción científica: La externalización de investigaciones a plataformas globales permite que empresas y universidades extranjeras exploten el conocimiento sin redistribuir los beneficios a las comunidades locales.

Este modelo de extracción digital no solo impacta el acceso a la educación, sino que también redefine el rol de los docentes e investigadores, subordinándolos a sistemas de medición algorítmica y estructuras de financiamiento dependientes de métricas de impacto. El conocimiento deja de ser un espacio de construcción colectiva para convertirse en un insumo dentro de cadenas de producción tecnológica dominadas por actores corporativos.

Recuperar el sentido del conocimiento como un derecho público y colectivo se torna prioritario. Las universidades y los movimientos sociales han desarrollado redes de acceso abierto, bibliotecas digitales gratuitas y modelos de educación colaborativa que buscan romper con la lógica extractivista. La disputa no es solo tecnológica, sino política: ¿qué rol tendrá la educación en el futuro y bajo qué condiciones se producirá el conocimiento? ¿cuál es la especificidad de la educación en este contexto?, son preguntas que tienen que ser debatidas por fuera de la lógica mercantil corporativa.

Antiintelectualismo en la política contemporánea

El antiintelectualismo ha emergido como una herramienta política clave en el discurso de personajes conservadores de derecha y de la ultraderecha. Este fenómeno no solo se manifiesta en el desfinanciamiento de la educación pública, sino también en un desprecio activo hacia el pensamiento crítico y la producción académica.

Figuras como Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina, como decíamos al principio de este artículo, han promovido narrativas que desacreditan a las universidades públicas y a los intelectuales con raigambre social, presentándolos como élites desconectadas de las “verdaderas necesidades” de la sociedad. Este discurso busca erosionar la confianza en las instituciones académicas, presentándolas como espacios ideologizados y alejados de la realidad económica.

El antiintelectualismo opera en varios niveles:

Desfinanciamiento sistemático: La reducción de presupuestos para universidades y centros de investigación no solo limita su capacidad operativa, sino que también envía un mensaje político sobre la falta de prioridad que se le otorga al conocimiento.

Desprestigio del pensamiento crítico: Se promueve una visión utilitaria del conocimiento, donde solo se valora aquello que tiene aplicaciones comerciales inmediatas, relegando las ciencias sociales, humanísticas y todas aquellas que abrevan en el pensamiento crítico.

Ataques discursivos: dirigentes políticos que desacreditan públicamente a académicos e investigadores, reforzando la idea de que la educación superior es un espacio de adoctrinamiento ideológico. Posturas que un sector del periodismo acompaña y promociona en la construcción de la opinión pública.

Promoción de alternativas privadas: Se impulsa la privatización de la educación como una solución “eficiente” frente a las supuestas ineficiencias del sistema público, reforzando la lógica de mercado.

Este rechazo al pensamiento crítico no es casual, sino estratégico. Al debilitar a las universidades como espacios de cuestionamiento y resistencia, se facilita la implementación de políticas que benefician a las élites económicas y consolidan estructuras de poder desiguales.

Sin embargo, frente a esta ofensiva, las resistencias persisten. Movimientos estudiantiles, docentes y organizaciones sociales han levantado la voz en defensa de la educación pública como un derecho y un espacio de emancipación. La lucha no es solo por recursos, sino por el sentido mismo del conocimiento: si será un instrumento de liberación o un producto más dentro de la lógica mercantil.

Colonialidad del saber y colonialidad del poder: la estructura profunda de la desposesión del conocimiento

La desposesión del conocimiento público, la mercantilización de la universidad y el extractivismo tecnológico no son fenómenos aislados, sino expresiones de una lógica histórica más profunda: la colonialidad del saber y la colonialidad del poder.

El concepto de colonialidad del poder [9], nos permite entender cómo las estructuras coloniales no desaparecieron con la independencia de los países, sino que fueron reconfiguradas en nuevas formas de dominación. En el ámbito del conocimiento, esto se traduce en un sistema global donde las instituciones, disciplinas y legitimaciones del saber siguen estructuradas en función de las jerarquías impuestas por el colonialismo.

