La reaparición del canje de deuda por educación en el marco del gobierno de Javier Milei no es una novedad, sino una reiteración de dispositivos de sujeción política que se reciclan bajo retóricas de inversión social.
Esta vez, la operación se presenta como parte de un swap con el Tesoro de Estados Unidos y la recompra de bonos soberanos con asesoría de JP Morgan, en nombre de la eficiencia financiera y el fortalecimiento educativo. Pero detrás del lenguaje técnico y la promesa de capital humano, se reactiva una forma de desposesión institucional que merece ser denunciada.
Desde el Fondo para las Américas en los años noventa hasta el acuerdo firmado por Daniel Filmus en 2006, el canje por educación ha funcionado como mecanismo de tercerización estatal, habilitando la entrada de fundaciones empresariales, bancos y la intervención pedagógica corporativa. La operación de canje no trata de condonar deuda, sino de reorientarla hacia proyectos que refuerzan la lógica privatizadora de apropiación, desplazando al Estado como garante de lo público.
Hoy, bajo el gobierno de Milei, el dispositivo se reactiva en un contexto cruel de ajuste estructural, desinversión educativa y subordinación geopolítica. El Ministerio de Economía anuncia la recompra de bonos Globales 2029 y 2030 con fines educativos, mientras JP Morgan opera como asesor financiero. La operación, aún sin decreto oficial, se inscribe en una estrategia de reendeudamiento que disfraza la precarización como modernización.
Este artículo intenta recorrer una breve genealogía crítica del canje por educación como forma de disciplinamiento institucional y desposesión; articulando archivo, coyuntura y resistencia. Porque no hay pedagogía emancipadora posible bajo tutela financiera e intervención pedagógica.
Milei, JP Morgan y la pedagogía del capital humano.
El 20 de octubre de 2025, el secretario de Finanzas Pablo Quirno publicó en la red social X el siguiente anuncio: “La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.
Esta operación, comúnmente llamada ‘Deuda por Educación’, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso.
Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”.
Este posteo reactiva el dispositivo del canje por educación como mecanismo de reestructuración financiera con retórica pedagógica. La operación, aún sin decreto ni detalles públicos, se inscribe en una lógica de subordinación institucional donde la política educativa queda supeditada a criterios de rentabilidad y eficiencia fiscal. La designación de JP Morgan como estructurador del proceso confirma el desplazamiento del Estado como garante de lo público, y anticipa la posible tercerización de los fondos educativos a través de plataformas empresariales, fundaciones y actores financieros, tal como fue la idea original del Banco Mundial, como veremos.
La apelación al “capital humano” como horizonte educativo revela la continuidad de una pedagogía del endeudamiento, donde el sujeto educativo se redefine como recurso económico y la inversión en educación se convierte en instrumento de legitimación del ajuste.
Pero este dispositivo no nace con Milei. En agosto de 2003, veinte organizaciones de la llamada “sociedad civil” que actuaban (y actúan) en el campo educativo, convocadas por la OEA y provenientes de seis países (Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago), firmaron una declaración conjunta que instaba a los Ministros de Educación de América a elaborar una propuesta común para la Cumbre Extraordinaria de las Américas. El objetivo: solicitar al Fondo Monetario Internacional la condonación parcial de la deuda externa, redirigida a la ampliación del acceso y la mejora de la calidad y equidad educativa en América Latina y el Caribe.
Esta iniciativa antecede la presentación formal de Daniel Filmus en la Reunión Ministerial de México, y revela que el dispositivo del canje por educación ya circulaba como mecanismo multilateral, propuesto por el Banco Mundial y promovido por la USDE (Unidad de Desarrollo Social Educativo) de la OEA, entidad que tendrá fuerte protagonismo en el proceso de desposesión de la educación pública. La participación de OSCs fue central en su legitimación, bajo la lógica de descentralización y fortalecimiento comunitario.
Colonialidad educativa: del clima a la pedagogía del endeudamiento.
El canje de deuda por educación, presentado como mecanismo de inversión social, opera en realidad como dispositivo de subordinación institucional y desposesión simbólica. Lo que se oculta bajo la retórica del “capital humano” y la “eficiencia financiera” es el verdadero objeto del canje: la reconfiguración del sistema educativo como espacio de intervención geopolítica, financiera y empresarial.
Este ocultamiento forma parte de lo que también llamamos colonialidad educativa: una matriz de poder que redefine la educación como un mercado de gobernanza global, desplazando la dimensión emancipadora y la soberanía pedagógica. La colonialidad no se expresa sólo en contenidos o lenguajes, sino en los dispositivos que estructuran la política educativa desde afuera, bajo criterios de rentabilidad, trazabilidad y control.
En 2021 publicaba,El canje de deuda y los incorregibles, abordando el canje de deuda por acción climática, propuesto por el entonces gobierno de Alberto Fernández, como parte de esta misma lógica. Allí señalamos que no se trataba de una condonación, sino de una reorientación funcional de la deuda hacia proyectos que reforzaban el compost extractivista, la tercerización estatal y la entrada de actores financieros en un área sensible como el ambiente.
