¿Educación pública e igualdad o
reforma educativa?
Por Darío Balvidares*
El pensamiento de la política educativa desde los comienzos de la
reforma fue cooptado por los organismos internacionales como institutos
mediadores y amplificadores del cambio de paradigma educativo encaminando así,
la creación de un gran mercado internacional de la educación pensado desde el
mundo corporativo.
Para nuestra región, el faro a seguir ha sido Chile, el sistema más privatizado junto al del Reino
Unido, aún sin compartir las mismas causales, de un lado Pinochet; Thatcher,
del otro.
Y, aquí, en Argentina, uno de los países, sino el principal en la
región, más mirado y respetado por su sistema público de educación, pero que,
desde fines de los ‘70 del siglo pasado se encamina hacia un proceso de
desmonte, primero con la dictadura genocida empezaba el proceso de
fragmentación y luego, en los ’90, con
el desembarco desembozado del proyecto de la reforma mercantilista /
privatizadora de la educación.
El sistema se fragmenta y subfragmenta, hasta llegar a estos días en
que no solo la fragmentación continúa profundizándose, sino que, además, el
aluvión endoprivatizador llegó a los cargos en el Estado y esto trae como
consecuencia lo que podemos llamar, la intelligentsía en el sistema educativo.
Una clase social, una élite, que se considera portadora de un
paradigma mundial, de un formato cultural
que promociona, a través de sus agentes virales –especialistas,
periodistas, fundaciones y ong de las que muchos funcionarios forman parte - como el único y verdadero pensamiento que
llevará al “éxito” a la sociedad de la mano del “emprendedurismo” individual,
cosa que desde el punto de vista pedagógico es una flagrante falacia.
Y, de esta manera, sin filtro, los discursos apologéticos sobre las bondades
de la tecnología en la escuela, son discursos tan “acríticos” como coloniales[1],
operaciones psicolingüísticas cuyo verdadero interés es la promoción y venta de
plataformas digitales como proyecta la llamada “Escuela del futuro” en la que
los alumnos estarán el 70% del tiempo escolar frente a la pantalla de una
computadora y el 30% con un docente devenido en facilitador.
Así como los discursos sobre
las “bondades” de las evaluaciones estandarizadas. Como si se desprendiera de
ese binomio, tecnología y estandarización, el numen que ligará el
aprendizaje escolar con el crecimiento económico. Sin ni siquiera discutir porqué
esa intelligentsía ha borrado el aprendizaje específico (los saberes) de las
currículas escolares y suplantado por el aprendizaje por competencias, con el
liso argumento que refiere a que “los conocimientos están en internet”. Otra
flagrante falacia, puesto que en internet está la información (no siempre
segura), pero no el conocimiento, ni los modos construir ese conocimiento. Y,
justamente por eso es la relevancia de la escuela pública en la que deberían
estar todos, todas y todes. Pero la reforma logró amplificar la fragmentación
social, generando públicos con la distinción.
Algunas opiniones y algunas preguntas
Delineada, de manera breve, la gran telaraña donde subsumió el reformismo
neoliberal al sistema educativo, es tiempo de hacer una lectura crítica a la
plataforma[2]
de educación del Frente de Todos, agrupación política que ganó las elecciones
presidenciales.
El documento comienza por textualizar lo que hace años se viene
produciendo, el incremento de la pobreza que padecen más de la mitad de los menores,
con todo lo que ello implica en cuanto a las necesidades básicas, nutrición,
salud, vivienda, etc.
El texto remata el párrafo diciendo: “Reconstruir una educación pública que impulse el crecimiento y la
igualdad constituye para nosotros una premisa ética y política. Porque no hay
crecimiento sin igualdad y no hay igualdad sin educación pública de calidad”.
