De la simulación laboral a la tercerización educativa: la trama privatista detrás de las ACAP

 

La reciente publicación del Informe 2428/2025 de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirma, con datos oficiales, lo que desde hace años venimos denunciando desde el campo de la pedagogía crítica: que las llamadas Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo (ACAP) no son otra cosa que un dispositivo de tercerización educativa, subordinado a los intereses del mercado y funcional a la lógica empresarial que atraviesa las políticas públicas en educación.

Estas prácticas fueron diseñadas e impulsadas por el Ministerio de Educación porteño durante la gestión de Soledad Acuña, con el aval del entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y desplegaron una red de convenios con fundaciones y empresas nucleadas en el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Ya lo advertíamos en 2022: “El programa de ‘prácticas educativas’, incluido en la currícula, implica 120 horas de un estudiante ‘premoderno’ del siglo XXI, trabajando gratis, para empresas o fundaciones pertenecientes al Grupo Fundaciones y Empresas (GDFE)…”.

En marzo de ese mismo año, Acuña se reunió con más de 50 representantes del GDFE para avanzar en la implementación de las ACAP y anunciar la creación de un “sello de empresa comprometida con la educación”, que otorgaría beneficios a las instituciones que participaran del programa. Así, bajo el ropaje de la “responsabilidad social”, se consolidó un esquema en el que las empresas accedían a incentivos fiscales mientras los estudiantes eran obligados a realizar tareas gratuitas, muchas veces sin relación con su formación.

Esta política no solo no fue revisada, sino que hoy es sostenida por el actual jefe de Gobierno Jorge Macri y profundizada por su ministra de Educación, Mercedes Miguel, como continuidad sin fisuras del mismo proyecto privatista. La simulación continúa, ahora con respaldo institucional y silencio político.

La Auditoría porteña como confirmación tardía de una denuncia sostenida desde el campo crítico

El Informe 2428/2025 de la Auditoría General de la Ciudad expone con precisión lo que desde hace años se viene señalando en los espacios de pensamiento y militancia pedagógica crítica: el programa ACAP no se erige como una estrategia de fortalecimiento institucional o pedagógico, sino como un dispositivo que opera por fuera de toda lógica formativa, bajo criterios de eficiencia y alineamiento empresarial.

El documento señala que “en el 12% de las divisiones analizadas, las actividades realizadas no guardaban relación con la orientación de la división”, lo que implica una violación directa del principio de pertinencia formativa. Además, se registra un “déficit del 76% en la cobertura de vacantes en escuelas artísticas”, mientras que las escuelas normales superiores presentaron un “excedente del 747%”, sin que medie criterio pedagógico alguno que justifique ese desequilibrio. A esto se suma una exclusión estructural: “Durante el año 2023 no se asignaron vacantes a estudiantes del turno noche.”

El informe también remarca la ausencia de normativa específica que regule las condiciones en que los y las estudiantes participan de estas prácticas: “No se identificaron mecanismos de compensación económica ni normativa específica que regule las condiciones de las actividades realizadas”. Lejos de tratarse de una estrategia de formación profesional, lo que aparece es un modelo de trabajo gratuito impulsado y legitimado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Auditoría va más allá y establece el incumplimiento de la Ley 3.541[1], al señalar que “las actividades desarrolladas no se ajustan a los principios establecidos en la ley, en tanto no garantizan el carácter formativo, la supervisión pedagógica ni la adecuación a los diseños curriculares”. Además, se advierte una omisión deliberada del proceso de evaluación y consulta a los actores escolares: “No se encontraron evidencias de instancias de evaluación institucional del programa ni de participación de los actores escolares en su diseño.”

Cada uno de estos puntos revela una estructura institucional que excluye a los sujetos pedagógicos (docentes, estudiantes, equipos directivos) del proceso de construcción educativa, y que adopta, en su lugar, un marco de decisiones verticales, instrumentales y vaciadas de sentido. Lo que el informe presenta en registros técnicos, se enraíza en un proyecto político: tercerizar, desescolarizar y funcionalizar lo educativo como mercancía.

