El sumario contra el maestro Federico Puy revela el avance de la pedagogía de la obediencia promovida por el gobierno de Jorge Macri y su ministra Mercedes Miguel, formada en la Fundación Sophia. Mientras se criminaliza el gesto ético de recordar a las infancias de Gaza, se encubre el genocidio con discursos de neutralidad. Toda pedagogía es política: el aula forma o domestica. Puy eligió formar desde la conciencia crítica, como cientos de docentes y por eso es perseguido.
Cuando enseñar se vuelve peligroso
El 11 de septiembre de 2025, durante el acto por el Día del Maestro en la Escuela Normal 5 de Barracas, el docente Federico Puy desplegó una bandera palestina y rindió homenaje a las infancias y colegas que enseñan diariamente bajo bombardeos en Gaza. Lo hizo desde la ética, no desde la propaganda.
Pero las cuestiones éticas no son preceptivas de este gobierno ni de los anteriores del mismo signo (PRO); aunque decimos éste particularmente, por su falta de ética desde el inicio. El actual jefe de gobierno, Jorge Macri, fue hasta su asunción, intendente de Vicente López, partido del conurbano norte, no vivía, ni nació en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo la justicia legalizó esa candidatura espuria.
En esas aguas turbias en donde la ética naufraga y se impone la falsedad y el autoritarismo de Estado, el Ministerio de Educación porteño le inició un sumario por “adoctrinamiento” al maestro Federico Puy, al mismo tiempo que la ministra Mercedes Miguel publicó en X: “La escuela no es lugar para bajar línea política. Es lugar de encuentro, respeto y aprendizaje”. La frase, que pretende neutralidad, encubre la política de silenciamiento que persigue a quienes enseñan con conciencia histórica.
Es una práctica que tiene incorporada en su genética política. También fui docente durante treinta años, en la Escuela Nº 3 del Distrito Escolar 7, Hipólito Vieytes y en mis últimos tres años como rector, durante el segundo gobierno en la Ciudad de Mauricio Macri —primo del actual jefe de gobierno, Jorge Macri— y también soporté amenazas de sumario por parte del mismo signo político, que no pudieron concretar; además de un sin número de auditorías (que nunca se cerraban). En aquel entonces, Mercedes Miguel era Directora de Planeamiento Escolar, aunque tengo que decir en honor a la verdad, que pudimos concretar algunos proyectos pedagógicos, aunque sin financiamiento, por supuesto.
“No hay plata”, no es un “descubrimiento lingüístico” del presidente Javier Milei, es una adicción de los gobiernos capitalistas con mayor énfasis en las derechas que drenan los dineros a los “emprendimientos” privados (el vaciamiento y cierre de aulas frente a las pingues subvenciones a escuelas privadas o convenios con fundaciones, ong o empresas).
La maquinaria del disciplinamiento ya estaba en marcha, se buscaba domesticar la escuela pública, vaciarla de pensamiento crítico y convertirla en espacio de obediencia.
Hoy, esa lógica se reactiva con el caso de Federico Puy. Pero esta vez, el gesto pedagógico se vuelve acto político, y la defensa del maestro se convierte en defensa de la escuela como territorio en disputa entre la tecnocracia administrativa y el pensamiento crítico.
¿Quién adoctrina a quién?
La ministra Miguel acusa a Puy de “bajar línea política”. Pero la Ley de Educación Nacional (26.206) establece en su artículo 11, inciso c, que uno de los fines de la educación es “la formación de una conciencia ciudadana crítica, responsable y comprometida con los valores democráticos”.
¿Acaso nombrar el genocidio en Gaza contradice ese mandato, o lo encarna?
Los documentos de Naciones Unidas son claros. El informe Anatomía de un genocidio denuncia “la destrucción sistemática de infraestructura civil, incluidos hospitales y escuelas” y el titulado: El genocidio como supresión colonial advierte sobre “la hambruna inducida como método de guerra”.
¿Acaso puede un docente ser sancionado por nombrar lo que el derecho internacional ya condena?
La pedagogía no puede ser neutral frente al horror. Y la memoria no puede ser sumariada.
La libertad pedagógica como derecho vulnerado
El sumario contra Federico Puy criminaliza un gesto ético y vulnera uno de los principios fundamentales del trabajo docente, la libertad pedagógica. El Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 6, inciso b, establece que el personal docente tiene derecho a “ejercer la libertad de cátedra en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes”. Este derecho es una garantía para que la enseñanza no se reduzca a la repetición acrítica de contenidos, sino que pueda interpelar, conmover y formar conciencia.
El gesto de Puy —homenajear a colegas que enseñan bajo bombardeos en Gaza— se inscribe plenamente en ese marco. No fue una intervención partidaria, sino una expresión pedagógica situada, que reconoce el sufrimiento humano y lo vincula con el derecho a la educación. Silenciarlo es despojar las infancias del derecho a comprender el mundo en el que viven.
La ministra Mercedes Miguel, al acusarlo de “bajar línea política”, desconoce no solo el Estatuto, sino también el sentido profundo de la tarea docente. Enseñar implica abrir preguntas, nombrar lo que duele y sostener el vínculo entre conocimiento y justicia.
La máquina de impedir
El sumario contra Federico Puy es el síntoma de una maquinaria institucional que opera con precisión para desalentar toda forma de pensamiento crítico en la escuela pública, una verdadera máquina de impedir.
La acusación de “adoctrinamiento” funciona como significante vacío, activado cada vez que un docente se atreve a nombrar lo que incomoda al poder político o mediático.
