Las ruinas nuevas: arqueología del presente en tiempos de deshumanización

 

El documental del colectivo Antes Muerto Cine, dirigido por Manuel Embalse con montaje de Tatiana Mazú González construye una poética del residuo, entre el gesto obrero, el montaje experimental y la memoria como forma de resistencia.

Las ruinas nuevas es una producción del colectivo Antes Muerto Cine, espacio de creación que articula cine documental, experimental y político desde una perspectiva crítica y feminista. Integrado por realizadorxs como Tatiana Mazú González y Manuel Embalse, el colectivo trabaja desde el montaje como forma de resistencia, explorando memorias, cuerpos y territorios que el sistema busca silenciar o desechar.

En tiempos donde el guion parece obligatorio y la voz en off una garantía de sentido, Las ruinas nuevas se atreve a montar sin narrar, a excavar sin explicar. Manuel Embalse y Tatiana Mazú González construyen una arqueología del presente con fragmentos tecnológicos, gestos mínimos y una poética del residuo que interpela más que informa. El documental convoca. Y en esa convocatoria el desecho se vuelve forma, pregunta, memoria.

El protagonista de Las ruinas nuevas es un arqueólogo “amateur” del presente. Recolecta cables, plaquetas, pendrives, celulares rotos, restos digitales de CPU que alguna vez prometieron futuro. Su cuerpo no se exhibe, apenas un brazo que escarba entre residuos tecnológicos, como si buscara sentido en lo que el sistema descartó, en un escenario donde la “basura” tecnológica se precipita sobre un paisaje en descomposición, contaminación. El documental irrumpe con fuerza de alegato y al mismo tiempo con un sesgo pedagógico que propone la toma de conciencia frente a la vorágine del capitalismo.

En el desarmadero, el ruido es ensordecedor. Las manos de los obreros desmontan piezas entre chispazos, golpes metálicos y un ritmo que no da tregua. ¿Cuánto tiempo pasa entre que un obrero ensambla un producto y otro lo desguaza porque el mercado decidió su obsolescencia? La voracidad consumista no solo desecha objetos; deshumaniza el trabajo, lo convierte en una corrupción de sí mismo. En ese cruce entre el gesto técnico y el residuo industrial aparece el fantasma de Xu Lizhi, joven poeta obrero que trabajó en la fábrica de Foxconn en Shenzhen, China, ensamblando dispositivos para el mundo entero. Antes de suicidarse en 2014, dejó una serie de poemas, su palabra no ilustra el documental, lo atraviesa. El trabajo manual y la poesía se rozan sin explicarse, como si la película supiera que la memoria no necesita traducción, sino montaje, generación de sentidos.

Las vidas de esos trabajadores también son “desechables”, pero sus voces están en la poesía que rescata lo humano frente al automatismo digital y el desperdicio.

El arqueólogo no es una figura de ficción, es Manuel Embalse, el propio realizador. Su cuerpo aparece fragmentado como su relato, como la escritura de su diario; como si la película se negara a convertirlo en personaje. Pero está ahí, escarbando, arrastrando, coleccionando. Durante diez años recolectó residuos tecnológicos en Buenos Aires, Río Turbio y Lima, Perú. Una arqueología del presente que se inscribe en la cartografía del desecho. Y junto a él, su gato llamado Pendrive, que entra y sale del plano como si recordara que toda arqueología necesita un cable a tierra.

Las ruinas nuevas no se refugia en la abstracción, su vertiente experimental está habitada, tiene temperatura, respira. El vínculo entre el realizador y los objetos que manipula es afectivo y simbólico. Como si el montaje fuera también una forma de cuidar lo que el sistema desecha, de sostener con las manos lo que otros dejaron caer.

A lo largo de la película, el trabajo de Tatiana Mazú González en el montaje, la música y los juegos de imágenes sostiene una tensión constante entre lo documental y lo onírico. Hay una secuencia animada que algunos críticos leen como un desfile de satélites convertidos en bailarines, metáfora de los cientos de miles de toneladas de chatarra espacial orbitando sin destino.