Lo que la Auditoría presenta como hallazgos, ya lo habíamos propuesto como diagnóstico político y pedagógico. En 2022 habíamos escrito: “La escuela como empresa requiere de estudiantes funcionales, dóciles, maleables; de un conocimiento útil para el mercado, pero prescindible para la emancipación.” Esa frase hoy resuena con más fuerza, no solo como advertencia, sino como evidencia.

Continuidades sin ruptura: Jorge Macri y Mercedes Miguel profundizan lo heredado

Los hallazgos del informe 2428/2025 de la Auditoría General no revelan una falla administrativa ni un error de implementación: dan cuenta de un diseño político deliberado, cuyas bases fueron establecidas bajo la gestión de Soledad Acuña con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, y que continúa vigente —sin fisuras— bajo el actual gobierno de Jorge Macri y su ministra de Educación, Mercedes Miguel.

Miguel no es ajena a esta arquitectura. Formó parte del mismo engranaje político-pedagógico que impulsó las ACAP, primero desde la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y luego como secretaria de Innovación del Ministerio nacional durante la gestión de Esteban Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. Su llegada al gabinete de Jorge Macri en la Ciudad no implicó una ruptura con el modelo anterior, sino su legitimación y profundización.

El programa de prácticas obligatorias sigue vigente, sin revisión ni evaluación pública, consolidando esa pedagogía de la simulación que ya fue descripta en “8.000 estudiantes, Endeavor…”. Vínculos ficticios con el mundo del trabajo, tareas sin contenido formativo, y jornadas laborales encubiertas bajo el eslogan de “experiencia educativa”.

Como señalamos, esta continuidad no es casual: “Las fundaciones empresariales no sólo ocupan la escena pedagógica, sino que diseñan los sentidos y los objetivos de lo educativo como si fueran políticas públicas”. Esa captura del sentido por parte de corporaciones y la (pseudo) filantropía tecnocrática permanece intacta.

Las ACAP son solo una pieza de una maquinaria más amplia, donde la escuela deja de ser espacio de derecho para devenir herramienta de inserción laboral precarizada. Que ese diseño persista, incluso luego de las evidencias recolectadas por un organismo de control estatal, no hace más que confirmar que el problema no es técnico: es ideológico.

La pedagogía de la simulación que persiste

La publicación del informe de la Auditoría no inaugura un conflicto: lo confirma. Lo que desde el campo pedagógico venimos señalando como parte de un proceso de mercantilización del saber, ahora queda expuesto por el propio Estado, que —tardíamente— da cuenta de las consecuencias de haber cedido el sentido de la educación a fundaciones, CEOs y gestores estudiantiles.

Las ACAP no son un programa aislado, sino la expresión sintética de un paradigma educativo que renuncia a formar sujetos críticos para producir performatividad mercantil. Una escuela domesticada, desligada del pensamiento y subordinada a la empleabilidad es la escuela que necesitan los dueños del presente.

No asistimos a un simulacro, en sentido tradicional que quienes lo protagonizan saben que no es real, sino que presenciamos una simulación en el sentido baudrillardiano*: una política que se presenta como verdad pedagógica, pero que enmascara su carácter de dispositivo de disciplinamiento a los intereses del mercado y de vaciamiento del sentido público de la educación. Frente a eso, pensar, escribir y denunciar no es un gesto testimonial: es una acción pedagógica.

La simulación persiste, pero también la potencia de quienes nos negamos a naturalizarla.

*Baudrillard, Jean. La transparencia del mal: Ensayo sobre los fenómenos extremos. Barcelona: Editorial Anagrama, 1991, p. 51.

Imagen de portada: educandomeparaemprender.com

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[1]La Ley 3.541 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 2010, crea el Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales para estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario (media, técnica, artística y normales). Esta norma establece que las prácticas deben tener carácter exclusivamente pedagógico, ser no obligatorias, y estar articuladas con los planes de estudio y el Proyecto Educativo Institucional de cada escuela.

