Luego de terminado la discusión por la Ley Bases, se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley presentado por el exministro de Educación del macrismo y actual diputado PRO, Alejandro Finocchiaro que, con su bloque, más la UCR, LLA, Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal y Coalición Cívica obtuvo el dictamen favorable en la comisión de Educación.
El proyecto que declara servicio esencial a la educación lleva por título Educación como servicio estratégico esencial, es una manifiesta declaración para restringir el derecho a huelga del gremio docente.
En el mismo sentido que el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich, que identifica el derecho a la protesta con el delito en un esfuerzo interpretativo sobre dos artículos de la ley de seguridad interior que, a la vez, remiten a otros dos de la Constitución nacional para poder dar intervención desmedida a las fuerzas de seguridad federales no sólo excediendo, sino forzando sus atribuciones y su ámbito de acción, tal como lo analizáramos en el artículo De protocolos y otros demonios, días pasados; el actual proyecto que versa sobre la educación como servicio estratégico esencial comparte el espíritu punitivista, disciplinador y alienante del protocolo bullrichiano.
Siempre hay una constante común que aparece en los proyectos y leyes con anclaje neoliberal, todas las versiones que tienen que ver con lo público y lo común están vigiladas. La vigilancia en el sentido benthamiano (Jeremy Bentham-Panóptico) opera como restricción o cancelación de los derechos.
En su primer artículo establece como servicio estratégico esencial la educación en todo el territorio de la Argentina.
El proyecto de marras reescribe, parcialmente, la Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN), para incorporar modificaciones que permeabilicen la declaración de la Educación como servicio estratégico esencial.
El artículo 2 de la LEN expresa que: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”; aclaramos lo del artículo 2 de la LEN, porque el artículo 2 del presente proyecto modifica al artículo 3 de la LEN en el que agrega: “La educación es una prioridad nacional, un servicio estratégico esencial y se constituye en política de Estado…”.
Una de las discusiones, entre otras tantas, cuando se presentó el primigenio proyecto de la LEN, era que, efectivamente, había cambiado la noción de servicio que proponía la Ley Federal del menemismo en los 90 del siglo pasado, por el de bien público, pero unos cuantos críticos de un amplio sector docente, referíamos que la noción de bien público era muy cercana, conceptualmente, aunque se pretendiera otra interpretación, a un objeto transable, tal como se designan otros bienes. Sobre todo, en un campo en disputa como es la educación desde múltiples perspectivas: ideológicas, políticas, pedagógicas (para no abundar).
Hecha esta salvedad, porque tampoco hay que otorgarle un valor epistemológico (del cual carece) al proyecto de la “oposición dialoguista”, hay que destacar que opera como sutura que anexa a la LEN el concepto de servicio del menemismo; sin que cambie demasiado la matriz mercantilista que también ofrece la propia LEN cuando habilita a las organizaciones de la sociedad civil (ong y fundaciones) a participar del espacio educativo (pero de esto hemos escrito ríos de bits).
En el artículo 3, el proyecto observa que: “El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por la acción directa o indirecta, paro o huelga docente o no docente…”, para lo que establece un sistema de “guardias mínimas” del 30% cuando la eventual medida de fuerza dure entre 1 o 2 días y 50% si fuera superior a 3 días.
El artículo 4 hace responsable al equipo de conducción al inicio del ciclo lectivo de preparar la “… nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3…”
No parecen tener el mismo ímpetu, lxs diputadxs firmantes del proyecto, cuando se trata de que el Estado cumpla con el pago del FONID, los dineros para conectividad, ni los del Fondo Compensador; tampoco con la actualización de un presupuesto anclado en el año 2023, ni los fondos universitarios, el CONICET, ni las obras públicas en infraestructura educativa.
El propio artículo 24 de la Ley 25.877 de Régimen Laboral, referido a los posibles conflictos laborales en “…actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar servicios mínimos para evitar su interrupción. Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, el control del tráfico aéreo”.
El hecho es que toda actividad considerada esencial es aquella cuya interrupción, por alguna medida de fuerza, una huelga docente, concretamente, en este caso, “pudiere poner en peligro la vida, la seguridad, o la salud de toda o parte de la población//Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo”. Estos enunciados siguen siendo los de la Ley de Régimen Laboral. La OIT no tiene a la educación entre los servicios esenciales.
¿Una huelga del sector docente por reclamos que son más que justificados y que la comunidad educativa conoce a la perfección, pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población escolar?
La respuesta es no, sin lugar a dudas.
