Todo fluye con la intensidad discursiva del eterno retorno, con los dimes y diretes en los medios de comunicación sobre el comienzo de las clases y las luchas docentes por salarios que aseguren ganarle a la inflación y condiciones de trabajo dignas en todo el país.
Entonces, el paisaje es con movileros en librerías relevando sobre el costo de los útiles escolares, el periodismo del establishment que intenta mostrarse a uno u otro lado de una grieta que en educación es inexistente, solo algunos matices diferenciales más discursivos que ejecutivos; el presidente Alberto Fernández inaugurando una escuela en el Chaco, donde algunos sindicatos aseguran no empezar el 1 de marzo, entre otras inauguraciones del año lectivo 2023 a cargo de ministros y gobernadores en época preelectoral.
Lo cierto es que nada de lo que suele suceder en los comienzos de año ha cambiado, los planteos del conjunto de la docencia, que trata de no ser subsumida en la categoría neoliberal de “facilitadores”, son históricos. Los salarios son bajos, no alcanzan a la canasta básica familiar, que está en los $250.000.
Muy lejos de esta cifra el propio gobierno nacional acordó con los sindicatos con representación nacional aumentar el salario de las y los maestros un 33,5% a julio y elevar el salario mínimo inicial a 130 mil pesos a partir de marzo. El acuerdo establece que el aumento será de un 17,5% en marzo y de un 8% ciento en mayo y otro 8% en julio. Lo que fue aceptado por dirigentes sindicales nacionales y festejado por la administración de Alberto Fernández.
Pero sucede que como esa paritaria nacional establece un piso, el otro 50% de la discusión es por jurisdicción y eso demuestra que mantener la fragmentación del sistema educativo, pregonando un seudo federalismo, no hace más que agravar las situaciones.
Por lo menos, 8 provincias en paro o con paro declarado por alguna de las agrupaciones sindicales, dependiendo de cuándo comiencen las clases. Porque, según el calendario escolar, algunas como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comenzaron ayer, 27 de febrero; otras como Buenos Aires (PBA), comenzarán el 1 de marzo, mientras que Corrientes lo hace hoy, 28 y La Rioja el 2 de marzo. Una cuestión poco comprensible si críticamente analizamos que el tema de la cantidad de días de clase, 190 o 192 no establece ninguna diferencia, ni ha sido demostrada la relación entre el rendimiento pedagógico y la cantidad de días de clase, otro tema para el debate.
CABA, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Misiones y Chaco, donde distintas agrupaciones sindicales provinciales han llamado al paro en el inicio de clases por considerar las propuestas absolutamente insuficientes, como sucede con el 60% que ofrece el gobierno de CABA como techo a pagar en 6 cuotas. Ademys, que, por supuesto no acordó, convocó al paro con movilización y un pliego de propuestas, mientras que UTE-CETERA si bien no firmó el acta de acuerdo con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tampoco tomó ninguna medida de fuerza.
Pero la Argentina es tan extensa que Alberto Fernández inauguró, ayer, el edificio de la Escuela de Educación Secundaria Nº 82 Doctor René Favaloro en la localidad de Basail, Chaco. Mientras en la previa al inicio del ciclo lectivo 2023, Federación Sitech realizó su congreso extraordinario ayer, en Quitilipi, y definió el “no inicio de clases” el 1 de marzo con una medida de fuerza y movilización en cada una de las localidades. En Resistencia, la manifestación tendrá lugar en el mástil de la avenida 9 de julio, a partir de las 9:30.
En el vaivén de mostrar lo “acertado” de las políticas educativas, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció hace unos días que las escuelas de todo el país promoverán contenido pedagógico para conmemorar durante todo el ciclo lectivo 2023 los 40 años de democracia en la Argentina.
Aquí se plantea una pregunta y una reflexión: ¿La democracia se conmemora o se ejerce como forma de vida?
La resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) consignó que “desde su recuperación en 1983, la Argentina ha sostenido con firmeza el sufragio como la forma de representación política para la toma de decisiones colectivas”
“La consolidación de la democracia, la reafirmación del Estado de Derecho, el respeto a nuestras instituciones y la protección de la democracia son ejes centrales para el Estado Nacional”.
No parece ser muy abarcadora la resolución del CFE respecto de la conceptualización de democracia, reducida al voto y al genérico “respeto a las instituciones” y lo más polémico, la “protección de la democracia” por el Estado, cuando la democracia es de los pueblos y los propios Estados se la arrebatan en múltiples ocasiones.