Publicado en Huella del Sur 20-06-2025

Represión y colonialidad: una semiótica del poder

 

El ejercicio del poder no se limita a la acción directa del Estado sobre los cuerpos y las instituciones. También se construye y legitima a través del lenguaje, los símbolos y las narrativas que moldean la percepción colectiva de la realidad. La semiótica, como disciplina que estudia los signos y su significado en los procesos sociales, nos permite analizar cómo la represión y la colonialidad se inscriben en los discursos que justifican la violencia estatal, la criminalización de la protesta y la manipulación de la justicia.

Desde el uso estratégico de términos como “orden”, “seguridad” y “justicia”, hasta la representación mediática de figuras opositoras como enemigos del sistema, el poder opera mediante una pedagogía que educa a la sociedad en la aceptación del sometimiento. Por esto, es fundamental desmontar los dispositivos simbólicos que naturalizan la violencia y exponer la estructura semiótica que sostiene el disciplinamiento social bajo discursos de legitimidad y progreso.

Este enfoque permite comprender no solo los hechos, sino la construcción discursiva que los transforma en herramientas de control.

La historia se ha construido sobre relatos que legitiman la violencia como mecanismo de control social. Desde la pedagogía crítica, entendemos que la educación (que no solo es escolar o académica, sino que incluye la gestualidad política) no es neutra, sino un campo de disputa donde se moldean subjetividades y se perpetúan estructuras de opresión o es liberadora y crítica.

La teoría decolonial, por su parte, nos recuerda que la colonialidad persiste en las formas de pensamiento, en la economía y en la política, mucho más allá del fin formal del colonialismo. En este marco, el discurso del señor presidente en España, en el Madrid Economic Forum[i], regado de insultos y diatribas como es su costumbre, vuelve a argumentar sus inconsistencias valorativas con el concepto de “Occidente”, que no solo es una falacia histórica, sino también un dispositivo semiótico que refuerza la lógica de exclusión y violencia, como veremos, brevemente, en este artículo.

La crisis ética y la justicia como dispositivo de control

Tras el establecimiento de una narrativa que naturaliza la violencia estatal como un mecanismo de orden, el poder se despliega en acciones concretas que configuran su pedagogía de la impunidad. El arresto de Juan Grabois, sin orden judicial, se inscribe dentro de una estrategia de disciplinamiento político que (cada vez más) el señor presidente y su ministra de (in) Seguridad, Patricia Bullrich han llevado adelante con el objetivo de neutralizar cualquier resistencia organizada. Su detención no es un hecho aislado, sino un mensaje claro: la protesta será castigada y cualquier figura disidente será objeto de criminalización.

La pedagogía del abuso de poder también se manifiesta en la violencia policial y su posterior legitimación institucional. Thiago Correa, un niño de siete años, fue asesinado con once disparos por un policía de civil. La ministra de (in) seguridad no solo defendió al oficial, sino que trasladó la culpa a los asaltantes, justificando la tragedia como un daño colateral. Este tipo de discursos refuerzan la idea de que la violencia es inevitable y que las víctimas son responsables de su propio sufrimiento. La repetición de estas narrativas intenta educar a la población en la aceptación de la impunidad como norma.

La nueva detención del referente mapuche, Facundo Jones Huala por los dichos durante la presentación de su libro, alimentan las fantasías terroristas de la ministra de (in)Seguridad, que vuelve su ensañamiento contra los luchadores por la reivindicación su pueblo.

El uso de la justicia como herramienta de disciplinamiento quedó explícito en la sentencia contra Cristina Kirchner, confirmada por la Corte Suprema. La condena no solo la inhabilita políticamente, sino que también afianza el modelo de persecución judicial como un mecanismo de control sobre figuras opositoras. Como se sostiene en La pedagogía de la crisis ética, el sistema judicial ha dejado de operar como una garantía de justicia para convertirse en un dispositivo de privilegio que mantiene intacta la estructura del poder dominante.

El caso de Pablo Grillo, periodista golpeado por un cartucho de gas lacrimógeno en una manifestación, expone otra faceta de esta estrategia: la represión de la prensa. Bullrich minimizó el ataque y descalificó políticamente a la víctima, negando la gravedad de lo sucedido. Este tipo de respuestas estatales no son errores comunicacionales, sino parte de un mecanismo de legitimación de la violencia institucional contra sectores que desafían la narrativa oficial.

