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lunes, 2 de agosto de 2021

Murieron, no es tragedia, es encubrimiento


 

Por Darío Balvidares (especial para Contrahegemonía y reproducido en tramas.ar)

    En la tragedia griega los designios de los dioses definen las trayectorias de las vidas humanas, solo que el sentimiento trágico ocurre en personajes elevados, es decir, reservado a la casta dominante, donde la construcción acechante del destino decide sobre la vida y la muerte de ciertos personajes.

Sucede que actualmente, aunque no del todo fuera de la representación, un acontecimiento es denominado como tragedia por la dimensión y el imprevisto (algo que no debería haber sucedido, sucedió y cobró vidas humanas), justamente, lo contrario de la tragedia en términos literarios, donde el destino es insoslayable.

Ahora, sí. Lejos de la poética de Aristóteles, donde el héroe trágico se “equivoca” y va en contra de los designios divinos, lo que hoy se nombra como “tragedia” no es más que el encubrimiento de grados de responsabilidad, por ejemplo, cuando explota una escuela.

A 3 años de la explosión de la escuela 49, Nicolás Avellaneda, de la localidad de Moreno en la provincia de Buenos Aires, en la que murieron Sandra Calamano, vicedirectora y Rubén Rodríguez, auxiliar; el caso fue elevado a juicio con cuatro procesados: el gasista, Christian Ricobene, quien además tenía su licencia vencida desde 2015 e, incluso, sólo lo habilitaba para instalaciones domésticas; Sebastián Nasif, el ex interventor del Consejo escolar de Moreno, por incumplimiento de los deberes de funcionario público; al igual que Mónica Berzoni, ex presidenta del Consejo, la que fue separada del cargo ante la decisión de la intervención. Y Jorge Oscar Galian del área de Infraestructura, también acusado con la misma tipificación.

Más allá de lo que pueda suceder con las penas en el juicio oral, que todavía no comenzó y del que el propio juez de la causa, Gabriel Castro, sobreseyera a otros cuatro imputados, porque la fiscal Gabriela Urrutia no encontró pruebas que pudieran determinar el procesamiento; tres de los procesados coincidieron en que se contratara al cuarto procesado, el gasista de matrícula vencida y sin la habilitación correspondiente.

 

El universo ético de la eficiencia y la acumulación de falsedades

 

Un panorama judicial detenido, si bien ya están delimitadas las responsabilidades ejecutivas, aunque parezca que las dos muertes, que no deberían haber ocurrido, sigan ocurriendo de manera eterna, porque no sólo no se fijaron responsabilidades políticas, sino que el siniestro se localiza en la explosión y las causas en los cuatro procesados.

La realidad indica que las causas se remontan a las decisiones políticas, en este caso preciso, las políticas sobre infraestructura escolar, los presupuestos y la realización de las obras.

Está claro que durante los gobiernos anteriores de la provincia de Buenos Aires, tampoco hubo la inversión necesaria, ni la deseada por la comunidad educativa. También es cierto que los espeluznantes niveles de deterioro de la infraestructura no se producen en 3 o 4 años; es decir que el abandono de las obras, de las remodelaciones y del mantenimiento escolar son la historia frecuente y no la excepción.

Sucede que además, que la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, se desligaba de la responsabilidad con la misma ligereza y perversión que cuando dijo: “Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”. Lo que expresa no es más que su deseo, que podríamos traducir por: los vulnerados, los pobres no tienen cabida en la universidad. No asumiendo que vulneración y pobreza son los efectos de las políticas que quienes asumen la responsabilidad de “gobernar”, deciden para el país, las provincias y los municipios.

Esa fulminante levedad en el discurso de la entonces gobernadora, también tallaba en la carta abierta que publicó en las redes sociales una semana después del “homicidio” de Sandra y Rubén, aquel 2 de agosto de 2018.

En ese texto, la ex grupo Sophia, acude a las cifras de las inversiones y trabajos realizados en las escuelas de la provincia y, particularmente sobre el municipio de Moreno, dice en plan de justificación: “En Moreno el Gobierno provincial planificó 43 obras mayores de las cuales 14 ya están finalizadas. A su vez, el intendente recibió, en lo que va de la gestión, $275 millones del Fondo Educativo. Lamentablemente el 80% de ese dinero no fue destinado al arreglo de las escuelas sino a pagar sueldos de los empleados municipales.

A su vez, el Consejo Escolar recibió de la Provincia $ 15 millones para infraestructura escolar. En los primeros dos años de gestión no justificaron el uso de esos fondos. Por esta razón y porque mediante una Auditoría pudimos comprobar que se estaban robando la plata de la comida de los chicos, lo denunciamos en la Justicia y decidimos la intervención del Consejo Escolar.

Durante este año hicimos más de 1000 tareas de mantenimiento en escuelas de Moreno y particularmente en la escuela Nº 49 realizamos cinco intervenciones vinculadas al gas, la última un día antes de la tragedia, realizada por un gasista matriculado”.

