En este artículo continuaremos deshilvanado las tramas de la “crisis educativa”. El título ya nos adelanta uno de los sentidos cuando la anuncia como pre-texto, es decir como texto anterior para que la reforma economicista de la educación se lleve a cabo con la pasividad del conjunto de la sociedad e incluso con el apoyo de las familias y, al mismo tiempo, mantener a la docencia ocupada en las luchas por un salario de supervivencia.
Veremos que hay detrás de “herramientas” que luego servirán para la toma de decisiones políticas, quiénes las imponen y qué interpretaciones producen y con qué finalidad.
A manera de ejemplo tomamos el informe Escuelas desbordadas. Criar, crecer y educar en barrios populares, publicado en abril de 2026 con base en relevamientos de 2025, que se presenta como una radiografía de la crisis educativa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tal como lo hicimos en el artículo anterior (29/3/2026) sobre la (supuesta) apatía política juvenil en la que concluía una encuesta. Aunque desde nuestro aporte crítico mostramos que lejos de ser apatía, se trataba de sospecha sobre el sistema y eso es politización, confirmada por los miles de jóvenes que se movilizaron el 24 de marzo por la Memoria, Verdad y Justicia.
En el caso que nos ocupa ahora, dos instituciones llevan a cabo la realización del informe Escuelas desbordadas: Fundar, que se define como un centro de innovación en políticas públicas capaz de “transformar evidencia en impacto”, y el Instituto Universitario CIAS, fundado en 1956 por los jesuitas y dedicado a la formación de líderes políticos y a la investigación social. Ambas apelan en sus presentaciones a valores de justicia, sostenibilidad y diálogo democrático, inscribiendo el informe en la serie Monitor de Barrios Populares.
La metodología combina trabajo de campo en barrios populares con entrevistas a estudiantes y docentes, y un análisis de datos cuantitativos sobre abandono escolar y sobreedad. El campo de acción es claro: las escuelas de sectores populares del AMBA, donde la precariedad social se traduce en sobrecarga institucional.
El informe, Escuelas desbordadas advierte que menos de la mitad de los jóvenes logra completar la secundaria; el 59% cursa con sobreedad; y las escuelas, lejos de garantizar aprendizajes básicos, se ven absorbidas por funciones de alimentación, cuidado y contención social. Los testimonios hablan de aulas vacías, pérdida del sentido de la escuela como espacio de orden cotidiano. La promesa educativa, que alguna vez fue percibida como vía de progreso social, aparece debilitada hasta el extremo de erosionar las expectativas de futuro.
El deterioro que el informe registra en las escuelas populares del AMBA no puede leerse como un fenómeno aislado ni como una crisis coyuntural. La llamada “vulnerabilidad educativa” es, en realidad, el espejo de la vulnerabilidad social: pérdida de empleos, cierres de comercios y empresas, desmantelamiento de organismos estatales. La escuela absorbe esas fracturas y se convierte en el lugar donde se condensan las precariedades de la vida cotidiana.
El informe Escuelas desbordadas introduce una clasificación de los estudiantes en tres categorías: “comprometidos, desconectados y conflictivos”, que surge de la percepción de algunos docentes y directivos. A primera vista parece una descripción pedagógica, pero lo que se instala es una semántica cargada de sentido político.
Los comprometidos son aquellos que todavía sostienen la expectativa de un futuro mejor a través de la educación. Una docente los celebra: “El sexto de este año se quiere comer el mundo… vienen de un lugar pobre y quieren salir de ahí”. La categoría funciona como recordatorio de que aún subsiste la promesa educativa, aunque debilitada.
Sin embargo, en la interpretación de la docente no se revisa el “salir de ahí”, seguramente emparentado con lo marginal, con esos márgenes de exclusión que el propio modelo político incentiva y acrecienta cada vez más.
Los desconectados son jóvenes que asisten por mandato familiar pero no se involucran en el aprendizaje, según el informe. Un profesor los describe como “están como zombis, con la visera baja, o miran el celular todo el día”. La imagen es dura, pero ¿es desconexión lo que se refleja? o es la fractura social que los empuja a una presencia sin horizonte.
Los conflictivos son aquellos que reproducen en la escuela la dinámica de la calle y desafían la autoridad. Un directivo los llama “ingobernables”, y un docente los describe como “bravitos, con miradas duras… rebeldes, revoltosos”. Aquí la escuela se convierte en escenario de la tensión social, donde la conflictividad se traduce en etiquetas que corren el riesgo de naturalizar la exclusión.
