Educación como servicio estratégico esencial

 

Un proyecto de desposesión

El título de esta nota es, literalmente, el que le asignaron al dictamen de mayoría en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley impulsado por el PRO, complementado y secundado por la UCR, LLA, Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica y que se debatirá este miércoles en la sesión ordinaria.

El pasado 26 de junio hemos analizado en Esenciales y huelguistas, artículo publicado en este portal, el mencionado proyecto. Análisis que mostraba la distorsión constitucional sobre el derecho a huelga y evidenciaba la pobreza argumentativa en la modificación de otras leyes como la propia Ley de Educación Nacional (26.206) en la que el proyecto modifica el artículo 3 para incorporar la noción de “servicio estratégico esencial”.

Por otra parte, la ley de Régimen Laboral (25.877) en el artículo 24 establece, en cuanto a los conflictos laborales, que: “…actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberán garantizar servicios mínimos para evitar su interrupción.  Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, el control del tráfico aéreo” y que dicha interrupción “pudiere poner en peligro la vida, la seguridad, o la salud de toda o parte de la población//Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo”. Cabe señalar que la Educación tampoco forma parte de los servicios esenciales de la OIT.

Tampoco es esencial en un sentido epistemológico, ni pedagógico, ni jurídico, según el propio ordenamiento internacional del trabajo y el nacional, salvo que el proyecto de marras lo imponga modificando parte del articulado de las leyes antes citadas, del convenio de la OIT con rango constitucional y de la propia Constitución en lo referido al derecho a huelga: “…Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga…” (art. 14 bis).

Para adherir a la huelga no existe un permiso que otorga, discrecionalmente, la patronal, según un listado excel, previamente confeccionado por la autoridad escolar; la huelga es el derecho real y manifiesto a la protesta que tienen todxs los trabajadorxs. La educación no es esencial, porque no es un servicio; en cambio sí, la huelga es un derecho.

Brevemente, otro enfoque se hace necesario para contextualizar la necesidad del gobierno de legalizar proyectos como este, que establece la educación como servicio esencial.

En una primera aproximación y como los sindicatos docentes lo manifiestan, de lo que se trata es de un claro recorte o directa anulación del derecho a huelga, por ende, el derecho a la protesta queda coartado si este proyecto se convirtiera en ley.

Es archisabido el recorte presupuestario que efectuó la administración de Javier Milei en los fondos que deberían estar destinados al área educativa en concordancia con sus políticas de ajuste social para consolidar un sistema de desposesión en sentido amplio.

Recordemos que, en un reportaje otorgado al portal The Free Press, el señor presidente había expresado, claramente: “…amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro…”. Es importante no perder de vista la intencionalidad y el fin presidencial en su perversa relación con el Estado, porque solo bajo esos parámetros, sus equipos de disciplinamiento avanzan para profundizar el modelo de desposesión, directamente proporcional a la instalación de dispositivos de persecución y alienación.

En el universo del capital y las mercancías el control se naturaliza y el proceso de alienación opera libremente. En el caso puntual del docente, se presenta en la imposibilidad de pensarse con otrxs en la tarea, en las actividades, alejadxs de sus objetos de trabajo y de sus marcos teóricos, pedagógicos y didácticos suplantados y mediatizados por una plataforma digital que acelera su degradación en “facilitador” y en lo inmediato, mayor distanciamiento de su vínculo con los estudiantes por el ingreso de la Inteligencia Artificial.

No podemos, para este análisis, segmentar la totalidad de la degradación programada de la docencia, lo tenemos que hacer como consecuente con la precarización salarial del trabajo y la pauperización de la subjetividad.

En ese escenario, de obsolescencia programada, que muchos venimos analizando desde hace décadas, es que pueden aparecer proyectos como el que aquí estamos tratando para poder enfocar desde un lugar más amplio que el de un conflicto puntual.

Lo esencial (si se me permite el término) del proyecto es normalizar la idea de servicio, una vez que se produzca la “aceptación” generalizada de que la educación es un servicio se pavimentan los caminos para regular el mercado educativo como tal.