El poder opera sobre una crisis moral y ética que define quiénes pueden ejercer la palabra legítima en el espacio público y quiénes deben ser castigados por hacerlo. En este marco, el concepto de “Occidente” que Milei propone no es más que un dispositivo de manipulación.

Occidente como construcción ideológica y la semiótica del poder

El discurso de Milei en España no es solo una provocación política, sino una operación semiótica que busca consolidar una visión del mundo donde la violencia estatal y el ajuste estructural aparecen como inevitables. Su afirmación de que en Argentina “volvimos a abrazar los valores de Occidente(…) abrazar la cultura judeo-cristiana, reconocer al dios de Israel y en lo político la república romana y la democracia griega. Eso constituye la democracia liberal que venimos a defender en los valores de Occidente…” es una falacia histórica que oculta las raíces coloniales de ese mismo Occidente que hoy presenta como modelo de libertad; las citas de Roma y Grecia no hacen más que ratificar su admiración imperialista, puesto que luego habla de la alianza con los Estados Unidos e Israel, responsables del genocidio palestino.

Como señalamos en otros artículos, la noción de Occidente ha sido utilizada históricamente para justificar el genocidio en América, la imposición de la colonialidad del poder y la construcción de sistemas de dominación económica en nombre del cristianismo, primero y de la “modernidad”, después. El señor presidente pretende presentar “Occidente” como una estructura homogénea de valores que sostienen la democracia liberal, cuando en realidad la modernidad occidental ha sido el resultado de guerras, exclusiones y apropiaciones forzadas.

La referencia a la cultura judeo-cristiana en su discurso ignora que los judíos fueron expulsados de España en 1492, en un proceso de limpieza étnica que consolidó la hegemonía cristiana sobre el Estado. No hubo en la historia una convivencia armónica entre las tradiciones judía y cristiana bajo el paradigma occidental, sino una relación marcada por persecuciones, exilios y subordinación. El uso estratégico de este concepto por parte del señor presidente opera como una manipulación semiótica que refuerza la idea de que Occidente es un bloque histórico indivisible, cuando en realidad es una construcción ideológica y geopolítica al servicio del poder.

La semiótica nos permite analizar cómo Milei utiliza símbolos y narrativas para reforzar una visión del mundo que legitima la concentración del poder y la eliminación de cualquier resistencia. Su discurso no es solo una opinión extrema, sino un eje de gobierno que valida la violencia y alimenta la polarización social. Los sectores libertarios no buscan administrar el Estado, sino utilizarlo como un mecanismo de disciplinamiento para destruir cualquier resistencia y ponerlo, plenamente, al servicio de los grandes capitales corporativos.

Una pedagogía crítica contra la impunidad

Cada acción del poder es una lección. La represión enseña que la protesta es castigada. La impunidad policial enseña que hay vidas que no valen. La persecución judicial enseña que la democracia puede ser manipulada. El discurso extremista de la derecha y los libertarios como sus exponentes de rancia estirpe, enseña que el odio es una herramienta política. Estos eventos no son aislados, sino actos deliberados que construyen un programa sociocultural de sometimiento.

Como plantea La pedagogía de la crisis ética, es imprescindible una pedagogía crítica que revele los dispositivos de encubrimiento y desmonte la narrativa del abuso. La justicia no puede ser solo un mecanismo de administración del poder concentrado; debe recuperar su función emancipadora. La crisis ética no es solo un diagnóstico, sino un punto de partida para la disputa política y cultural.

Frente a la pedagogía del abuso de poder, la respuesta no puede agotarse en la denuncia. Urge articular una praxis colectiva capaz de disputar la hegemonía que hoy legitima la represión. Las clases subalternas —en sentido gramsciano— poseen un capital de resistencia que emerge de sindicatos combativos, movimientos territoriales, feministas, indígenas, colectivos LGTBIQ+ y espacios estudiantiles. Cuando estas fuerzas se reconocen como parte de un mismo bloque histórico, rompen la fragmentación que el poder alimenta y reescriben el guion: de objetos de disciplinamiento a sujetos de transformación.