Por una parte, frente a la muerte de les trabajadores, promociona las obras que nunca se realizaron; acusa al entonces intendente de desviar el 80% de los 275 millones de pesos del Fondo Educativo para “pagar sueldos…” y que el Consejo escolar había recibido $ 15 millones de la provincia para infraestructura escolar, pero que no se justificó el uso de esos fondos durante dos años lo cual ameritó la intervención tras la auditoria que fue ordenada oportunamente.

En principio, el Fondo Educativo es el dinero que la Nación le gira a las provincias de acuerdo con lo establecido en el marco de la Ley Nacional N° 26.075 de Financiamiento Educativo, por lo que la responsabilidad de los actos de gobierno corresponden a la provincia que recibe el dinero. Es decir, que si la provincia decide descentralizar y adjudicar los dineros a los municipios, como sucedió luego de la resolución firmada por el entonces Director de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, otro ex grupo Sophia, actual director de la  Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa porteña (UEICEE), ex director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y por sobre todo, un “empresario exitoso” con sus empresas offshore; esto no lo desliga de sus responsabilidades, ni en los manejos del Fondo Educativo, ni en la contratación del gasista, que según la carta de la ahora pre-candidata a diputada porteña, las cinco intervenciones vinculadas con el gas fueron realizadas por un gasista matriculado; lo que, según la fiscal y el juez, no es cierto y quedó documentado en la causa.

Lo que sí queda claro, es el cinismo declarado, frente a la desfinanciación palpable que sufriera la ya poco presupuestada educación, una de las áreas más sensibles desde lo discursivo, pero poco o nada sensible a la hora de la inversión.

De hecho la desinversión en la provincia fue evidente, durante los 4 años del gobierno de Vidal, en términos de lo que fue la ejecución presupuestaria para educación en relación con el presupuesto público de la provincia 2015/2019.

“Esta caída en la participación presupuestaria significó un recorte cercano al 20% de los recursos de la Dirección General de Cultura y Educación. A su vez, dado el crecimiento de la cantidad de estudiantes de la Provincia, implicó un ajuste del 24% del presupuesto por estudiante”, dijo Pablo J. López, actual ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires.


El recorte real implicó el 20% de ajuste en el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires, en perfecta sintonía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todavía gobierna el PRO y ya lleva una desinversión cercana al 28% desde 2007.

El concepto de eficiencia siempre ha sido vinculado con el gasto, lo que se resume de una manera muy pueril, en que cuanto más recorte presupuestario, más eficiente es la decisión política. En eso radica el universo de la eficiencia.

El modelo eficiente que arrastra la ex gobernadora lleva consigo denuncias por inundaciones, blanqueo de fondos, aportes falsos durante la campaña electoral y desvío de fondos públicos, entre otras marcas de la mentada eficiencia como el intento de cierre de las escuelas del Delta.

María Eugenia Vidal, gobernadora, eligió a Gabriel Sánchez Zinny, Director general de Escuelas; éste eligió a Sebastián Nasif, interventor del Consejo, quien aprobó al gasista (con matrícula vencida y sin habilitación para obras públicas), Christian Ricobene.

¿Es lógico que la cadena de responsabilidades sólo avance hasta Sebastián Nasif?

¿Por qué la fiscal y el juez no investigan la línea que lleva por la senda de la desinversión?

Los actos tienen consecuencias, pues entonces, los actos de gobierno también deben tener consecuencias, sobre todo cuando producto del entramado de “políticas eficientes” desencadenan dos muertes, las de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que no habían elegido a ninguno de los anteriores.

¿Tampoco hay consecuencias por la decisión de que una escuela en obra tenga actividad docente? Acaso no fue la propia ex gobernadora la que dijo en la carta: “realizamos cinco intervenciones vinculadas al gas, la última un día antes de la tragedia”.

No fue la última explosión de una escuela, este 29 de junio, en la provincia de Neuquén ocurrió un episodio similar, que también parece rodar por los despeñaderos de la eficiente impunidad.    

Dejemos la tragedia para la literatura, acá no hay dioses, los destinos son las consecuencias de las políticas de la eficiencia capitalista, de la mediocridad política y del cinismo encubridor corporativo, todos atributos muy terrenales.

Nota de referencia al gráfico: Esta caída en la participación presupuestaria significó un recorte cercano al 20% de los recursos de la Dirección General de Cultura y Educación. A su vez, dado el crecimiento de la cantidad de estudiantes de la Provincia, implicó un ajuste del 24% del presupuesto por estudiante”, dijo Pablo J. López, actual ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires.

 

*Profesor y Licenciado en Letras (FFyL-UBA). Fue docente durante 30 años y Rector de la Escuela de Comercio 3, Hipólito Vieytes (CABA). Como investigador es autor de “La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión”. Herramienta Ediciones y Contrahegeminía Web (2019) CABA.  Y del ensayo “La novela educativa o el relato de la alienación”  Redes Cultura (2005) CABA, con prólogo de Osvaldo Bayer. Además de decenas de trabajos y artículos publicados en Contrahegemonía Web; Rebelion.org  y Otras Voces en Educación. Durante 15 años fue productor periodístico y columnista del programa radial La Deuda Eterna. Actualmente es integrante del colectivo editorial del portal periodístico tramas.ar-periodismo en movimiento.