Dos breves; una, “desafiar la autoridad” es propio de la adolescencia y la juventud; dos, “…dinámica de la calle”, tal vez sería más apropiado leer esa aparente “impostura” como una tipología que recorre las redes sociales, las conductas autoritarias de referentes políticos que pretenden ser “autoridad” por los cargos que ocupan y que en muchos casos, cuando además son funcionarios ejecutivos o decididores parlamentarios, se comportan como parte de esa maquinaria expulsiva que amplía la marginalidad.
El propio informe reconoce que estas tipologías no describen destinos fijos, sino posiciones en trayectorias que dependen de las condiciones de vida. Sin embargo, al nombrarlos así, se instala una semántica que responsabiliza a los jóvenes por su situación, cuando en realidad lo que se está describiendo es la consecuencia de la vulnerabilidad social. La clasificación, más que pedagógica, es un espejo de la fragmentación: muestra cómo la escuela absorbe y reproduce las fracturas de la sociedad.
El mito del ascenso social y la degradación docente
Decimos el “mito”, porque es importante tener presente que si bien la escuela ha sido motor del ascenso social, no podemos soslayar que la construcción curricular siempre se organizó desde los valores de la clase social dominante, la burguesía y sus necesidades. Si bien una parte de los docentes aportan una mirada crítica, también es cierto que ese enfoque cimentado en los valores burgueses fue naturalizado históricamente y adecuados a las distintas coyuntura históricas. Así es como en los últimos años la élite empresarial cooptó la educación para transformarla en otro de sus “nichos” de mercado, pero sin riesgos, porque los convenios —de la desposesión— se financian con dineros públicos.
El informe Escuelas desbordadas todavía se sostiene en la idea de que la escuela puede ser un vehículo de ascenso social. Esa promesa, sin embargo, se ha ido vaciando en paralelo con la degradación del trabajo. La precarización laboral, la pérdida de empleos, el cierre de comercios y empresas, y el desmantelamiento de organismos estatales han convertido el “ascenso” en un mito. En lugar de movilidad social, lo que se observa es un descenso constante, coronado por la reforma laboral que funciona como broche de oro en la degradación del trabajador.
La docencia, especialmente, ha sido objeto de un proceso sistemático de desvalorización. Desde hace más de treinta años, los discursos reformistas insisten en que los docentes “no están capacitados para los desafíos del siglo XXI”. Pero esa acusación es otra falacia: durante tres décadas, fundaciones y ONGs han firmado convenios de capacitación docente con los ministerios de educación nacionales y provinciales. Si el problema estuviera en la formación, habría que preguntarse por qué esas capacitaciones —financiadas con fondos públicos que no se reinvierten en el sistema educativo— no han resuelto nada. Como los créditos de miles de millones de dólares del Banco Mundial y el BID, justamente, “para el mejoramiento de la educación secundaria”.
La pregunta inevitable es si la responsabilidad de la crisis educativa no recae, precisamente, en las políticas que habilitaron el proceso de endoprivatización del sistema, en complicidad con esas mismas organizaciones de la llamada “sociedad civil” y la promoción de los organismos internacionales.
El vaciamiento del carácter público de la educación es el resultado de un proyecto político – ideológico de la crisis capitalista que necesita de manera constante abrir “nuevos mercados” que, bajo la retórica de la modernización y la equidad, ha transferido recursos y funciones del Estado hacia actores privados.
Fundar y CIAS: ¿qué hacen?
Decíamos más arriba que Fundar se define como un centro de innovación en políticas públicas capaz de “transformar evidencia en impacto”, y que el Instituto Universitario CIAS, fundado en 1956 por los jesuitas, se dedica a la formación de líderes políticos y a la investigación social. No son instituciones neutrales ni meramente académicas: Fundar funciona como un think tank tecnocrático que combina investigación aplicada, diseño de políticas y desarrollo de herramientas digitales. Pero es importante, también saber quienes están dando el “respaldo” y ya no nos sorprende encontrar al Banco Mundial, Columbia/Ilas (Institute of Latin American Studies), CAF/Banco de Desarrollo de América Latina, el BID, Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Open Society Foudations — de George Soros— LSC (The London School of Economics and Politicals Science y uno de los organismos rectores de la reforma educativa con un documento clave, como veremos más adelante: la CEPAL, Confederación Económica para América Latina.