La colonialidad del saber [10], por su parte, se refiere a cómo el conocimiento es producido, distribuido y validado dentro de un esquema que reproduce la hegemonía de ciertos centros de poder. Las universidades de países periféricos son constantemente subordinadas a agendas de investigación dictadas por países centrales, mientras que epistemologías indígenas, populares y alternativas son marginadas o directamente invalidadas en el circuito académico global.

Un claro ejemplo es el sistema de créditos que deberán obtener lxs estudiantes, anunciado recientemente por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez en un posteo de la red X; puesto que esa subsecretaría será la autoridad de aplicación a partir de 2027. Sistema de Transferencia y Acumulación de Créditos, ECTS (por sus siglas en inglés) copiado del europeo del cual nos ocuparemos en algún otro artículo, porque hace al proceso de la colonialidad del saber en tanto es parte de la imposición de la estandarización sistémica.

Estos conceptos explican el porqué de todos los mecanismos de apropiación que analizamos en el artículo:

El desfinanciamiento de la universidad pública responde a una estrategia que empuja a la educación a depender de estructuras privadas de validación, reforzando la lógica de dependencia económica.

El capitalismo cognitivo profundiza la idea de que el conocimiento es un bien exclusivo de quienes tienen el poder de financiarlo, manteniendo una brecha estructural entre el saber producido en países centrales y periféricos.

El extractivismo tecnológico funciona como una nueva forma de desposesión, donde los datos, investigaciones y sistemas educativos de países con menos recursos son explotados sin que sus comunidades se beneficien de ello.

El antiintelectualismo opera como una herramienta de control político, desacreditando el pensamiento crítico para evitar cuestionamientos sobre estas estructuras de dominación.

Entender la desposesión del conocimiento como parte del proceso de la colonialidad nos permite ver más allá de los síntomas y comprender el curso histórico que sostiene la apropiación del saber. La disputa por el conocimiento no es solo económica o tecnológica, sino profundamente geopolítica y epistémica.

Desde quienes luchamos por la universidad pública, como por la educación en todos sus niveles, con la potencia gremial y las herramientas que nos brindan la ciencia crítica y la epistemología decolonial, debemos enfrentarnos no solo a la privatización, sino a una estructura global que define quién puede producir conocimiento “legítimo” y bajo qué condiciones. No sólo se trata de defender recursos, que es una parte importante de la lucha sino también de construir modelos de educación y producción del conocimiento que rompan con las lógicas neocoloniales de la estandarización mercantilista y permitan una verdadera democratización y socialización del saber.

Antes de que la violencia epistemológica y la voracidad capitalistas nos ponga en la encrucijada fatal de aquella breve y siniestra historia que contaba Eduardo Galeano: “El democrático rey convoca a los animales, al pato, a la gallina, al cerdo… y les pregunta. ‘¿Con qué salsa desean ser comidos?’ y el pato le dice: ‘Yo no deseo ser comido’. A lo que el rey responde: ‘Eso no está en discusión’”; es decir, cuando se nos impida decidir o peor, cuando se nos impida pensar y ni siquiera nos demos cuenta de que eso está ocurriendo.

[1] El documento fue analizado de forma breve en mi primer libro “La novela educativa o el relato de la alienación” 2005 Redes Cultura

[2] “Universidades y Estado: una asociación para responder a los desafíos del cambio” Documento de discusión para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Políticas Universitarias. 2005.

[3] Como ejemplo podemos decir que la Universidad Nacional de Tucumán participa de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD) en la explotación de la mina Agua Rica, junto al gobierno de la provincia de Catamarca. O la minera Barrik Gold tomaba los servicios del Departamento de Hidráulica de la Universidad Nacional de San Juan para los informes de exploración en la mina Veladero a principios de la década del 2000.

[4] Coursera y edX son plataformas de educación en línea que ofrecen cursos de universidades y empresas reconocidas. Aunque permiten el acceso gratuito a algunos contenidos, su modelo de negocio se basa en certificaciones pagas, suscripciones y programas especializados, convirtiendo el aprendizaje en un producto comercializable.