                                                                                  

miércoles, 23 de junio de 2021

Entre la educación ambiental y la realidad ambiental, una grieta contaminante (especial para tramas.ar - periodismo en movimiento)



 Los primeros días de este mes se promulgaba la ley de educación ambiental integral con un profuso articulado, pletórico de buenas intenciones éticas que se ven desvanecidas en un mar de instancias de desplazamientos burocrático-políticos que pierde de vista cualquier intento pedagógico.

Por Darío Balvidares https://tramas.ar/2021/06/22/entre-la-educacion-ambiental-y-la-realidad-ambiental-una-grieta-contaminante/

Justo al principio, en el apartado de las definiciones se postula el núcleo central de la ley: “Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común”.

Toda una declaración de principios que chocan de frente con la realidad ambiental que nos muestra la vida real, a pesar de las leyes que deberían regular la intervención humana en el ambiente y la escases de controles de cumplimiento, además de la persistencia en la ignorancia de decisión política como lo es, por ejemplo, pretender que los agrotóxicos no contaminan.

Cuando la ley de educación ambiental nos ilustra sobre la ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común, a qué ética se refiere.

Claro que es necesario construir nuevas pedagogías que orienten los comportamientos, pero no es con una vidriosa ley de educación ambiental en la que ni siquiera queda claro si es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio, porque se apela a una “invitación” a las distintas jurisdicciones, lo que ya abre sospechas sobre la intención o no de llevarla a la práctica, como ha sucedido con la ley de educación sexual integral (ESI), esta última combatida por los prejuicios de las religiones y seguramente la de educación ambiental integral por los intereses sobre los recursos naturales, que para el mundo político/corporativo poco tienen que ver con la naturaleza.

Mientras se votaba esta ley, también se aprobaba el primer trigo transgénico que se producirá en Argentina, luego de un trabajo conjunto entre la empresa Bioceres y  el CONICET/Universidad del Litoral. El nuevo producto HB4 tiene como características distintivas su alta tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio; un primo-hermano del altamente contaminante glifosato.

Un importante pero poco difundido Informe nos ayuda a pensar que la ética sobre la casa común no es tan común.

El segundo Informe de Amenazas sobre la soberanía alimentaria en la Argentina, da cuenta en su  título AgTech en Argentina: nuevas tecnologías, viejas promesas, de lo que sucede no sólo con la falsa ética empresarial, sino con la falsa ética política dedicada al lobby.

AgTech son un paquete de tecnologías de punta, según cuenta el informe, que un grupo de empresas, fundaciones, académicos y Estados promueve como grandes soluciones para los problemas actuales de la agricultura y la alimentación.

Un negocio cerrado con alto valor tecnológico, lo que nos muestra el alejamiento de un horizonte ecológico, supuestamente propuesto por la ética de la casa común que enuncia la ley de educación ambiental integral.

Los aviones fumigadores y los infaltables “mosquitos” serán sustituidos por drones que podrán realizar esas tareas, además de desplazar en otras a las vetustas maquinarias como tractores y cosechadoras que serán automatizadas. Es decir, robots que se encargarán de trabajar la tierra.

Este mega negocio que conjuga más que la flexibilización laboral, la desaparición laboral en el campo, con el negocio tecnológico, que también cotizará en bolsa, pero en monedas virtuales como el bitcoin y otras, que les permitirán evadir las cargas impositivas, es en ese futuro cercano que el tecnoagro va a ofrecer, mostrando virtudes falsamente agroecológicas desde un discurso pseudocientífico aunque eficazmente publicitario, los beneficios que la tecnología traerá al mismo modelo productivo y contaminante.

Amazon, Microsoft y Huawei  asociadas a las empresas de fertilizantes, pesticidas, semillas, comercializadoras de granos, industrias procesadoras, industrias de logística, el comercio minorista concentrado, las empresas de ganadería industrial e incluso de explotación pesquera, describe el Informe, serán los encargados de reconfigurar, aún más, la soberanía empresarial de la alimentación.

El Informe revela también que el actual titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Béliz, en 2018 participó como expositor en Silicon Valley Forum Argentina, cuando era representante del INTAL/BID (Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe/Banco Interamericano de Desarrollo) junto a Gabriel Delgado, que fuera secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015 y actualmente es funcionario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA – Brasil).

En la exposición, Beliz habló de Economía 4.0 y Gobierno 4.0. Difundió 4 publicaciones: “Algoritmolandia”,“Robotlution”, “Technointegration of Latin America” y “Ciudadanía digital” .

En el mismo sentido pero sobre el tema agro, Gabriel Delgado, habló en el foro de Silicon Valley sobre la ampliación de la frontera agraria con la aplicación de “nuevas tecnologías” y por supuesto que también ponderó la importancia del trigo transgénico de Bioceres y desestimó al mismo tiempo el conflicto con los agrotóxicos y los transgénicos. Según él, son usados política y publicitariamente para generar pánico, y agregó que no hay evidencias científicas ni problemas graves de toxicidad, sino no se hubieran aprobado.