Esa contra-hegemonía se juega tanto en la calle como en el campo simbólico. Implica:

• crear pedagogías populares que desmonten la semiótica de la obediencia y habiliten lecturas críticas de la realidad;
• ocupar los lenguajes—memes, portales y medios alternativos, radios comunitarias—para sabotear la narrativa del miedo;
• construir redes jurídicas comunitarias que re-signifiquen la justicia como bien común y no como máquina de castigo;
• forjar economías solidarias que erosionen la dependencia del ajuste colonial.

Algunas propuestas para desactivar el miedo como tecnología de gobierno; sólo así la colonialidad del poder deja de ser destino y se convierte en campo de disputa de la potencia decolonial. Porque allí donde la represión intenta clausurar lo posible, la organización colectiva subalterna abre grietas por donde se filtra, una y otra vez, aquello de “otro mundo mejor no sólo es posible, sino necesario”.

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[i] Un evento organizado como una extensión del Andorra Economic Forum (siendo Andorra una cueva fiscal), por el youtuber Víctor Domínguez e inversores en criptomonedas.

Imagen de portada: Revista anfibia

Publicada en Huella del Sur 12/6/2025

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La pedagogía de la crisis ética

 La ética pública en disputa

Walter Benjamin sostenía que la ética es memoria histórica, un compromiso con los vencidos para evitar la repetición de las catástrofes del pasado. Advertía que el acto ético consiste en detener el tiempo y escuchar el reclamo de quienes han sido silenciados. Karl Marx, por su parte, entendía la ética no como una doctrina moral abstracta, sino como praxis transformadora, una acción concreta para abolir la explotación y las relaciones de poder que perpetúan la injusticia.

Ambas perspectivas convergen en un punto crucial: la ética pública no se reduce a normas jurídicas, sino que es el fundamento de la responsabilidad y la emancipación. Cuando las instituciones abandonan esos principios, el abuso de poder se naturaliza y la justicia se convierte en instrumento del privilegio.

Privilegios judiciales y blindaje institucional

El caso Lago Escondido exhibe sin filtro la connivencia entre jueces, empresarios y políticos. En octubre de 2022, magistrados como Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, junto al exministro Marcelo D’Alessandro, viajaron a la estancia de Joe Lewis sin que jamás se explicara el motivo de la invitación con el patrocinio del Grupo Clarín. Facturas falsas emitidas después del viaje intentaron encubrir los gastos, y los chats filtrados de Telegram revelaron estrategias para frenar la difusión del escándalo.

Sin embargo, el juez Sebastián Ramos cerró la investigación con el argumento de que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, evitando cualquier revisión sobre el posible delito de dádivas. Como corolario, el Consejo de la Magistratura, con el voto clave del senador Eduardo Vischi (quien había cambiado de postura en la investigación de la estafa de la criptomoneda $Libra), archivó el sumario disciplinario contra los jueces involucrados.

La invitación a Lago Escondido, lejos de ser un simple encuentro social, refuerza la sospecha de intercambio de favores entre la justicia y los sectores económicos concentrados. Pero la estructura judicial prefirió clausurar la causa antes que exigir explicaciones.

Espectáculo y doble vara

En contraste con la inacción frente a Lago Escondido, el caso de la jueza Julieta Mackintach fue castigado con rapidez y dureza. Autorizó la filmación del documental Justicia Divina en plena causa por la muerte de Diego Maradona. La Corte Suprema bonaerense la apartó en 24 horas (con una licencia por 90 días) y el periodismo exigió su juicio político.

Aquí, la ética judicial se aplicó con aparente rigurosidad, porque no afectaba intereses corporativos. Mientras Mackintach fue presentada como un ejemplo de corrupción, los jueces que aceptaron un viaje privado financiado por empresarios siguen ejerciendo sin rendir cuentas. La justicia se vuelve selectiva: si la falta no perjudica al poder, se castiga con fuerza; si amenaza intereses empresariales o políticos, se archiva sin consecuencias.

