Bajo la dirección ejecutiva de la ministra Patricia Bullrich, la saga del microterrorismo del Estado aparece con toda su crudeza para mostrar las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, encubiertas en los discursos políticos de fake-seguridad y de las producciones y posproducciones del periodismo militante de la mano dura y el orden pretoriano.
Represión
Como en una superproducción cinematográfica, la ministra de (in) seguridad organiza las escenas de los uniformados en los delimitados sets en los que las calles se transforman en corrales de arreo policial.
Como un dístópico circo romano, las máquinas infrahumanas de reprimir portando armas, palos, lanza gases, aerosoles con tóxicos irritantes, desplegaron su paso marcial contra las organizaciones de jubiladxs y quienes los acompañaron en la protesta contra el veto presidencial de la ley que hubiera otorgado una recomposición de las jubilaciones por un valor similar a 3 kilos de carne picada (siempre que no sea especial) para que la misma Cámara de Diputados, que en primera instancia había posibilitado la ley que el señor presidente vetó, la ratificara, anulando el veto. Eso no ocurrió y el veto quedó firme.
En ese marco, los infrahumanos de uniforme estimulados y entrenados por los discursos sociopáticos con que los adoctrinan en nombre de la (in)seguridad, descargaron toda su misantropía y su arsenal contra los manifestantes, que como es de público conocimiento se trataba de adultos mayores.
La Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura como las fuerzas de ocupación de las películas hollywoodenses, ocuparon todos los sets de las inmediaciones del Congreso, cortando las calles, interrumpiendo el tránsito o acotándolo con los camiones hidrantes, micros, carros de asalto, estacionamiento en doble fila e incluso con medio vehículo sobre la vereda.
Obedeciendo y desobedeciendo al delirante protocolo engendrado por la resolución 943/2023 que viola el derecho a la protesta expreso en la Constitución nacional.
Cabe recordar que la resolución ministerial de Bullrich, otorga la potestad de intervención de las fuerzas federales más allá de su competencia, claro que de acuerdo con el artículo 24 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059 dice que “Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional sino una vez adoptadas las medidas prescritas en los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional, o bien por orden de la justicia federal”.
El artículo 6 de la propia Constitución expresa “El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia”. En tanto que el artículo 23 de la propia Constitución habilita dictar el estado de sitio en la provincia o territorio “en caso de conmoción interior o ataque del exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución…”.
No parece ser el caso de “invasión”, ni “sedición”, ni que estuviese en “peligro”, la manera extraña que tiene la ministra (y el señor presidente, también) de entender, “la forma republicana de gobierno”. Así como no hay tal “conmoción interior” que decante en dictar “estado de sitio”.
Destaquemos que en el escenario donde se realizó y habitualmente se realizan protestas o peticiones a lxs representantes del pueblo, es donde la ministra reversiona la misma macabra “película”
Igualmente responsable de los sucesos de abuso de autoridad debería ser el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, de acuerdo con lo que dice el artículo 24 de la ley de Seguridad Interior, antes citado: “Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional…”. Lo que significa que el jefe de Gobierno solicita la intervención de las fuerzas federales, por lo tanto, debería explicar bajo qué supuestos, de la misma forma si hubiese sido solicitada por un juez.
No vamos a profundizar aquí el análisis del discurso del protocolo bullrichiano, porque ya lo habíamos hecho puntualmente en De protocolos y otros demonios, hace unos meses, pero sí se hizo necesario recordar algunas de los propios desvaríos de la resolución 943/2023 que lo contiene.
También es necesario aclarar que los protocolos no tienen fuerza de ley y que sólo, por lo general, son de cumplimiento al interior del área para el que fueron creados.
Por ejemplo, un protocolo de seguridad escolar, se propone organizar al personal docente y no docente y al estudiantado frente a algún tipo de imprevisto que pudiera suceder, como un principio de incendio o un escape de gas o cualquier otro suceso inesperado que pudiere poner en peligro la integridad e incluso la vida de la comunidad escolar y, sobre todo, que efectivamente esté ocurriendo (que no sea el producto de un delirio dipsomaníaco místico). Pero, de ninguna manera, dicho protocolo, puede incluir la direccionalidad de las conductas del vecindario que rodea a la escuela. Funciona exclusivamente como preceptiva para los involucrados.
En relación con el ejemplo anterior vemos que el artículo 5 del protocolo de Bullrich prescribe la conducta del accionar de las fuerzas: “…los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos…”. ¿No debería tener consecuencias contra todos los integrantes de las fuerzas que incumplieron la preceptiva? ¿O el protocolo funciona sólo para hacer lo que no debe, reprimir y no hacia adentro, regular las conductas de las fuerzas?
Lxs jubiladxs, los miércoles 4 y 11 de septiembre, fueron reprimidos sin ningún tipo de “especial atención y cuidado”, que tampoco tuvieron los infrahumanos de uniforme, que empujaron, balearon, atropellaron y rociaron con el aerosol tóxico a quienes estuvieran en el escenario (movible) delimitado por la ministra de (in) seguridad de las “fuerzas del cielo”. Y no solo no se detuvieron con los ancianos, sino que con saña sociopática rociaron con el tóxico a una niña de 10 años que estaba con su madre en el suelo.
Mentiras
La infamia se expande. De la niña rociada con gas tóxico por un policía federal, mientras los otros continuaban buscando más “presas” en su cacería urbana, como lo muestra claramente el video que dio a conocer el canal de noticias C5N y posteriormente posteado en X por el periodista Manu Jove del propio canal TN.
Tanto TN como La Nación+ se habían hecho eco de una versión fake, de la que no dijeron la fuente, como si hubieran conseguido la primicia de una “supuesta” infiltrada con chaleco naranja, similar al de los rescatistas que prestaban su ayuda durante la represión indiscriminada.
En el programa del canal TN conducido por Jonatan Viale, Alejandra Monteoliva, secretaria de (in)Seguridad, segunda de Bullrich, respecto del video trucho enviado a ese canal desde las entrañas de la propia Policía Federal, afirmaba que “en el caso de la nena, las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de policía en ese momento, evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad a ella, específicamente vestidos de naranja en la parte de arriba, no se alcanza a identificar… es una mujer…”
Hablábamos de la infamia, aquí en estado de máxima pureza, la noticia falsa reafirmada como verdadera por la segunda en el mando ministerial, de la cual se hace eco el periodismo militante del orden represivo que queda atrapado en sus propios y podridos jugos con la aparición del video real, que tira por tierra el relato en el que Monteoliva aseguraba que las imágenes se habían analizado, para luego, seguramente, inventar acusaciones y encubrir los “abusos” policiales, que son abusos ministeriales, como la trama lo va mostrando.
El maridaje del periodismo “independiente” con las fuerzas del cielo descendió a los infiernos por la elocuente mentira en la creación del relato, que la propia ministra Bullrich con su habitual megalomanía continúa insistiendo en que el video real, que muestra al infrahumano de uniforme gaseando a Fabricia no es tal y responsabiliza a la madre por haberla llevado a la manifestación, amparándose en su delirante protocolo que intenta prohibir lo que la ley no prohíbe y otorga facultades que la ley de Seguridad Interior y la Constitución, no otorgan.
Las re-versiones de la línea argumental en contra de las víctimas son las que usó la propia ministra, como titular del mismo ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri, en los casos de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado (2017) en ocasión de persecución ilegal de la Gendarmería y del joven mapuche, Rafael Nahuel asesinado (2017) por las balas de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
La continuidad de la infamia confirma, sin dudas, que no sólo es la economía el problema o las políticas, es el sistema.
Darío Balvidares
Publicada en Tramas
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