Es que la mayoría de los agrotóxicos no están aprobados en los países llamados centrales, eso es lo que ocultan los lobistas.

La docencia en su conjunto y en todos los niveles va a encontrar muchos escollos para poder pensar una pedagogía y una didáctica que se corra de la puerilidad y pueda mostrar porqué el ambiente sufre continua degradación y  qué prácticas contribuyen a la contaminación ambiental, al ascenso de las emisiones de dióxido de carbono y a quitar los nutrientes del suelo.

Casi todas ellas vinculadas a la industria extractiva y al agronegocio, incluidos la tala de bosques nativos y los recurrentes incendios forestales.

La “ética de la casa común” queda atrapada paradójicamente en un texto legal que pretende, infantilmente, que la ley va a terminar con la depredación serial que empresarios, lobistas y funcionarios promocionan como el “avance”.

Sobre todo cuando la Mesa  AgTech Nacional (MAGMA) está conformada por Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), la Sociedad Rural y otras entidades de los agronegocios. Además de que de sus encuentros participan altos funcionarios del gobierno nacional, tanto de Ciencia y Tecnología como de Producción, Industria y Agricultura.

La ética no se declama, se practica.

Ver: Ley de educación ambiental entre las palabras y los actos

Foto destacada Agrizon

miércoles, 16 de junio de 2021

Nicolás Trotta, la educación y el discurso político



De acuerdo con lo manifestado por el ministro de educación Nicolás Trotta en un programa de televisión, casi  un millón de estudiantes se quedaron sin educación durante 2020, lo que equivale al 10 % de la matrícula escolar, de acuerdo con los datos recogidos por la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que hizo el gobierno nacional.

 

sábado, 5 de junio de 2021

Lanzamiento del portal tramas-periodismo en movimiento y algunos apuntes sobre educación

Audio de la entrevista que me realizara Andrés Sarlengo para su programa "Contrapuntos" (05-06-21) en FM Nostalgia, Venado Tuerto, Santa Fe. Conversamos sobre el lanzamiento de tramas-periodismo en movimiento, el nuevo portal de noticias del que tengo el gusto de formar parte del equipo de compañeres que iniciamos el proyecto, ahora materializándose. Y por supuesto, no faltó tiempo para hablar de Educación.

martes, 18 de mayo de 2021

Tesis sobre el relato: uno de educación

 


Por Darío Balvidares*

El escritor, crítico y ensayista, Ricardo Piglia, nos ha dejado tantísimas ideas para pensar la literatura, pero una de esas ideas brillantes es su tesis sobre el cuento[1]  en la que desarrolla el desplazamiento  en la estructura del cuento en dos historias, la historia 1 o historia en primer plano y la historia 2 como la historia oculta que se cifra en la historia 1. Es decir, que no sólo se trata de qué se cuenta, sino de cómo se cuenta, lo que haya que contar.

Quien esté leyendo este breve artículo, en este momento, estará esperando la explicación sobre los renglones que acaba de leer, incluso más, el porqué del título.

Ahora bien, generar el suspenso es otra de las atribuciones de las que se precia un buen cuento; cita Piglia una de las notas que el célebre Antón Chéjov había dejado: “Un hombre en Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a su casa, se suicida”, he ahí una historia para contar, pues - dice Piglia - va contra lo convencional (jugar-perder-suicidarse).

La historia 1, podría ser la del juego que enmascara la historia 2, la del suicidio que se devela al final, eso sucedería en el cuento clásico con final sorpresivo; pero en el cuento moderno, las dos historias se cuentan al mismo tiempo y se abandona el final sorpresivo, las dos historias entran en tensión pero no se resuelven nunca.

A esta altura, lectxr, estamos a punto de entrar en el relato de la presencialidad en la educación, aunque la “presencialidad”, casi se haya convertido en una cuestión autónoma, escindida de la educación. Un debate que parece no tener fin en un contexto que además de penoso, no tiene nada de ficción, la pandemia que produjo el covid-19 y sus consecuencias, no son parte de la imaginación literaria.

Sin embargo, alrededor del concepto de “presencialidad” se construye una verdadera narración polifónica, múltiples voces narradoras que producen sentido en el entrecruzamiento de dos sistemas, el lingüístico y el ideológico, lo que podríamos llamar, haciendo la analogía con lo propuesto por Ricardo Piglia, la historia 1.

En una breve síntesis, se produce la narrativa polifónica desde un decreto del ejecutivo nacional que suspende la presencialidad por 15 días en las escuelas en el área metropolitana (conurbano de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma); el ejecutivo de la Ciudad denuncia la inconstitucionalidad del decreto por “vulnerar la autonomía”; la Cámara de Apelaciones de la Ciudad falla a favor del ejecutivo de la Ciudad; un juez Federal, falla decidiendo la nulidad del fallo anterior y por lo tanto le da la razón al ejecutivo nacional, en el medio una jueza rechaza el amparo pedido por una supuesta organización de padres y se declara incompetente.