Hablan de “reconstruir”. ¿Qué implica “reconstruir” en el contexto
actual del paradigma educativo? También, lamentablemente, hay que aclarar que
sí, que hay crecimiento sin igualdad en estos contextos latinoamericanos, el
ejemplo es Chile. La discusión debería
ser en torno al concepto de “crecimiento”, quiero decir, ¿en función de qué
crecer, para el empoderamiento social o para la optimización de ganancias de
las corporaciones?
El concepto de “calidad”, también está en la boca de todos los que
hacen discursos públicos sobre educación (sindicalistas, políticos,
especialistas, periodistas) pero la palabra “calidad”, en el paradigma impuesto,
está ligada a los “resultados” y estos a la “evaluaciones estandarizadas”, es
decir, al dispositivo de control y al negocio multimillonario que creó la OCDE[3].
Ahora bien, “si no hay igualdad sin educación pública”, significa (y
en esto, en principio, vamos a estar de acuerdo) que es la garante de la
igualdad
Pues, entonces, de allí se puede colegir que la educación privada ha
sido, incluso por su planificada expansión en la desposesión del territorio
público, piedra fundamental para la fragmentación social.
Para los finlandeses[4]
lo fue y, por eso, resolvieron disolverla. Pero no se trata de hacer lo que
otros países con otras idiosincrasias hicieron o hacen, pero sí de pensar: ¿Qué
nos pasó con la permeabilización de la educación privada, no sólo en cuanto a
la proliferación viral en todos los niveles (exoprivatización); sino, también,
la expansión endoprivatizadora? Como la industria de las evaluaciones
estandarizadas o las empresas de consultoría, además de la firma de convenios
millonarios con fundaciones corporativas o con universidades privadas que se
convirtieron en faros intelectuales del reformismo permanente imponiendo la
lógica del mercado al interior del sistema.
Como muestra…
En estos días se publicó una resolución de la Dirección General de
escuelas de la provincia Mendoza que dice: La
Resolución N° 3681-DGE-2019 establece que serán aspirantes en
escuelas públicas de gestión estatal y privada los estudiantes que, por su
esfuerzo personal sostenido durante las trayectorias realizadas, cursen 6°
grado de establecimientos de organización completa, u otros grados en
instituciones de organización incompleta. La Dirección General de Escuelas
comunica a toda la comunidad educativa que en Nivel Primario, alumnos que hayan
repetido algún grado no podrán participar en la elección de abanderados y
escoltas, de acuerdo a la adecuación del Reglamento para conseguir portar la
Bandera Nacional y la Bandera de la provincia de Mendoza.[5]
Tal vez y sólo tal vez, haya que hacer pedagogía (no instrumental) con
los funcionarios que creen que las políticas de segregación y fragmentación, que
impone la estética mercantilista del éxito, son las que contribuyen a
sociedades más justas.
No es el lugar este artículo para la discusión pedagógica específica,
pero sí para insistir en que son las propias acciones del estado (provincial y/o
nacional) las que manifiestamente, convocan a la ruptura de la solidaridad. E
imponen la pedagogía del “más apto”.
¿Acaso, la bandera como símbolo, da cuenta de las trayectorias escolares
interrumpidas por las políticas de ajuste que implementan funcionarios que solo
piensan en discriminar e imponer dispositivos perversos de alienación?
Si la bandera implica habitar la misma territorialidad (en sentido
amplio) ¿desde qué lugar mesiánico, un funcionario se arroga la potestad de
decidir quién porta el estandarte y quién lo tiene vedado?
Hablan de la escuela del futuro, pero
sacan resoluciones que promocionan acciones más cercanas a la
“obediencia debida” que a la escuela
inclusiva, sobre la que también hacen discursos hipócritas. El esfuerzo de
la escuela no basta, la inclusión real se va a dar cuando los niños, niñas y
adolescentes salgan de la escuela y no vuelvan a los márgenes, quiero decir que
la escuela no incluye si las políticas son de exclusión. Y es justamente en la
escuela donde se manifiesta la vulneración social con la que los docentes de
escuela pública se enfrentan todos los días.