El sesgo surrealista aparece como interrupción. Como si el montaje se permitiera soñar con los residuos, extrañarlos, devolverles una forma que no encaje en la lógica del sentido. El extrañamiento —ese procedimiento formal que obliga a ver como si fuera la primera vez— no se explica. Lo humano se vuelve pregunta.

En la escena final, el arqueólogo realiza un gesto que condensa todo lo anterior. No hay épica, no hay redención. Solo el cuerpo, el objeto, la montaña. El sonido ya no ensordece: raspa. La respiración se agita. Y el plano se sostiene, como si supiera que no hay que explicar nada. Algunos ven el mito Sísifo, otros una forma de duelo. Pero lo que queda es el montaje: una forma de insistir, de cuidar, de resistir. Las ruinas nuevas no clausura, deja vibrando la conciencia del ser.

Nota: Las ruinas nuevas se proyectará los viernes 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre a las 21 hs en CABA, Cinearte Cacodelphia. Una oportunidad para ver en pantalla grande una obra que transforma el residuo en pregunta, y el montaje en forma de conciencia.

Para sacar las entradas entrá en Cacodelphia

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Publicado en Huella del Sur 26/9/2025

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La pedagogía como delito: defensa crítica del maestro Federico Puy frente al sumario por memoria activa

 

El sumario contra el maestro Federico Puy revela el avance de la pedagogía de la obediencia promovida por el gobierno de Jorge Macri y su ministra Mercedes Miguel, formada en la Fundación Sophia. Mientras se criminaliza el gesto ético de recordar a las infancias de Gaza, se encubre el genocidio con discursos de neutralidad. Toda pedagogía es política: el aula forma o domestica. Puy eligió formar desde la conciencia crítica, como cientos de docentes y por eso es perseguido.

Cuando enseñar se vuelve peligroso

El 11 de septiembre de 2025, durante el acto por el Día del Maestro en la Escuela Normal 5 de Barracas, el docente Federico Puy desplegó una bandera palestina y rindió homenaje a las infancias y colegas que enseñan diariamente bajo bombardeos en Gaza. Lo hizo desde la ética, no desde la propaganda.

Pero las cuestiones éticas no son preceptivas de este gobierno ni de los anteriores del mismo signo (PRO); aunque decimos éste particularmente, por su falta de ética desde el inicio. El actual jefe de gobierno, Jorge Macri, fue hasta su asunción, intendente de Vicente López, partido del conurbano norte, no vivía, ni nació en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo la justicia legalizó esa candidatura espuria.

En esas aguas turbias en donde la ética naufraga y se impone la falsedad y el autoritarismo de Estado, el Ministerio de Educación porteño le inició un sumario por “adoctrinamiento” al maestro Federico Puy, al mismo tiempo que la ministra Mercedes Miguel publicó en X: “La escuela no es lugar para bajar línea política. Es lugar de encuentro, respeto y aprendizaje”. La frase, que pretende neutralidad, encubre la política de silenciamiento que persigue a quienes enseñan con conciencia histórica.

Es una práctica que tiene incorporada en su genética política. También fui docente durante treinta años, en la Escuela Nº 3 del Distrito Escolar 7, Hipólito Vieytes y en mis últimos tres años como rector, durante el segundo gobierno en la Ciudad de Mauricio Macri —primo del actual jefe de gobierno, Jorge Macri— y también soporté amenazas de sumario por parte del mismo signo político, que no pudieron concretar; además de un sin número de auditorías (que nunca se cerraban). En aquel entonces, Mercedes Miguel era Directora de Planeamiento Escolar, aunque tengo que decir en honor a la verdad, que pudimos concretar algunos proyectos pedagógicos, aunque sin financiamiento, por supuesto.

“No hay plata”, no es un “descubrimiento lingüístico” del presidente Javier Milei, es una adicción de los gobiernos capitalistas con mayor énfasis en las derechas que drenan los dineros a los “emprendimientos” privados (el vaciamiento y cierre de aulas frente a las pingues subvenciones a escuelas privadas o convenios con fundaciones, ong o empresas).

La maquinaria del disciplinamiento ya estaba en marcha, se buscaba domesticar la escuela pública, vaciarla de pensamiento crítico y convertirla en espacio de obediencia.

