La enajenación educativa como motor de la desposesión

 

Desde hace más de cuatro décadas, las reformas educativas impulsadas por organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL (en los principios) y la OCDE (en este siglo con mayor protagonismo), han moldeado los sistemas educativos bajo lógicas estandarizadas y profundamente economicistas.

Las diferencias en los matices discursivos de estos organismos no pueden ocultar el propósito que todos tienen en la mercantilización de la educación, tanto que siempre han colaborado para el armado de este proceso con definiciones políticas de imposición respaldadas por los continuos programas que ponen a disposición de los Estados vía créditos (endeudamiento). Con la necesaria complicidad de los alternativos gobiernos que adoptaron esas políticas y el consumo de sus propuestas programáticas.

Estos cambios, intensificados en la década de los noventa, se tradujeron en un proceso doble: la exoprivatización, por una parte, que implica la participación directa de actores privados sostenidos con dineros públicos a través de subsidios a escuelas privadas (subvención) o a asociaciones público-privadas (escuelas chárter), lo que provocó crecimiento exponencial de la educación privada y la endoprivatización, por otra parte, con la introducción de prácticas y lógicas del sector privado dentro de las instituciones educativas públicas, como la gestión basada en resultados o la competencia entre escuelas, mediante la intromisión de ONG, fundaciones y corporaciones tecnológicas en el sistema público.

Estos actores, respaldados por directrices internacionales, han logrado ocupar espacios estratégicos, como la formación y capacitación docente y directiva, el manejo de los contenidos curriculares orientándolos hacia las necesidades del mercado y del llamado “capitalismo de plataformas”, como una extensión del capitalismo digital; incluso la gobernanza de la educación a través de convenios que funcionan como una UTE (unión transitoria de empresas), como sucede en el sector minero. Convenio por el cual un gobierno a través de su ministerio o secretaría de educación establece una relación con una ONG dedicada a la educación y una fundación empresarial para establecer desde las políticas educativas hasta los formatos pedagógicos y las estrategias didácticas.

En este contexto, conceptos como “calidad” y “equidad” se han convertido en herramientas retóricas que encubren la perpetuación de desigualdades. La “calidad” se reduce a los resultados estandarizados, mientras que la “equidad” remite a la noción de “darle a cada uno lo que le corresponde”, dejando de lado el verdadero objetivo de igualdad que debería guiar a la educación pública. Estas nociones, lejos de promover una transformación social, apuntalan un modelo funcionalista que subordina la educación al mercado laboral y a los intereses de la corporación del complejo empresarial/tecnológico.

Lo interesante es que en el caso argentino, todo este proceso neoliberal de manipulación educativa tuvo los efectos críticos que todos conocemos, porque no sólo se trata o se trató de las cuestiones curriculares, sino que de lo que se trata es de la desposesión del carácter público del sistema y de la enajenación docente como proceso paralelo al de la desposesión, sin olvidar el carácter espurio de la educación por competencias y los efectos de alienación y desposesión que provoca en los estudiantes, puesto que su finalidad es establecer las métricas sobre su performatividad económica.

Una prueba de ello es el emergente de la importancia que de manera sorpresiva adquirió la “educación financiera”, tanto que pasó a ser tema de políticos, ministros de educación, gobernadores y hasta del señor presidente (por lo menos hasta la estafa $LIBRA), justamente por las “recomendaciones” de la OCDE, que también ofrecía las bondades del “bienestar socio-emocional”, conceptos que son tomados de manera acrítica por los gobiernos, nacional y provinciales porque son parte del paquete reformista que emplaza a la colonialidad del poder.

Las imposiciones sobre los nuevos “aprendizajes” quedan enmarcados en el otro arbitrario eufemismo, el de la “sociedad educadora”, concepto de tendencia global, pero reafirmado por el propio secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell. Son conceptos que no están puestos en debate, pero que encierran el desplazamiento que fijará la sustitución del Estado por las asociaciones de la sociedad civil y las del universo empresarial, cuyo avance en las políticas educativas, en las decisiones curriculares es evidente.

Es necesario insistir en que este paradigma educativo es adoptado por los progresismos de todas las intensidades y las derechas en el espectro de todo su abanico; es cierto que hay matices, si tuviésemos que ejemplificar, aunque el ejemplo suele ser reduccionista, durante los gobiernos percibidos como progresistas hubo mayor presencia del Estado en cuanto a las “ayudas” con contribuciones monetarias a las provincias a través de “fondos” presupuestarios, así como al bolsillo docente en el ítem que se dio en llamar incentivo (aunque nunca formó parte del salario y se mantuvo como un ítem discrecional con fecha de vencimiento); como así también la realización de paritarias, para acordar cuestiones salariales y de condiciones laborales.

Esto que estamos ejemplificando, de ninguna manera resuelve los conflictos sindicales y mucho menos, modifica la orientación de las macropolíticas, que en el caso de la UNESCO, sí se hacen propuestas a los gobiernos en el sentido de las “ayudas”; matices que también se registran entre los propios organismos internacionales con respecto al subsidio del Estado nacional a la educación, aunque sí coinciden que debe ser un financiamiento diversificado, dando lugar a la entrada de privados, esto es, incentivar la endoprivatización del sistema. Solo las izquierdas hacen una mirada desde la pedagogía crítica y desde enfoques decoloniales de lo que está sucediendo con el avance reformista.

Cuando durante décadas se adopta un modelo instrumental de la economía, no cabe ninguna duda que la orientación del sistema educativo desarrollará la instrumentalidad en todas sus dimensiones, lo que provoca una distorsión de la subjetividad y de la percepción de estudiantes, docentes y en el imaginario social transmutado al consumo.

En ese imaginario el conocimiento se transforma en mercancía y, curiosamente, dentro de ese universo de mutación de la subjetividad, la objetividad se sobredimenciona hasta tal punto que tanto sujeto docente como sujeto estudiante entran en un proceso de eficiencia, valor de mercado en tanto la performatividad económica (de la que hablamos más arriba) que deben alcanzar lxs estudiantes, abandonando sus intereses personales y los más importante, sus sueños; así como la performatividad técnica que deben alcanzar los docentes para constituirse en verdaderos “facilitadores”, enajenados por las tecnologías de la educación, abandonando la posibilidad de ser sí mismos para entrar en los estándares. Se ejerce la violencia epistémica contra docentes y estudiantes, el objetivo es quebrar el circuito enseñanza-aprendizaje sostenido en lo humano.

