La obscena concentración de riqueza que Oxfam denuncia en su informe: “Contra el imperio de los más ricos: Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”i, es la expresión contemporánea de una lógica que Marx definió hace más de un siglo: la plusvalía como núcleo de la explotación. Los datos son espeluznantes: la riqueza de los milmillonarios alcanzó los 18,3 billones de dólares, creciendo un 16% solo en el último año, mientras en nuestra región la fortuna de esta élite aumentó 16 veces más rápido que la economía real.
El ranking de Forbes Argentina 2025–2026 muestra que las 50 mayores fortunas del país acumulan 78.000 millones de dólares, equivalentes al 12,1% del PBI de 2023, un 68% más que en 2020. La cifra incluso supera el récord de 2018 (70.000 millones) .
Entre los más ricos figuran Marcos Galperin (Mercado Libre), Paolo Rocca (Techint) y Alejandro Bulgheroni (energía), todos con fortunas superiores a los 1.000 millones USD.
Lo que hoy se nombra como “apropiación del excedente” en el Informe es la misma operación de siempre: el trabajador produce más de lo que recibe, y ese excedente es capturado por las minorías que traman nuestros destinos. La diferencia es que ahora esa captura se amplifica por el poder financiero y tecnológico que, según Oxfam, otorga a un milmillonario 4.000 veces más probabilidades de influir en las reglas de la democracia que a un ciudadano común. No solo acumulan capital; moldean las leyes para legalizar el despojo.
En Argentina, la media sanción en Senadores del proyecto de reforma laboral se inscribe en esta misma matriz. No es “modernización”, como proclama el señor presidente, sino una regresión histórica que nos pretende devolver a 1880. Esta ley no solo busca abaratar la fuerza de trabajo, también avanza en lo que podríamos llamar la captura de la plusvalía pedagógica, que podemos caracterizar como el tiempo de vida y de pensamiento que se le arrebata al sujeto para ponerlo al servicio absoluto del mercado.
Al quitar derechos y precarizar el trabajo, el capital extrae valor económico y disminuye la energía vital necesaria para la reflexión política y la construcción colectiva del trabajadxr. La plusvalía pedagógica le anula la capacidad de imaginar otros mundos porque cancela el tiempo del pensamiento, de la toma de conciencia y, por sobre todo de recrear la utopía como horizonte de posibilidad.
Esta ofensiva es, en esencia, un proyecto de colonialidad del saber. Se nos impone una visión del mundo donde el conocimiento solo es válido si es útil para el flujo del capital, es la noción instrumental lo que aplica este modelo extractivista de nuestra subjetividad.
La educación es degradada a un mero “servicio” de capacitación y entrenamiento, un engranaje de la pedagogía de la adaptación que busca formatear una subjetividad dócil, resignada a la incertidumbre y al “auto-emprendimiento” de la propia explotación. El objetivo es claro: que el trabajador no se piense como sujeto de derechos, sino como una mercancía que debe estar en permanente “actualización” para no ser descartada.
Repasemos, en una apretada síntesis de un recorrido de nuestra historia contemporánea: el dictador Juan Carlos Onganía (1966-1970) intentó disciplinar el trabajo y la universidad, encontrando la respuesta popular en el Cordobazo. La dictadura genocida (1976-1983) aplicó las recetas neoliberales con el terrorismo de Estado (luego vinieron los juicios por la verdad y las condenas a los genocidas). El menemismo de los 90 consolidó la privatización, pero uno de los ejercicios de la pedagogía de la crueldad más exitosos fue la corrupción semántica de determinados conceptos hasta vaciarlos; política del despojo lingüístico que se fue instalando desde los organismos internacionales y que fueron redefiniendo los enfoques de la realidad.
Un ejemplo actual (entre muchos) de la corrupción semántica del Estado se expresa en la declaración de la “esencialidad” educativa. Es la pieza maestra de la crueldad: se usa un concepto vital para prohibir el derecho a huelga, buscando neutralizar la capacidad de interrupción del docente, restringir su autonomía y su derecho a la defensa de lo común: el salario y las condiciones laborales. No declaran esencial el presupuesto, sino la obligatoriedad de que la “maquinaria de entrenamiento” no se detenga.