Hoy, esa lógica se reactiva con el caso de Federico Puy. Pero esta vez, el gesto pedagógico se vuelve acto político, y la defensa del maestro se convierte en defensa de la escuela como territorio en disputa entre la tecnocracia administrativa y el pensamiento crítico.

¿Quién adoctrina a quién?

La ministra Miguel acusa a Puy de “bajar línea política”. Pero la Ley de Educación Nacional (26.206) establece en su artículo 11, inciso c, que uno de los fines de la educación es “la formación de una conciencia ciudadana crítica, responsable y comprometida con los valores democráticos”.

¿Acaso nombrar el genocidio en Gaza contradice ese mandato, o lo encarna?

Los documentos de Naciones Unidas son claros. El informe Anatomía de un genocidio denuncia “la destrucción sistemática de infraestructura civil, incluidos hospitales y escuelas” y el titulado: El genocidio como supresión colonial advierte sobre “la hambruna inducida como método de guerra”.

¿Acaso puede un docente ser sancionado por nombrar lo que el derecho internacional ya condena?

La pedagogía no puede ser neutral frente al horror. Y la memoria no puede ser sumariada.

La libertad pedagógica como derecho vulnerado

El sumario contra Federico Puy criminaliza un gesto ético y vulnera uno de los principios fundamentales del trabajo docente, la libertad pedagógica. El Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 6, inciso b, establece que el personal docente tiene derecho a “ejercer la libertad de cátedra en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes”. Este derecho es una garantía para que la enseñanza no se reduzca a la repetición acrítica de contenidos, sino que pueda interpelar, conmover y formar conciencia.

El gesto de Puy —homenajear a colegas que enseñan bajo bombardeos en Gaza— se inscribe plenamente en ese marco. No fue una intervención partidaria, sino una expresión pedagógica situada, que reconoce el sufrimiento humano y lo vincula con el derecho a la educación. Silenciarlo es despojar las infancias del derecho a comprender el mundo en el que viven.

La ministra Mercedes Miguel, al acusarlo de “bajar línea política”, desconoce no solo el Estatuto, sino también el sentido profundo de la tarea docente. Enseñar implica abrir preguntas, nombrar lo que duele y sostener el vínculo entre conocimiento y justicia.

La máquina de impedir

El sumario contra Federico Puy es el síntoma de una maquinaria institucional que opera con precisión para desalentar toda forma de pensamiento crítico en la escuela pública, una verdadera máquina de impedir.

La acusación de “adoctrinamiento” funciona como significante vacío, activado cada vez que un docente se atreve a nombrar lo que incomoda al poder político o mediático.

La ministra Mercedes Miguel, al publicar en X que “la escuela no es lugar para bajar línea política”, reactualiza una lógica que ya se ha desplegado en otros casos. En el ámbito estatal, se han perseguido docentes por abordar temas de derechos humanos, memoria o desigualdad. Y en el ámbito privado, como en el caso de Daniel Otero, docente desvinculado del Instituto San José por expresar públicamente su solidaridad con Palestina, se replica la misma lógica de censura. Aunque se trate de una institución privada confesional, el patrón es reconocible: se castiga el gesto pedagógico que se atreve a nombrar el horror.

Esta maquinaria no actúa sola. Se articula con actores como la DAIA, que en este caso presionó públicamente para que se sancione al docente, confundiendo, deliberadamente, el homenaje a las víctimas palestinas con antisemitismo.

La operación es doble: se criminaliza la memoria y se deslegitima la pedagogía como espacio de pensamiento. Se busca instalar la idea de que enseñar es repetir un curriculum edulcorado, del que ni siquiera han sido consultados lxs docentes, pero no interpelar.

El gesto de Puy desarma esa lógica. Al desplegar una bandera palestina en el acto escolar, no adoctrinó: enseñó. Y al nombrar a las infancias de Gaza, no bajó línea: sostuvo el derecho a la empatía, a la memoria, a la humanidad.

La maquinaria del disciplinamiento no tolera eso. Porque sabe que una escuela que piensa es una escuela que resiste.