El avance de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo añade otra capa de complejidad. Experiencias como la llevada a cabo en una escuela de Londres, donde una división prescinde de profesores humanos, representan un riesgo concreto de deshumanización del sistema educativo. Si bien la tecnología puede ser una herramienta útil, su uso como sustituto del docente amenaza con reducir la enseñanza a un proceso autómata, subordinado a métricas y algoritmos, en lugar de priorizar la interacción humana y el pensamiento crítico.

La figura del docente como guía intelectual es insustituible, especialmente en un modelo educativo que aspire a transformar y no simplemente adaptar.

El curriculum “aparece como un discurso teórico que convierte la dimensión política en un hecho pedagógico (…) el curriculum representa una expresión de lucha en torno a las formas de autoridad política, órdenes de representación, formas de regulación moral y versiones del pasado y del futuro que deberían legitimarse, aprobarse y debatirse en ámbitos pedagógicos específicos (…) el discurso curricular es una forma de ideología estrechamente relacionada con las cuestiones de poder, particularmente en cuanto a que éstas estructuran las relaciones sociales a partir de consideraciones dictadas por el sexo, la raza y la clase social” (H. Giroux 1988)1

Esta caracterización del curriculum que nos acercaba Giroux nos expone, claramente, como se produce aquello que Carlos Marx llamaba enajenación, tomando el concepto del alejamiento del trabajador con el objeto que produce, me parece que aquí, tomando esa premisa pero aplicada a lo que venimos desarrollando se hace visible la distancia entre la propuesta curricular decidida fuera de los ámbitos pedagógicos de los que hablaba Giroux. Este distanciamiento entre la decisión curricular y el docente produce la “enajenación” por ausencia de participación; más aún, cuando su posterior práctica pedagógica también se manifieste mediatizada por una plataforma que lo instruirá sobre la estrategia didáctica.

En otras palabras, es ajeno a los materiales, ajeno a las propuestas y ajeno a las estrategias, porque la decisión del paradigma tecno-educativo deconstruye hacia la precariedad intelectual la figura del educador y como parte del mismo proceso, la del estudiante alejándolo del desarrollo intelectual, para formatearlo en un producto disponible en el universo del capital humano. Lo que lleva – otra vez con Marx – a que ambos queden disueltos en la etiqueta de mercancía: el docente que debe demostrar las habilidades adquiridas para ser un “buen técnico” facilitador y el estudiante que deberá adquirir las competencias necesarias para venderse en un incierto mercado de trabajo que hoy le exige, según la moda oficial, saber “educación financiera”, aunque mañana se podrá decretar la obsolescencia de tales competencias y ese futuro trabajador, estará en las calles formando parte de las protestas contra un mercado que ya lo usó y lo desechó.

¿En verdad queremos que ese sea el modelo de educación para las generaciones presentes y futuras?

Frente a este panorama, salir del corset neoliberal requiere más que resistencia: necesita una articulación consciente desde las bases docentes, sindicales y comunitarias, que recupere el carácter público del sistema educativo y reivindique el rol del docente como intelectual crítico, no como mero “facilitador”.

La defensa y la lucha por la vigencia de la educación pública debe centrarse en fortalecer su financiamiento público, promover la igualdad como principio fundamental y rechazar cualquier intento de vaciamiento de contenidos o de deshumanización de las aulas.

La educación no es un producto ni un servicio; es un derecho y una herramienta para la emancipación social. Hoy, más que nunca, el imperativo de imaginar para transformar el sistema educativo no se resuelve adaptándose a los cambios propuestos y desarrollados para la perpetuación de la desigualdades sociales, la reducción al servilismo de la figura docente y de la performatividad económica de los estudiantes.

La profunda crisis en la que se hundió a la educación es a partir de la imposición del paradigma neoliberal como la única posibilidad de transformación, una falacia que encierra la desposesión del carácter público, la generación de subjetividades adaptables y flexibles para resolver la eficiencia en la optimización de ganancias de las minorías que traman nuestros destinos.

Un gran debate desde una perspectiva que priorice lo colectivo, lo humano y lo transformador en clave social se hace imprescindible, un congreso pedagógico donde la discusión se tome para que la producción del curriculum se discuta en los ámbitos pedagógicos específicos, entre quienes corresponda, lxs docentes revalorizando su dimensión intelectual y su praxis pedagógica.

La lucha es contra la violencia epistémica y la colonialidad del saber, justamente porque somos educadores es que tenemos el derecho a enfrentarnos con una política social y económica en la que estamos inmersos y sufrimos las consecuencias junto a lxs estudiantes, sus familias y sus entornos. Pues entonces, qué más tenemos que esperar.

1Henry Giroux. Los profesores como intelectuales, hacia una pedagogía del aprendizaje, Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1988

Imagen de portada: Izquierda Diario

Publicada en Huella del Sur 3/3/2025

Educación: texto, contexto y ecos de la dictadura genocida

 

Otro 24 de marzo, la memoria como praxis para no solo revisar los nefastos tiempos de la dictadura sino atender los siempre peligrosos ecos que resuenan a veces de manera solapada y otras con carácter desembozado de lo que fue la construcción ideológica del terrorismo de Estado y sus consecuencias.

En 1977 por resolución Nº 538, el Ministerio de Cultura y Educación publica y distribuye en todo el sistema educativo un folleto (tal cual lo denominaron) con el título de “Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo)”, indicando a las autoridades de todos los establecimientos que “serán responsables de la difusión (…) entre todo el personal docente y administrativo” y que conforme a “las características de los diferentes niveles de enseñanza, se dará a conocer a los educandos”.

Ese folleto de 75 páginas esgrime no solo la visión paranoica de quienes tomaron el Estado por asalto, sino que introduce, desde el preescolar, la noción de guerra contra la subversión y postula la “erradicación en todas sus formas”, porque lo que está en peligro para sus oscuros propósitos son los valores occidentales, que textualizan como la “moral cristiana”, la “tradición nacional” y “el ser argentino”.

Ese apego a los valores occidentales y la subordinación colonial a Estados Unidos va a ser explicitado por el propio Jorge Rafael Videla: “La Argentina pertenece a Occidente y reconocemos el papel de liderazgo de Estados Unidos…” (Clarín 3/5/80).

El marco se va completando si tenemos en cuenta que esos valores occidentales se fundan en el racismo, la xenofobia y el exterminio.

El folleto es la imposición del miedo y la generación de desconfianza entre pares, que promueve la delación desde una didáctica marcial, que explica que el fenómeno subversivo está instalado en el ámbito educativo.