En consecuencia, la esencialidad no es una categoría pedagógica, es una categoría policial aplicada a la enseñanza. Al decretarla, el Estado confiesa su miedo: sabe que la educación, cuando no es ‘servicio’ sino encuentro crítico, es el único espacio capaz de romper el hechizo de la resignación individualista.
Aquí la pregunta ¿Qué educación? se vuelve estratégica. Una educación reducida a “capacitación” —como venimos señalando desde hace muchos años— legitima la precariedad y naturaliza la extracción de plusvalía, validada por la performatividad económica que necesita el mercado de los estudiantes. La educación es política, por esa razón la vacían de contenidos tras la mascarada de la “objetividad” del conocimiento.
La reforma laboral pretende mano de obra barata; busca mentes domesticadas. Frente a la pedagogía de la formación para la precariedad, debemos oponer una contra-pedagogía que integre al trabajo y a la educación a las dimensiones ética y política.
Frente a ella, la pedagogía crítica debe actuar como un espacio de praxis de desobediencia semántica y con enfoque decolonial, recuperando la memoria de las luchas y defendiendo lo común para la construcción de ese otro mundo posible, urgente y necesario.
Por ahora estamos asistiendo a un episodio más de lo que ha sido la ofensiva histórica de las minorías que traman nuestros destinos, esos que se reciclan en la apropiación permanente de territorios y vidas, que nos imponen una forma de pensar la realidad que ellos mismos maquillan, falsean, destruyen, corrompen, clausuran, invisibilizan…
Tienen el poder, tienen los medios de producción, tienen los medios de comunicación, tienen el poder tecnológico y acceden al poder político, etc. etc.
Para dar mayor precisión de lo que está ocurriendo, el Informe Oxfam cita lo siguiente: “La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha elaborado un “Manual de un golpe de Estado multimillonario”, en el que destacan 13 estrategias utilizadas por los milmillonarios para consolidar su poder. Entre ellas se encuentran la financiación de movimientos de extrema derecha para dividir a la clase trabajadora, los recortes del gasto social mientras se aumentan las subvenciones a empresas, el control de los sectores empresariales, la industria y los medios de comunicación, y el uso de los datos para manipular a la opinión pública. La CSI afirma que los milmillonarios fomentan la división atacando a las minorías, fingiendo una retórica anti elitista, generando caos y ruido para silenciar la oposición, y reprimiendo a sindicatos y activistas. Justifican estas medidas disfrazándolas de seguridad, crisis o crecimiento económico, aunque en realidad están erosionando las libertades y ampliando la riqueza e influencia de los superricos” (pág.32).
Los milmillonarios, personificados en Donald Trump, por ejemplo, y sus gerentes coloniales, como el señor presidente, han declarado la guerra abierta. Y el Estado, bajo sus gobiernos, actúa como su brazo armado simbólico a través de decretos (inconstitucionales como el 70/2023) y/o leyes (inconstitucionales como la Ley Bases o la media sanción al proyecto de Reforma Laboral y, otras constitucionales pero incumplidas por el Ejecutivo: Emergencia Pediátrica (no se asignan las partidas); Financiamiento universitario (el gobierno apeló -12/2/2026- la orden judicial que le exigía aumentar los fondos); Emergencia en discapacidad (luego del intento de derogación y frente a la intimación judicial el Ejecutivo reglamentó el Decreto 84/2026 el 12/2/2026, estableciendo un régimen de emergencia para regularizar deudas y nuevas pensiones no contributivas). Y su brazo armado físico: la represión brutal sobre los cuerpos, tal como lo vemos, sistemáticamente sobre los jubilados y ante cualquier protesta de trabajadores, como la reciente del 11 de febrero, con las prácticas represivas de “cacería”, gases lacrimógenos, disparos con balas de goma, uso de camiones hidrantes y la violación sistemática del propio protocolo antipiquetes de las fuerzas de (in)Seguridad.