Volviendo a Mendoza, incluso el gobernador electo, Rodolfo Suarez,
afirma que uno de los primeros proyectos que enviará a la legislatura
provincial es el de la creación de una
Agencia de Evaluación de la Calidad Educativa, a instancias de José Thomas,
quien será el próximo Director General de Escuelas, actualmente es gerente
educativo en el colegio ICEI, una institución privada, del que su familia
es propietaria y su abuela fue una de las fundadoras.
Además, el gobernador electo y su futuro director de escuelas proponen
imitar el estallado modelo chileno: “Un
primer modelo que inspira a Suárez está acá cerca, en Chile”.
Aunque también piensa en modelo chino en el que “todos los alumnos rinden un examen semestral con un código QR que se
manda a una plataforma informática (…) Esa evaluación periódica y continua
permite obtener indicadores de cada alumno que muestran avances y dificultades
a través de inteligencia artificial”[6].
No sólo la incontratable realidad nos muestra como reventó la burbuja
chilena, sino que además, ese sistema exclusivo
cobra sus víctimas con las altas tasas de suicidios en general y de jóvenes en
particular, se llegará “al 2020 contabilizando 12 casos por cada 100
mil habitantes en la población de 10 a 19 años, más que duplicando la tasa en
apenas cinco años”[7].
Tasa superada, también en China: “El
suicidio se ha convertido en China en la primera causa de muerte no natural. La
cifra de fallecidos por este motivo alcanza los 350.000 al año, lo que supone
un 35% del millón de víctimas que se registra en todo el mundo.
Los datos han sido develados
por el Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Sanidad del
país y señalan que la mayoría de los suicidios los cometen jóvenes de
entre 15 y 35 años”[8].
Iglesia
En otro orden o en el mismo,
el Consejo Católico para la Educación en Córdoba rechaza a través de un
comunicado la reforma a la ley de Educación Sexual Integral[9], una ley que fue votada en 2006, pero que su aplicación
impactó en las escuelas a partir de 2009, con graves “inconvenientes” para su
ejecución en las escuelas por la férrea oposición de una iglesia que la
considera “ofensiva” para su feligresía, para no abundar. Aunque podemos
sospechar, con absoluta razón, que la iglesia se opone a una ley que
“conspiraría” contra las prácticas tan habituales como históricas de sus
centenares de ordenados: la pedofilia.
Mientras terminábamos este
artículo se conoció el veredicto y la sentencia contra los curas por abuso de
menores sordos e hipoacúsicos del Instituto Provolo de Mendoza y el hipócrita
comunicado del Arzobispado[10] de
esa provincia, que además de su cínica “solidaridad” con los familiares de las
víctimas, no nombra a sus sacerdotes abusadores.
¿Qué dirán desde la Dirección
de Escuelas tan “preocupados” por decidir, segregando, los abanderados? ¿Qué
dirán el gobernador entrante y su flamante director de escuelas tan
“preocupados” por la creación de una agencia de evaluación?
Volviendo al documento frente/todista
“En el marco de un sistema
educativo federal, es preciso sostener ámbitos amplios de discusión sobre el
diseño y la implementación de políticas educativas que respondan a las
necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina y aseguren el derecho
individual y social a la educación”.
La pregunta que surge es:
¿Qué beneficios trajo la desnacionalización del sistema educativo en
función de ampliar el derecho a la educación? Si bajo la máscara de la federalización se
desmembró el sistema.
“La complejidad de estos
propósitos no admite, salvo por ignorancia o banalización, la adopción de
slogans ni el ofrecimiento de soluciones enlatadas y fragmentarias, como las
que han ocupado el lugar de las políticas educativas nacionales en los últimos
años”.
Esas políticas “enlatadas” provocaron no sólo subejecuciones de partidas, sino también desvíos que realizó el actual gobierno de Cambiemos.