Finalizados los plazos de suspensión de presencialidad del decreto del ejecutivo nacional, es decir, con posterioridad a la fecha de caducidad, en un fallo extemporáneo de toda temporalidad, la Corte Suprema, de manera no presencial y a distancia para evitar posibles contagios del covid en sus cortesanas humanidades, resuelve sin argumentos “saludables”, a juzgar, incluso, por su propia conducta distante, darle la razón al ejecutivo de la Ciudad.

Hasta ahí, se narra la trama de la presencialidad jurídica, los poderes ejecutivos y judiciales generando discursos sobre un sustantivo abstracto, presencialidad.

La narración polifónica se va completando con las opiniones que va tejiendo el periodismo, que busca la foto “política” que muestre a la dirigencia capitalista unida contra el covid.

Todas esas voces gritan que la presencialidad es “indiscutible”, pero algunas acuerdan con un lado de la “supuesta” grieta y otras del otro.

Mientras tanto en el afuera de Macondo, - me permito usar ese punto geográfico inexistente del genial García Márquez para ilustrar el espacio narrativo del poder -  la realidad, que no es mágica, sigue su curso de contagios.

La presencialidad, la modalidad híbrida, las burbujas aúlicas, los protocolos (disparatados), son sólo descripciones ornamentales, estrategias sólo discursivas pero pobres como dispositivos reales porque el virus es sordo y ciego.

¿Por qué se abandonó el relato de la cuarentena estricta, fase 1, frente a la segunda ola?

Las nuevas cepas no saben de economía, como no lo sabe la cepa original.

¿Qué pasó con el “Quedate en casa”?

Con las contradicciones de uno de los personajes de este relato, el ministro Nicolás Trotta: “No van a volver a las clases con normalidad hasta que haya una vacuna contra el coronavirus[2]; unos meses después, el ministro asume el relato mundializado por la UNESCO y dice: “La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad[3]

Ahora hay vacunas, pero no las suficientes y además, les docentes no están vacunados en su totalidad y mucho menos les estudiantes, también imprescindible vacunarlos, puesto que las cepas mutadas complican la salud de les jóvenes.

El otro personaje engrietado es la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, que tuvo y tiene momentos “brillantes” en cuanto al papel de odiadora serial de les docentes, la educación pública y los buenos presupuestos de educación. Pero una de sus mejores y desopilantes intervenciones fue cuando dijo: “Tenemos millones de papers científicos que confirman que los chicos no son un factor de transmisión masivo, que las escuelas abiertas, al revés de lo que se pensaba antes, son un espacio con protocolos, no solo necesarios, sino posibles”.[4]

Ni la mejor obra de teatro del absurdo, jamás escrita, podría llegar a imaginar tales ensayos de la idiotez frente al acecho permanente de la muerte anunciada.

El gremio docente levanta la palabra, son otra voz en el escenario polifónico, un corifeo que anuncia lo que no se debe: sostener la presencialidad en picos de pandemia. Son los que ponen el cuerpo por el designio de funcionarios, que se consideran dioses olímpicos, gobernando nuestros destinos, minorías que traman el destino de las mayorías.

No sólo no son escuchados, sino castigados por su lucha por la vida con descuentos irracionales o con el contagio viral o con la muerte anunciada.

Argentina supera los 70000 muertos y el funcionariato vernáculo debate la presencialidad escolar, judicializa sus propias miserabilidades y “escribe”, al mismo tiempo, la historia 2 de este relato, la historia oculta, la que nuestra que la única presencialidad administrada es la del covid 19.

Como en la tesis sobre el cuento, en las dos historias hay dos sistemas distintos de causalidad, “los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas”, dice Piglia.

Para lo que nos ocupa, la historia 1 de la narración polifónica sobre la presencialidad escolar, es el relato del juego en la nota de Chéjov; en tanto que la historia 2, la muerte anunciada (por el covid), la que corresponde al suicidio.

Es hora de que haya una pausa en la narrativa delirante sobre la presencialidad o seguirán conspirando contra la vida e induciendo al suicidio desde la impunidad de sus cargos.

 

* Profesor y Licenciado en Letras (FFyL-UBA). Fue docente durante 30 años y Rector de la Escuela de Comercio 3, Hipólito Vieytes (CABA). Como investigador es autor de “La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión”. Herramienta Ediciones y Contrahegeminía Web (2019) CABA.  Y del ensayo “La novela educativa o el relato de la alienación”  Redes Cultura (2005) CABA, con prólogo de Osvaldo Bayer. Además de decenas de trabajos y artículos publicados en Contrahegemonía Web; Rebelion.org  y Otras Voces en Educación. Durante 15 años fue productor periodístico y columnista del programa radial La Deuda Eterna.

 

 



FOTO: Agencia EFE.