[5] Canvas es un sistema de gestión del aprendizaje utilizado por universidades y colegios para administrar cursos y evaluaciones. Aunque facilita la educación digital, también recopila datos de estudiantes y docentes, integrándose en la lógica del mercado educativo.

[6] Estrategia de negocio por la que se ofrece una versión básica, gratuita de un producto o servicio y se cobra por funciones o servicios adicionales.

[7] Elsevier es una editorial con sede en los Países Bajos, especializada en publicaciones científicas, técnicas y médicas. Publica más de 2.800 revistas y más de 600.000 artículos anuales. Es propietaria de plataformas como Science Direct, Scopus y Clinical Key, que ofrecen acceso a investigaciones y datos científicos. Sin embargo, ha sido criticada por sus altos costos de suscripción y por restringir el acceso a investigaciones financiadas con fondos públicos.

[8] Springer Nature es otra editorial académica de gran alcance, con más de 2.920 revistas publicadas. Es conocida por sus libros y revistas científicas, incluyendo Nature, una de las publicaciones más prestigiosas en el ámbito de la ciencia. Al igual que Elsevier, ha sido cuestionada por sus modelos de acceso restringido y por la concentración de publicaciones en manos de pocas empresas.

[9] Aníbal Quijano: “Colonialidad del poder y clasificación social” Binghamton University New York. 2000

[10] Walter Mignolo: “La idea de América Latina, la herida colonial y la opción decolonial”. Gedisa. España. 2007

*Este artículo forma parte del Dossier: “La Universidad Pública en la encrucijada. Mercantilización, resistencias y alternativas”

Publicación en Huella del Sur 31/8/2025

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Docentes en lucha, mientras desde Delaware irrumpe Zoe, la profesora IA

El reclamo docente se intensificó en las últimas semanas. La escena se repite, no por inercia sino por una arquitectura persistente de desposesión que atraviesa todos los gobiernos. No se trata solo de salarios insuficientes o condiciones laborales degradadas, lo que está en juego es el sentido mismo de la educación pública como espacio de transmisión, cuidado y construcción colectiva del conocimiento.

La lucha actual condensa una resistencia ética frente a una ofensiva multisectorial que se expresa en distintos planos: vaciamiento institucional, precarización del trabajo pedagógico, fragmentación territorial y avance de lógicas empresariales en la gestión educativa. A ello se suma la tecnología como dispositivo que refuerza la racionalidad corporativa, desplazando el saber situado por simulaciones de entusiasmo algorítmico.

En este contexto, la figura docente como trabajador del conocimiento se ve desplazada por narrativas de emprendedurismo, meritocracia digital y promesas de innovación que encubren la retirada del Estado. La llamada “pedagogía del entusiasmo”, promovida desde Zoe (producto estrella de la empresa Humanversum) se instala como síntoma de una nueva etapa de privatización educativa. A ello se suma el discurso de uno de sus creadores, Chris Meniw, presentado por el mercado educativo como “visionario en tecnología y educación”, en una operación que articula marketing, filantropía empresarial y legitimación política.

Mientras docentes marchan y se movilizan en todo el territorio argentino en busca de respuestas concretas frente a una realidad acuciante en todos los niveles educativos, lo que se convierte en noticia/espectáculo es el anuncio de las clases que impartirá Zoe, la profesora creada con inteligencia artificial, el 15 de agosto en la escuela San José de Villa Cañás, provincia de Santa Fe. El evento funciona como caso piloto de integración de la IA en la escuela pública, pero también como laboratorio de reconfiguración epistemológica.

Chris Meniw aparece como ícono de las nuevas filantropías empresariales, ampliamente difundidas por organismos internacionales y naturalizadas por dirigentes políticos, funcionarios gubernamentales, líderes educativos y sectores del periodismo que, de manera acrítica, celebran el desembarco tecnológico en las aulas. Así, los espacios educativos se transforman en campos de experimentación para el capitalismo digital, en función de una estrategia de desposesión del conocimiento y producción de nuevos sujetos performativos. Una reingeniería social sobre claves epistemológicas operacionales.