Así como el “debilitamiento del Instituto
Nacional de Formación Docente y del Instituto
Nacional de Tecnología Educativa (INET)”, transformado en una “agencia de
talentos”[11] por
Gabriel Sánchez Zinni, durante su gestión en ese instituto: “El Ministerio de
Educación y Deportes a través del INET firmó un acta complementaria con
la Fundación ‘Enseña por Argentina’ para
realizar actividades de cooperación institucional y asistencia técnica
en acciones tendientes a fortalecer la calidad de la Educación Técnico
Profesional…[12]”
Pero luego fue nombrado Director General de Escuelas, y hoy, aunque ya saliente, el titular de
Educación en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo un ferviente firmador
de convenios con fundaciones corporativas como lo muestra una aguda
investigación realizada por docentes de ciudad de La Plata[13].
“Para ello, es imperioso
revertir el actual proceso de reducción de la responsabilidad del Estado
Nacional en materia educativa y la delegación de responsabilidades educativas
en organizaciones con fines de lucro”, afirma el texto de la plataforma.
Dice “revertir el actual proceso…”
¿es que el próximo gobierno dejará sin efecto los convenios, incluso con la
fundación del multibillonario Sunny Varkey, entre tantos otros, que está
embolsando 150 mil dólares mensuales por los acuerdos celebrados con el
Ministerio de Educación nacional en varias provincias durante varios años, para
la capacitación de directivos[14]?
Cómo no va a “regalar” un millón de dólares el multibillonario, en un premio que
varios medios y especialistas celebran como el “Nobel” de la Educación, si
solamente de Argentina se lleva un millón y medio en 10 meses de una sola
provincia. ¡Por eso está en la Revista Forbes, por los contratos de
“beneficencia” para ricos, que hacen los gobiernos como el de Cambiemos!
Por lo expuesto, brevísimamente, en este artículo y sabiendo que quienes
conforman el Frente de Todos, resguardan lo prescripto por la Ley de Educación
Nacional (LEN - n° 26.206), es dable recordar que los argumentos del mamarracho
llamado “Plan Maestro”, del gobierno Pro-Radical, así como las fundamentaciones
de la Ley de la creación de la UNICABA o
“La Nueva Escuela Secundaria” y “La secundaria del Futuro” tienen sus fundantes en la LEN. Quiero decir,
que me parece, que habría algo para revisar, para no abundar.
Dicho esto, si pensamos en una transformación de la educación en todas
sus dimensiones y que se inicie un
proceso real de descolonialización, en el sentido más amplio de la palabra, y
por aquello que figura en su documento programático sobre que: “…la igualdad constituye para nosotros una
premisa ética y política (…) y no hay igualdad sin educación pública…”
Es obligado preguntarse:
¿No es, acaso, uno de los principales obstáculos para caminar hacia la
“igualdad”, la fragmentación que impone la educación privada con su estatus de distinción?
¿Acaso la lógica de una transformación que rompa el proceso de
desposesión creciente, no debería albergar el quiebre del continuismo del
dispendio que provocan no sólo los convenios con las ong y fundaciones
corporativas, sino también la subvención a las escuelas privadas religiosas y
laicas y que esos dineros públicos financien lo que corresponde por origen?
Tal vez, sea el momento de separar la iglesia del Estado, así las
decisiones del Estado no tendrían que verse en controversia con las opiniones
confesionales que ya no podrían ser “vinculantes”, como pretende el Consejo Católico
para la Educación de Córdoba respecto de la modificación de la Ley de Educación
Sexual Integral, por ejemplo.
Ya que en el sistema capitalista la distinción tiene sus costos, pues entonces que la educación privada
la costeen aquellos que desean pertenecer.
Pero no, con los dineros públicos que ven mermada su financiación a la
educación pública que de manera permanente es denostada, aunque sea la garante
de la igualdad social.
¿No es, por cierto, otro de los temas a resolver la descentralización (planificada en los
organismos internacionales, ejecutada en los ’90 y jamás rectificada)?