[1] Ricardo Piglia. Crítica y Ficción. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires. 1990

[2] https://www.treslineas.com.ar/trotta-volver-clases-normalidad-hasta-haya-vacuna-contra-coronavirus-n-1602170.html

[3] http://seguinforma.com.ar/trotta-la-vacuna-no-es-condicion-indispensable-para-la-presencialidad/

[4] https://www.treslineas.com.ar/medicos-refutan-soledad-acuna-solo-contagiamos-tambien-morimos-n-1633561.html

domingo, 25 de abril de 2021

Las aguas bajan turbias

 Por Darío Balvidares


El pasado  viernes 23 nos enteramos de la muerte del Ministro de Transporte, Mario Meoni, durante el viaje a su casa en Junín con un vehículo oficial, propiedad de Trenes Argentinos, alrededor de las 21.30.

Volvió a reavivarse el tema de lo que va a ocurrir con la llamada Hidrovía del Río Paraná, por cuanto el decreto 949/20 abre la licitación a manos privadas otra vez.

En unos días vence la concesión actual, hace unos meses había aparecido la posibilidad de que en lugar de concesionar el río, volviera a estar en manos del Estado, después de 25 años, a través de la creación de una empresa pública que se haga cargo de la administración y control de lo que en la hidrovía sucede.

Incluso, dentro del propio Frente de Todos el senador Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, le había pedido explicaciones, al entoces ministro Meoni, de porqué se abría la concesión a empresas privadas, y que explique  “las razones por las cuales se desestimó la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado”, puesto que  a mediados de 2020 se había impulsado la creación de la Administradora a través del Acuerdo Federal hidrovía.

Pero como una de las características del gobierno es primero anunciar la recuperación de soberanía y luego preferir la postura colonial, este caso no podía ser la excepción, ya estaba el antecedente de Vicentín que marcaba la impronta.

Y como para que no queden dudas el entonces ministro Meoni, el 8 de este mes, firmó un acta de compromiso con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, la misma que nos tiene colonializados con las pruebas PISA) será para que gobierne la próxima licitación (es decir la entrega) de la hidrovía (es decir los ríos).

El tema es mucho más complejo, porque importa la decisión de los canales de circulación, Punta Indio, a cargo del Puerto de Montevideo y el que pretenden las cerealeras como Dreyfus, Cargill y Bunge y el canal Magdalena que mantiene las embarcaciones en aguas argentinas con salida por el Puerto de Buenos Aires.

De acuerdo con el decreto mencionado, las obras de dragado y balizamiento se realizaran en el canal Punta Indio.

En conclusión, y más allá del aspecto económico para beneficiar a los que se han beneficiado siempre con estos modelos productivos; ni siquiera el gobierno se plantea el tema de que el Estado tenga el control geoestratégico por donde sale el 75% del comercio exterior del país y las múltiples veces denunciado contrabando.

Para finalizar y pensar: ¿acaso no llama la atención que el subsecretario de Puertos y Vías navegables, responsable del Consejo Federal de la Hidrovía sea Leonardo Cabrera Domínguez?

Quien además de que fuera operador de Dreyfus, “cuenta con un incondicional apoyo de la empresa belga Jan de Nul Group (con fuertes intereses en la Hidrovía), la adhesión de la pastera UPM (ex Botnia) y el visto bueno del actual presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro…”, según el portal El Argentino de Gualeguaychú.

Parece que en el Frente de Todos también tienen “agentes” de los dos lados del mostrador.

¿Y la soberanía?

 

 

 

martes, 20 de abril de 2021

Los pandemials y la expansión de la idiotez

 



Por Darío Balvidares*                                                         21/04/2021

Conforme avanza la pandemia, los contagios aumentan, las camas de terapia intensiva disminuyen y se acaban, los trabajadores de la salud con agotamiento sostenido, mientras los pandemials desafían el mundo real, imponiendo los intereses de la idiotez y fallos judiciales de dudosa procedencia y deficiencia argumentativa, que invitan a docentes, auxiliares, estudiantes y familias a coquetear con los contagios, la enfermedad y la muerte, dando lugar a la decisión política del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el neoliberal, Horacio Rodríguez Larreta.

A diferencia de los Centtennials, Millennials y otras catalogaciones que describen comportamientos generacionales de manera epocal dentro del contexto de clase que el capitalismo impone; los pandemials fueron apareciendo por generación espontánea y abarca un variopinto rango de edades, géneros y estatus sociales.

Pero los más peligrosos son los pandemials que toman las decisiones políticas y los pandemials periodistas, unos porque traman nuestro destino y otros porque construyen el paupérrimo sentido común desde lo que se dio en llamar la “opinión pública”.

No todo es una cuestión de la “grieta” vernácula, de hecho en lo que respecta al tema de la educación presencial o a distancia en el contexto covid-19, viene de una reunión (virtual) de carácter mundial en la que la UNESCO[1] convocó a funcionarios de educación de distintos países,  entre los que participó el ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Justamente, “mantener las escuelas abiertas” fue el primer tema en la que los disertantes coincidían en que la “presencialidad es lo último que hay que cortar”.