La ministra Mercedes Miguel, al publicar en X que “la escuela no es lugar para bajar línea política”, reactualiza una lógica que ya se ha desplegado en otros casos. En el ámbito estatal, se han perseguido docentes por abordar temas de derechos humanos, memoria o desigualdad. Y en el ámbito privado, como en el caso de Daniel Otero, docente desvinculado del Instituto San José por expresar públicamente su solidaridad con Palestina, se replica la misma lógica de censura. Aunque se trate de una institución privada confesional, el patrón es reconocible: se castiga el gesto pedagógico que se atreve a nombrar el horror.
Esta maquinaria no actúa sola. Se articula con actores como la DAIA, que en este caso presionó públicamente para que se sancione al docente, confundiendo, deliberadamente, el homenaje a las víctimas palestinas con antisemitismo.
La operación es doble: se criminaliza la memoria y se deslegitima la pedagogía como espacio de pensamiento. Se busca instalar la idea de que enseñar es repetir un curriculum edulcorado, del que ni siquiera han sido consultados lxs docentes, pero no interpelar.
El gesto de Puy desarma esa lógica. Al desplegar una bandera palestina en el acto escolar, no adoctrinó: enseñó. Y al nombrar a las infancias de Gaza, no bajó línea: sostuvo el derecho a la empatía, a la memoria, a la humanidad.
La maquinaria del disciplinamiento no tolera eso. Porque sabe que una escuela que piensa es una escuela que resiste.
Gaza, la escuela y el derecho a nombrar
La escuela pública no puede ser cómplice del silencio. Pretender que el aula sea un espacio “neutral” frente al genocidio es convertir la pedagogía en omisión. El gesto de Federico Puy —desplegar una bandera palestina y homenajear a docentes e infancias de Gaza— fue una intervención pedagógica situada, que reconoce el sufrimiento humano y lo vincula con el derecho a la educación.
Nombrar lo que duele no es adoctrinar: es enseñar. Y enseñar implica tomar posición frente al horror, sostener el derecho a la palabra, y resistir la censura institucional que busca domesticar el pensamiento. La escuela no es un espacio de administración de contenidos, sino un territorio simbólico donde se disputa el sentido de lo que puede ser dicho, recordado, transmitido.
El gesto de Puy interpela esa disputa. Al nombrar Gaza en un acto escolar sostuvo el derecho a la empatía, a la memoria, a la humanidad compartida. Y al hacerlo, reactivó el sentido profundo de la docencia como acto de transmisión ética. Por eso es perseguido.
Pero también por eso es defendido. Porque cuando la escuela se atreve a nombrar, se vuelve peligrosa para quienes prefieren que la pedagogía sea obediencia. Y es en ese riesgo donde se juega su potencia transformadora.
Pedagogía, obediencia y memoria activa
Mientras el maestro Federico Puy homenajeaba a las infancias y docentes de Gaza desde una pedagogía crítica, la ministra Mercedes Miguel se reunía con directivos de la DAIA para reafirmar una política educativa basada en la “convivencia” y el “respeto”. Pero ese respeto, en su versión institucional, excluye la memoria incómoda, censura el dolor ajeno y sanciona la palabra que nombra el genocidio.
El contraste es brutal. Mientras la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, el gobierno de Jorge Macri y su ministra persiguen a un maestro por recordarlo en un acto escolar.
Mercedes Miguel no es una funcionaria improvisada. Fue formada y coordinaba la agenda educativa de la Fundación Grupo Sophia, espacio que promovió reformas tecnocráticas bajo el discurso de la “calidad” y la “eficiencia” durante los años 90 del siglo pasado y principios de éste, con financiamiento de la entonces fundación Banco de Boston y otras entidades de derecho privado. Su director y fundador fue Horacio Rodríguez Larreta y entre sus integrantes también estuvieron Gabriel Sánchez Zinny, María Eugenia Vidal y una larga lista de nombres que fueron (o son) funcionarios gubernamentales y legisladores. Su política siempre tuvo el horizonte privatista y vaciador de lo público, además de su fuerte sesgo persecutorio.
Hoy, desde el Ministerio de Educación porteño, reactualiza esa lógica con la pedagogía de la obediencia: una escuela que no piensa, que no recuerda, que no incomoda. Una escuela que administra, pero no transforma.
Frente a eso, el gesto de Federico Puy, como el de tantos otros y otras maestrxs, encarna otra posibilidad: la de una pedagogía que forma sujetos capaces de pensar el mundo, de interpelarlo, de resistir su injusticia y no de formarlos en la performatividad económica impuesta por lo organismos internacionales y que estos gobiernos suscriben como un dogma. Su intervención no fue un exceso, sino una materialización de lo que Paulo Freire llamó concientización: el proceso por el cual el sujeto que aprende se transforma en sujeto histórico.
Toda pedagogía es política y performativa. No existe la neutralidad. Lo que sí existe es la decisión: ¿Formamos para la obediencia o para el desarrollo intelectual de la conciencia crítica? ¿Educamos para callar o para nombrar?
Estar con Federico Puy es defender esa decisión. Es sostener que la escuela pública no puede ser cómplice del silencio. Es afirmar que enseñar es, también, contar. Y que contar, decir lo incómodo para el poder, en tiempos de censura, es un acto de resistencia.
Nota: ver en la publicación original el video de la intervención en el acto escolar de Federico Puy como testimonio de la falsedad de la imputación sumarial.
Publicado en Huellla del Sur 22/9/2025
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