Gaza, la escuela y el derecho a nombrar

La escuela pública no puede ser cómplice del silencio. Pretender que el aula sea un espacio “neutral” frente al genocidio es convertir la pedagogía en omisión. El gesto de Federico Puy —desplegar una bandera palestina y homenajear a docentes e infancias de Gaza— fue una intervención pedagógica situada, que reconoce el sufrimiento humano y lo vincula con el derecho a la educación.

Nombrar lo que duele no es adoctrinar: es enseñar. Y enseñar implica tomar posición frente al horror, sostener el derecho a la palabra, y resistir la censura institucional que busca domesticar el pensamiento. La escuela no es un espacio de administración de contenidos, sino un territorio simbólico donde se disputa el sentido de lo que puede ser dicho, recordado, transmitido.

El gesto de Puy interpela esa disputa. Al nombrar Gaza en un acto escolar sostuvo el derecho a la empatía, a la memoria, a la humanidad compartida. Y al hacerlo, reactivó el sentido profundo de la docencia como acto de transmisión ética. Por eso es perseguido.

Pero también por eso es defendido. Porque cuando la escuela se atreve a nombrar, se vuelve peligrosa para quienes prefieren que la pedagogía sea obediencia. Y es en ese riesgo donde se juega su potencia transformadora.

Pedagogía, obediencia y memoria activa

Mientras el maestro Federico Puy homenajeaba a las infancias y docentes de Gaza desde una pedagogía crítica, la ministra Mercedes Miguel se reunía con directivos de la DAIA para reafirmar una política educativa basada en la “convivencia” y el “respeto”. Pero ese respeto, en su versión institucional, excluye la memoria incómoda, censura el dolor ajeno y sanciona la palabra que nombra el genocidio.

El contraste es brutal. Mientras la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, el gobierno de Jorge Macri y su ministra persiguen a un maestro por recordarlo en un acto escolar.

Mercedes Miguel no es una funcionaria improvisada. Fue formada y coordinaba la agenda educativa de la Fundación Grupo Sophia, espacio que promovió reformas tecnocráticas bajo el discurso de la “calidad” y la “eficiencia” durante los años 90 del siglo pasado y principios de éste, con financiamiento de la entonces fundación Banco de Boston y otras entidades de derecho privado. Su director y fundador fue Horacio Rodríguez Larreta y entre sus integrantes también estuvieron Gabriel Sánchez Zinny, María Eugenia Vidal y una larga lista de nombres que fueron (o son) funcionarios gubernamentales y legisladores. Su política siempre tuvo el horizonte privatista y vaciador de lo público, además de su fuerte sesgo persecutorio.

Hoy, desde el Ministerio de Educación porteño, reactualiza esa lógica con la pedagogía de la obediencia: una escuela que no piensa, que no recuerda, que no incomoda. Una escuela que administra, pero no transforma.

Frente a eso, el gesto de Federico Puy, como el de tantos otros y otras maestrxs, encarna otra posibilidad: la de una pedagogía que forma sujetos capaces de pensar el mundo, de interpelarlo, de resistir su injusticia y no de formarlos en la performatividad económica impuesta por lo organismos internacionales y que estos gobiernos suscriben como un dogma. Su intervención no fue un exceso, sino una materialización de lo que Paulo Freire llamó concientización: el proceso por el cual el sujeto que aprende se transforma en sujeto histórico.

Toda pedagogía es política y performativa. No existe la neutralidad. Lo que sí existe es la decisión: ¿Formamos para la obediencia o para el desarrollo intelectual de la conciencia crítica? ¿Educamos para callar o para nombrar?

Estar con Federico Puy es defender esa decisión. Es sostener que la escuela pública no puede ser cómplice del silencio. Es afirmar que enseñar es, también, contar. Y que contar, decir lo incómodo para el poder, en tiempos de censura, es un acto de resistencia.

Nota: ver en la publicación original el video de la intervención en el acto escolar de Federico Puy como testimonio de la falsedad de la imputación sumarial.

Publicado en Huellla del Sur 22/9/2025

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El veto de Milei: de lo monstruoso a lo aberrante

 

La alienación social que naturalizó el ajuste empieza a quebrarse. Lo monstruoso se vuelve aberrante y lo público vuelve a nombrarse como lo que nunca dejó de ser, el lugar de los derechos.