El libelo se enmarca en lo que para ellos fueron las justificaciones exclusivas del accionar de las Fuerzas Armadas en la toma del poder: el vacío político que había dejado la muerte de Juan D. Perón y la “agresión marxista internacional”.

Dos justificaciones que fueron suficientes para establecer lo que llamaron proceso de reorganización nacional, haciendo honor y reconocimiento a la conceptualización de Julio Argentino Roca que en el siglo XIX había trazado el plan del proceso de organización nacional. Las conexiones semióticas sobre el genocidio en las dos épocas y durante ambos procesos políticos son evidentes: las acciones de exterminio de Roca contra los pueblos originarios y las de la dictadura contra la totalidad de su propio pueblo.

Ese fue el marco de la narrativa por el que asumieron que la guerra se había instalado en los espacios educativos y estos se transformaron en un escenario propicio para la difusión y adoctrinamiento de la pedagogía del miedo y la persecución.

El miedo como instrumento, la persecución como estrategia y el exterminio como fundamento necesitaron de la narrativa de la guerra para imponer no solo un modelo económico de características coloniales sino ejercer un cambio cultural profundo que impacte fuertemente en el tejido social y esa construcción de sentido fue impuesta por operaciones psicológicas. Así es como el folleto es también un símbolo del horror hoy, pero fue un preciso instructivo para imponer el más terrible imaginario de la crueldad.

Desde la presentación el documento propone que los educadores son quienes tienen “una misión a cumplir” que es enfrentar la subversión marxista porque “el llamado de la Patria” es quien los convoca, según el delirio dictatorial. El folleto se compone de cuatro capítulos que intentan dar contenido al subtítulo del libelo, “Conozcamos a nuestro enemigo”.

La noción de guerra y agresión marxista internacional son las dos conceptualizaciones que recorren todo el folleto en sintonía con las declaraciones que daban en los medios.

“Ante el avance de una acción total por parte del marxismo es preciso tener una respuesta integral del Estado. Sería absurdo suponer que estamos ganado la guerra contra la subversión porque hemos eliminado su peligro armado” (Clarín y La Prensa 24/5/78), había señalado el entonces General Suárez Mason cuando era el Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Lo que por otra parte, confirmaba que el enfrentamiento armado había sido superado y que habían dado fin a la supuesta “guerra” armada.

El escenario (un paréntesis)

La investigación de Daniel Frontalini y María Cristina Caiati bajo el título El mito de la “guerra sucia”, publicado por el CELS (2002), da cuenta de que los focos con los que se estableció un enfrentamiento armado en Tucumán finalizó a mediados de 1975 y afirma el informe que “el resto de las operaciones consistió en sembrar el terror sobre la población no combatiente, con millares de detenciones convertidas en desapariciones, asesinatos clandestinos, presos a disposición del Poder Ejecutivo, saqueos y presiones de todo tipo…”. Ese último enfrentamiento tenía 120 insurgentes rurales, las fuerzas del ejército los superaban en una proporción de 30 a 1, los aniquilaron.

Sin embargo, tras ese episodio, hubo un último intento que fue el realizado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con el fracasado ataque al depósito del arsenal del Batallón 601 en Monte Chingolo con alrededor de 150 hombres el 23 de diciembre del 75. El propio Comando en Jefe del Ejército dice que el fracaso del ataque “demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar…”

Por lo tanto el golpe de Estado del 24 de marzo no debería haber tenido lugar; pero en ese 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón rodeada por el “brujo” José López Rega y el entonces ministro de trabajo Carlos Ruckauf, se firmaba el decreto que ordenaba a las Fuerzas Armadas “aniquilar el accionar subversivo”. Tiempo después, el propio Ruckauf, dijo que se sintió muy orgulloso de haberlo firmado, aún cuando fue el fusible que se le volvió en contra al propio gobierno. (fin del paréntesis)

Lo anterior se explica para amplificar el contexto de la narrativa castrense que sostenía el tema de la “guerra” para la construcción de sentido de los crímenes atroces que ya había empezado a cometer.

Un dato para tener en cuenta respecto del origen es que el primer centro clandestino de detención fue la que posteriormente se inauguró con el nombre de Escuela Diego de Rojas para pasar en 2012 a ser Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos.

La referencia es a la Escuela de Famaillá, construida entre 1972 y 1974, ubicada en esa localidad a 35 kilómetros de la capital tucumana que durante el Operativo Independencia, entre febrero de 1975 y marzo de 1976, sus instalaciones fueron utilizadas para la detención y tortura. Una escuela que no fue escuela sino un templo del horror y la crueldad y que tuve la posibilidad de recorrer. Lo que posteriormente fue el aula de cuarto grado, había sido la sala de torturas; las otras aulas estaban destinadas a los prisionerxs, secuestradxs, etc.

Todo un antecedente de lo que significaba la escuela como símbolo del conocimiento para la barbarie dictatorial.

Volvamos al folleto y su subtítulo, “Conozcamos a nuestro enemigo”, una serie exhaustiva de descripciones de agrupaciones estudiantiles y sus conductas y modos de operar imprimen el semblante del “enemigo” al que hay que derrotar, por ejemplo la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y la Juventud Universitaria Peronista (JUP) a las que identifica como agrupaciones filomarxistas que se infiltran en las escuelas y universidades “disfrazadas de peronistas” con vinculación con Montoneros o la Juventud Guevarista (JG) como expresión juvenil del PRT-ERP.

¿No era que la “guerra” armada había sido sofocada, neutralizada, aniquilada en diciembre de 1975?

El proceso de reorganización nacional venía a impedir las posibilidades de otro imaginario social que se pensara en los márgenes de la colonialidad reinante, vino a coartarlo, a restituir y sellar a sangre y fuego un plan económico/cultural de corte liberal y de libre mercado y una educación fundada en la obediencia, tal es el fundante pedagógico latinoamericano desde el 12 de octubre de 1492, la obediencia y el exterminio, dos conceptos que parecen no tener alteraciones para las minorías que traman nuestros destinos.

La llamada Conquista de América, primero; la autodenominada Campaña del Desierto, enmarcada en el Proceso de Organización Nacional, después y la Dictadura Genocida con sus ecos reproductivos que todavía podemos escuchar a 25 años del siglo XXI y 49 del golpe de Estado.