Puesto que fragmenta el sistema en 24 jurisdicciones, más las subfragmentaciones
al interior de cada jurisdicción, lo que da como resultado un sistema
totalmente desarticulado, desmembrado, con las consecuencias que ya conocemos y
explicamos brevemente en el recorrido de este artículo.
Como conclusión, pero sin cerrar…
Más adelante el documento del Frente de Todos afirma que: “en relación con las políticas educativas
deben planificarse en articulación con políticas públicas orientadas a
garantizar los derechos a la salud, la alimentación, el empleo, a un hábitat
digno, a la protección social”
Uno de las primeras cuestiones a solucionar es la vulneración social
sistemática. Las políticas de redistribución no se pueden agotar en las
“mejoras” del ingreso de dinero para el consumo, cuestión absolutamente
necesaria en la coyuntura. Pero, también hay que proyectar un país con
independencia económica; soberanía alimentaria; de salud (producción pública de
medicamentos) y educativa (fin de la reforma privatizadora); además de la redistribución territorial
asociada al reconocimiento de la deuda ancestral con los Pueblos Originarios. La
reconceptualización del trabajo como
una de las decisiones políticas más importantes, si en verdad se lo quiere
sacar de la precariedad en que lo
subsumieron los estándares de la corrupta “modernización“ del Estado, primero y
la llamada “flexibilización laboral”, después.
Otro motivo para quebrar la dirección actual de la política en la
relación Educación-Trabajo, es que este modelo está basado en el “desarrollo de
las competencias” que sólo estima como objetivo la “empleabilidad” para garantizar
la competitividad de las empresas y del Estado, lo que implica la subordinación
de la educación a la competitividad económica.
Este modelo no educa, adiestra para el mercado. Utilizando patrones de
rendimiento que se ejecutan en las evaluaciones estandarizadas midiendo los
resultados a través de la construcción de indicadores.
Es necesario construir un proyecto social solidario, redistributivo,
emancipador y participativo en el que todos, todas y todes tengamos la voz, el
poder de decidir y de reconocernos en el otro, otra, otre. Y tal vez así
aparezca el camino hacia la igualdad y ese camino sólo va a ser dado por y en
la educación pública.
Un nuevo modelo educativo debe ser pensado también de manera
transversal con otras áreas, como propone el documento frentista, pero no por
la misma pléyade de “expertos”, ni “especialistas”, ni políticos que respondan y
se formen en fundaciones corporativas como Red
de Acción Política (RAP) o sean miembros de Diálogo Interamericano (IAD por sus siglas en inglés), para nombrar
sólo dos corporaciones, entre otras tantas centenas, que operan en favor de la desposesión y cooptación
de lo público, tanto en el sentido físico como ideológico, no sólo en el mundo
sino en sus subsidiarias vernáculas como la ya nombrada “Enseña por Argentina”,
una subsidiaria de “Teach For America” e integrante de la red “Teach for All”,
ambas de Wendy Kopp (distinguida entre las 100 figuras de Estados Unidos), toda
una telaraña imperial sobre Latinoamérica y con inmunidad diplomática.
El nuevo gobierno debe impulsar la plena participación del conjunto de
la docencia desde un gran Congreso Educativo/Pedagógico que genere las bases
para ese otro modelo posible.
Emancipar el pensamiento de las teorías “liberalizantes” de mercado
que han impuesto la dialéctica del éxito
y el fracaso exaltando la lógica del individualismo y ocultando la esencia
de su fundante, la pedagogía de la
obediencia y la colonialidad del
poder. Ambas categorías confluyen en la optimización de ganancias de unos
pocos que no sólo acumulan, sino que deciden e imponen los formatos de
acumulación (la renta extraordinaria del autoproclamado campo con el no pago de
retenciones, por ejemplo).
Hoy, más que nunca, la educación se manifiesta como espacio de
disputa política pero sobre todo, de disputa ideológica. Curiosamente, lo que
siempre es censurado, en la discusión pública, a los propios actores: docentes
y estudiantes.