Mientras que el CIAS se inscribe en el campo de la formación de élites políticas y la construcción de redes de influencia. Según su propia página web cuentan con el patrocinio de: OSDE, Banco Patagonia, Telecom, Arcor, Banco Galicia, Saint-Gobain, Medifé, Banco Hipotecario, Movistar, Accenture, Siderca y otras tantas empresas más.
En ambos casos, el financiamiento proviene de capitales privados, fundaciones y alianzas corporativas, organismos internacionales más allá de la retórica de equidad y diálogo que sostienen en sus presentaciones.
El lugar desde el cual producen el informe Escuelas desbordadas es, entonces, el de organizaciones que buscan incidir en la agenda pública y legitimar su papel como actores centrales en la definición de políticas educativas. El discurso de justicia social y bienestar compartido convive con una trama de financiamiento que los vincula directamente con bancos, corporaciones y fundaciones privadas. Esa inscripción es decisiva para comprender el sentido del informe: no se trata sólo de un diagnóstico sobre la crisis escolar, sino de un documento elaborado desde instituciones que forman parte de la misma maquinaria de desposesión que ha debilitado el carácter público de la educación en las últimas décadas.
Infobae y la Coalición por la Educación: del diagnóstico a la privatización encubierta
El artículo de Infobae retoma el informe Escuelas desbordadas y lo traduce en su relato sobre la crisis educativa en barrios populares. La narrativa enfatiza tres tipologías de estudiantes —con red familiar, desconectados e ingobernables— y concluye que la escuela perdió su capacidad de garantizar aprendizajes, trasladando la responsabilidad hacia las familias. Bajo el título “Más control en casa, menos aprendizaje en la escuela”, el medio instala la idea de que la solución no está en la política pública, sino en la “sociedad civil” y en herramientas privadas.
En ese marco aparece la recomendación de la Coalición por la Educación, con su plataforma logrosporgrado.com.ar. Allí se ofrece un “Test para medir tus logros” que culmina con un mensaje sobre el rol del Estado:
Esta frase redefine la función estatal, legitimando que el sector privado sea socio en pie de igualdad con el Estado en la provisión educativa.
Detrás de la Coalición aparecen dos organizaciones que articulan apoyos corporativos:
Potenciar Argentina: gestiona fondos como el Covida-20, en alianza con Fundación Alimentaris y la Asociación Civil Sumatoria. Sus ingresos provienen de fundaciones, empresas, organismos públicos nacionales y cooperación internacional, con una cartera diversificada que asegura robustez financiera.
Alianzas corporativas según su propia página web.
Pollera Pantalón: fundada en 2018, se presenta como una red de mujeres por la innovación y el liderazgo. Ha recibido reconocimiento parlamentario y financiamiento a través de alianzas con empresas y organismos internacionales, promoviendo misiones en Reino Unido, Israel y Armenia. Organización con vínculos como Movistar, Fundación Global, Buquebus, Droguería del Sud SA, Banco Comafi, Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI) y otras tantas empresas.
A través de sus referentes aparecen otras relaciones como la Red de Acción Política (RAP) que es una organización que reúne dirigentes políticos de distintos partidos, financiada por corporaciones y bancos, y que funciona como espacio de formación y articulación de elites políticas. Con los siguientes socios y sponsors:
También recibe fondos y capacitación de la NED – Fundación Nacional para la Democracia (1983)– vinculada a la CIA.
Pero retomemos y volvamos a la superficie; Infobae no sólo amplifica el diagnóstico del informe, sino que lo convierte en plataforma para legitimar la intervención de actores privados que ya cuentan con financiamiento corporativo e internacional. La Coalición por la Educación aparece como la cara visible de un entramado donde bancos, empresas y fundaciones se posicionan como proveedores de soluciones educativas, desplazando al Estado de su rol central, tal como lo muestra el desarrollo de este artículo.
Pero hay un poco más para ir cerrando el entramado de desposesión y la producción de la “crisis educativa”.
UNESCO y CEPAL: los rectores de la reforma educativa
En 1992, la CEPAL y la UNESCO publicaron el documento Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. Ese texto se convirtió en un documento rector para las políticas educativas en América Latina y el Caribe durante los años noventa y sigue siendo referencia obligada en la región. Su diagnóstico era el mismo que hoy repiten Fundar, CIAS e Infobae: “la educación en crisis”.