Educación y cultura

La educación ligada a la cultura debería sufrir amputaciones en la literatura infantil en los niveles de preescolar y primario, bajo la percepción de que “…inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores”. Desde cualquier punto de vista es una aberración pedagógica, para no abundar. Más adelante advierten “ofensivas marxistas (…) en la literatura infantil”, tal vez les sea por completo incompresible entender que los cuentos clásicos infantiles fomentaban el odio al distinto, Pulgarcito debe matar a al familia de los ogros y robarles el dinero para volver a ser aceptado en su núcleo familiar, por ejemplo. O la madrastra de Hansel y Gretel, que los abandona en el bosque porque no tenían para darles de comer y los hermanitos queman viva a la bruja y también le roban el dinero y vuelven a la casa y son felizmente aceptados y colorín colorado…

Todos esos relatos son formas de la muerte del otro, tal cual la preceptiva de los valores de Occidente y de la dictadura que no aceptó que “vamos a ver como es el mundo del revés”, ni que “un elefante ocupa mucho espacio”, por eso los prohibió, como a tantos otros con la quema de libros y persecución, tortura y muerte de escritores.

Los ecos del folleto continuaron resonando no muy lejos, pero ya con la incipiente democracia en 1986, algunos directores de escuela secundaria trataban de prohibir los textos de Rodolfo Walsh, como Operación Masacre o Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, no solo en los años superiores sino en los turnos nocturnos, claro que se amparaban en una currícula, que en Literatura nunca terminaba de ser revisada; como tampoco sucedía con la materia Historia, cuyos libros de texto, de pasado reciente y juzgado, continuaban hablando de la noción de “guerra”, para referirse al período de !976-1983, casi hasta finales de la década del 80.

No quedaron fuera del folleto los gremios que habían sufrido “infiltración marxista” y curiosamente algunos ecos de ese libelo todavía resuenan porque el sistema educativo fue llevado “hacia el desorden, la desjerarquización y al incumplimiento de la función específica de los docentes (…) los sucesivos movimientos de fuerza, lograron algunas reivindicaciones reales (…) obtenidas en detrimento de la educación que se debería impartir (indisciplina, mal ejemplo en la formación de los alumnos, pérdida de días de clase, incumplimiento de los programas…).

La consecuencia de esas políticas de exterminio fue que el 6% de los secuestros perpetrados fueron efectuados en lugares de estudio de los secuestradxs. El 21% de los desaparecidos eran estudiantes y el 5,7% docentes.

Enunciados muy similares continúan siendo parte del canon de quienes gobiernan la educación hoy bajo los postulados de la reforma mercantilista de la educación que han desarrollado una narrativa sobre la “crisis educativa” como producto de la conducta docente y entonces declararon la educación como “servicio esencial”, para trabar las posibilidades de protesta de la docencia, como parte de un programa disciplinador pero también para transformar la educación en un “servicio”, de manera que si es un servicio deja de ser un derecho humano, cuestión que la dictadura genocida tildaba de estrategia marxista y nuestro gobierno actual, también. Así como otros personajes, como el expresidente, Mauricio Macri que dijo que había que “terminar con el curro de los derechos humanos”.

El Reglamento escolar 2025 del gobierno de la Ciudad, que tras la protesta del conjunto de la docencia lo modificaron, pero que el artículo 75 del Capítulo VII decía: Prohibiciones del personal docente (docentes, directores, supervisores) y no docente, en el punto 3 (pág 61) dice: “Expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia…”.

Es el ejercicio pleno de la violencia epistémica, dispara la preceptiva pedagógica hasta la proscripción del discurso docente.

El libelo que estamos analizando sentenciaba que “… cualquier profesor de cualquier materia puede llegar a través de charlas informales a expresar tendenciosamente sus impresiones respecto de temas que interesan a sus alumnos…”.

¿Acaso esos dos fragmentos, con 49 años de distancia no tienen el mismo sentido?

Así como varias de sus actitudes también tienen ecos de la dictadura, respecto de la persecución que establecieron sobre docentes y padres de estudiantes por la toma de escuelas durante la gestión de Soledad Acuña en el ministerio de Educación del gobierno PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De adentro a afuera

Los ecos no son solamente hacia el interior del aula o la escuela sino que fue durante la dictadura que comenzó lo que se terminaría durante el gobierno de Carlos Menen y se sostendría con la Ley Nacional de Educación de Néstor Kirchner. Me refiero a la transferencia de escuelas a las provincias, que lejos de tener un criterio federalista, lo que tiene es un criterio fiscalista, el Estado nacional ahorra en escuelas.

Es así que durante la dictadura se promulgó el decreto-ley N.º 21.809 de 1978 por el que se transfirió la administración de las escuelas primarias nacionales a las provincias; hecho que se materializa en 1979. Se transfirieron 6.700 escuelas y 44.050 maestrxs.

Según datos de la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata, en 1977, el 32,4% de los establecimientos de enseñanza primaria dependían del orden nacional y el 57,4% de las provincias. En 1979, el 86,7% pasó a depender de las provincias y la Nación solo conservó el 0,9 (primarias que dependían de escuelas normales. Este pasaje fue el comienzo de la crisis financiera de la educación. Pero este proceso iniciado en dictadura se profundiza durante la democracia de la derrota, porque se sostienen los mismos parámetros impuestos desde los organismos internacionales lo que lleva a la provincialización de las escuelas secundarias y los terciarios, durante el menemato en los 90, sin recursos y sostenido con ayuda estatal a partir del gobierno de Néstor Kirchner, esos desembolsos continuaron hasta que el actual gobierno del libertario Javier Milei los eliminó, como sucedió con el traspaso primigenio que realizó la dictadura genocida.

La decisión de la desnacionalización del sistema educativo se mantuvo y condujo a la fragmentación total encubierta con el discurso de la federalización.

Como un principio de conclusión para ser completado de manera colectiva, se hace imprescindible construir desde los márgenes de la colonialidad del poder para no estar en el centro de la democracia de la derrota y sus ademanes fascistas.

Imagen de portada: Canal Abierto

Publicada en Huella del Sur 24/3/2025

De la RAM a los hinchas, con parada en jubilados y periodistas

 

No se puede tapar el sol con la mano, pero los ademanes fascistas lo hacen con la impunidad que les permite generar un escenario paralelo con la construcción de una noticia falsa (fake news) o desde lo que se denomina el discurso posfactual.

Ya es de dominio público que el fotoperiodista Pablo Grillo fue impactado de lleno en su cabeza con las terribles consecuencias sufridas que son de amplio conocimiento.