La operación actual del gobierno de Milei, con JP Morgan como estructurador y el FMI como interlocutor implícito, reactiva ese dispositivo bajo otro nombre. El canje por educación no fortalece lo público, lo reconfigura como plataforma de inversión, otra habilitación a una mayor entrada de fundaciones, plataformas EdTech y bancos en la gestión pedagógica. La colonialidad educativa se expresa aquí como forma de captura institucional, donde el Estado deja de ser garante de lo público y se convierte en gestor de los procesos de tercerización, o más específicamente, en gestor de la ampliación de la endoprivatización del sistema educativo.
Efectos concretos del dispositivo “canje”.
En Argentina, el canje de deuda por educación impulsado por Daniel Filmus en 2003 no derivó en condonación efectiva ni en fortalecimiento estructural del sistema educativo. Lo que sí produjo fue la entrada del Grupo Santander a través de la tarjeta Universia, presentada como “cuenta universitaria” para docentes, estudiantes y administrativos. Esta tarjeta se convirtió en medio de pago de salarios públicos en universidades nacionales, especialmente en la UBA, y aún hoy sigue vigente como mecanismo bancarizado de gestión salarial.
La operación, lejos de fortalecer lo público, habilitó una forma de endoprivatización financiera, donde el Estado delega funciones sensibles —como el pago de salarios— a bancos privados, bajo la lógica de modernización y eficiencia. El Grupo Santander, además, expandió su presencia en el campo educativo a través de becas, recursos didácticos, convenios y plataformas de formación, consolidando su rol como actor pedagógico sin mandato público.
En otros países de América Latina, el dispositivo del canje por educación se aplicó con variantes:
• Bolivia: En 2006, bajo Evo Morales, se negoció un canje parcial con España, que incluyó inversión en infraestructura educativa. Sin embargo, gran parte de los fondos fueron canalizados a través de ONGs y fundaciones, con escasa participación estatal directa.
• Perú: En los años 2000, se implementaron programas de “deuda por desarrollo” que incluían educación como eje, pero los fondos fueron gestionados por agencias internacionales y organizaciones privadas, con baja trazabilidad pública.
• Centroamérica: Países como Honduras y El Salvador participaron en esquemas de canje por educación promovidos por el Banco Mundial y la OEA, donde la descentralización y la participación de OSCs fueron presentadas como garantía de eficiencia, pero en la práctica implicaron fragmentación institucional y pérdida de soberanía pedagógica.
Estos casos revelan una constante: el canje por educación no opera como mecanismo de fortalecimiento estatal de desendeudamiento sino como forma de colonialidad educativa, donde la política pública se redefine desde matrices financieras, multilaterales y empresariales. La tercerización no es sólo operativa, sino epistémica: se impone una pedagogía del capital humano, de la trazabilidad y del rendimiento, desplazando la dimensión crítica, comunitaria y emancipadora de la educación.
Contra el canje y la captura: hacia un Congreso pedagógico alternativo.
La reaparición del canje de deuda por educación bajo el gobierno de Javier Milei parte de la ya existente arquitectura de subordinación financiera y pedagógica. En este octubre electoral, el señor presidente y su ministro, el endeudador, Luis Caputo formalizaron un acuerdo de swap de monedas por USD 20.000 millones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presentado como respaldo para afrontar vencimientos de deuda y reducir el riesgo país. En paralelo, se anunció una operación de recompra de bonos soberanos con fines educativos, estructurada por JP Morgan y respaldada por organismos multilaterales.
Este entramado revela que la llamada “Deuda por Educación” es una operación financiera con retórica pedagógica. El Estado argentino, que hace mucho dejó de ser el garante de lo público, aparece como gestor de fondos condicionados. La educación se convierte en instrumento de legitimación de ajuste de la soberanía pedagógica como horizonte de sentido.
Frente a esta avanzada, se vuelve urgente la convocatoria a un Congreso pedagógico alternativo, por fuera de las estructuras de poder y de los instrumentos de colonialidad educativa. No se trata de replicar modelos burocráticos ni de simular participación, sino de construir un espacio de pensamiento crítico y reconfiguración simbólica. Un lugar donde la educación sea territorio de disputa, memoria y emancipación.
Este Congreso debe ser capaz de:
• Desactivar la lógica del capital humano como horizonte educativo.
• Recuperar la soberanía pedagógica frente a la tercerización empresarial.
• Reactivar la memoria docente como forma de resistencia y transmisión.
• Articular territorios, gremios, colectivos y experiencias comunitarias desplazadas por la retórica de la eficiencia.
• Denunciar la colonialidad educativa como matriz de poder que redefine lo público desde afuera.
En esta semana de pobre debate electoral y crisis estructural de dimensiones inconmensurables, votar por izquierda es abrir una grieta en el cerco simbólico que impone el establishment. Es apostar a una salida colectiva, pedagógica y emancipadora, capaz de romper con la colonialidad del poder y reconfigurar el horizonte desde abajo. Porque la educación no se canjea: se defiende, se piensa, se transforma en función de lo común y no del mercado que la utiliza como instrumento de dominación.
Publicada en Huella del Sur 24/10/2025
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