La paradoja es que, lejos de resolver esa crisis, las reformas impulsadas desde entonces han contribuido a profundizarla. Bajo el discurso de la “equidad”, redefinida como acceso a oportunidades más que como redistribución estructural, la educación se concibió como capital humano útil para el mercado. El Estado quedó relegado al papel de garante de continuidad y una sospechosa “calidad” (de los resultados), mientras se legitimaba la participación de empresas, fundaciones y organismos internacionales en la provisión educativa.
El resultado ha sido un proceso de fragmentación creciente: la educación pública se reduce cada vez más a un reservorio para los sectores más humildes, mientras que las capas medias y altas acceden a soluciones privadas o mixtas. La crisis, en lugar de resolverse, se convierte en el argumento que justifica nuevas reformas, nuevas alianzas y nuevas aperturas al mercado.
Desde entonces, la CEPAL y la UNESCO se consolidaron como organismos rectores de la reforma educativa, promoviendo alianzas estratégicas entre gobiernos, corporaciones y sociedad civil. Esa lógica es la que hoy reaparece en Fundar, CIAS y la Coalición por la Educación: el Estado como socio menor, la equidad como discurso legitimador y la apertura del sistema educativo al mercado como condición de modernización.
La pedagogía de la discriminación
El informe Escuelas desbordadas describe la crisis escolar y toma la clasificación de lxs estudiantes surgida de algunas voces de docentes y estudiantes encuestadxs, que delimitan tres categorías —comprometidos, desconectados y conflictivos—. Al sistematizar esas percepciones en tipologías cerradas, el informe las convierte en etiquetas estigmatizantes. Esa operación no es inocente: reproduce el estereotipo de que los sectores populares carecen de disciplina, de apoyo y de capacidad de aprendizaje, reforzando la idea de que la escuela pública es un espacio ingobernable y deficitario.
El problema no es sólo metodológico, sino político. Fundar y CIAS, con sus propios intereses institucionales y financieros, traducen voces reales en un lenguaje tecnocrático que instala una pedagogía de la discriminación y legitima la fragmentación del sistema educativo. No es casual que Infobae, a su vez, reinterprete esas categorías en clave de necesidades “externas”, presentándolas como evidencia de que la escuela pública requiere la intervención de plataformas privadas y coaliciones corporativas.
Así, el diagnóstico de “educación en crisis” se convierte en un dispositivo de clasificación social y de legitimación de formatos de privatización. La escuela pública queda reducida al reservorio de los pobres, mientras que las soluciones privadas aparecen como el camino para quienes pueden pagar. La brutal paradoja es que la reforma, en lugar de resolver la crisis, la reproduce y la profundiza, consolidando un sistema educativo cada vez más desigual y discriminatorio. Otro atributo del capitalismo con su necropolítica y la generación de “nichos” de mercado.
Soberanía del conocimiento y socialización desde abajo
La pedagogía de la discriminación que no sólo reproduce estigmas y legitima la fragmentación, sino que se inscribe en la lógica necropolítica del capitalismo y sus “nichos” de mercado; que naturaliza la desigualdad y la convierte en posibilidades de negocio.
Frente a ello, la educación debe ser concebida como parte de la lucha por la soberanía del conocimiento, por encima de los valores instrumentales del mercado. Esa soberanía sólo puede realizarse mediante la socialización del saber, única posibilidad de que el conocimiento sea un atributo común y no un privilegio de una élite y sus corporaciones.
Se trata de construir otro modelo social y económico que privilegie los intereses colectivos y revalorice lo público como espacio de certidumbre y solidaridad. Ese horizonte exige la renacionalización del sistema educativo, con una gobernanza orientada desde las bases: con la comunidad educativa desde cada escuela, cada distrito y cada jurisdicción; confluyendo en un Consejo de Educación surgido de esas instancias para decidir y transformar las políticas educativas. Sólo así puede ponerse en práctica una verdadera democratización participativa de la educación y del conocimiento —desde abajo, sobre la base del formato de la reforma universitaria de 1918 — capaz de transformar la crisis en oportunidad de emancipación y de construcción colectiva.
Publicada en Huella del Sur 19/4/2026
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