La reconstrucción realizada por Mapa de la Policía, incluso toma como evidencia las imágenes de los drones de los canales TN y América que amplifican la visión desde el aire de la fatídica escena y el accionar perverso del mandamiento gendarme, porque es obvio que la fuerza de (in)seguridad decidió buscar al “tirador” para ejecutar la acción criminal de apuntar a la persona, tal como pasó con el cabo Poblete, condenado a prisión perpetua por ser el asesino material del maestro Carlos Fuentealba en 2007 en la provincia de Neuquén, gobernada en esos años por Jorge Sobisch.

Refiriendo al mismo caso, pero en la otra demanda, Fuentealba II, toda la cúpula policial fue declarada culpable como autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad, por el Tribunal Superior de Justicia provincial. El fallo demoró 17 años, pero llegó. El punto oscuro es que el exgobernador Sobisch, “fingió demencia” y la impunidad jurídica hizo el resto.

Es necesario recordar el caso emblemático del asesinato de Carlos Fuentealba, porque la entereza de Sandra, que fuera su pareja, sus hijas, los organismos de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo y el conjunto de la docencia con el sindicato Aten a la cabeza, los trabajadores de Fasinpat (ex cerámica Zanón) no bajaron los brazos como tampoco lo hizo el pueblo neuquino en su pedido de justicia.

Desde antes de ese trágico 4 de abril de 2007 hasta hoy hemos pasado por otros asesinatos protagonizados por las pretorianas fuerzas de (in)seguridad en el siglo XXI, para empezar con el 19 y 20 de diciembre de 2001 con 39 muertos y con el entonces presidente Fernando de la Rúa que había decretado el estado de sitio para sostenerse el el poder luego de haber desatado una de las crisis económicas más grandes de la Argentina. La entonces ministra de Trabajo, a la sazón. Patricia Bullrich había rebajado las jubilaciones en un 13% y había renunciado un par de meses antes de la masacre, el 29 de octubre de 2001.

En el ámbito político, el exsecretario de Seguridad, Enrique Mathov y el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos fueron condenados por su rol en la represión. Mathov recibió una pena de 4 años y 3 meses de prisión, mientras que Santos fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión.

En esa misma línea de las fuerzas de (in)seguridad, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados el 26 de junio de 2002 durante una protesta en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, Buenos Aires. Este trágico evento, conocido como la “Masacre de Avellaneda,” marcó un momento crítico en la historia, se volvió a poner en evidencia la brutalidad policial y generó una crisis política que aceleró la salida del, entonces, presidente interino Eduardo Duhalde. En el aspecto penal, los responsables directos de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, ambos de la Policía Bonaerense. Fueron condenados a cadena perpetua por su participación en los hechos, pero como en el caso neuquino los responsables políticos gozan de la impunidad jurídica.

No está demás puntualizar que la formación del conjunto de las fuerzas de (in)seguridad no fue sustancialmente modificada, a pesar de los años pasados desde la dictadura genocida hasta la recuperación de una democracia que como se ha calificado, y muchos coincidimos, “democracia de la derrota”. Lo que parece cada vez más evidente en la superficie de la realidad, en la traición de lo que llaman república, en la anulación de los derechos y por supuesto, en lo que nos ocupa, el brutal despliegue del Estado policial.

Sin apartarnos con otra digresión y para continuar el hilo, seguramente arbitrario por economía textual, es necesario recordar que la ministra Bullrich, también reproducía mentiras posfactuales respecto del asesinato del joven mapuche, Rafael Nahuel ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en el que cinco prefectos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina fueron condenados en noviembre de 2023. El prefecto Sergio Guillermo Cavia recibió una pena de 5 años de prisión como autor del homicidio agravado en exceso de legítima defensa. Los otros cuatro prefectos, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, fueron condenados a 4 años y medio de prisión como partícipes necesarios del delito.

“ningún límite” y “ninguna orden legal”

Así es como la entonces ministra (autopercibida gendarme) se manifestaba en la conferencia de prensa del asesinato del joven mapuche, “… nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial, nosotros le damos a la versión que nos da la prefectura naval argentina, carácter de verdad (…) Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden legal, es decir que si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra constitución…”.

No se hace necesario interpretar, porque es textual, además también dijo que: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”. En ese delirio, refiriéndose al supuesto grupo mapuche, “… había armas de grueso calibre, en este momento las armas están ahí o ya las sacaron… eran como quince, veinte que estaban en una formación tipo militar, tampoco pudieron ver a todos porque estaban, estaban como escondidos, porque eran cuatro prefectos contra quince, veinte personas que estaban en este grupo violento…”.

No había armas de fuego entre los mapuche, no tenían ninguna formación militar, lo que sí se confirmó en sede judicial es que los integrantes del grupo de elite conocido como Albatros dispararon al menos 130 veces y lo cierto es que el final de la mentira fue el asesinato de Rafael Nahuel de sólo 22 años y los prefectos condenados, aunque otra vez la defección jurídica con relación a la responsabilidad política ministerial.

Parece que existe una ceguera judicial en continuado cuando se trata de conductas reiteradas de las fuerzas de (in)seguridad y responsables políticos que se repiten en los mismos ademanes y discursos posfactuales contra la realidad que se muestra como irrefutable.

Aún falta resolver el “asesinato” del otro joven, Santiago Maldonado, en la causa reabierta en la que los protagonistas fueron los gendarmes que tampoco aceptaron “ninguna orden legal”, ni tuvieron “ningún límite” de manera que continúan imputados, Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, lo que significa que no fueron sobreseídos; otra causa con responsabilidades políticas.

El mito de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es la construcción del enemigo interno, figura recurrente que los gobiernos autoritarios necesitan para generar el conflicto, como ahora lo hacen con los manifestantes en general y concretamente esta semana con la ley Antibarras, que como sucede con los mapuche, cualquiera puede ser potencialmente inculpado de pertenecer a la imaginaria RAM; en la versión futbolera, cualquier hincha con la camiseta puesta será acusado de “barra brava” si además participa de una protesta, junto a otros hinchas, incurriría en el delito (delirio) de “asociación ilícita futbolística”. El proyecto también pone bajo sospecha a la dirigencia.

