El gobierno acaba de anunciar el “Programa de Asistencia de Vouchers Educativos para la Clase Media” en escuelas de gestión privada que reciban subvención estatal no menor al 75%.
Fiel a lo anunciado en la campaña política, empieza el ensayo de la voucherización del sistema educativo con el subsidio a la demanda. Si bien se desregularon los aranceles de las cuotas en esas escuelas, liberando el mercado privado de la educación, ahora ofrece la “ayuda”, temporal, a ese sector social, tipificado como “clase media”. Temporal, porque de acuerdo con la Resolución 61/2024 emanada del ministerio de Capital Humano, firmada por Sandra Pettovello, dicha asignación será para los meses de mayo, junio y julio.
De acuerdo con la resolución, serían alcanzados por este programa asistencial dos millones de estudiantes, aproximadamente distribuidos en 6.000 escuelas privadas del país cuya cuota no supere los $54.396 (cuota base de marzo jornada simple), pero para ello, la familia tiene que cumplimentar otro requisito, el ingreso familiar no debe ser superior a siete salarios mínimos, vitales y móviles, lo que hace alrededor de $1.419.600 para obtener su voucher por el 50%, es decir, $27.198 por hijo hasta los 18 años de edad. Lo que fue dado a conocer en el siguiente comunicado.
Más allá de la asistencialidad a la “clase media”, la decisión política constituye una contradicción libertaria, al mismo tiempo que una provocación. La primera es en relación con sus concepciones filosóficas de libre mercado, la desregulación arancelaria de las cuotas y continuar con la exención de los aportes patronales en beneficio de los dueños de las escuelas privadas va en sintonía con el desquicio mercaderil de las “fuerzas del cielo”; pero crear un programa de asistencia más, vía voucher (subsidio a la demanda), además de mantener los subsidios a las escuelas privadas (subsidio a la oferta) es una contradicción flagrante. Además de una provocación, cuando se han suprimido los aportes del Fondo Educativo a las provincias; del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) (suma que se integraba al salario de maestrxs y profesorxs de manera directa); además de la desfinanciación y cierre de las universidades; las precarias sumas ofrecidas en paritarias salariales; toda una batería que hiere de muerte a la educación pública para imponer un régimen de privatización de facto, que ya venía avanzando y que no es privativo de las “fuerzas del cielo”, sino de la lujuriosa mercantilización que impone la razón instrumental impulsada por la reforma educativa a nivel global.
El desvarío libertario
No hay duda que las espurias interpretaciones libertarianas sobre la realidad tienen un marcado sesgo doctrinario, como hemos podido apreciar en el artículo en el que analizamos el discurso del señor presidente en el colegio Cardenal Copello, bajo el título: La pedagogía del opresor y la didáctica de la egolatría.
En este caso, la interpretación que realiza la ministra, Sandra Pettovello, sobre la Ley de Educación Nacional (LEN 26.206), en la resolución que da origen al programa asistencial que otorga los vouchers temporales a las familias de “clase media” para que continúen enviando a sus hijxs a las escuelas privadas, es la confirmación del perverso velo doctrinario.
Entre los considerandos, la ministra cita algunos de los incisos de los más de veinte que tiene el artículo 11 de la mencionada ley y el “e” dice: “… garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad…”
Más adelante cita otros dos artículos, 79 y 80: “…se encomendó al entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que fijara y desarrollara políticas de promoción de la igualdad educativa, para lo que se proveerá de recursos económicos a los alumnos, familias y escuelas que se encuentren en situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación”.
Y posteriormente agrega: “Que en el contexto actual, producto de la situación económica heredada, se hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal…”, para llegar a la siguiente conclusión: “para ello resulta pertinente la creación del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, dedicado a la atención de las situaciones antes descriptas mediante una prestación temporaria a favor de las familias con menores recursos para que puedan afrontar el costo que supone la educación de sus hijos”.
Hasta el célebre sofisma de Zenón de Elea, sobre la carrera entre Aquiles y la tortuga, en la que, de acuerdo a su intrépida interpretación matemática, es la tortuga la ganadora, es mucho más convincente que el delirio interpretativo de la ministra integrante de las “fuerzas del cielo” para justificar más dineros que no van a la educación pública, porque “no hay plata”, aunque el desvío presupuestario sea evidente.
Según la ministra, la textualización de la LEN que indica que la asignación de recursos se otorgue con prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en su libertaria interpretación, los “desfavorecidos” son quienes eligieron la educación privada, que también sostiene el Estado, el mismo Estado que los libertarios como la ministra y señor presidente, detestan.
También, interpreta la ministra, que las escuelas privadas son las que se encuentran en situación de “injusticia, marginación y discriminación”, todo como “producto de una situación heredada”, afirma. Y llega a la conclusión, que la “herencia” afecta el derecho a la educación de quienes concurren a las escuelas privadas subvencionadas.
Es cierto que desde hace décadas han puesto en crisis la educación pública y se promocionó como nunca la educación privada que tuvo un crecimiento exponencial, pero hablar de “situaciones heredadas” cuando fue el propio señor presidente, quien desreguló los aranceles, como lo hizo con las empresas de salud, es impune. Fueron las propias escuelas privadas las que establecieron los aumentos desmesurados que se les antojó en virtud del brutal crecimiento inflacionario generado por la devaluación del peso y la liberación de las “fuerzas del mercado”, más cercanas al inframundo del Hades que al “cielo” que esgrime el señor presidente.
También en la interpretación de la ministra, las familias con menores recursos son las que envían a sus hijxs a las escuelas privadas con aporte estatal, a las que se les otorga el voucher “para que puedan afrontar el costo que supone la educación de sus hijos”.
Es necesario reflexionar que el derecho a la educación no remite al derecho a la educación privada, porque de lo que se trata es del derecho a la educación, no al mercado de la educación.
El derecho a la educación no se cercena, por no acceder a la educación privada, se cercena con el desfinanciamiento de la educación pública, justamente con el desvío de fondos para financiar el mundo privado de la educación.
Así como los miles de millones de los dineros públicos que se llevan en los convenios con las fundaciones y ong empresariales por el negocio de la capacitación docente en confluencia con universidades privadas de élite, que también salen de los presupuestos para educación pero terminan en el negocio corporativo.
El avance de dispositivos de las características del voucher, conllevan a la segregación social, como indica el origen de su historia, también promociona la competencia entre escuelas y docentes, pero fue demostrando su fracaso en el mundo desde su aparición en Estados Unidos en 1896.
La educación pública sigue siendo lo distintivo de Argentina por eso la necesidad de destruirla que tienen estas minorías que traman nuestro destino.
¿Cuánto falta, para que estos “ensayos” comiencen a naturalizarse en un momento donde el grueso de la población experimenta el shock al que nos somete el régimen libertario que impone el señor presidente en su rol de gerente del poder económico?
Es absolutamente necesario recuperar, con más fuerza que nunca, los conceptos de educación común, pública, científica y gratuita y resignificarlos en clave de las pedagogías críticas, para que no deje de ser un derecho humano y para que contribuya en la transformación que nos permita salir de este engaño que pregona una concepción de “libertad” emparentada con el “asesinato social” perpetrado por las minorías que traman nuestros destinos.
Darío Balvidares
Imagen destacada: De Chivilcoy
Publicado en Tramas el 22/03/24
No hay comentarios:
Publicar un comentario