En estos contextos nacionales e internacionales con el dimensionamiento obsceno de la riqueza; la defensa de la educación como derecho para el crecimiento intelectual, ético y político y no para el adoctrinamiento empresarial; como campo de disputa contra la colonización o emancipación de nuestra existencia; la pregunta por ¿Qué educación? es, en última instancia, la pregunta filosófica sobre qué presente y futuro común queremos construir frente al imperio de los que se enriquecen con el esfuerzo y la vida de lxs trabajadorxs.
Estas políticas de exterminio de la subjetividad, de lo público, de lo común, de los vínculos solidarios, de necrosis social y de exaltación de la crueldad son las que rigen nuestros destinos como en la antigüedad clásica. Los griegos y los romanos creían sus destinos atados a los designios de los dioses, ignorando que sus padeceres eran el producto de las decisiones imperiales.
En las democracias fallidas del capitalismo la cosmovisión es similar, solo que en lugar de los dioses, las “culpas” de los pretendidos éxitos y fracasos son el efecto de nuestras decisiones como individuos (trampa conceptual) y no de un sistema injusto cuyo modelo se funda en los orígenes de la llamada “modernidad” y la categoría geopolítica, “Occidente” (tan cara al señor presidente): el comienzo con saqueo, destrucción y genocidio en Nuestra América, primero y la deriva en capitalismo, después (con saqueo, destrucción y genocidio, también).
Esta arquitectura del despojo se completa con otra aberración que cierra el círculo de la crueldad: el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Mientras el Estado se retira de su responsabilidad de garantizar derechos básicos, avanza con su brazo punitivo sobre las infancias y juventudes precarizadas.
A los hijos de lxs trabajadorxs, a quienes este modelo les ha saqueado el presente y les ofrece una educación de ‘entrenamiento’ para empleos que no existen, se los criminaliza por los efectos mismos de la exclusión que el sistema genera. La baja de la imputabilidad es la confesión del fracaso del Estado como educador y su triunfo como carcelero; es la aplicación de la lógica del desecho sobre los cuerpos más vulnerables. Si para el milmillonario la ley es un traje a medida, para el joven de los barrios populares la ley es un cerrojo. Aquí, la ‘esencialidad’ vuelve a mostrar su rostro hipócrita: la escuela no es esencial para nutrir, pero la cárcel se vuelve esencial para recluir.
Frente a este escenario de necrosis social planificada —que va desde la reforma laboral que extrae plusvalía pedagógica hasta la criminalización de la infancia—, nuestra tarea es la interrupción crítica. No podemos permitir que la “pedagogía de la adaptación” clausure el futuro. Por ello, se vuelve urgente y necesario convocar a un Congreso Pedagógico autogestionado y soberano; un espacio de encuentro donde la docencia, en unidad con los estudiantes, asuma el debate estratégico que el poder pretende prohibir.
Necesitamos un Congreso que no sea un simulacro burocrático, sino una herramienta de lucha para reconstruir los vínculos solidarios y dar batalla a la colonialidad del saber. Es allí, en el debate entre trabajadores de la educación y estudiantes, donde debemos gestar una contra-pedagogía que enfrente la crueldad y recupere lo común. Porque si la modernidad comenzó con un genocidio y pretende cerrar su ciclo con el exterminio de lo público, nuestra respuesta debe ser la invención colectiva de una escuela y un trabajo que no nos pertenezcan como mercancías, sino como territorios de emancipación. Contra el imperio de los milmillonarios y sus gerentes de turno, nos queda la lucha por la memoria y la potencia de lo compartido; la certeza de que el destino no está en los decretos imperiales, sino en nuestra capacidad de seguir construyendo el presente y el futuro común que nos merecemos.
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i“Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios” (enero 2026) Informe
Publicado en Huella del Sur 14/2/2026