La versión actual de Patricia Bullrich no se diferencia de las otras versiones, es idéntica a sí misma. Niega la realidad de lo que hicieron sus subordinados; en este caso del proyectil de gas que impacta contra Pablo Grillo, descalifica la evidencia del trabajo de Mapa de la Policía que está citado al principio de este artículo, pero no solo lo descalifica sino que va más allá en una deriva megalómana que la lleva a decir en la conferencia de prensa que: “Eso es lo que hace el miembro de la fuerza de seguridad. Nosotros tuvimos bastante dificultad en encontrar las imágenes porque había mucho humo, pero ese disparo no va a la cabeza. Eso no es verdad. Rebota, estamos viendo si una o dos veces, y luego atraviesa un cartel que estaba tirado en el piso con fuego y lamentablemente esa desviación de ese cartel pega sobre la cabeza. No sabemos si fue el mismo cartucho o el pedazo de metal”. El relato bullrichiano es un ejemplo de discurso posfactual para trabajar en clases de Comunicación, incluso agrega que de acuerdo con un protocolo que la Gendarmería tiene, aseguró que el disparo fue realizado según “un mecanismo donde el efectivo debe ejecutarlo en forma oblicua hacia el suelo (…) el gendarme cumplió con el reglamento”, eso fue lo que dijo en su derrotero por la posverdad agregando algunas alucinaciones sobre los “miles que fueron a tirar piedras y a destruir la democracia y voltear al gobierno…” para luego hablar de quienes fueron a la Casa Rosada “a tirar piedras (…) tuvieron que salir los bomberos que atienden la casa de gobierno a defenderse de las piedras y que no llegara los vidrios de la casa de gobierno…”. Las cámaras de la televisión parece que no captaron a “miles” en Plaza de Mayo “tirando piedras”; otro signo del discurso posfactual.

Fascismo

Según distintos analistas sobre el fascismo, como Theodor Adorno, uno de los referentes de la teoría crítica y la llamada Escuela de Frankfurt, también fue parte de un equipo que produjo un estudio que se llamó “La personalidad autoritaria” en la que se clasificó una serie de rasgos de carácter que llamaron “escala F”, para tipificar al “fascista”, lo que arrojó como resultante rasgos que incluían: convencionalismo, antiintelectualismo, superstición y ocultismo, poder y dureza, destructividad y cinismo, proyectividad y una preocupación exagerada por el sexo.

En la misma perspectiva pero ya en términos de uso político, los rasgos que se advierten sobre el fascismo son, según Federico Finchelstein, uno de los principales especialistas en fascismo, dice que el fascismo es “parte de la historia de la reacción, del rechazo a la democracia (…) es contrarrevolucionario, pero no para volver al pasado, sino para ir más allá”.

La esencia de los movimientos fascistas es dictatorial, utiliza la democracia para romperla, según la conceptualización de Finchelstein; la segunda característica es el odio extremo, la xenofobia y el racismo, “la demonización de los adversarios, no sólo como personas a las que se excluye del arco político sino a las que se construye como enemigos absolutos, a los que hay que perseguir, encarcelar y, eventualmente, exterminar”.

La tercera de las características es que el fascismo no diferencia entre el plano político y el militar, la violencia política se ejerce a través de la militarización (estado policial, agregamos). Finchelstein recuerda que “los fascistas clásicos y no tan clásicos se disfrazaban de militar”. Hemos visto al señor presidente con camperas militares, a la ministra de (in)seguridad disfrazada de gendarme y al ministro de Defensa, Luis Petri con el traje de la Armada en Mar del Plata, para no abundar.

La cuarta característica es la mentira, “los fascistas son mentirosos y no porque creen en sus mentiras, sino por lo que hacen con ellas. La mentira implica no sólo rechazar la realidad, sino -y esto es lo peor – tratar de cambiarla para que se asemeje a la mentira”, afirma desde sus estudios Federico Finchelstein.

No parece que haya que poner las relaciones entre estos conceptos teóricos y las prácticas habituales a las que tratan de naturalizar enmascarando un supuesto “orden” social que quieren imponer, junto al orden económico del ajuste perpetuo y el hambre que tiene como víctimas a los vulneradxs sociales y sobre todo a lxs jubiladxs que pretenden transformar en “sediciosos” y “desestabilizadores” del orden de los cementerios que nos quieren imponer.

Todavía hay espacio para confrontar, aunque los márgenes se acortan. Lo que sí se impone es superar los filtros de la “democracia de la derrota”, con una fuerte embestida social que fije nuevos parámetros colectivos para quebrar la estrategia colonial que impone el capitalismo con sus fascismos de sastrería.

Publicada en Tramas 18/03/2025

De la educación humana y un final incierto

 

Las declaraciones de Elon Musk en 2024 y puestas en escena recientemente, sobre la educación y el trabajo están dirigidas masivamente a provocar cambios performativos en la conducta humana.

El avance tecnológico es una realidad incontrastable, tanto como el desplazamiento del capitalismo digital no solo a producir nuevas subjetividades, sino a la producción masiva de nuevas colonialidades digitales.

Hace unos meses nos habíamos preguntado si la educación necesitaba de la Inteligencia Artificial (IA) o era a la inversa y poco después arriesgamos la hipótesis sobre la “transeducación” como un “experimento en marcha”. Recorrimos algunos tópicos propios de la reforma mercantilista de la educación y sus conceptualizaciones afines al proceso de colonialidad del saber, por el cual el docente se transforma en un mero “facilitador”, al que se lo separa aún más de su especificidad, que es enseñar, para transformarlo en una suerte de lacayo digital de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).

La separación del docente de su especificidad, tiene condicionamientos histórico/políticos de larga data; sólo para ejemplificar, la actividad docente está separada de la realización del currículum educativo que debe implementar, pero del que no participa porque se piensa y diseña en oficinas donde supuestos “especialistas” que, por lo general, responden a intereses externos (privados) al debate sobre la educación pública, lo definen.

En la actualidad, la distancia es mayor. Durante un tiempo la elección de los materiales de trabajo para el aula, gozaba de cierta autonomía docente, a pesar de que el canon escolar se ajustaba a los movimientos editoriales que promovían sus productos desde su propia impronta ideológica en el mercado de manuales, libros de texto y de lecturas. Pero, aun así, había margen para la decisión docente, incluso en algunos casos, incorporando materiales que no estaban “consagrados” en el canon.

La paradoja es que la “brecha digital”, que al principio de su entrada en escena, la problemática era la inversión que los gobiernos no hacían en conectividad y, por otra parte, las desigualdades sociales en la población estudiantil de todos los niveles de la enseñanza, tal como lo desnudó la pandemia del COVID 19, lo cierto es que cuando esa problemática aun persista e incluso se agudice por efecto de las políticas de “ajuste” permanentes, la noción de “brecha digital” ahora tiene otra significativa relevancia, en tanto el progreso transeducativo se profundice, porque la tecnología será, en un principio mediatizadora hasta operar el desplazamiento definitivo de la docencia humana que pasará a ser una pieza de museo (digital) de la educación.