En cambio, la pobreza de 6 de cada 10 niñxs menores de 14 años, según datos del INDEC, lo que hace al 58,8 % de esa franja etaria de los cuales el 18,9% es indigente, sí son datos que están anclados a los riesgos constantes de vida, seguridad y salud y eso se manifiesta en la escuela; no la vulnerabilidad, los vulnerados y esa vulneración sistemática es social, es política, son los avatares de un rumbo económico que derrama miseria y concentra riqueza, aunque la mayoría de los 257 representantes del pueblo no parecen tener proyectos para terminar con el estado acuciante de una situación en esas niñeces y adolescencias no pueden esperar.
La leche se pudre, pero no hay proyecto de esencialidad, hay ocultamiento y discursos hipócritas.
Esenciales y huelguistas
Repasemos, no puede ser más elemental (hasta Watson se suicidaría en defensa propia), lo que el nefasto proyecto dice en la era de las nóminas, las planillas Excel y el espionaje cibernético (y del otro también) es que se active un sistema de guardias, previamente elaborado con los datos correspondientes al personal designado para la posible eventualidad “esencial”, a la sazón un paro docente. De lo que se desprende, que el personal no afectado a las supuestas guardias por el supuesto paro, es ¡huelguista! ¡La estigmatización legal de la docencia!
El punitivismo suele ser la regla general en una “guerra” contra la docencia que no es actual, se comienza a consolidar en los 90 y continúa luego de la puesta en crisis de los sistemas educativos en los encuadres neoliberales planteados por la reforma global y las políticas de los organismos internacionales que decretaron la obsolescencia educativa, la reducción del conocimiento a los intereses instrumentales del mercado y la precarización docente de la mano del desprestigio planificado y el cuestionamiento sistemático a la sindicalización.
Por supuesto que quién escribe estas líneas también es crítico del modelo sindical que consagra la burocratización y sus pactos espurios en detrimento de sus afiliados, pero esa es otra discusión al interior del propio gremio.
En cambio, este proyecto, además de su perfil vigilante (en el sentido de Bentham), pretende destruir la potencia de la sindicalización.
El proyecto transita, como venimos desarrollando, por conceptualizaciones vigilantes y punitivistas (casi una derivación del espíritu del protocolo antipiquetes) para refrendar la idea de la “esencialidad” en el sistema educativo, “esencialidad” que se circunscribe a la escuela, pero nada dice del desfinanciamiento continuo del propio sistema al que solo identifican con el cumplimiento de la cantidad fijada de los días de clase según el calendario escolar.
Una extraña concepción de los tiempos pedagógicos, incluso de criterios didácticos, atados únicamente a los 190 y tantos días de clase, donde la instrumentalidad de los aprendizajes transita en una especie de guardería en que fueron transformando la educación pública, con sus políticas de desposesión permanente.
Si la educación es un servicio, no es un derecho humano. El presupuesto destinado a educación parece estar muy lejos de respetarla como un derecho humano. El proceso reformista, en el que también se enmarca este proyecto, que lleva más de 30 años, lo que ha garantizado es el incremento de la pobreza y el aumento de la desigualdad además de abonar la fragmentación social.
Pero para finalizar, cabe aclarar que, si el conjunto de la docencia se manifiesta con una medida de fuerza como una huelga, es justamente para reclamar lo que el sistema político retacea en su concepción de eficiencia, traducido como reducción del gasto público, lo que se manifiesta en las aulas como producto de las condiciones de vida impuestas por el estatus quo político y económico.
Ningún niñx, ni adolescente abandona la escuela, porque exista un reclamo docente o no docente, es el sistema social el que lo expulsa, la escuela no es responsable. La escuela manifiesta las condiciones de existencia en la que fueron puestos por un sistema pletórico de “bellas” construcciones de orden punitivista, vacías de contenido real. La realidad no está en donde se debaten instrumentos de coacción. La realidad aparece a la hora en que el maestro, la maestra, lxs profesorxs, entran al aula con sus estudiantes.
Un sistema político que cultiva la ética de la hipocresía, como este proyecto, que no viene a aportar por mejor educación sino a restringir derechos consagrados en la propia Constitución. No puede ser la discusión de la coyuntura educativa.
Argentina es y fue faro en la educación pública, aún con la crisis sistémica impuesta con las políticas coloniales de mercado, todavía está viva, lo que nos falta es la potencia para resignificar, otra vez, lo público, lo común, la gratuidad en clave del siglo XXI y es con mayor sindicalización y no a la inversa, como propone este proyecto en línea con el proceso de desposesión educativa. La transformación es desde abajo con quienes la hacen día a día, para comenzar a transitar un camino revolucionario: pensarnos desde la propia subjetividad educativa para dejar de ser pensados por quienes responden a intereses que nada tienen que ver con el conocimiento como producción social y sí con el conocimiento como mercancía.
Darío Balvidares
Imagen destacada: Alejandro Finocchiaro, diputado PRO. Crédito Noticias Argentinas
Publicado en Tramas 26/06/24
No hay comentarios:
Publicar un comentario