Veto contra la educación y la salud

Los nuevos vetos del señor presidente a la Ley de Financiamiento Universitario a través del decreto 647/2025 y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica del Hospital Garrahan con el decreto 651/2025 van mucho más allá de decisiones administrativas, son actos de clausura simbólica. El saber y la infancia, dos formas de lo común, son expulsados de un presupuesto que solo existe en las aciagas teorías económicas del topo que vino a destruir el Estado.

La realidad indica que la Ley de Financiamiento Universitario es apenas un parche económico como bien se demuestra en las principales disposiciones que se exponen en su texto:

Actualización de gastos de funcionamiento: Se exigía al Poder Ejecutivo Nacional la actualización de los fondos destinados a gastos operativos de las universidades al 1 de enero de 2025, basándose en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde mayo hasta diciembre de 2024. Adicionalmente, se establecía que estas actualizaciones se realizarían de manera bimestral a lo largo de 2025.  

Recomposición y actualización salarial: La ley instruía la actualización de los salarios del personal docente y no docente para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la ley, con un porcentaje no inferior a la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Se especificaba que los aumentos salariales debían ser remunerativos y bonificables. Además, se exigía la convocatoria a paritarias obligatorias y la actualización salarial mensual, garantizando que no estuviera por debajo de la inflación publicada por el INDEC.  

Incremento progresivo del presupuesto: Un punto fundamental de la ley era la propuesta de aumentar progresivamente la participación del presupuesto universitario en el PBI, pasando de un 1% en 2026 a un 1,5% en 2031.  

Creación de fondos específicos: El proyecto también preveía la creación de un fondo anual de 10.000 millones de pesos para promover carreras estratégicas para el desarrollo del país, así como la ampliación progresiva del monto y número de becas estudiantiles.  

Mientras que el texto de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica tenía como propuestas principales los siguientes puntos:

Declaración de emergencia: El Artículo 1 declaraba la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y en las residencias nacionales de salud en todo el territorio argentino por un plazo de dos años.  

Asignación de recursos: El Artículo 3 priorizaba la asignación inmediata de recursos para bienes, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas y personal para la atención pediátrica. El Artículo 7 establecía la prioridad de los programas de salud infantil y adolescente en la asignación y ejecución presupuestaria.  

Mejoras salariales y exenciones impositivas: La ley preveía una recomposición salarial inmediata para todo el personal de salud y los residentes, que no podía ser inferior a los términos reales de noviembre de 2023. Además, un punto central era la exención del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud en actividades críticas, horas extras y guardias.

La justificación de ambos vetos es, en esencia, la misma: la defensa del superávit fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo y de acuerdo con los repetidos discursos presidenciales el “no hay plata” es simplemente la pantalla de los verdaderos objetivos que están en la visión ideológica del señor presidente sobre lo público y en su obediencia a las políticas de vasallaje del Fondo Monetario Internacional profundizada por su obscena devoción colonial; su admiración patológica a Donald Trump y su deslumbramiento por la asesina de guerra, Margaret Thatcher, lo confirman.

Lo monstruoso como prefiguración, lo aberrante como despliegue

En noviembre de 2023, antes de la asunción presidencial, escribía en el artículo, Lo malo y lo monstruoso, que “el proyecto neoliberal intrínseco a la alienación y el fetichismo, para utilizar las categorías de Marx en cuanto a lo social y a la relación con el mercado es a lo que venimos asistiendo de manera tradicional, pero un objetivo aún más sórdido: la deshumanización total como nuevo horizonte teleológico con un feroz componente antisolidario es lo que se avecina, en nombre de la “libertad” de los antiderechos”.

De ahí que vuelvo a tomar ese concepto de lo monstruoso para el presente artículo, encarnado en Asterión, el minotauro de la mitología griega pero con el giro borgeano del relato “La casa de Asterión”, porque en este relato el minotauro es el narrador.