Y eso es lo que pretenden las grandes corporaciones tecnológicas y sus EdTech con Elon Musk como referente indiscutido y otros como Ray Kurzweil, quien fuera director de Google y realizara uno de los principales aportes transhumanistas con su concepto de “singularidad tecnológica”, la que en un futuro mediato sustituirá a la “singularidad humana”.

También vale recordar que Andrej Karpathy fue director del departamento de inteligencia artificial de Tesla, una de las empresas de Elon Musk, es creador de Eureka Labs, una escuela nativa de IA. Desde su novedoso e inquietante “emprendimiento”, proyectará lo que él mismo definió en un posteo como “simbiosis en el profesor y la IA”.

Elon Musk, la primera fortuna de mundo, ha dicho en Viva Technology París 2024 y se ha reproducido en casi todos los medios, que la IA podrá ofrecer enseñanza personalizada y que “cada niño tendría un Eistein como profesor”, pero que los valores éticos y morales serían responsabilidad de los padres.

Está claro que a pesar de los apologistas que ven la IA como una potente expresión del principio de la “singularidad tecnológica” que puede reemplazar a la singularidad humana en diversos ámbitos del conocimiento, en este caso concreto al docente; lo que asoma, si se me permite continuar con la hipótesis de la transeducación, es un proyecto político, que en el área educativa provocará supresión de puestos de trabajo porque la IA, según sus creadores, puede dar enseñanza y tutorías personalizadas; realizar la adaptación de los contenidos según las capacidades de lxs estudiantes, también la automatización de las evaluaciones, entre otras tareas.

Un proyecto político que con fuerte contenido ideológico pretende poner a la mayoría de la humanidad bajo el control disciplinar de nuevas formas de aprendizaje, vinculado no al conocimiento, que será reservado para unos pocos, sino a la instrucción a través del entrenamiento y la selección de los más “aptos”.

También había declarado el milmillonario del saludo nazi, que en un futuro los médicos y abogados también serían reemplazados por la IA. Está claro que el proyecto es político, porque como alguna vez dijimos, el capitalismo no tiene plan B, y de lo que se trata es de sustituciones en el proceso transhumanista.

Poner la educación de manera experimental es, sin duda, el punto de partida original para la instalación de un paradigma que encontró en la reforma neoliberal y con la pandemia como vehículo, el escenario para la intrusión tecno/colonial/corporativa.

En 2014 el propio Musk funda Ad Astra, una escuela experimental con la premisa de educar a sus hijos y a los hijos de sus empleados de SpaceX, su compañía espacial donde se alojaba la escuela de manera clandestina. Luego de la pandemia la escuela se reabre en Bastrop, en el Estado de Texas y para este ciclo 2024/2025 el anuncio es su red X dice: “¡Ad Astra se lanza en Bastrop, Texas! Las solicitudes para el año escolar 2024-2025 ya están abiertas”.

El proyecto combina la pedagogía de María Montessori de principios del siglo XX (propuesta que vincula lo social con la pedagogía y registra la dinámica de comportamiento de lxs alumnxs) con el plan de estudios conocido como STEM (por sus siglas en inglés) ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero que en el caso de Ad Astra refiere a ciencia, inteligencia artificial, robótica y matemática. Sin embargo no es muy transparente su funcionamiento, puesto que le escuela se une a Xplor Education, una organización que se dedica a la creación de escuelas Montessori y que según lo que dice su página web en el apartado misión: “Nos asociamos con las empresas más innovadoras de Estados Unidos para brindar una educación Montessori distintiva para la primera infancia que conduce a individuos más capaces…”.

Lo que nos confirma que el verdadero paradigma que contiene la totalidad de lo que supone los cambios en educación es el mercado. La pedagogía Montessori, siempre ha sido una propuesta para las familias “favorecidas” por el sistema capitalista, es decir que siempre fue un privilegio de la élite, de escuelas privadas, cuando no una pantalla que encubre la mercadotecnia de la educación, en estos casos donde las EdTech se están apoderando de los sistemas educativos.

No podemos dejar de señalar en este encuadre donde los más ricos aparecen como lo protagonistas del mayor saqueo en la historia de la humanidad puesto que “la fortuna de cada milmillonario creció, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día y, en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”, según el Informe OXFAN 2025 y Elon Musk es el primero de la lista que encabeza el saqueo.

El recortador del presupuesto público, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), nombrado por Donald Trump para desmantelar el Estado, lo que incluye despidos masivos, cierre de dependencias, hace que sus empleados del DOGE trabajen 120 horas semanales, según su propio posteo. Además de no tener remuneración.

La paradoja es que quien se supone viene a recortar el presupuesto federal en los Estados Unidos ha sido un expoliador de los dineros públicos que se fueron sumando a su obscena fortuna en forma de subsidios, contratos, préstamos y créditos que se estiman en USD 38.000 millones, según el Washington Post.

También se suman las sospechas de que los datos gubernamentales recogidos por el DOGE estuviesen siendo utilizados para alimentar las empresas de IA de Musk.

La trazabilidad de esa información tomada de las fuentes federales son un tesoro invaluable para alimentar la IA generativa, porque no se trata de la captura de conductas en internet sino de la data real sobre el comportamiento subjetivo de la población.

Con esta información, no necesitamos mucho más para saber el por qué de los planes tecno/coloniales para la educación.

El proyecto político es adueñarse en directo de la conciencia colectiva, asaltando las subjetividades, cosa que ya vemos como proceso en el comportamiento de las redes sociales donde el avance del fascismo digital es ostensible en expresiones descalificadoras, racistas, xenófobas, patriarcales contra quienes pretendan hacer una crítica al régimen “libertario” en cualquiera de sus versiones, la imperialista (Donald Trump) o la colonial (Javier Milei).

A la manera de conclusión

La tecnología en modo transhumanista se convierte en una amenaza continua porque es un instrumento de las corporaciones para establecer un dominio colectivo a través de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación hasta completar el circuito con la IA como sustituto humano.

Como educadores críticos, no podemos permitir que el fascismo digitalizado nos desplace de la interacción con lxs estudiantes, que nos anule la pulsión humana para implantarnos una subjetividad performativa de los intereses de los milmillonarios que por ahora siguen gobernando nuestros destinos.