Chris Meniw y el dispositivo Zoe: entusiasmo, amenaza y borramiento pedagógico

Las declaraciones de Chris Meniw en medios masivos no dejan lugar a dudas sobre el horizonte que promueve el dispositivo Zoe. En una entrevista reciente, afirmó: “Si sabés capacitarte en habilidades y no en conocimiento, vas a aumentar tu capacidad mental” (Página 12, 7 de agosto 2025). La frase condensa una lógica empresarial que convierte el saber en insumo funcional, desplazando el conocimiento como proceso crítico, situado, colectivo e indispensable para el desarrollo intelectual de lxs estudiantes. La noción de “habilidades” se impone como valor de mercado, mientras el conocimiento, como construcción histórica, política y pedagógica, es deslegitimado.

Más grave aún es su afirmación: “Si los docentes siguen enseñando como están enseñando, lo más probable es que pierdan el trabajo, pero no porque la IA los reemplace, sino porque lo que están ofreciendo sea algo totalmente obsoleto”. (“La inmensa minoría” Radio Con Vos 89.9 – 4/8/2025). Esta sentencia no solo amenaza el trabajo docente: desconoce deliberadamente que los contenidos que se enseñan en las escuelas no son definidos por los docentes, sino que están en los diseños curriculares elaborados por los ministerios de educación provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Meniw desplaza la responsabilidad institucional hacia los cuerpos docentes, construyéndolos como obstáculos hacia un futuro “promisorio” de un presente ahistórico refundado por las empresas tecnológicas, cuando en la realidad son quienes ponen el cuerpo para el sostenimiento de la educación pública pauperizada por los poderes de turno.

En este marco, Zoe no es solo una herramienta, es una figura performativa que encarna la pedagogía del entusiasmo como forma de disciplinamiento. Su presencia en escuelas, su capacidad de interacción las 24 horas y los siete días de la semana, su estética emocional y su retórica de acompañamiento configuran un dispositivo que simula afecto mientras reorganiza el vínculo pedagógico bajo lógicas algorítmicas.

La transeducación no es solo una mutación técnica, sino la reorganización del campo simbólico, donde el docente comienza a ser desplazado por dispositivos que simulan afecto, presencia y saber.

Meniw, en tanto vocero, encarna esta reorganización; humaniza la deshumanización, estetiza el ajuste y convierte la amenaza en espectáculo. Su discurso no es ingenuo, es parte de una estrategia de legitimación empresarial que se articula con las recomendaciones de los organismos internacionales, certificadoras privadas y políticas públicas que habilitan la entrada de estos dispositivos sin debate ni regulación.

Humanversum LLC, una fiduciaria en Delaware

La empresa que promueve a Zoe como “la primera profesora creada con inteligencia artificial de América Latina” no está registrada como una compañía educativa en sentido convencional. Humanversum LLC aparece en el registro público de Delaware como una compañía fiduciaria, una figura legal utilizada habitualmente para la gestión de activos, fideicomisos o transacciones financieras complejas. Esta estructura no es la habitual para una empresa que afirma dedicarse a la innovación pedagógica, la formación docente y la transformación emocional del aprendizaje.

La elección de Delaware en los Estados Unidos reconocido como paraíso fiscal corporativo no parece casual, con regulaciones que permiten opacidad financiera, beneficios tributarios y escasa exigencia de transparencia. En este marco, Humanversum se presenta como plataforma educativa, pero su naturaleza jurídica sugiere que su propósito principal podría estar más vinculado a la gestión de capitales y activos simbólicos que al desarrollo pedagógico.

En el artículo de Techla Media, se confirma que Humanversum mantiene una alianza estratégica con el Grupo Doctrina Qualitas, entidad que certifica sus programas y le otorga el “Sello de Calidad Educativa de Excelencia EQS”. Además, sus cursos son avalados por Sabal University, una universidad estadounidense del mismo grupo empresarial. Esta red de certificación privada, con alcance en Latinoamérica, EE.UU. y Europa, refuerza la hipótesis de que estamos ante una arquitectura transnacional de legitimación, donde las certificaciones “avalan” que el saber y la formación académica se conviertan en valor agregado corporativo. ¡El proceso de desposesión continúa su marcha!