Seguramente habrá mucho que debatir en las escuelas sobre los temas propuestos en la resolución del CFE, pero más que tomar los 40 años de democracia como una efeméride, la propuesta debe ser crítica y darle vida para ampliar el debate democrático sobre la colonial reforma educativa; el descuento salarial por huelgas; la judicialización de las protestas, las políticas que generan pobreza, las amenazas constantes hacia el pueblo mapuche; la falta de agua y represión policial sufridas por las comunidades qom y wichí en Chaco, Salta y Formosa; el cambio climático; la contaminación masiva por el uso de agrotóxicos, la megaminería química, y los desechos industriales; la usurpación de territorios luego del genocidio indígena y los realizados con fraudes inmobiliarios como Lago Escondido y otros “emprendimientos”… la lista será completada por lxs lectorxs.
Temas todos que junto a la Educación Sexual Integral (ESI), deben formar parte de los contenidos curriculares, actualmente orientados a la formación estandarizada para la empleabilidad,que lejos de formar para la transformación, las políticas educativas continúan con un ordenamiento colonial encubierto por un discurso tecnocrático que intenta formar para la adaptación y la flexibilidad, pero hasta en eso el sistema político fracasa involucrando a la escuela, que es el último eslabón de la cadena institucional.
Y así cómo en las distintas “conmemoraciones” de los 40 años de democracia deberíamos preguntarnos por si, tal vez, la democracia representativa ya ha cumplido un largo ciclo, incluidos sus propios fracasos en la imposición de valores generales que a la sazón son valores de las clases hegemónicas, que nos llevaron a dictaduras y genocidios.
¿Acaso no será tiempo de pensar en democracias participativas donde las escuelas dejen de ser repositorios de la colonialidad del poder y pasen a ser usinas de pensamiento emancipatorio, con docentes formados en las pedagogías críticas?
¿La pobreza cuantificada de los debates comunicacionales en educación?
Para ejemplificar, apenas un poco, y en la coyuntura actual, el comunicador del grupo Clarín, Jorge Lanata, en su artículo: “Un tema que no le importa a nadie: el drama de la educación y los políticos que miran para otro lado”, del sábado pasado, buscando desde el título un golpe de efecto típicamente mediático, abre su nota con una cita sarmientina: “La palabra “democracia es una burla si el gobierno pospone o descuida formar al ciudadano”, aunque ya sabemos que democracia y ciudadano para Sarmiento no eran conceptos que abarcaran a todxs.
Continúa con una encuesta realizada por Management & Fit, en la cual se preguntó “¿cuál se consideraba el principal problema de la Argentina?” y nada más que un ínfimo 3% contestó, la educación.
¡Nada de qué sorprenderse! Porque las respuestas se encolumnaron de la siguiente manera: el 49% contestó que era la inflación, el 28% dijo que era la corrupción, el 7% la pobreza, el 5% la inseguridad y el 4% la desocupación. Más bien cabría preguntarse ¿cómo se ordena la agenda en los medios? Así la secuencia de la encuesta cobra sentido y no se trata de que “la educación no le interesa a nadie”, sino que, en la formación de la opinión pública, es decir en los contenidos mediáticos no está la educación, salvo para casos de violación, abuso, cierre de una escuela; esto es, en la temática mediática, el delito. O para los comienzos de ciclo lectivo o para los resultados de las pruebas estandarizadas. Es decir que el debate sobre educación solo se reduce a cuestiones medibles.
Así que el primer argumento de Lanata no se sostiene para hablar de la problemática educativa que de por sí es compleja y no se puede enfocar desde una mirada instrumental y mucho menos a través de una encuesta guiada.
Aunque sí esa parte del artículo, o todo, puede ser objeto de una clase de comunicación, para ver cómo se articulan enunciación y enunciado, pero eso lo dejamos para otros espacios educativos.
Más allá de esta breve digresión, el artículo de Lanata hace una pretendida cita de autoridad: “En 2021 Sergio Siciliano -ahora diputado bonaerense, ex viceministro de Educación de la gestión Vidal- presentó un proyecto para declarar la emergencia educativa en la Provincia. Nunca llegó a tratarse, ni siquiera en la Comisión de Educación de la Legislatura bonaerense, que en los últimos tres años solo se reunió seis veces”.