Lo monstruoso, en política, no es lo desconocido, sino lo que se naturaliza en nombre de la racionalidad contable; de ahí las expresiones de quien sería, un mes después, el señor presidente: “…el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina…”, esa era una de las manifestaciones más claras (valga el oxímoron) de ese oscuro objeto del deseo mileiniano motorizado por su odio intrínseco a lo público, lo común, lo colectivo, como lo fuimos comprobando y lo continuamos haciendo desde el acto de asunción presidencial de espaldas al Congreso.

¡Valga la paradoja! El mismo Congreso que sirve de excusa para que la ministra Patricia Bullrich ordene a “sus” fuerzas de (in) Seguridad apalear jubilados y reprimir protestas, gasear manifestantes y periodistas como decisión de resguardarlo de quienes invocan su funcionamiento, el pueblo.

Encerrado en su palacio de eficiencia, el Minotauro redacta decretos, recorta presupuestos, cancela derechos. Como en el relato de Borges, el monstruo es el narrador. Se piensa a sí mismo como víctima, como genio incomprendido, como mártir de una libertad que exige sangre institucional.

Milei no representa, simplemente, una radicalización del neoliberalismo, sino una mutación simbólica: la estetización de la crueldad, la glorificación del despojo, la conversión del Estado en un campo de exterminio físico y simbólico.

La figura del Minotauro, retomada desde el relato borgeano, no es una metáfora decorativa, es una clave de lectura. El monstruo que narra su encierro, que justifica su violencia como libertad, que convierte el laberinto en dogma, anticipaba el veto como forma de gobierno. De clausura de lo común.

Hoy, con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica lo monstruoso se vuelve aberrante. Es una práctica sistemática de desposesión. La aberración como método. Lo que en noviembre de 2023 era advertencia, hoy es archivo de prueba.

El laberinto se le vuelve contraescena

La política del monstruo no se sostiene solo por sus decretos, sino por las naturalizaciones que lo rodean. Durante meses, amplios sectores sociales aceptaron el despojo como destino, el ajuste como virtud, el veto como eficiencia. Esa aceptación no fue por convicción política, es producto de la  alienación. Una forma de despojo simbólico donde lo común – la universidad, el hospital, la ley de discapacidad, las jubilaciones – se volvió ajeno.

Pero la alienación tiene límites. Y hoy, esos límites empiezan a quebrarse. La derrota electoral en Provincia de Buenos Aires, el revés parlamentario en la ley de discapacidad, las movilizaciones universitarias, el paro del Garrahan, las movilizaciones de los miércoles de los jubilados, las protestas que se multiplican por los despidos, los escándalos de corrupción que involucran a la hermana presidencial, todo indica que el monstruo ya no narra solo. Su relato se fragmenta. Su poder simbólico se erosiona.

Sin embargo, el sostenimiento del veto a la ley de aumento a las jubilaciones, logrado en Diputados con apoyo de sectores aliados, muestra que cierta normalización de lo monstruoso aún conserva capacidad de blindaje en un sector de quienes se dicen representantes.

La universidad, la salud, la discapacidad, la vejez, la educación pública son territorios de derecho y memoria. Se trata de la disputa por el sentido desde una trama colectiva, no desde la espera de un héroe.

Porque si el monstruo es el que narra desde el encierro, la política es la que escribe desde lo común, las calles, las plazas. Y en esa grieta, lo público vuelve a nombrarse como lo que nunca dejó de ser: espacio de lo justo, de lo posible.

En la Provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza pierde por trece puntos. En los pasillos del Estado, los casos de corrupción ya no se ocultan, se filtran, se exhiben, se banalizan. El minotauro sigue narrando, pero sus muros ya no son invulnerables. El laberinto se resquebraja. Y en ese resquicio, la memoria pública, la universidad y el hospital vuelven a nombrarse como territorios de resistencia y despliegue del poder público contra la ingeniería de destrucción estatal implementada por el señor presidente y su cohorte.

Imagen de portada: Abrumado 2.0

Publicado en Huella del Sur 12/9/2025

Censura y performatividad estatal

 

El fallo del juez Alejandro Maraniello, al prohibir la difusión de los audios vinculados a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, configura un acto de censura previa, prohibido explícitamente por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que se inscribe en la lógica más profunda de performatividad estatal. Se trata de silenciar la información incómoda y de escenificar desde el aparato judicial una forma de disciplinamiento que busca reinstalar los límites de lo decible en el espacio público.