En realidad, la premisa ya la había decidido la propia UNESCO (uno de los motores  principales de la reforma confiscatoria de la educación pública) y un referente del Banco Mundial (el otro motor) que también participó del evento, de ahí que con ese mandato y la bajada posterior al ineficaz Consejo Federal de Educación, el propio ministro Nicolás Trotta hizo declaraciones como ésta:

 “… en las escuelas, como en aquellos lugares donde se logra cumplir con los protocolos, hay bajo riesgo de contagio, lo demuestra la evidencia (…) No se van a cerrar las escuelas…[2]

 Algo similar dijo la ministra, Soledad Acuña, en la Ciudad de Buenos Aires:

 las escuelas tuvieron ‘un nivel bajísimo de casos que dieron positivo’ y que ‘no hubo contagios en las burbujas dentro de las que se dieron esos casos’…[3]

 Mientras se incumplía el primer día del judicializado DNU presidencial, que suspendía por 15 días la educación presencial, ambos “engrietados” coinciden, no sólo en estas apreciaciones sin sustento científico, también lo hacen en relación con los convenios firmados con ong y fundaciones empresariales[4].

Frente a los pandemials y otros practicantes de la idiotez y en relación con estas manifestaciones es importante informarse. Un artículo de la revista The Lancet titulado “La reapertura de la escuela sin una sólida mitigación del COVID-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia” contradice el remanido argumento esgrimido tanto por el ministro de educación de la Nación, como por la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, recordando que Soledad Acuña, es la misma que decía que:

 “Tenemos millones de papers científicos que confirman que los chicos no son un factor de transmisión masivo, que las escuelas abiertas, al revés de lo que se pensaba, son un espacio, con protocolos, no solo necesarios sino posibles”[5]

 Afirmaciones que demuestran que tampoco hubo lectura del informe que desarmaba el mito:

“A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad”, asegura Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF (…) Si bien los niños pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en riesgo”[6].

 Cabe agregar que los pandemials del ineficaz Consejo Federal de Educación habían establecido el “semáforo” como herramienta indicativa de los alertas, el que se fijaba como “rojo” cuando la circulación viral se estableciera en más de 200 contagios cada 100 mil habitantes, ese número es largamente superado casi en todo el país. En el momento que escribo este artículo en la Ciudad de Buenos Aires hay 1200 contagios cada 100 mil habitantes. ¿Quién se robó el semáforo?

 La máquina de destrucción masiva

El partido gobernante de la Ciudad (PRO) se ha caracterizado por ser una suerte de máquina de impedir, con la baja sistemática del presupuesto educativo, que cuando asumió (2007) rondaba el 28%, que tampoco significaba demasiado, hasta este 2021 que está en el 17%.

Pasado un año de la pandemia el gobierno de la Ciudad no invirtió en la conectividad siendo uno de los impulsores discursivos de las bondades de la tecnología y estigmatizando de manera continua la falta de capacitación, al mismo tiempo que  suprime la entrega de computadoras tanto a estudiantes como a los propios docentes;  a quienes trata de “fracasados” que terminan en la educación, dijo la misma ministra, pandemial, Soledad Acuña:

 “… son personas cada vez más grandes de edad, que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras…[7]

 Los mismos que quieren borrar la historia de 29 profesorados y los turnos noche de las escuelas secundarias.

Los mismos que tienen inconfesables off short, como el empresario Gabriel Sánchez Zinny, ex Director de Escuelas en provincia de Buenos Aires y que, actualmente, ocupa el cargo de  Director de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa porteña (UEICEE); fue declarado “persona no grata” por los sindicatos UTE y ADEMyS,  es el responsable,  junto a la exgobernadora, María Eugenia Vidal (que terminó su mandato con 340 escuelas cerradas por problemas de infraestructura), de las muertes de la docente, Sandra Calamano y el auxiliar, Rubén Rodríguez por la explosión en la escuela número 49 de Moreno el jueves 2 de agosto de 2018.

Este pandemial comparte con otro, Esteban Bullrich (ex ministro de educación, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego de la Nación y actual senador nacional) Formar Foundation (actualmente inactiva), una off short que fuera denunciada en el caso conocido como Panamá Papers, con domicilio en  Florida[8], paraíso fiscal de Estados Unidos.  

Durante sus gestiones todo el sistema educativo sufrió una campaña sistemática de precarización y tercerización en manos de ejecutivos de fundaciones “amigas” ocupando cargos públicos, desmantelando programas y recortando el presupuesto en áreas sensibles, sin inversiones en equipamiento tecnológico (computadoras y plataformas de conectividad en las escuelas y conectividad gratuita en los barrios más humildes).

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (ex director del Grupo Sophia financiado entre otras fuentes,  por la Banca de Boston durante la década del ‘90) en la Ciudad de Buenos Aires no sólo no  invirtió en todo el 2020 en tecnología, ni tampoco en infraestructura para adecuar las aulas de las escuelas a los requerimientos de seguridad e higiene que la situación requiere.

Estos son, simplemente, algunos recordatorios para ver que los pandemials no son sólo producto de un virus, son los destructores de lo público, lo privatizadores de lo común, los que desconocen la solidaridad con el cinismo que la idiotez que antepone sus intereses fundamentalistas y mezquinos les otorga.