Con idéntica operaciones naturalizaron a nivel mundial y con escasas o nulas resistencias, que toda la educación es pública y lo que la diferencia es la gestión; concepto que también fortalece la noción de servicio educativo, que trataron de imponer en los 90 con la Ley Federal y que se intenta reponer con este proyecto de ley.

Aunque no lo vamos a debatir acá, tendría que llamar la atención cuando nos imponen y normalizan conceptualizaciones tales como “gestión de los aprendizajes”, solo posible en el paradigma de educación por competencias al que nos llevaron, también sin resistencia epistemológica, porque no se trata de la novedad, o de que lxs docentes tenemos la imposibilidad del cambio hacia un nuevo paradigma, se trata de que el “nuevo” paradigma surge del proceso continuo de la mercantilización del conocimiento y en ese proceso la precarización y estigmatización son las armas para el debilitamiento social.

¿Cuál es el sentido del desfinanciamiento brutal de las universidades nacionales que también están en una jornada de lucha y que es muy probable que no inicien las actividades la segunda parte del año?

Seguramente quebrar la autonomía universitaria también debilitada por las políticas de ajuste que no son actuales, sino que llevan años, aunque ahora el desfinanciamiento se radicalizó tanto, que no sería incongruente pensar que el gobierno deje que avance el conflicto para implementar su programa de cierres o fusiones, como contragolpe a la histórica marcha del 23 de abril.

Cuando el propio presidente dice que está librando una guerra cultural, en educación su batalla es para la continuidad y profundización de las políticas de privatización, con la docencia en una franca lucha desigual, en muchos casos sin el acompañamiento de sus propias cúpulas sindicales y en otros, a pesar de ellas.  

No cabría preguntarse, ¿por qué al gobierno, que nada le interesa la educación, a la que también le quitó la jerarquía ministerial, está dispuesto a intervenir con un proyecto que ni siquiera es de educación en sentido estricto, sino de declaración de “servicio” esencial?

Me permito arriesgar que una de las respuestas es que lo que le interesa es el avance en la consolidación del mercado educativo; puesto que un servicio, también puede ser tercerizado.

No olvidemos que el sistema de vouchers es también un dispositivo del paradigma mercantil de la educación porque genera la competencia entre escuelas por la disputa de la matrícula.

Innumerables ong, fundaciones e incluso empresas EdTech están esperando ansiosas la regulación del mercado educativo. En Argentina es más complejo porque todavía y a pesar de las interminables y constantes diatribas contra la educación y la escuela públicas, sumado a la falta de inversión, siguen teniendo un rango alto de estima popular.

Sin embargo, los mecanismos de endoprivatización son crecientes, con el advenimiento del capitalismo digital y sus plataformas de tecnología del aprendizaje, como ya hemos desarrollado en artículos anteriores.

Lo importante es que podamos ver, anticipar, que estas jugadas del ajedrez político responden a la totalidad de la partida, en el caso puntual que nos ocupa del proyecto de Educación como servicio esencial, en la superficie aparece la confrontación directa contra el gremio y la sindicalización; en la esencia el ánimo privatizador de un servicio regulado por su propio mercado.

Este miércoles el conjunto de la docencia luchadora estará donde tiene que estar, en el Congreso para mostrarle su decisión por el NO a este proyecto de mercantilización y control a los diputados que tendrán que optar por darle curso legal como pretenden los bloques asociados al oficialismo, firmantes del dictamen y de esa forma entregarle al gobierno más “herramientas” para que el “topo” sienta la perversa felicidad de que su proyecto de destrucción se va consumando, o votar en contra para dar una señal de que la educación común, pública, científica y gratuita todavía vale la pena y dar la pelea junto a lxs docentes contra los mecanismos de desposesión, lo que constituiría un gesto pedagógico de quienes se perciben representantes del pueblo y lxs trabajadorxs.

Darío Balvidares

Imagen destacada Izquierda Diario

Publicada en Tramas 13/08/22024