Incluyendo el avasallamiento que estableció la Ley de Educación
Superior[15]
(n° 24521 LES) respecto de la autonomía universitaria, otro de los grandes
logros de nuestra universidad también admirado mundialmente, pero mancillado
por esa ley, que todavía desde su creación en la década del ‘90, nunca fue derogada.
La historia va demostrando que aún con los gobiernos progresistas del
siglo XXI, no se supo, no se pudo o no se quiso salir de la reforma
privatizadora de la educación y de ahí el crecimiento exponencial del proceso
endoprivatizador actual.
Como docente y después de haber trabajado en el sistema durante 30
años y como investigador, puedo afirmar que no se quiso salir de la reforma, porque no se permitió pensar en
cuál era el porqué de la misma (venía enlatado en el proceso de modernización
del Estado primero, y en las “necesidades” del siglo XXI, después), el
argumento era y es: el futuro. Y la
paradoja nos muestra que ahora es ese futuro.
Lo que ocurre en Chile, es ese el futuro. O en Colombia, que también
sufre un proceso de privatización incremental con lo que se denomina “Colegios
en Concesión”[16],
con la modalidad chárter, en las cuales un grupo privado (ong o fundación)
posee la gestión de una escuela pública con los dineros girados por el Estado
pero con funcionamiento de escuela privada. Otro ejemplo de un país con
contundentes desigualdades sociales. Y con la población en las calles diciendo BASTA
a esas políticas de despojo y apropiación.
El Golpe de Estado producido en Bolivia tiene varias aristas por la
que podemos entrar, pero en lo que respecta a este artículo, en educación es un
proceso inverso el que estaba desarrollándose, puesto que transitaba un camino
de desprivatización, si bien el
mayor contrincante y como no podía ser de otra manera, es la iglesia católica que no quiere perder
su hegemonía y, por lo tanto el gobierno de Evo Morales tuvo que otorgarle
algunas concesiones; lo que es importante remarcar es el proceso de
desprivatización educativa que se estaba encaminando, antes del Golpe[17].
Decíamos que la metáfora del “futuro” está mostrando la verdadera
cara, que implica, vía reforma educativa, producir mayor fragmentación social,
cambios en las subjetividades y sostener la ideología de la alienación para que
continúe el proceso de desposesión de lo público.
Justamente allí, en la matriz ideológica reformista del neoliberalismo
en particular y del capitalismo en general, es donde tiene que penetrar el
pensamiento crítico para dar la batalla cultural, sabiendo que a estas alturas
no hay espacio para “reformar” la reforma, como pudo haber intentado,
tibiamente y sin convencimiento, Michelle Bachelet en Chile porque docentes y
sobretodo estudiantes estaban en las calles.
No, ya no se trata del “futuro”, se trata del presente y si como dice el documento frentista: “… no hay
crecimiento sin igualdad y no hay igualdad sin educación pública…” , creo
que si ese enunciado no es una simple declamación, hay que tomarlo como una
declaración que impulsa a la batalla cultural más importante en lo que va del
siglo XXI en Argentina y es por esa razón que se hace imprescindible
descolonializar el sistema educativo, desprivatizarlo, convocar, en el mientras
tanto, a un Congreso Educativo/Pedagógico para quebrar la lógica de mercado que
puso en estado crítico la educación pública.
Pero, por sobre todo y a muy
corto plazo, lograr que la educación pública, ese espacio común, sea el
objetivo del presente. No existe otra forma para que la igualdad social pueda
desarrollarse, sostenerse y no quedarse
en un ejercicio de campaña electoral.
Las luchas, encabezadas por la juventud, en las aulas y en las calles,
en Chile, Colombia, Ecuador, para frenar la barbarie neoliberal y en Bolivia
para resistir a un Golpe de Estado que pretende reinstalar el neoliberalismo son las pruebas de que otra
comprensión del mundo está surgiendo desde varios estamentos. Y también la
comprensión de que ese neoliberalismo es impuesto con los dispositivos del
Estado.
