El juez Miguel Mattos eleva a juicio la causa contra Mónica Gurina, docente y secretaria general de la CTAA Misiones y Leandro Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y secretario adjunto de la misma Central.
Otra embestida judicial contra lo que fue el Misionerazo en reclamo de la recomposición de los salarios, que en mayo, cuando empezó la protesta, el salario inicial sin antigüedad alcanzaba los $240.000 y para un docente con la máxima antigüedad apenas rozaba los $340.000, lo que no solo marcaba el achatamiento de la escala sino la pauperización total de los salarios. Pero parece ser que en ese contexto la protesta, para el poder judicial misionero no era aceptable.
Los peores salarios docentes del país, pero protestar es judicializable, incluso con fallos contra la propia Constitución nacional que hasta un estudiante de secundario, que haya cursado Ciudadanía lo sabe, me refiero al derecho a la protesta y al derecho a huelga que tienen todos lxs trabajadorxs, salvo en épocas de dictaduras y de extrañas interpretaciones de las democracias “resolutivas”, donde una resolución ministerial hace interpretación libre sobre los derechos y fija oscuras escalas de unos sobre otros, como el protocolo del ministerio de (in) Seguridad nacional, por ejemplo, eludiendo los principios constitucionales.
Pero allí, en Misiones, el juez Mattos, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal 7 de Posadas, responsabiliza penalmente a Mónica Gurina y a Leandro Sánchez, considerando delito causante de daños por el Acampe llevado a cabo entre las últimas semanas de mayo y los cuatro primeros días de junio sobre la Av. Uruguay durante los reclamos del Misionerazo y resuelve elevar la causa a juicio al Juzgado Correccional y de Menores N°1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones por “Desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal”. La “desobediencia judicial” a la que alude el magistrado es porque había ordenado el desalojo en dos ocasiones, con intimaciones y en consecuencia, según los parámetros del propio juez, rechaza el pedido de la Defensa de sobreseer a los referentes docentes y ni siquiera sopesa que debe resguardar el derecho a la protesta social, lo que aleja aún más los fallos judiciales de lo justo.
Como dice el comunicado de la Mesa de Unidad de la docencia en lucha: “… la respuesta a los reclamos es más represión y judicialización (…) no nos han dejado otro camino que volver a las calles…”. Es por eso que ayer hubo una jornada de Paro que se repetirá los días 12, 13 y 14 del corriente.
No es una novedad el atraso salarial en los educadores de todos los niveles de las 24 jurisdicciones del país que lleva a los continuos reclamos de lxs maestrxs y profesorxs y a las mismas respuestas de los gobiernos provinciales con represión, denuncias judiciales y amenazas permanentes contra una docencia que no resiste ningún ajuste más.
En Misiones la lucha tiene larga data, recuerdo haber sido invitado en noviembre de 2022 para dar una charla sobre los procesos de mercantilización y tercerización de la educación que se venían llevando a cabo en la mayoría de las jurisdicciones el país, siendo el caso puntual en esa época en Misiones, que encendió la alarma en los trabajadorxs de la educación, fundamentalmente por la aparición del nuevo Régimen Académico Marco (RAM) para la educación media, promulgado de manera sorpresiva.
A lo que se sumaba la legalización de los acuerdos firmados por el ministerio de Educación provincial con la fundación CIPPEC, la empresa multinacional Natura y la EdTech TICMAS, además de participar la elitista universidad de San Andrés y Somos Red, que también es una empresa de servicios educativos. Sin embargo, todo el universo privado incidiendo en las políticas públicas no llaman a reflexionar críticamente en cuál es el objetivo o peor, ni siquiera a pensar que el Estado se desentiende de la gobernanza de la Educación que pasa a ser gestionada de acuerdo con los intereses de grupos privados. Tampoco llama la atención del ministerio público fiscal, ni de los jueces, ni siquiera para revisar los dineros que le cuestan al pueblo misionero esos convenios, dineros que bien podrían ir a los salarios de quienes en el día a día hacen la escuela.
Pero esos dispendios no parecen ser materia judicializable, ni siquiera opinable, salvo por quienes luchan diariamente por la educación pública y la sostienen, porque son los y las docentes las que sostienen la vulneración social y económica de lxs estudiantes provocada por las mismas políticas de ajuste de pauperización salarial.
La protesta por el derecho a un salario para vivir no tiene caminos alternativos; seguramente, quienes transitan por la Av. Uruguay allí en Posadas, sí.
Comunicado completo Mesa de Unidad de la docencia en lucha
Imagen destacada: CTAA
Publicada en Tramas 8/11/2024
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