La retórica de Humanversum, centrada en el entusiasmo, la personalización, el metaverso y las habilidades blandas, contrasta con su inscripción como compañía fiduciaria.

La escena educativa argentina y latinoamericana se encuentra atravesada por una ofensiva empresarial que, bajo el ropaje de la innovación, instala dispositivos de control, certificación y desposesión simbólica.

Humanversum no escapa a esta lógica. Su estructura offshore, su alianza con certificadoras privadas y su promoción de Zoe como figura de desarrollo de aprendizajes configuran un dispositivo que simula pedagogía mientras organiza la fuga del sentido educativo.

La educación, en este modelo, se convierte en interfaz: un espacio donde el saber se gamifica, se estetiza y se certifica; pero ya no se transmite ni se disputa.

Zoe en Villa Cañás, entre marketing y prompts

El próximo 15 de agosto, en el Colegio San José de Villa Cañás, se llevará a cabo la primera clase piloto de Zoe, la profesora algorítmica creada por Humanversum. El curso, dirigido a estudiantes de nivel secundario, abordará contenidos sobre marketing y prompts* para interactuar con sistemas de IA. Se trata de saberes funcionales al mercado, orientados a la instrucción por lo tanto no hay formación crítica ni desarrollo intelectual, hay entrenamiento para la performatividad económica.

Esta escena pedagógica no busca formar ciudadanos reflexivos, sino emprendedores, capaces de capitalizar su entusiasmo y convertirlo en activo. Humanversum no promueve una educación ni una formación integral, promueve una economía de subjetividades, donde cada estudiante es un portador de valor, un nodo de monetización.

El marco conceptual y operativo de Humanversum, inscripta como empresa en Delaware, permite leer esta escena como parte de un ensayo de reorganización del vínculo pedagógico.

La directora del colegio, Gabriela Farina, explicó que los docentes podrán monitorear el progreso en tiempo real, pero sin interferir en la interacción entre Zoe y los estudiantes. El docente queda así desplazado del circuito de enseñanza-aprendizaje, reducido a un rol técnico de supervisión. No hay transmisión, interpretación ni acompañamiento.

Aunque Chris Meniw insista en que Zoe “no viene a reemplazar a los docentes”, lo que se ensayará el 15 de agosto es una pedagogía sin cuerpo, donde el saber se presenta como servicio al capital. La clase es una experimentación de la imposición del futuro diseñado por el capitalismo digital, bajo la forma de educación financiera, emocionalmente optimizada y empresarialmente administrada.

En este contexto, la clase de marketing que “dará” Zoe es un ejemplo de la propia estrategia que la compañía está usando. Están enseñando marketing mientras hacen marketing. Es un bucle de autopromoción en esta transferencia hacia la transeducación empresarial. Por eso alguna vez nos preguntamos: ¿La educación necesita de la Inteligencia Artificial o a la inversa?

* Instrucciones que guían al programa de inteligencia artificial para crear contenidos.

Imagen de portada: Zoe la profesora creada por la IA. Crédito iProUP

Publicada en Huella del Sur 14/8/2025

La arquitectura del consenso represivo

 

 

 Cuando la ministra Patricia Bullrich presentó el protocolo antipiquetes, lo hizo bajo la promesa de restituir un orden perdido. En junio de 2024, en De protocolos y otros demonios, advertíamos que ese “orden” no es legal ni constitucional, es escenográfico, afectivo, construido sobre el adjudicado “hartazgo urbano” y la fobia de clase. El protocolo no regula, organiza una pedagogía del castigo que necesita ser percibida como legítima por quienes no la sufren.

Desposesión con uniforme

Lo ocurrido, otra vez este miércoles, frente al Congreso forma parte de esa arquitectura. Las fuerzas desproporcionadas desplegadas por la policía de la Ciudad no se limitaron a cumplir el oscurantista protocolo; como en otras oportunidades ensayaron una coreografía de intimidación y violencia que convierte el espacio público en zona sitiada y de escarmiento, como bien se describe en “La crueldad avanza. Otro miércoles de represión”.

