El Reglamento Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recorta aún más las prácticas pedagógicas docentes y adquiere resonancias de la dictadura militar.
Ya es de dominio público el Reglamento que regirá en las escuelas durante 2025, según la resolución 2024-2796-GCABA-MEDGC que puso en alerta al gremio docente y a alguno de los sindicatos que representan a la docencia porteña.
Es de público conocimiento que el partido gobernante en Ciudad tiene como premisa política y eslogan de campaña: “el cambio”, pero que en la práctica, “el cambio” PRO implica control y disciplinamiento en la organización social para la imposición de su modelo ideológico que contempla la restricción de la libre expresión y la libre circulación de las ideas.
La reforma educativa impulsada por el gobierno de la Ciudad es simplemente seguir el recetario internacional sobre la producción performativa de estudiantes en función de los intereses de las corporaciones empresariales (como lo venimos analizando desde hace muchos años), en otras palabras: mano de obra acrítica; premisa sobre la cual se formulan los contenidos curriculares.
Con el gobierno nacional impulsando restricciones y desapariciones a temáticas que ya habían sido superadas y legalizadas, como la cuestión de género, el femicidio, la diversidad sexual y la propia Educación Sexual Integral (ESI); todo intenta desvanecerse con los discursos patoteros y autoritarios a los que nos quieren acostumbrar desde el señor presidente pasando por funcionarios, legisladores hasta la autopercibida “guardia pretoriana”.
Es en ese marco en el que las estrategias políticas pasan por imponer un ordenamiento social que incluye como estrategia central, la pedagogía de la obediencia desde dos formas de violencia, la ejercida sobre los cuerpos, directa o indirectamente. Es decir, a palos, gases y balas o con despidos, bajos sueldos, jubilaciones miserables, aumentos de tarifas y medicamentos, además de cierres de instituciones que prestaban algún servicio social; la otra es la violencia epistémica.
Esta última es la menos explícita porque nos hemos acostumbrado a naturalizar el discurso de la colonialidad del poder, cuanto más con gobiernos que sistemáticamente se alinean con lo que llaman los valores de occidente (valores coloniales para nuestros países) y que nuestros funcionarios, cual gerentes corporativos, imponen y defienden para pertenecer a la elite que trama nuestros destinos.
Para no abundar y ponernos en la perspectiva de lo que implica la violencia epistémica en términos generales, es la imposición de un tipo de racionalidad como forma unívoca y legítima del conocimiento que descalifica otras formas de saber y entender; la deslegitimación que se produce sobre los pueblos originarios, sus culturas y sobre todo sus lenguas, por ejemplo.
Pero en lo que nos ocupa, el Reglamento Escolar2025 en CABA, es otra de las manifestaciones de la violencia epistémica, dado que se trata de la Educación y del conjunto de la docencia y tiene que ver con el silenciamiento y la exclusión; cuando, como en este caso, se les prohíbe hablar a lxs docentes; ese silenciamiento forzado de la exclusión de la palabra constituye un “crimen epistémico” y un “asesinato pedagógico”.
El artículo 75 del Capítulo VII, cuyo título es Prohibiciones del personal docente (docentes, directores, supervisores) y no docente, en el punto 3 (pág 61) dice: “Expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia…”.
La primera manifestación de la violencia epistémica es la prohibición, la educación para “el cambio” que lleva adelante el gobierno PRO, lejos de tener una propuesta para la soberanía educativa y el desarrollo de la inteligencia de lxs estudiantes y en el marco de una liberación pedagógica, pone a funcionar la máquina de impedir.
Parte de la prohibición y profundiza la preceptiva pedagógica hasta la proscripción del discurso docente, mediante la negación para el abordaje de temáticas consideran “peligrosas” para el estatus quo de los cambistas que no quieren salir de la colonialidad de sus valores de elite. Lo que el reglamento prohíbe al docente es la expresión.
Un dato curioso, aunque nefasto, es que, en ese punto, en el marco de la escuela no se habla de estudiantes ni alumnos, sino de “menores”, término más cercano a la jerga policial o al sociolecto jurídico.
Pero no sólo de prohibición se trata, sino que el propio punto 3 avanza: “En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”.
No solo le prohíbe al docente que desarrolle temas vinculados a intereses de lxs estudiantes y sean propios de un debate en la escuela del siglo XXI, como son los relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria, que hacen a su formación crítica, sino que obliga al docente a mostrarse ignorante y a derivar esas temáticas, que deberían cruzar la currícula escolar de punta a punta, a la conducción para que sean abordados por los equipos técnicos.
Es obvio que este Reglamento Escolar (RE) no necesita docentes sino androides, que además se les haya extirpado el algoritmo que pueda generar el debate sobre los temas más acuciantes y discutidos, justamente porque los valores de occidente son los que entraron en crisis y el mundo actual necesita que las nuevas generaciones se interioricen sobre esas temáticas porque son los que están directamente involucrados.
Nunca entendieron la virtud de la educación pública, aun como rehén de la colonialidad del poder, el carácter público significa la pluralidad del pensamiento, pluralidad de voces, es por eso que no la pudieron acallar ni durante la dictadura genocida.