Somos muchxs más quienes podemos utilizar esos caminos digitales para encontrarnos, como lo hacemos en las calles, para potenciar la resistencia, primero y quebrar el paradigma, después.

La educación es uno de los pilares de la cohesión social, asegurar la lucha por el carácter público, apropiarse en las aulas de la tecnología, invertir la carga de la prueba manteniendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, pueden ser las primeras acciones contra el fascismo digital.

No es la tecnología el problema, son los usos que el capitalismo hace de ella para satisfacer los intereses de esas minorías milmillonarias.

En lugar de que los docentes, abogados y médicos sean sustituidos por la IA, sería interesante experimentar el remplazo de los milmillonarios por algoritmos que distribuyan sus fortunas en la población mundial para que la humanidad salga de la pobreza en un par de milisegundos. Sería el hecho más humanizante que la tecnología nos podría dar.

Imagen destacada: Computer Hoy

Publicada en Tramas 11/03/2025

El señor presidente y la violación de la ética pública

 

Desde la escuela nos han enseñado a todxs que las leyes están para cumplirlas, pero también sabemos, desde que estábamos en la escuela, que una misma ley aplica según se pertenezca a los unos o a los otros.

Además de cierta sistematización en cuanto a la violación de la cuestión ética, en términos filosóficos, referidas a las conductas políticas, como vetar una necesaria y urgente recomposición de las jubilaciones, como sucedió en 2024 o vetar el aumento en el presupuesto a las universidades, que si bien es cierto que son atribuciones del señor presidente, éticamente quiebra la legitimidad del accionar político. Lo cierto es que ciertas actuaciones presidenciales y su sistematicidad violan la ley 25.188.

La ley 25.188 está promulgada desde octubre de 1999 bajo el título de Ley de Ética de la Función Pública, en la que se establecen “deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. Conste que el título dice “sin excepción”

En El señor presidente y el influencer en la línea de flotación habíamos realizado un análisis del recorrido de $LIBRA, la meme-coin difundida, promocionada y divulgada por el señor presidente, lo que derivó en una estafa mundial con miles de damnificados; allí mostrábamos las oscilaciones presidenciales en sus actos y sus dichos para mitigar su accionar. Así como su discurso racista y xenófobo en el Foro Económico de Davos, que examinamos en otro artículo, o el reciente nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema que analiza nuestro compañero Daniel Campione en La Corte y el decreto en disputa.

No vamos a hacer un extenso análisis en esta nota, sino, simplemente efectuar algunas vinculaciones entre la ley 25.188 y la conducta presidencial.

Lo cierto es que en el marco de la ética pública la violación presidencial es ostensible. En el capítulo II, “Deberes y pautas del comportamiento ético”, el artículo 2 es sumamente explícito en cada uno de sus incisos.

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno.

No deja lugar a dudas sobre la Constitución y que tanto leyes como reglamentos no deben coartarla; no parece ser el caso de la sanción del decreto presidencial que nombra jueces en la Corte Suprema, aunque haya un artículo en la propia Carta Magna que lo habilite, lo hace de manera restrictiva (ver la nota de Daniel Campione).

b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Cuando se vulnera el primer valor (honestidad), los otros ya aparecen vulnerados. La participación en la estafa $LIBRA es prueba más que contundente.

c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular.No es el caso del señor presidente (para no abundar también en diputados, senadores y jueces), la percepción de la realidad y me atrevería a decir que todos los actos de gobierno NO están orientados al bienestar general (jubilaciones; educación y salud públicas; acceso a la vivienda; discapacidad y otras tantas cuestiones que solo se orientan en beneficiarios particulares). En el caso de $LIBRA, se constituye un acto de gobierno orientado al interés particular del señor presidente y un grupo “privilegiado”.

d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. Recordemos que el entonces diputado Javier Milei, señaló en un programa de radio que él cobraba por sus “opinions”. Fue el caso de CoinX, una criptomoneda que resultó también una estafa.

e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan. La decisión del señor presidente no tiene fundamento transparente en el decreto en el que designa los jueces de la Corte, más que su interés personal que estaría colisionando con un acto público. Como tampoco se percibe un fundamento claro de porqué los tres ministros de la Corte toman de manera apresurada el juramento a un par de días del comienzo del año legislativo a Manuel García Mansilla, uno de los dos propuestos por el señor presidente, cuando el propio nuevo cortesano había dicho en el Senado que no aceptaría ser nombrado por decreto.

f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados. El caso $LIBRA ilustra como el señor presidente teniendo información sobre los negocios con las criptomonedas no solo realiza un acto de gobierno, porque es el presidente, en una tarea no relacionada con las oficiales sino que esa tarea, publicación del posteo en la red X; difundirlo y promocionarlo engañosamente: “…incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, se realiza “beneficiando” intereses privados.

g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa.Otra vez estamos encuadrados en el caso de la estafa $LIBRA, con la necesaria participación de la Secretaria presidencial, su hermana Karina Milei, que según el propio presidente todo tipo de reuniones antes pasan por ella y los registros de entradas en Casa Rosada de los otros implicados así lo prueban. Todo en función de preparar un esquema de “negocios” para promover un producto: $LIBRA. Se repitió el proyecto de CoinX, la otra estafa.

h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia, razonabilidad. ¿Qué formato de contratación pública hubo en el acuerdo del señor presidente con un grupo de asociados privados para que publicite, difunda, divulgue o promocione $LIBRA?

i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil. Lo que significa que se busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y la ética en el ejercicio de la función pública, evitando que los intereses personales interfieran con las decisiones que deben tomarse en beneficio del interés público.

El Código Penal que siempre quieren reformar para ejercer mayor punición y control social sobre el conjunto de la sociedad, de lxs trabajadorxs, los sectores más vulnerables y lxs jóvenes, adolescentes y púberes, no necesita ninguna modificación y es taxativo en el capítulo VIII: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, el artículo 265 expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

En síntesis, solo hay que hacer cumplir las leyes que las minorías que traman nuestros destinos escriben o “borran” en beneficio personal.

No es muy difícil, ni siquiera necesita debate, solo que quienes se arrogan nuestra representación también dejen de violar las leyes, porque detrás está el propio código penal, que como dice la ley de ética pública, debería ser aplicado sin excepción.

Tal vez necesitemos caminar más juntos para que una nueva ética política nazca de la potencia de lxs de abajo, con participación directa en la organización de los asuntos públicos.

Imagen destacada: BBC

Publicado en Tramas 28-02-2025