Del mismo modo, sabemos que la lucha contra el neoliberalismo no se
agota allí, que en todo caso, será el primer paso de una lucha mayor que es
contra el capitalismo del que forma parte y contra el imperialismo que lo
alimenta.
¡Con descolonializar la educación no alcanza; pero sin hacerlo, el
camino a la igualdad es imposible!
*Profesor y Licenciado
en Letras (FFyL-UBA). Fue docente durante 30 años y Rector de la Escuela de
Comercio 3, Hipólito Vieytes (CABA).
Como investigador es
autor de “La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión”.
Herramienta Ediciones y Contrahegeminía Web (2019) CABA. Con prólogo de Alfredo
Grande y Andrea Arrigoni. Y del ensayo “La novela educativa o el relato de la
alienación” Redes Cultura (2005)
CABA. Con prólogo de Osvaldo Bayer.
Además de otros tantos
trabajos y artículos publicados en Contrahegemonía Web; Rebelion.org y Otras
Voces en Educación. Es Productor periodístico y columnista del programa radial
“La Deuda Eterna” que se emite por radio La Retaguardia.
(este artículo ya está publicado en Rebelión.org; ContrahegemoniaWeb y Otras Voces en Educación)
[1]
Recomiendo la lectura de un excelente trabajo de Martín Ignacio Torres, Innovaciones
educativas: El Plan Aprender Conectados.
¿Soberanía o dependencia? que se puede encontrar recientemente
publicado en el siguiente link https://contrahegemoniaweb.com.ar/innovaciones-educativas-el-plan-aprender-conectados-soberania-o-dependencia así como en Rebelion.org
[3] En
general, la aplicación de exámenes estandarizados de alto impacto y la
construcción de rankings de las escuelas son dos de los más
transnacionales mecanismos en los que se expresa la rendición de cuentas y la
responsabilización por los resultados del aprendizaje. Un rasgo común a las
distintas formas de accountability educacional es, sin
embargo, la sanción (Konidari,
2012; Afonso,
2012), la cual se entiende como consecuencia directa de la evaluación
de todos los involucrados en el proceso educativo: profesores, alumnos,
establecimientos escolares y el sistema en general.
De hecho, la evaluación ha sido uno de los pilares
centrales de este nuevo orden educativo, y es parte de lo que se denominó como
el ascenso del "Estado Evaluador", un término introducido por primera
vez por Neave
(1988). Dicho término se buscó contraponer con el paradigma del
"Estado Educador", característico de las sociedades de bienestar
social y que fue el responsable de garantizar los servicios educativos, siendo
reemplazado por un nuevo concepto: el "Estado Evaluador y Regulador".
http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v22n69/1405-1435-conver-22-69-00063.pdf
[12] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.inet.edu.ar/index.php/firmamos-convenio-con-la-fundacion-ensena-por-argentina/ 23-06-2016 (El
fundador de ‘Enseña por Argentina’ es Oscar Ghillioni, que en 2018 es nombrado
Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación)
[15]
Entre muchas otras cuestiones, utiliza la palabra “servicio” para referirse a
la educación superior y en ningún momento establece su gratuidad. De hecho,
faculta a las instituciones nacionales para “dictar normas relativas a la
generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional”, lo que
llevó a interpretar que abría la puerta al arancelamiento. Asimismo, estableció
la creación de una comisión encargada de evaluar y acreditar a las
instituciones y carreras (la Coneau), y posibilitó que las casas de estudios
con más de cincuenta mil estudiantes definan “su propio régimen de admisión”.
Una las objeciones más amplias apuntó al carácter “reglamentarista” de la ley,
a su avance sobre la autonomía universitaria. https://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-282445-2015-09-25.html
[17] https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Privatizacion%201-Abril.pdf
“La contención de la privatización. El caso de Bolivia. (pág. 56).