Operadores al resguardo

La lógica del blindaje judicial también se verifica en el caso de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador del macrismo prófugo en Uruguay desde 2020, evadiendo una orden de captura por asociación ilícita. La Corte Suprema y la Cámara Federal han dilatado su extradición, dejando su situación en un limbo legal.

Un escenario similar ocurrió con el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la entonces AFI realizó seguimientos a periodistas, jueces y opositores políticos, incluyendo a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
Se los fotografió en misas y marchas, y los informes generados por la inteligencia estatal se usaron para anticipar sus reclamos.
En 2021, el juez Martín Bava procesó a Macri por seis hechos de espionaje, pero la Cámara Federal porteña lo sobreseyó, argumentando que las tareas de inteligencia fueron necesarias por seguridad presidencial.

En cada uno de estos casos, la justicia actuó como un escudo protector, asegurando que ciertos sectores operen con absoluta impunidad.

Represión sistemática y silencio judicial

Mientras la justicia protege a jueces, operadores políticos y empresarios, guarda silencio absoluto frente a la represión sistemática comandada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cada miércoles frente al Congreso. Las fuerzas federales ejecutan operativos con golpes, uso de gas pimienta y detenciones arbitrarias, fuera de su área de competencia. Periodistas, jubilados y manifestantes han sido agredidos, sin que haya una intervención judicial para limitar el abuso de poder.

La pregunta es inevitable: ¿dónde están los jueces y fiscales que deberían frenar el uso ilegal de la fuerza estatal? En contraste con su inmediatez para sobreseer a los jueces de Lago Escondido, no hay investigaciones ni pronunciamientos sobre el accionar represivo del Gobierno.

Este silencio judicial no es casualidad. Es parte del mismo sistema que protege los privilegios de la corporación judicial y económica, mientras criminaliza la protesta social.

La performatividad del poder y la pedagogía crítica

Cada acción del poder comporta una gestualidad performativa (tiene un efecto sobre las conductas), que no solo afecta a los implicados directos, sino que educa a la sociedad sobre lo que es aceptable, legítimo o inevitable. Cuando jueces blindados viajan a Lago Escondido y la causa se archiva sin debate, el mensaje implícito es que ciertas alianzas quedan fuera de la indagación. Cuando el espionaje a los familiares del ARA San Juan se justifica como seguridad presidencial, se instala la idea de que la vigilancia estatal puede ser legítima si se administra con discreción. Cuando la represión semanal frente al Congreso se trata como protocolo habitual, el derecho a la protesta queda reducido a una excepción.

La pedagogía de la crisis ética impone la naturalización del abuso de poder. La justicia deja de ser un instrumento de equidad y se convierte en un mecanismo de reproducción de privilegios. Pero esto no es un accidente, sino una lección estructurada: una educación tácita sobre quiénes pueden ejercer poder sin restricciones y quiénes deben someterse a él.

Frente a este escenario, la única vía para desmontar esta pedagogía del sometimiento es construir una pedagogía crítica, capaz de revelar los dispositivos de encubrimiento y desafiar la construcción de la impunidad. La justicia no puede limitarse a ser una maquinaria que administra leyes: debe sustanciarse en su capacidad de transformación. Como planteaban Walter Benjamin y Karl Marx, la ética no es una mera formulación normativa, sino el resultado de una memoria activa y una praxis liberadora.

Solo si la justicia actúa como herramienta de emancipación podrá garantizar su función esencial: no la de preservar el orden existente, sino la de quebrar las estructuras que sostienen la desigualdad.

Nuestra lucha colectiva debe apuntar a democratizar el Poder Judicial, para que deje de funcionar como la casta aristocrática que perpetúa privilegios en el siglo XXI.

Referencias:

Benjamin, W. (1940). Tesis sobre el concepto de historia.
Marx, K. (1845). Tesis sobre Feuerbach.

Imagen de portada: El Extremo Sur  (los mencionados en esta nota y otros invitados a la finca de Joe Lewis).

Publicada en Huella del Sur 1/06/2025