Este texto no busca narrar lo que ya fue publicado en el artículo de Huella del Sur, citado anteriormente (el operativo, la represión, los heridos) sino desmontar la lógica que permite que eso ocurra una y otra vez sin escándalo ni interrupción. A partir de imágenes, archivos y genealogías institucionales, esta nota se propone pensar cómo el protocolo antipiquetes se convierte en una gramática estatal del castigo, donde el orden es escenografía y la violencia, dispositivo pedagógico. Lo que se analiza aquí no es sólo lo que pasó, sino lo que se repite, se normaliza y se organiza como forma de gobierno.

Foto: crédito Sol Erazo

La imagen de la formación policial que se alinea detrás de los fotoperiodistas construye la estética del control y el amedrentamiento. La imagen muestra una línea de efectivos antidisturbios frente a un carro hidrante, dispositivo de represión estatal que organiza la escena como amenaza. Varias personas registran el momento con cámaras. El acto de documentar también se vuelve práctica de resistencia. Aquí, la infraestructura no sirve para proteger, sino para desplegar una pedagogía del castigo. La violencia no aparece como excepción, sino como gramática rutinaria en la administración del espacio público.

En la siguiente imagen, un efectivo filma desde lo alto, en el balcón de un edificio, con trípode y cámara institucional. Pero no va a registrar la violencia, sino su versión coreografiada. La policía produce su propio relato visual.

Foto: crédito Sol Erazo

Este “consenso” del discurso político oficial que conculca derechos, pretendiendo que la “libre circulación” está por sobre el derecho al reclamo colectivo y que se edifica sobre la falsa construcción de un “deseo social” del fin de las protestas callejeras, queda totalmente desvirtuado toda vez que son las propias fuerzas represivas del propio Estado las que cortan las calles e impiden la circulación, como se ha mostrado con imágenes de drones en algunos medios.

El “caos de tránsito”, imagen tan cara a graficar por un sector mayoritario del periodismo, no es un producto de las manifestaciones sino de los operativos conjuntos entre las fuerzas de (in)seguridad de la Nación y la policía de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad el patético espectáculo fue coreografiado por la infantería de la policía local, enviada por el jefe de gobierno, Jorge Macri, demostrando su “fiereza” contra adultos mayores y periodistas.

Cuerpo y escenografía: represión y resistencia

La escenografía represiva no funciona en vacío se despliega contra cuerpos que alteran su brutal gramática. Lo que se organiza frente al Congreso es la disputa por el sentido del cuerpo en ese espacio. Y esa disputa, por momentos, se vuelve visible, incluso cuando el dispositivo represor intenta invisibilizarla.

Foto: crédito Sol Erazo

En la imagen, una formación policial motorizada quiebra la escena cotidiana, una coreografía del control que anticipa el castigo como horizonte posible. La escena no comunica legalidad, sino potencia represiva. El intento de convertir el espacio en amenaza regulada; el castigo está disponible.

Foto: crédito Sol Erazo

En esta otra imagen, la cámara se detiene sobre quienes marchan. Son cuerpos diversos, apretados pero móviles, en gesto de afirmación. No hay escudos ni cascos, hay banderas, miradas, presencia. Esta imagen rompe la simetría del dispositivo anterior. No ofrece control ni formación, sino recorrido. Y en ese recorrido, los cuerpos ya no son objeto de escarmiento, sino sujetos de resistencia y rebeldía.

Ambas imágenes narran una tensión; la del Estado que dispone su fuerza como espectáculo del miedo y la de los jubiladxs que insiste en ocupar, caminar, resistir, hacer escuchar su voz, que desde lo íntimo se hace colectiva e impacta en el espacio público, lo construye como plural.

Mientras la coreografía represiva necesita ser vista; la resistencia produce su propio guion visual, sin uniformes, sin escudos, pero cargado de sentido, contra el sinsentido de la patética irracionalidad gubernamental.