 Los pandemials habitan en el poder judicial

 Con ese mismo cinismo del idiota “la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad…[9] 

 En los fundamentos del fallo citan la  Ley 26.206  (LEN) en su el Artículo 4°

 El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”

 Y luego refiere el Artículo 5º

 “El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad

de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales”.

Sin la pretensión de un análisis jurídico, sino a través de un simple análisis del discurso, está claro que el “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad”.

Pero el Artículo 3 expresa que: “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado” y el  Artículo 5° determina al Estado nacional fijar la política educativa.

Eso es lo que hace al argumento del gobierno nacional decretar la suspensión de las clases por 15 días en virtud de la urgencia que amerita el avance desmesurado de los contagios y que el gobierno de la Ciudad no deba pedir la inconstitucionalidad del DNU presidencial, manifestando que  se vulneran las “particularidades provinciales y locales”, puesto que la crisis sanitaria producto de la pandemia no es ninguna “particularidad” propia de la Ciudad.

Incluso el Artículo 129 de la propia Constitución Nacional establece:

 “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.

Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación…”

 De acuerdo con el artículo, el gobierno de la Ciudad es autónomo y los  habitantes votan sus autoridades, sin embargo el mismo artículo agrega que se garantizará los intereses del Estado Nacional, algo que el gobierno/equipo de los pandemials no está garantizando.

Incluso el artículo 128 instituye:

 Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal

para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.

 No hace falta mayor explicación, para no subestimar al lector de este artículo, sí señalar

que para los pandemials  su ideología constituye el velo que les tapa la realidad”, además de escasear en lectura o por lo menos en compresión e interpretación de texto.

De ahí las contradicciones, el vicejefe de Gobierno porteño había expresado que: “Si hay una segunda ola tendremos que parar con la presencialidad por 10 o 15 días”[10]

Y no solo hacen lo contrario, sino que se transforman en sofistas de folletín, exponen al conjunto de la población al contagio ilimitado, usan a esos “tribunales” que excretan fallos a pedido, pero jurídicamente nulos, como ya lo definió el juez federal  en lo Contencioso y Administrativo, Esteban Carlos  Furnari que dejó sin efecto la resolución de la Cámara de Apelaciones porteña que habilitaba las clases presenciales en la Ciudad por no tener competencia sobre el tema. 

 Una para el final

El equipo de pandemials que “administra” la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta como “líder”, desobedece el fallo de la Justicia Federal.

Estamos frente a un crecimiento exponencial de contagios y los Pro-Pandemials juegan con la enfermedad; tampoco invirtieron en infraestructura hospitalaria y no reconocen  la profesionalización de los enfermeros/as.

La Corte Suprema  tiene en sus manos un tema jurídico de fácil solución, que pone de manifiesto si desde ese Olimpo, también folletinesco, pueden ver la realidad que nos impone el virus, mas allá del DNU que es necesario, pero del todo insuficiente.

Los docentes interpelan el delirio del gobierno porteño con su lucha por la vida, mostrando que la realidad del covid-19 no es discursiva, es letal.

 

*Profesor y Licenciado en Letras (egresado FFyL – UBA)

Fue docente durante 30 años en la Escuela de Comercio 3 DE 7 Hipólito Vieytes de la que se jubiló como Rector en 2015.

Investigador en Política Educativa; autor de La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión Editorial Herramienta – Contrahegemonía 2019 y La novela educativa o el relato de la alienación Redes Cultura 2005 (con prólogo de Osvaldo Bayer).  Además de decenas de artículos publicados en Rebelión; Contrahegemonía Web y Otras Voces en Educación.

Productor periodístico y columnista del programa “La Deuda Eterna” (FM Flores 90.7 CABA y Radio La Retaguardia entre 2006 y 2020)

 


[1]Un año de COVID: priorizar la recuperación de la educación para evitar una catástrofe generacional” 29/03/2021

https://en.unesco.org/news/one-year-covid-prioritizing-education-recovery-avoid-generational-catastrophe

[2] https://www.telam.com.ar/notas/202104/550481-trotta-no-se-van-a-cerrar-las-escuelas.html

[3] https://www.minutouno.com/politica/clases-presenciales/acuna-admitio-que-varias-escuelas-no-pudieron-abrir-hoy-sus-puertas-n5185666

[4] https://laeducacionenpedazos.blogspot.com/2021/03/los-mios-los-tuyos-y-los-nuestros-all.html

[5]  https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202102/45379-acuna-dijo-que-les-nines-no-contagian-dura-respuesta-de-especialistas.html

[6] https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262

[7] https://www.laizquierdadiario.com/Pobres-viejos-zurdos-y-fracasados-brutales-definiciones-de-Soledad-Acuna-sobre-la-docencia?utm_source=lid&utm_medium=wp&utm_campaign=article-social-actions

[8] https://opencorporates.com/companies/us_fl/N06000009549

[9] https://www.minutouno.com/politica/ciudad-buenos-aires/que-dice-el-fallo-que-permite-las-clases-presenciales-la-n5185512

[10] https://www.ambito.com/politica/diego-santilli/santilli-si-hay-una-segunda-ola-tendremos-que-parar-la-presencialidad-n5170813