La espuria denuncia presentada por la ministra de (in)Seguridad, Patricia Bullrich, que derivó en pedidos de allanamiento a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, desestimadas por el opaco fiscal Carlos Stornelli, opera como dispositivo ejemplarizante; se construye una narrativa de “inteligencia ilegal” para justificar la intervención estatal sobre el periodismo de investigación, desplazando el eje del debate desde el contenido de los audios hacia la legitimidad de quien los difunde.

En ese gesto, el Estado censura y performa su autoridad, intenta reconfigurar el campo de lo legítimo y lo ilegítimo (a su antojo) con la puesta en práctica habitual de la pedagogía del miedo, en un contexto donde el Estado parece más interesado en blindar los actos espurios de las figuras del poder que en proteger el derecho a la información.

Es necesario que recordemos que, además de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece taxativamente que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Cartografía de la resistencia parlamentaria

La Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocó a instancias de quién la presidió, su vicepresidente, el diputado Christian Castillo (PTS/FIT-U), ante la negativa de la presidenta María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) a habilitar su funcionamiento y que tampoco estuvo presente.

Sin el oficialismo presente, salvo por el bloque disidente “Coherencia”, se configuró un espacio transversal  contra el fallo “exprés” del juez Maraniello a la medida de la denuncia presentada por Patricia Bullrich.

En ese contexto, las intervenciones de los diputados presentes delinearon una cartografía política y ética de confrontación institucional frente al avance del disciplinamiento político/judicial, que intenta el gobierno a través de un juez con nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura que van desde el abuso laboral, la violencia de género, presunto desvío de fondos públicos y dictar sentencias contrarias al derecho, como es en este caso de la prohibición de la difusión de los audios de Karina Milei.

El diputado Castillo, como vicepresidente de la comisión, fue quien abrió el espacio para que los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico pudieran exponer públicamente. Su gesto político rompió el cerco impuesto por la presidenta oficialista de la comisión, María Emilia Orozco y reactivó el debate sobre las garantías constitucionales vulneradas.

En su intervención el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) advirtió sobre la crueldad estatal sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, porque son el 10% de la población “las personas con discapacidad (…) no es que la gente no hace los trámites es que no se los firman, les mandan médicos que no los atienden para hacer el certificado primero…”

Esteban Paulón (Socialismo) denunció la parálisis institucional de la comisión y recordó algunos de los delirios de la ministra Bullrich que habló de un plan de inteligencia paralela, y frente a esto Paulón se preguntaba: “a dónde fueron todas las ampliaciones presupuestarias de inteligencia en Argentina; a espiarse entre ellos, a tirarse carpetas entre distintos bandos de un mismo gobierno o nos están cuidando en un país que ya fue víctima del terrorismo internacional (…) o están tirándose carpetas y la plata es para adornar a algunos periodistas y para ver como juegan a la guerra de guerrillas adentro del gobierno…”; para cerrar enfatizando que el juez Maraniello va a sumar otra denuncia porque “hemos presentado un juri de enjuiciamiento por prevaricato porque decretar la censura previa en la Argentina es una acción inconstitucional, merece una sanción y ese juez no tiene que estar un segundo más en la judicatura, ni renunciado cobrando jubilación de privilegio, ni ejerciendo como juez…”

Carlos D’Alessandro (bloque Coherencia), ex integrante de La Libertad Avanza, se desmarcó con claridad: “Hostigar y callar al que piensa distinto no es libertad”. Criticó el vaciamiento del eslogan presidencial “Viva la libertad, carajo”. Fue contundente al afirmar: “… rechazamos y aborrecemos y denunciamos este atropello a la libertad de expresión porque cada vez que se persigue a un periodista, cada vez que se censura un medio, lo que en realidad se está atacando es el derecho del pueblo a estar informado…”. Su presencia marcó una fisura interna en el oficialismo y aportó legitimidad a la denuncia parlamentaria.