El protocolo antipiquetes no regula acciones, produce ficciones. Pero en esas ficciones se cuelan otras narrativas, otras formas de estar, otras gestualidades. Y esas formas, aunque el dispositivo intente silenciarlas, logran interrumpir el relato disciplinario y violento, como lo demostraron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.

De la coreografía del escarmiento a la inteligencia como amenaza

La escena frente al Congreso condensa algo más que una represión puntual expone una lógica donde la visibilidad del castigo opera como advertencia pública. Lo punitivo como estrategia pedagógica para los cuerpos que se movilizan y para los que observan.

La performatividad del castigo no se agota en el golpe ni en el avance policial, reside en el diseño, la anticipación, el gesto que aún sin concretarse, ya intimida. Cada escudo alineado, cada cámara institucional filmando la movilización, cada espacio barrial ocupado, actúa sobre el imaginario no para prevenir delitos, sino para instalar la idea de que el derecho puede ser suspendido por la sola voluntad del poder.

Ese diseño – consciente, iterativo, narrado por los propios agentes – no es espontáneo, responde a una gramática de inteligencia represiva que el Estado construye y difunde.

Imaginar el control: ficciones tácticas

Si el castigo se escenifica para producir temor, la inteligencia represiva opera antes y más allá de ese momento, anticipa, interpreta, ficcionaliza. No se trata solo de seguir, infiltrar o registrar, sino de construir relatos que organizan el sentido de la amenaza. Es el Estado narrando su propio poder, creando categorías como “violento funcional” o “infiltrado”, para legitimar la excepción.

Esta narrativa no emana de los hechos, los prefigura. Circula en partes de prensa, diagnósticos oficiales, informes de riesgo. Una forma de hacer inteligencia que no busca conocer, sino moldear percepciones; decir qué es peligroso, antes de que ocurra, lo que no va a ocurrir pero ya fue instalado en el imaginario social.

La performatividad no es solo del castigo físico, sino del relato estratégico, como recurso didáctico de la pedagogía del miedo. Una sintaxis de la sospecha que organiza y distribuye roles: cuerpos sospechosos, movimientos potencialmente hostiles, barrios leídos como zonas rojas. Todo lo que no se ajusta al guion estatal, puede ser reescrito como amenaza.

El día que ya conocíamos: la repetición como forma de gobierno

Lo ocurrido este miércoles no sorprende porque se repite. Y en esa repetición, el Estado reafirma su capacidad de ejercer violencia como única gramática política disponible. Es la administración cotidiana del miedo, legitimada por dispositivos técnicos y ficciones sobre la seguridad.

Cada jornada como esta reactualiza un guion que ya estaba escrito: presencia intimidante, deslegitimación de la protesta, escarmiento ejemplar, escenografía del “orden”. Relato oficial que culpa a los cuerpos que lo padecen. Lo que parece coyuntural, una manifestación, un herido en el suelo, es en realidad la pedagogía del disciplinamiento, practicada una y otra vez frente a quienes se atreven a no callar.

La repetición es la persistencia estructural del monopolio estatal de la violencia, ahora narrado como necesidad, eficiencia o protocolo. Lo que se impone no es el orden, sino la amenaza de que todo puede volver a suceder, porque nunca dejó de suceder.

Esa amenaza constante encuentra en sus ejecutores rostros ya conocidos. El actual ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, no es un recién llegado, comandó la represión en el Hospital Borda en 2013, donde policías lesionaron a pacientes y trabajadores de la salud. Hoy, procesado y con una causa penal aún abierta, dirige las mismas fuerzas que, bajo el ropaje del protocolo, reactualizan la pedagogía de la crueldad. No se trata de excesos, sino de continuidades y de oscuras lealtades disciplinarias rayanas con el delito de uniforme.

La imágenes que se repiten miércoles tras miércoles, muestran la lucha por el sentido contra el sinsentido de la irracionalidad estatal-gubernamental, cuya única propuesta linda con lo luctuoso y sus sinónimos.

Imagen de portada: Sol Erazo (se repite al interior del texto).

Publicada en Huella del Sur  1/8/2025