Citar al viceministro de la gestión de María Eugenia Vidal es cuando menos ignorar que la gestión de Vidal no invirtió en educación, ni en infraestructura (todavía están latentes las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la escuela N° 49 Nicolás Avellaneda de Moreno por las que tendrían que dar explicaciones Vidal y el empresario devenido en Director General de Escuelas, en ese momento, Gabriel Sánchez Zinny). La única gestión educativa de Vidal fue la desinversión, el consecuente abandono edilicio y los cierres de escuelas.
Así que citar a un funcionario de educación de la exgobernadora, que presenta un proyecto para declarar la emergencia educativa en la provincia, es como citar al coronel Federico Rauch en sus partes militares: “Hoy… para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles”.
Respecto de la formación docente, también el referente es Sergio Siciliano, el exviceministro de Vidal: “Hoy hay docentes a cargo de un aula -dice Siciliano- que apenas cursaron la mitad de la carrera. La formación de un maestro requiere cuatro años, pero la mayoría de los estudiantes termina la carrera en seis, y aunque cursan didáctica de la matemática y de la lengua, no tienen lengua ni matemática. Carecen de formación académica sobre las materias“.
Lo curioso es que hablan como si no hubieran estado en la administración de la provincia durante 4 años. Es cierto que hay estudiantes a cargo de cursos, pero la razón no es porque la carrera de 4 años, “la terminan en 6”, sino que no hay docentes. Mientras la población del primario y el secundario se expande por lógica del crecimiento demográfico, las carreras docentes y el trabajo han sido tan estigmatizados y precarizados por las propias políticas que ellos describen en sus análisis, cuando no son gobierno, que cada vez menos jóvenes se inclinan por esa actividad.
También es cierto que las carreras se alargan, pero la pregunta es por qué y la respuesta está en las políticas económicas y la necesidad de conseguir, aunque sea un trabajo precario para sostener los estudios.
No hay duda de la precarización a que fueron sometidos lxs docentes con los cambios de planes y las reformas curriculares, pero eso es el producto de más de 30 años de “aprender a aprender”, la famosa falacia, producida en los informes de la UNESCO y archirrepetida como un mandamiento sacralizado, sin grieta mediante por las pléyades de especialistas que toma el arco que va desde la derecha neoliberal, hasta los progresismos en todas sus variantes.
Aprender a aprender, el eslogan, idea fuerza del reformismo, leitmotiv que decretó que el conocimiento está en internet, o que no es necesario aprenderlo porque los cambios son vertiginosos por lo tanto los contenidos en la formación docente se han declarado desiertos, por lo menos como referencia curricular.
Pero los responsables no son lxs estudiantes, ni lxs docentes, son las políticas que vienen implementando los sucesivos gobiernos en función de los mandatos internacionales, llamados “recomendaciones”, que seguramente veremos en un próximo artículo ya que el superministro Sergio Massa expresó su beneplácito por la aprobación del Banco Mundial de un crédito de 450 millones de dólares de los cuales 300 son para el proyecto “Mejora de la Inclusión en la Educación Media y Superior por Resultados”.
Volviendo al artículo de Lanata, la otra fuente que cita es a “Argentinos por la Educación”, la ong empresarial, fundada por Roberto Souviron, ceo de Despegar.com, egresado de la elitista Universidad de San Andrés, que casi sustituyó al Ministerio de Educación durante el período 2015-2019, en el que en el gobierno del país cayó Mauricio Macri.
Al contrario de Jorge Lanata, hay demasiados exponentes ocupados de la política educativa, más todavía con los cientos de fundaciones parasitarias que se inmiscuyen en el sistema.
Pero lxs docentes que hacen la educación día a día, no la pueden pensar, sus prácticas están separadas de las políticas que las piensan.
Recapitulando, si la encuesta de Management & Fit dio esos resultados, tenemos que preguntarnos por la incidencia de los medios en “nuestras” percepciones de la realidad y de los formatos de las encuestas; si las citas de autoridad que toma Lanata para el diagnóstico son el exministro de educación de Vidal y Argentinos por la Educación, lo único que queda claro es el posicionamiento ideológico del comunicador y no el interés por la educación, tal como queda demostrado con la cita de cierre de la nota, con las expresiones de Javier Milei, que “planteó suspender la gratuidad de la educación pública y reemplazarla por un sistema de becas…”.
Claramente,la vertiente de la educación como servicio para quien pueda pagarla, una variante más del mercado educativo que es el objetivo final de los grupos concentrados, diseñadores de sociedades que profundizan las desigualdades, pero con discursos de cínica preocupación de sus voceros.
Nota del autor: Publicado en tramas.ar