Un perverso documento titulado “Subversión en el ámbito educativo”, sentenciaba que “… cualquier profesor de cualquier materia puede llegar a través de charlas informales a expresar tendenciosamente sus impresiones respecto de temas que interesan a sus alumnos…”. Este fragmento corresponde a ese documento (pág. 50 del original) de la dictadura cívico-militar fechado el 27 de octubre de 1977, según resolución N.º 538.
Una semiótica muy similar recorre el espíritu de ambos documentos, el de la dictadura tenía un subtítulo muy sugerente: “Conozcamos a nuestro enemigo”.
Suenan banales las frases marquetineras del PRO cuando en la propia página web del ministerio de educación, escriben sobre el RE: “Es un instrumento clave para organizar la vida institucional de las escuelas de la Ciudad. Este nuevo documento responde a la necesidad de simplificar proceso, adaptarse a los nuevos desafíos educativos y que la tarea educativa tenga centro en el estudiante”.
El PRO siempre se manejó con el estilo publicitario como manera de hacer política, pero cuando se contrasta lo que dicen de manera propagandística con lo que en verdad ocurre entran en contradicciones fragantes. Cuando dicen “un instrumento” en realidad es un instructivo que lejos está de simplificar el proceso; más bien cerca de complicarlo.
Supongamos una situación de aula en la que un estudiante pregunte sobre los desplazamientos que pretende imponer ya no solo Israel al pueblo palestino, sino la amenaza de Donald Trump sobre el territorio de Gaza. Situación totalmente perfectible en la realidad globalizada en la que vivimos. En ese caso el o la docente deberá decirle al estudiante que no está autorizadx para responder semejante inquietud porque tiene prohibido por reglamento hablar de cuestiones étnicas. Y no solo eso, sino que debe informar a la conducción del establecimiento para que le diga a la supervisión que llame al equipo técnico…
No es serio eso de que este instrumento “ responde a la necesidad de simplificar proceso, adaptarse a los nuevos desafíos educativos…”.
El o los gobiernos del PRO, próximos a cumplir 20 años en la “administración” de la Ciudad, siempre han tenido como premisa la “persecución” en todas sus variables.
Siguiendo un poco más con el RE, el punto 4 del mismo artículo también intenta, sin nombrarla marcar el tema de la esencialidad en la educación: “Desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento, afectando con ello el Derecho a la Educación (…) bajo apercibimiento de ser pasibles de sanciones disciplinarias, en el marco del procedimiento sumarial correspondiente”.
Aquí también un halo semiótico que enciende las alertas críticas, las señales que vuelven a coincidencias conceptuales con el documento de la dictadura: “Personal docente que por indiferencia, motivada en especial por su situación socio-económica, adopta una posición no acorde con la responsabilidad que como educador le compete…” (pág.51 en el original).
Ambos textos, sin nombrar los paros o huelgas remiten a lo mismo, la “responsabilidad” de los educadores, que ni para la dictadura genocida, ni para el PRO, ni para la derecha fascista, es un derecho. La huelga, reconocida en la Constitución y en los tratados internacionales, no parecen constituir derechos para lxs trabajadorxs.
Un tema que no podemos naturalizar es que impusieron la noción de “servicio” a la educación como lo dijimos cuando hacíamos el análisis en la “Educación como servicio estratégico esencial” y en “Esenciales y huelguistas”, además estas políticas atienden a la instrumentalidad de la Educación, por eso es considerada un servicio para la reforma neoliberal; y si se me permite ampliar el concepto, aunque lo he dicho reiteradamente: un servicio al servicio de los intereses del mercado, de ahí la educación por competencias básicas, en detrimento de una sólida formación en ciencias sociales, ambientales y humanidades, desde una perspectiva crítica y decolonial, que realmente posibilite pensar el mundo, la vida en otra clave, desde otra epistemología.
Salir del asedio colonial/capitalista no será una tarea sencilla, pero es importante lo que está pasando abajo: nos estamos dando cuenta. Las dos movilizaciones universitarias de 2024 y la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista son señales importantes de un sistema colonial/patriarcal/capitalista que se resquebraja.
El Reglamento Escolar no debería siquiera existir, es un documento patriarcal de imposición colonial que desvirtúa la figura del docente, establece una cultura escolar única, estandariza la prácticas pedagógicas. Cada escuela pública del siglo XXI debe darse sus propios criterios de funcionamiento de acuerdo con la propia idiosincrasia, sin reglamentos que coarten la libertad de enseñar y en consecuencia la de aprender porque suspende el vínculo pedagógico, de hecho amenazado por las llamadas tecnologías de la educación.
El Reglamento Escolar es “otro ladrillo en la pared” del autoritarismo gubernamental, que está en la misma línea que el protocolo para el mantenimiento del orden público, conocido como antipiquetes.
Presentar un amparo judicial por la coacción contra la libertad de expresión docente deberá ser una tarea sindical, aun sabiendo para quien trabaja este poder judicial.
La desobediencia epistemológica será uno de los formatos en la lucha presente y futura contra la colonialidad del saber, una de las formas de sostener el carácter público de la educación y la libertad de expresión, que para poder enseñarla, hay que practicarla.
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Publicada en Tramas 14-02-2025