Leandro Santoro (Unión por la Patria) fue categórico cuando describe el accionar del gobierno: “… desde el poder político se trata de instalar la idea de quienes denuncian a LLA no son periodistas, son espías y si hay algo que los a caracterizado a ustedes -refiriéndose a Rial y Federico- en toda su trayectoria y a la gente que está en el equipo periodístico de ustedes, es haber hecho del periodismo una bandera siempre. Son ellos los que se disfrazan de servidores públicos para robar y es esto lo que les ha molestado, por eso la violencia que va contra ustedes, porque lograron desenmascarar un sistema corrupto que mientras ajustaban a las personas con discapacidad, robaban a las prestaciones tanto de servicios como de medicamentos…”.

Vilma Ripoll (MST-FIT-U) fue otra de las voces más enfáticas. Denunció que “los audios estos no son ajenos a Milei (…) es el jefe de toda esa mafia”, y propuso avanzar con el juicio político al presidente. Además, llamó a conformar una comisión investigadora independiente, integrada por “personalidades que todavía quedan en el país, como Adolfo Pérez Esquivel, periodistas…”, desplazando el eje del debate desde el aparato judicial hacia la sociedad civil organizada.

Por su parte, Myriam Bregman dirigente del PTS/FIT-U, hablo por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y, como era de esperar, articuló la defensa de la libertad de expresión, “pero que no se cambie el eje central que es el recorte en el área de discapacidad (…) lo primero que hay que diferenciar es que se está violando un derecho que está protegido por la Constitución nacional, por los tratados internacionales (…) Patricia Bullrich para instalar la figura de terrorismo para que avale su accionar (…) Ahora están bebiendo de su propia medicina porque montaron aparatos de inteligencia paralelos, reforzaron la SIDE, Patricia Bullrich se dotó de toda una legislación y de presupuesto, para ir armando a la Policía Federal y las distintas agencia que ella tiene de seguridad como aparatos de inteligencia paralelos (…) es todo ilegal lo que están haciendo, violan la ley de inteligencia armando aparatos paralelos (…) todo con dinero del Estado, con dinero que recortan a áreas sociales para pasarlos ahí. Un primer llamado que quiero hacer es (…) el Congreso que se autoconvoque y derogue toda esa legislación represiva (…). No vamos a parar hasta que Patricia Bullrich y todos sus cómplices terminen en la cárcel y todos estos que jugaban a hacerse los vivos con el dinero de la discapacidad van a saber que no los vamos a olvidar que adonde vayan los iremos a buscar…”

Convocó a una movilización nacional para el miércoles 10 de septiembre: “Vamos con esta pelea hasta el final. Contra la censura, contra las persecuciones, en unidad con jubilados y personas con discapacidad”. Su intervención recuperó la calle como espacio de resistencia frente al blindaje institucional.

Esta cartografía no solo registra voces disidentes, sino que configura un mapa de reacciones éticas frente al intento de censura previa. En un escenario de judicialización del periodismo y blindaje institucional, la comisión autoconvocada se erige como contra-escena, como un espacio de defensa activa del derecho a la información, la libertad de expresión y la democracia como práctica crítica, contra la sistematización de la corrupción y en defensa de los derechos de los vulnerados.

Hace mucho tiempo que el poder judicial se convierte en brazo operativo del blindaje político, pero ahora con un ingrediente que reaparece: la censura se disfraza de legalidad.

Esta comisión autoconvocada recupera el sentido de lo público (aunque sea por un rato), toma su lugar en la representación (aunque sea por un rato), reabre la pregunta por el lugar de la verdad (aunque sea por un rato).

La resistencia parlamentaria, aún fragmentada, se vuelve archivo vivo de una disputa que excede lo coyuntural; es la defensa de lo decible frente a la maquinaria del miedo. Aunque, siempre conviene recordarles – con la convocatoria de Bregman mediante – a los representantes del pueblo, sobre todo a aquellos que no tienen el ejercicio y constituyen la mayoría, que la resistencia y la lucha están en las calles.

Publicado en Huella del Sur 3/9/2025

Video de la sesión completa de la Comisión de libertad de expresión.

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